Nota

Un mes sin Santiago: todo lo que hay que saber

Publicada

hace 7 años

31/08/2017

La Gendarmería irrumpió en el territorio sin orden judicial. La hipótesis del gobierno fue desmentida por testigos que estuvieron con Santiago del 27 al 1 de agosto, cuando desapareció. La comunidad testifica haberlo visto siendo detenido por Gendarmería. Los informes de seguridad que constan en la causa coinciden con los horarios señalados por los mapuches. Los gendarmes de Esquel y El Bolsón en la mira, y el rol activo del jefe de gabinete de Seguridad, Pablo Noceti. A la espera de pericias clave y expectativa por el secreto de sumario. En la calle, un solo grito: ¿Dónde está Santiago Maldonado?
“La desaparición de Santiago es un límite social”, dijeron a lavaca Sergio Maldonado y Andrea Antico, hermano y cuñada del joven de 28 años desaparecido desde el 1 de agosto, cuando se cumplieron 21 días de que fuera visto por última vez en el operativo de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen.
Hoy se cumple un mes desde que el joven fue visto por última vez.
El Gobierno insiste con la hipótesis de que un puestero de Benetton denunció que el 21 de julio fue asaltado por un grupo que se autoproclamó de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) e hirió a uno de ellos. Desde entonces, se dijo que Santiago podría haber muerto o que podría estar herido y haber cruzado a Chile.
Distintos testimonios y pruebas lo desmienten.
¿Qué es lo que se sabe y lo que aún resta por saberse a un mes de esta desaparición forzada en democracia?

Los días previos

lavaca habló con cuatro personas que vieron, hablaron y estuvieron con Santiago entre el 27 de julio y el 1 de agosto.
Tres vieron al joven en dos eventos distintos el 27 y el 29 de julio.

María Eva Babarini, del Colectivo FM Alas, dijo: “Estaba impecable, perfecto, caminaba muy bien, se relacionaba con la gente maravillosamente, no tenía ningún tipo de rasgo de haber tenido algún encuentro desagradable con nadie y, mucho menos, que lo hayan lastimado en el cuerpo”.
Ese mismo día -27 de julio- Yanina Aleuy habló con él: “Estaba ahí: entero”.
Facundo Herrera Aquino estuvo con Santiago el 29 de julio en un evento de rap femenino en Alas. Tomaron unas cervezas: “Te juro que lo vi saltando, agitando. Estaba disfrutando, cantando, bailando. Como siempre. Es súper energético: el chabón no se quedaba quieto ni un segundo. Si lo hubieran apuñalado no habría podido hacer las cosas de esa manera”.

La familia también aportó pruebas. La primera es un cruce de SMS (mensajes de texto) que Santiago tuvo con su cuñada el 25 de julio, día de su cumpleaños.
La prueba confirma que hubo un cruce telefónico a uno de los celulares de Santiago cuatro días después de cuando habría sucedido el presunto ataque del puestero. Se suma a la conversación que tuvo con su madre el 27 de julio y que, según fuentes de la investigación, consta en los registros. La familia también presentó fotos y videos para acreditar que una de las personas que se ve en el corte de la Ruta 40 es Santiago.
Una cuarta persona -que prefirió mantener su nombre bajo reserva- dijo en exclusiva a lavaca que llevó a Santiago a la Pu Lof el 31 de julio a la mañana. También vio que, al momento de la represión, el joven tomó su mochila y corrió en dirección al río.
El testimonio: “Él siempre me decía: ´Cuando tengas un pedacito vamos para la Lof´. Yo sabía que era vegetariano, entonces bromeaba: ´Estás loco, te vas a espantar: son todos carnívoros´. Siempre que él quería ir estábamos muy llenos por una cosa o por la otra. Unos días antes de todo el despiole, fuimos para Esquel y vio el campo de pasada. En Esquel conoció a algunos de los que iban y quedó mucho más enganchado de conocer el lugar. A la vuelta, lo dejamos en la Biblioteca. Quedamos en que el lunes iba a haber una movida y que yo iba a salir temprano para el campo. Entonces pasé a buscarlo a él y a un amigo”.
-¿La primera vez que ingresó a la comunidad fue el 31?
-Sí.
-¿Cómo fue ese día?
-En el camino levantamos a más gente. Alguna gente que tenía ganas de ir porque se estaba pidiendo la liberación de Facundo (Jones Huala, en ese momento hacía poco más de un mes que estaba preso). Llegamos al campo.
-¿A qué hora?
-Entre 9:30 y 10 habrá sido

