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Tarifazo: teatros y bachilleratos no pueden pagar

Los grupos de teatro comunitario y los bachilleratos populares no tienen opción: no pueden pagar el aumento de las tarifas. Para desactivar la bomba de tiempo, hicieron lo que mejor saben: juntarse. Empezaron compartiendo las situaciones particulares – que trepan a aumentos del 500%-, ocuparon el Ministerio de Aranguren y piensan dar la batalla hasta el final.

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Los grupos de teatro comunitario y los bachilleratos populares no tienen opción: no pueden pagar el aumento de las tarifas. Para desactivar la bomba de tiempo, hicieron lo que mejor saben: juntarse. Empezaron compartiendo las situaciones particulares – que trepan a aumentos del 500%-, ocuparon el Ministerio de Aranguren y piensan dar la batalla hasta el final.

Tarifazo: teatros y bachilleratos no pueden pagar

Festival de Artistas Callejeros, reclamando en Diagonal Norte y Florida. Foto: Cultura Unida


Existe una unidad de medida para dimensionar el impacto del tarifazo de los servicios públicos en los grupos de teatro comunitario y bachilleratos populares: nadie puede pagarlo.
El importe que figura en las facturas no tiene nada que ver con el presupuesto que gestionan ni con los ingresos que generan.
Si está de moda hablar de “grietas”, podemos empezar por ésta.

Darwinismo tarifario

Varios grupos de teatro comunitario recibieron boletas con incrementos del 500%: si no fuesen reales, serían una burla. Pero son tan reales como tus ojos sobre estas líneas y son, sobre todo, una amenaza para el sostén autogestivo con el que organizan su producción.
Una bomba de tiempo cuyo reloj empezó a correr.
Para desactivarla, hicieron lo que saben hacer: juntarse. Empezaron por compartir las situaciones particulares de cada grupo, para hacerlas colectivas. Y, entre todos, ver las maneras de abordarlas.
Algunos ejemplos:

  • Catalinas Sur (La Boca) pagaba, en promedio, $4.000 de luz. La última factura fue de $13.000.
  • El Circuito Cultural Barracas pasó de pagar $1.200 a $5.600 de electricidad; y de $300 a $ 1.200 de agua.

Los números permiten dimensionar el despropósito.
La afectación es mayor en los grupos cuyas salas son más grandes, ya que los demás no tienen espacios propios: ensayan en plazas, escuelas o estaciones de tren recuperadas, o en espacios comunitarios y/o prestados cuyos gastos comparten o directamente no abonan: en ellos, el temor es que tener que dejar el lugar porque quienes se los facilitan no puedan abonar los servicios.
En ese sentido, Ricardo Talento, director del Circuito Cultural Barracas, analiza: “Los que no tienen sala también se ven afectados porque cada vez va a ser más difícil conseguir una. Imaginate si tienen que prender las luces dos horas: se te caen las lágrimas de pensarlo”. Agrega: “Se cree que las salas de teatros son redituables y, en general, están siempre al borde la quiebra. Entonces van a seleccionar: este espectáculo sí, este no conviene porque si vienen a ensayar hay que prender la luz una hora y media y después capaz viene poco público… Sólo va a haber espacio para los espectáculos que convoquen a mucha gente, y además van a probarlo tres o cuatro funciones; si no resulta, lo sacarán”.
En el mismo sentido, Edith Scher, directora de Matemurga, grupo que recibió una factura de agua con 300% de aumento, sostiene: “El tarifazo altera todo: las gorras son mucho más bajas, los gastos más caros, etcétera”. Desde Mendoza, Silvia Bove, directora del grupo Chacras de Coria, afirma: “Incide directamente en el presupuesto del vecino que participa del grupo, que deja de ir a los ensayos porque tiene dificultades para abonar el aumento del transporte público; en el que va a ver un espectáculo, que antes compraba algo en el buffet y ahora está más ajustado…”.

Tarifazo: teatros y bachilleratos no pueden pagar

Festival de Artistas Callejeros, reclamando en Diagonal Norte y Florida. Foto: Cultura Unida

