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Tarifazo: teatros y bachilleratos no pueden pagar

Los grupos de teatro comunitario y los bachilleratos populares no tienen opción: no pueden pagar el aumento de las tarifas. Para desactivar la bomba de tiempo, hicieron lo que mejor saben: juntarse. Empezaron compartiendo las situaciones particulares – que trepan a aumentos del 500%-, ocuparon el Ministerio de Aranguren y piensan dar la batalla hasta el final.

Publicada

hace 10 años

11/07/2016

Tarifazo: teatros y bachilleratos no pueden pagar

Festival de Artistas Callejeros, reclamando en Diagonal Norte y Florida. Foto: Cultura Unida

Existe una unidad de medida para dimensionar el impacto del tarifazo de los servicios públicos en los grupos de teatro comunitario y bachilleratos populares: nadie puede pagarlo.
El importe que figura en las facturas no tiene nada que ver con el presupuesto que gestionan ni con los ingresos que generan.
Si está de moda hablar de “grietas”, podemos empezar por ésta.

Darwinismo tarifario

Varios grupos de teatro comunitario recibieron boletas con incrementos del 500%: si no fuesen reales, serían una burla. Pero son tan reales como tus ojos sobre estas líneas y son, sobre todo, una amenaza para el sostén autogestivo con el que organizan su producción.
Una bomba de tiempo cuyo reloj empezó a correr.
Para desactivarla, hicieron lo que saben hacer: juntarse. Empezaron por compartir las situaciones particulares de cada grupo, para hacerlas colectivas. Y, entre todos, ver las maneras de abordarlas.
Algunos ejemplos:

Catalinas Sur (La Boca) pagaba, en promedio, $4.000 de luz. La última factura fue de $13.000.
El Circuito Cultural Barracas pasó de pagar $1.200 a $5.600 de electricidad; y de $300 a $ 1.200 de agua.

Los números permiten dimensionar el despropósito.
La afectación es mayor en los grupos cuyas salas son más grandes, ya que los demás no tienen espacios propios: ensayan en plazas, escuelas o estaciones de tren recuperadas, o en espacios comunitarios y/o prestados cuyos gastos comparten o directamente no abonan: en ellos, el temor es que tener que dejar el lugar porque quienes se los facilitan no puedan abonar los servicios.
En ese sentido, Ricardo Talento, director del Circuito Cultural Barracas, analiza: “Los que no tienen sala también se ven afectados porque cada vez va a ser más difícil conseguir una. Imaginate si tienen que prender las luces dos horas: se te caen las lágrimas de pensarlo”. Agrega: “Se cree que las salas de teatros son redituables y, en general, están siempre al borde la quiebra. Entonces van a seleccionar: este espectáculo sí, este no conviene porque si vienen a ensayar hay que prender la luz una hora y media y después capaz viene poco público… Sólo va a haber espacio para los espectáculos que convoquen a mucha gente, y además van a probarlo tres o cuatro funciones; si no resulta, lo sacarán”.
En el mismo sentido, Edith Scher, directora de Matemurga, grupo que recibió una factura de agua con 300% de aumento, sostiene: “El tarifazo altera todo: las gorras son mucho más bajas, los gastos más caros, etcétera”. Desde Mendoza, Silvia Bove, directora del grupo Chacras de Coria, afirma: “Incide directamente en el presupuesto del vecino que participa del grupo, que deja de ir a los ensayos porque tiene dificultades para abonar el aumento del transporte público; en el que va a ver un espectáculo, que antes compraba algo en el buffet y ahora está más ajustado…”.

Festival de Artistas Callejeros, reclamando en Diagonal Norte y Florida. Foto: Cultura Unida