El 31 de julio

Los integrantes de la Pu Lof en Resistencia decidieron el 31 de julio iniciar un corte a la vera de la Ruta 40 en reclamo de la liberación del lonko Facundo Jones Huala, que llevaba más de un mes preso en la Unidad 14 de Esquel.
Dice un mapuche a lavaca:
“Ya sabíamos lo que había pasado ese día: en una protesta en ese Juzgado, a las 7:15 de la mañana, teníamos seis detenidos. Después del mediodía, ya eran nueve. Habían reprimido muy feo: una lamién (hermana) terminó con un diente roto y otro sacado. Aquí el único método de protesta que tenemos es saltar a la ruta y conversar un poco con la gente para que sepa cuál es el contexto en el que estamos. El corte se mantuvo hasta las 5 de la tarde, que aparece Gendarmería con un Unimog y tres camionetas, cargadísimos. Fue en el cruce de las rutas 40 y 70, a 1 km de aquí ”.
Según detalles del expedientes a los que tuvo acceso lavaca, Gendarmería informó que a las 13 horas de ese día se hicieron presentes el primer alférez Daniel Gómez y los oficiales de apellido Coronel, González, Coca Alba, Carmen Saldaño y Echazú. A las 17:15 -mismo horario que describe el peñi-, surge de las actas de los gendarmes que personal a cargo del Comandante Principal Fabián Arturo Méndez, del Escuadrón 35 de El Bolsón, trajo el oficio 972/2017 del Juzgado Federal de Esquel.
“Nos acercamos con algunos peñi hacia el cruce y cuando estamos llegando, empiezan a a efectuar disparos con balas de goma y algunos tiros 9mm que se escucharon. Respondimos con hondas de revoleo. Ahí es cuando se retiran del lugar, y ya 1 ó 2 kilómetros más atrás nos leen una orden de desalojo de la ruta. La orden la desconocemos hasta el día de hoy porque nos la leen por altoparlantes”.
Esa lectura está registrada en uno de los videos que difundió C5N.
Sigue el relato:
“Evaluamos con los peñi y las lamien qué hacer. Entre ellos estaba Santiago, que había llegado ese día para acompañar. Con ideas muy claras: era un pensador que también cultivaba el proyecto de vivir de forma autónoma, como nosotros. Por eso acompañaba el proceso de recuperación. Mantenía siempre activo un sentido de luchar socialmente. Santiago había llegado un rato antes del mediodía y de los cortes. Hicimos el ingreso al campo. Dejamos un pino afuera en la ruta”.

El 1 de agosto

Sigue el mapuche: “Gendarmería lo vino a sacar cerca de las 4 de la mañana: ahí apareció un contingente muy grande”.
En las actas del expediente, el primer alférez Gómez informó estos horarios.

3:30: personal del Escuadrón Nª 35 de El Bolsón -apoyado por personal del Escuadrón N! 36 de Esquel- aprovecharon que “los manifestantes no se encontraban sobra la ruta 40” y procedieron a desarmar “cuatro barricadas compuestas por palos, árboles cortados, piedras y chatarras distribuidas estratégicamente”.
5:30: Labra un acta (fojas 14) en la que expresa que “ante la ausencia de manifestantes no hubo enfrentamiento con personal uniformado”. Y que una vez “despejada la ruta en cumplimiento a la demanda judicial 972/2017 se informó lo actuado al magistrado interviniente telefónicamente”. El magistrado interviniente es Otranto. Es la última vez que se consigna una comunicación con el juez.