El Ministerio es un teatro

Las salas de teatro comunitario afectadas decidieron canalizar las acciones a través de ARTEI (Asociación Argentina de Teatro Independiente), de la cual son parte. Esta organización presentó un amparo para que no se aplique el aumento en los espacios culturales. Junto a otras entidades, ARTEI forma parte de Cultura Unida, un colectivo de organizaciones que agrupa a teatros, espacios escénicos, centros culturales, clubes de música, peñas y milongas. El 21 de mayo, promovieron un apagón en más de 300 salas de teatro de la Ciudad de Buenos Aires. La oscuridad teatral sirvió para visibilizar el perjuicio del tarifazo.
Pero no tuvieron respuesta.
El 29 de junio decidieron ocupar el Ministerio de Energía y Minería para entregarle una carta a su titular, Juan José Aranguren, y exigir “una inmediata solución”. Aranguren estaba en Chile (casualmente, el 3 de junio fue imputado por la compra de gas al país transandino, con sobreprecios, y favoreciendo a la empresa Shell, de la que además es accionista).
Pero no solo entregaron la carta, sino que convirtieron el hall del Ministerio en un escenario teatral y realizaron diversos números musicales y teatrales: se hicieron ver (la intervención puede verse en Youtube).
Luego de varias horas, fueron recibidos por el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, Andrés Chambouleyron, quien firmó un acta en la que compromete la realización de una reunión técnica para que los espacios culturales independientes –entre ellos los grupos de teatro comunitario– puedan ser incluidos dentro de la Ley de Entidades de Bien Público (aún sin reglamentar) para acceder al Régimen Tarifario Diferenciado. La reglamentación de la ley y la reunión estaban pendientes al cierre de esta edición.
Alejandra Carpineti, de la sala independiente La Carpintería fue parte de la irrupción en el Ministerio. “No sabemos si vamos a poder ser incluidos en esa ley porque muchos de nuestros espacios son heterogéneos, no todos tienen la misma personería jurídica y esto dejaría afuera a muchos espacios. Pedimos que se cree una tarifa cultural para nuestros espacios. Proponemos abrir un registro nacional en donde cada espacio se pueda inscribir”.

Estudiar es un lujo

En los bachilleratos populares, el panorama es igual de sombrío, sobre todo en aquellos que comparten espacios con fábricas recuperadas: en esos casos, los montos de las boletas son mayores –son mayúsculos– porque están ligados al uso de máquinas y motores que son parte de su producción.
En Constitución, el bachillerato Miguelito Pepe del Movimiento de Ocupantes Inquilinos (MOI-CTA) funciona en el predio de la cooperativa El Molino, que está en obra, y en la que viven 35 familias. Cuando llegó la factura, no alcanzaban los ojos para ver la cifra: $27.000 (no hay ningún error de tipeo).
El bachi integra el centro educativo que, además, tiene un jardín materno-paternal de día. La luz es un insumo básico: para las estufas eléctricas (no tienen gas por la obra) cuando van bebés y niños por la mañana, y para iluminar las aulas del bachillerato, por la noche. Como comparten el espacio, dividen los gastos con la cooperativa: del importe que llegó deben aportar $10.000, algo que les es imposible de afrontar. Para dimensionar: antes del aumento contribuían con $500 pesos: 1900% menos.
Daniela Rodríguez es integrante del bachillerato. Dice: “Es impagable, no tiene nada que ver con nuestros ingresos porque somos una escuela pública popular: el Estado solo paga nuestros sueldos y todos los demás gastos los autogestionamos. No podemos estar generando actividades para pagar este desmadre de luz cuando toda entidad que tiene fines públicos o es sin fines de lucro, no debería estar pagando estos desorbitados aumentos”. Docentes y estudiantes están pensando estrategias comunes con la cooperativa. Planifican una acción de protesta callejera que incluya clases públicas.
El Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos SOHO, en Palermo, también comparte espacio, en este caso con la fábrica textil recuperada por sus trabajadores. Recibieron una factura con 500% de aumento. Fernando Lázaro, uno de los docentes, usa estas palabras para graficar el impacto: “Pone en jaque la continuidad”. Por eso, están gestionando una tarifa diferenciada, además de organizar un festival solidario –el sábado 16 de julio, en Díaz Colodrero 3564, frente al bachi– para afrontar los aumentos.
En Chilavert, IMPA, Maderera Córdoba las situaciones son igualmente de crudas. Laura Voboril, docente de IMPA: “La situación es muy compleja; para los que funcionamos en recuperadas, doblemente grave porque afecta a los espacios educativos y también la subsistencia de los compañeros que están sosteniendo fábricas que ya de por sí tienen situaciones legales complicadas y a eso se les suma estas facturas imposibles de pagar”.
El Frente Popular Darío Santillán tiene cuatro bachilleratos en Capital y el Conurbano. Leandro Segado es uno de sus profesores. Aborda el tarifazo desde varias aristas: “Por un lado, vemos que muchos estudiantes están llegando más cansados o faltan porque, según nos cuentan, tienen que laburar más o buscar otra changa para cubrir todos sus gastos. Los aumentos en el transporte público también impactan en estudiantes y docentes que sufren ese golpe al bolsillo”. Continúa: “La suba en la luz no implica un mejor servicio. En el bachillerato de Lomas de Zamora perdimos más de la mitad de las clases por falta de suministro”.
Así las cosas, la única energía que todos quieren gastar es el entusiasmo para sostener los espacios y evitar ser devorados por una fiera llamada ajuste.

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

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Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial.  Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal.  Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos  los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en  el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia. 

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

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Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes, resaltó.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.

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