El Ministerio es un teatro

Las salas de teatro comunitario afectadas decidieron canalizar las acciones a través de ARTEI (Asociación Argentina de Teatro Independiente), de la cual son parte. Esta organización presentó un amparo para que no se aplique el aumento en los espacios culturales. Junto a otras entidades, ARTEI forma parte de Cultura Unida, un colectivo de organizaciones que agrupa a teatros, espacios escénicos, centros culturales, clubes de música, peñas y milongas. El 21 de mayo, promovieron un apagón en más de 300 salas de teatro de la Ciudad de Buenos Aires. La oscuridad teatral sirvió para visibilizar el perjuicio del tarifazo.
Pero no tuvieron respuesta.
El 29 de junio decidieron ocupar el Ministerio de Energía y Minería para entregarle una carta a su titular, Juan José Aranguren, y exigir “una inmediata solución”. Aranguren estaba en Chile (casualmente, el 3 de junio fue imputado por la compra de gas al país transandino, con sobreprecios, y favoreciendo a la empresa Shell, de la que además es accionista).
Pero no solo entregaron la carta, sino que convirtieron el hall del Ministerio en un escenario teatral y realizaron diversos números musicales y teatrales: se hicieron ver (la intervención puede verse en Youtube).
Luego de varias horas, fueron recibidos por el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, Andrés Chambouleyron, quien firmó un acta en la que compromete la realización de una reunión técnica para que los espacios culturales independientes –entre ellos los grupos de teatro comunitario– puedan ser incluidos dentro de la Ley de Entidades de Bien Público (aún sin reglamentar) para acceder al Régimen Tarifario Diferenciado. La reglamentación de la ley y la reunión estaban pendientes al cierre de esta edición.
Alejandra Carpineti, de la sala independiente La Carpintería fue parte de la irrupción en el Ministerio. “No sabemos si vamos a poder ser incluidos en esa ley porque muchos de nuestros espacios son heterogéneos, no todos tienen la misma personería jurídica y esto dejaría afuera a muchos espacios. Pedimos que se cree una tarifa cultural para nuestros espacios. Proponemos abrir un registro nacional en donde cada espacio se pueda inscribir”.

Estudiar es un lujo

En los bachilleratos populares, el panorama es igual de sombrío, sobre todo en aquellos que comparten espacios con fábricas recuperadas: en esos casos, los montos de las boletas son mayores –son mayúsculos– porque están ligados al uso de máquinas y motores que son parte de su producción.
En Constitución, el bachillerato Miguelito Pepe del Movimiento de Ocupantes Inquilinos (MOI-CTA) funciona en el predio de la cooperativa El Molino, que está en obra, y en la que viven 35 familias. Cuando llegó la factura, no alcanzaban los ojos para ver la cifra: $27.000 (no hay ningún error de tipeo).
El bachi integra el centro educativo que, además, tiene un jardín materno-paternal de día. La luz es un insumo básico: para las estufas eléctricas (no tienen gas por la obra) cuando van bebés y niños por la mañana, y para iluminar las aulas del bachillerato, por la noche. Como comparten el espacio, dividen los gastos con la cooperativa: del importe que llegó deben aportar $10.000, algo que les es imposible de afrontar. Para dimensionar: antes del aumento contribuían con $500 pesos: 1900% menos.
Daniela Rodríguez es integrante del bachillerato. Dice: “Es impagable, no tiene nada que ver con nuestros ingresos porque somos una escuela pública popular: el Estado solo paga nuestros sueldos y todos los demás gastos los autogestionamos. No podemos estar generando actividades para pagar este desmadre de luz cuando toda entidad que tiene fines públicos o es sin fines de lucro, no debería estar pagando estos desorbitados aumentos”. Docentes y estudiantes están pensando estrategias comunes con la cooperativa. Planifican una acción de protesta callejera que incluya clases públicas.
El Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos SOHO, en Palermo, también comparte espacio, en este caso con la fábrica textil recuperada por sus trabajadores. Recibieron una factura con 500% de aumento. Fernando Lázaro, uno de los docentes, usa estas palabras para graficar el impacto: “Pone en jaque la continuidad”. Por eso, están gestionando una tarifa diferenciada, además de organizar un festival solidario –el sábado 16 de julio, en Díaz Colodrero 3564, frente al bachi– para afrontar los aumentos.
En Chilavert, IMPA, Maderera Córdoba las situaciones son igualmente de crudas. Laura Voboril, docente de IMPA: “La situación es muy compleja; para los que funcionamos en recuperadas, doblemente grave porque afecta a los espacios educativos y también la subsistencia de los compañeros que están sosteniendo fábricas que ya de por sí tienen situaciones legales complicadas y a eso se les suma estas facturas imposibles de pagar”.
El Frente Popular Darío Santillán tiene cuatro bachilleratos en Capital y el Conurbano. Leandro Segado es uno de sus profesores. Aborda el tarifazo desde varias aristas: “Por un lado, vemos que muchos estudiantes están llegando más cansados o faltan porque, según nos cuentan, tienen que laburar más o buscar otra changa para cubrir todos sus gastos. Los aumentos en el transporte público también impactan en estudiantes y docentes que sufren ese golpe al bolsillo”. Continúa: “La suba en la luz no implica un mejor servicio. En el bachillerato de Lomas de Zamora perdimos más de la mitad de las clases por falta de suministro”.
Así las cosas, la única energía que todos quieren gastar es el entusiasmo para sostener los espacios y evitar ser devorados por una fiera llamada ajuste.

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Publicada

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