Sigue el relato:
“Alrededor de las 6 de la mañana, antes que esclarezca el día, se vuelve a acercar un Unimog con una camioneta con las luces apagadas. Nosotros reflectoriamos desde el lado de adentro del campo y cuando prendimos el reflector, empiezan a disparar desde la ruta hacia adentro. También se empiezan a prender los reflectores del Unimog. Los efectivos llegan hasta el alambre. Ahí hacemos autodefensa de nuevo con la honda de revoleo y piedras y logramos que no ingresen. Se van. Para eso, ya nos habían dejado bastante alerta. Después, tipo mediodía, a las 11, evaluamos seguir con el corte”.
La descripción también coincide con las actas del expediente. Según Gendarmería, a las 11:15, “en cumplimiento del oficio 972/2017 se procedió al despeje del corredor antes mencionado”. Dice el peñi: “Evaluamos seguir porque, más allá de que a las fuerzas represivas las teníamos ahí, entendíamos que no había que dejar de protestar, comprendiendo que lo que quiere el Gobierno es eso”.
Lo que siguió entonces, según el testimonio del mapuche, fue la cacería.
“Entramos de vuelta a a ruta, pusimos el pino y ya se nos vino todo el contingente de Gendarmería. Nosotros vimos alrededor de 100 efectivos. Hoy los medios afirman que son 80. Les solicitamos la orden. No nos dicen nada. Empiezan a bajar. Les dijimos: ´Si van a reprimir, que sea con una orden. Queremos la orden´. Nunca nos la dieron”.
-¿No la leyeron por altoparlante como el día anterior?
-No, ahí solamente vinieron. Se formaron a lo largo del alambrado. Algunos, campo más arriba, venían disparando con 9 mm. Los del medio venían tirando con escopeta. Empezaron a reprimir. Nosotros hicimos uso de autodefensa de vuelta. Y ahí nos logran correr hacia dentro del campo. Una vez entrando dijimos: “Ya está, era solamente la ruta, ahora la tienen despejada: hagan lo quieran”. Pero cuando nos estábamos dando vuelta para entrar al predio, como yendo para la guardia (una casita de madera), los efectivos siguieron disparando, disparando y disparando, y cuando nos dimos vuelta para mirar, en el plazo de dos segundos, teníamos ya toda la milicada del lado del alambre. Así que ahí dijimos: “Van a querer entrar”. Seguimos peleando como pudimos. Ahí es cuando atraviesan un Unimog, se apuestan unos tiradores detrás y empiezan a disparar. Entonces aparece un efectivo con escudo, que es el que rompe el candado de la tranquera. Otro patea la puerta. Y ahí todos entran corriendo y disparando a los gritos de “agarren a uno, agarren a uno, agarren, agarren”. Tratamos de seguir resistiendo dentro, pero no se pudo más: eran muchos efectivos corriendo al grito de “agarren”. Los disparos no cesaban. Y ahí es donde logramos correr y salvaguardar nuestras vidas tirándonos al río. Nos encontramos todos del otro lado, pero faltaba uno. Y era el compañero que hoy nos sigue faltando.
-¿Vos fuiste uno de los que cruzó el río?
-Sí. Es el Río Chubut. El cruce fue muy difícil porque íbamos cruzando y los gendarmes nos seguían disparando, tirando piedras. No reconocían que tenían vidas enfrente.
-¿Y luego hicieron la reconstrucción?
-Sí. Ahí dijimos: “Falta el Brujo”. La voz de alto se escuchó en todos lados, porque acá hay un montón de eco. Cuando estamos cruzando se escucha. Lo ven llegar hasta el río, pero no logra cruzar porque era tanta la lluvia de balas y piedras. No conocía la zona tampoco. Se quedó agarrado de una rama, abajo de las matas. Y después se ve lo que decimos: tres efectivos golpeando a alguien, en el mismo lugar donde se encuentran sus cosas después en los rastrillajes, y como cargando algo al Unimog.
-¿El Unimog estaba de culata al río?
-Sí, de culata. A unos 40 metros: está el río, hay una subidita y ahí está el Unimog. Nosotros al llegar al cerro vemos que el Unimog sale soplando para la ruta y sale para el desvió de la Ruta 40. Ahí para otra camioneta al lado, los efectivos hacen toda una pantalla, bajan algo, cargan algo y la camioneta blanca se va soplando rumbo a Esquel. Hay muchas pruebas suficientes ya para lo que es la desaparición del Brujo: la sociedad sabe que el responsable directo es Gendarmería. Se puso en duda si estuvo o no estuvo: sí, estuvo. Santiago estuvo acá, defendió al territorio y lo chupó la Gendarmería.
-Desde el momento en que la Gendarmería irrumpe al territorio y ustedes cruzan el río, ¿cuánto tiempo pasó?
-Media hora habrá sido, más o menos. Si a las 11 comenzó, 11:30 ya estábamos del otro lado del río. Lo de Santiago pasó en ese trayecto.
El defensor federal de Esquel, Fernando Machado, se presentó en la comunidad ese mismo día y tomó testimonios a las 19:10: desde ese momento consta en la causa el relato de los hechos. Otro testimonio clave es es el de Julio Saquero, integrante de la Regional Noroeste de Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) e integrante de la Mesa Directiva Nacional del organismo. Es un relato pormenorizado de los hechos que avala la versión de la comunidad y de la familia. Saquero llegó a las 13 horas del 1 de agosto al enterarse la represión en la Pu Lof junto a su compañera Mabel Sánchez, presidenta de la Regional Noroeste. Los gendarmes no los dejaron ingresar. El relato de Saquero abre la foja 1 del expediente que lleva adelante la fiscal federal Silvina Ávila por desaparición forzada de persona.
Su testimonio está fechado el 2 de agosto a las 17:20 horas.

“Había aproximadamente 10 ó 12 vehículos en la ruta y dentro del predio. Vimos que había gente detenida y aproximadamente 30 efectivos de Gendarmería. Había un camión donde se estaban cargando objetos que no podíamos distinguir. Todo esto sucedió desde las 13:00 (horario en que llega Saquero) hasta las 17:00 hs. Fueron llegando familiares que querían entrar pero no se lo permitían. En algún momento comienza a haber una conmoción muy grande, un fuego muy fuerte y me llamó la atención porque había gritos y de todas maneras no permitieron ingresar”.
“Finalmente todo terminó a las 17:00 hs que se retiró el operativo y nunca pudimos lograr que nos dijeran de qué se trataba. Algunos de Gendarmería nos decían que era un desalojo, otro que era un allanamiento, otro que era una orden de Guido Otranto (juez) y que teníamos que averiguar en el Juzgado, lo que hicimos y como todavía no había denuncias de desaparición de personas, nos estamos presentando porque a partir de esta situación desapareció Santiago Maldonado”.
“Las personas de la comunidad nos dijeron que fue aprisionado en el borde del río por los Gendarmes pero ellos nos negaron que hubiera algún detenido o herido y por eso presentamos esta denuncia”.

Saquero dijo a lavaca: “Nuestra intención fue visualizar quién era el jefe del operativo: cuando nos presentamos, nos dijeron que era el comandante Méndez”. Fabián Arturo Méndez es el Comandante Principal del Escuadrón 35 de El Bolsón.
Otros de los apuntados saltan en la causa el 4 de agosto, cuando el comandante del Escuadrón 36 de Esquel, Juan Pablo Badié, dice sobre ese día que “ellos no hicieron actuaciones sino el Escuadrón 35 de El Bolsón”. Cuatro días más tarde, en respuesta al pedido del Ministerio Público Fiscal, Badié responde en el oficio 263 quiénes fueron algunos de los efectivos (con el comandante Juan Pablo Escola a la cabeza) que participaron en apoyo al operativo “a cargo” del Escuadrón 35. Saquero cuenta que el 6 de agosto fueron notificados de una diligencia que se haría en el Escuadrón 35: se sorprendió al ver quién los recibió de Gendarmería: “Era el comandante Méndez. No me dejaron sacar fotos. Había tres vehículos: dos Amarok y un camión Iveco. El comandante dijo que esos eran los que se iban a analizar. Su presencia estuvo durante todo el procedimiento”.

El rol de Noceti

En su interpelación en el Senado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ubicó a su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, a las 12:30 del 1 de agosto en el operativo represivo de Gendarmería nacional. El dato no pasó desapercibido para los abogados y los organismos querellantes: la máxima responsable de la cartera de seguridad del país confirmó la presencia del funcionario. “Se bajó del auto porque iba para Esquel a seguir con las tareas que estaba realizando, saludó a la Gendarmería y siguió-dijo Bullrich-No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa. Es un principio que tiene el Ministerio de Seguridad: nosotros dirigimos la estrategia, no damos órdenes operativas sobre el terreno”.
En dos entrevistas radiales, Noceti se ubicó en tiempo y espacio en la coordinación de dos operativos represivos que se llevaron a cabo esos días: tanto el 31 de julio, en Bariloche, como en Esquel, con represión y posterior desaparición del joven de 28 años. El funcionario admitió que coordinó personalmente a fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut para “tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en vía pública en flagrancia”. Noceti confirmó esos dichos y su presencia en una entrevista con lavaca, en la que acusó de mentirosos a la comunidad, a los organismos querellantes y a la Defensoría Federal.
Uno de los testimonios clave que confirman la presencia de Noceti en la zona mientras se desarrollaba el operativo es Soraya Maicoño, una de las tres personas demoradas durante la mañana del 1 de agosto. Hoy tiene una causa federal por entorpecimiento de servicios públicos. Hace dos semanas contó a lavaca que llegó a la Pu Lof a las 9 de la mañana luego que le avisaran que la Gendarmería estaba “balaceando y reflectoreando el territorio”. Su horario de llegada coincide con lo informado por Gendarmería en el expediente: el primer alférez Daniel Gómez dijo que a las 9 de la mañana observó un vehículo color gris que ingresa por un camino al margen de la ruta 40 “a la construcción que se encuentra a 400 metros”. Sin ningún tipo de precisión sobre el motivo de la actuación, a la 10:30 establecen que personal apostado observó al auto salir y que se “ordena a un vehículo oficial realizar un seguimiento controlado”.
Sigue Soraya: “A las 10 de la mañana la lamien dice que me vaya lo antes que pueda, porque allí cuesta agarrar la señal telefónica y teníamos que informar a las diferentes organizaciones cuál era la situación. Salí de allí a las 10:30. Apenas salimos con dos lamien del campo, una camioneta de Gendarmería nos siguió. A la altura de la estancia de Leleque, del casco de la entrada de Benetton, que es también a la altura de la subcomisaría, nos detiene Gendarmería. Allí ya había dos camionetas apostadas con conos bien grandes. Eran tres camionetas, contando la que nos seguía desde el Lof”.
-¿Era una de las camionetas blancas de Gendarmería?
–Sí, de esas blancas con cuadraditos verdes al costado de las puertas. Ahí nos piden los papeles del auto y los documentos. Preguntamos por qué: dijeron que era tarea de rutina. Ahí nos empezaron a revisar el auto, todo de una manera muy prepotente, pero como sabíamos cómo se estaban manejando en los últimos días, sabíamos que cualquier situación de enojo o resistencia de nuestra parte iba a generar una nueva detención. El día anterior habían sido detenidos en Bariloche 9 lamien. ¿Quieren revisar? Revisen. Pero veíamos que sólo nuestro auto era el que detenían: el resto pasaban sin ningún problema, tanto los que iban para Esquel como para el lado otro lado.
-¿Qué pasó?
-A las 11 de la mañana todos se suben a las tres camionetas con muchísima urgencia y se van en dirección al campo. Ahí nos dejan con tres gendarmes, en la ruta. No nos decían nada, no nos respondían nada. Pasaron dos horas. Aparece otra camioneta: planteamos la situación, preguntamos por qué estábamos detenidos, si estábamos circulando lo más bien. Ahí veo que abren la parte de atrás de la caja y puedo ver diferentes elementos de la comunidad: cajón de herramientas, motosierra, mochilas.
–¿Qué hora era?
-Un poco antes de la 1 de la tarde. Porque después, tipo 1:15, empezamos a preocuparnos porque vuelven a ponerse los cascos y a salir en dirección al Lof. Ahí pienso: “Ya entraron, nos quitaron todo”. También podía ver cómo salían las camionetas blancas del casco de la estancia de Benetton. Hablaron con los gendarmes. Eran como que estaban muy al tanto de lo que pasaba. Hacían consultas, se informaban. Pedíamos ir al baño, nos decían que nos aguantáramos, que hagamos entre los yuyos. Les dijimos que no, que nos dejaran seguir porque no teníamos por qué estar detenidas.
-¿Todo esto fue en medio de la ruta?
-Todo en la ruta. Por eso pude ver que la camioneta de Gendarmería tenía nuestras cosas. Había una mochila que me llamó la atención porque estaba muy limpita. Allá se ensucian muy fácil, pero esta era una mochila mediana con colores verdes a los costados. Había una mujer gendarme y dos hombres. Nosotros estábamos en el auto y cada vez que salíamos nos sacaban fotos. En eso vemos que viene una camioneta blanca con unas luces azules, tipo led, en lo que sería la parrilla del vehículo. Luces todas chiquititas, muy aparatosas, nunca las habíamos visto. Y ahí baja un hombre, saco largo, alto, flaco, le da la mano a cada uno de los gendarmes. La lamien se le acerca, se presenta y le pregunta quién era, que por qué nos tenían demorados hacía más de dos horas, que nos quitaron los papeles del auto, los documentos, y entonces dice: “Yo soy el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y si yo quiero las puedo tener seis horas también”. Nos quedamos duras.
-¿Era Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad?
-Era Noceti.
-¿Hora?
-Más o menos entre las 13 y las 13:15 del mediodía, porque hacía más de dos horas que estábamos ahí y nos habían detenido a las 11. Me pegó una mirada con mucho desprecio. Me di cuenta que era un funcionario por el modo en que habló.
-¿Cómo siguió el diálogo?
-Nada. Él se subió a la camioneta, cortó el diálogo y se fue rumbo a Esquel
Soraya cuenta que Noceti volvió a pasar por el retén. Fue en el momento en que querían hacerles firmar un acta como si ellos hubieran salido de la estancia de Benetton en Leleque. Uno de los testigos de Gendarmería para labrar ese acta es Héctor Guajardo, un empresario conocido en la zona por balear a mapuches. “Estábamos en eso cuando otra vez aparece la camioneta de Noceti volviendo de Esquel. Eso tipo 6 de la tarde. Hizo lo mismo: se bajó, habló con gendarmes, un lamien intentó hacerle una entrevista y ahí volvió a arrancar. Ese fue el momento de la foto que circuló de él”.

Por qué el operativo es ilegal

Dice Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos querellantes en la causa.
“Lo que sucedió se explica sólo si se analiza la hipótesis de que aprovecharon esa flagrancia para realizar un procedimiento que querían realizar sí o sí, y que tenìa como destinataria a una comunidad que la propia ministra de Seguridad había vinculado públicamente como un lugar que alojaba a personas con prácticas terroristas. Así decidieron ingresar a la comunidad y hacer un operativo. Si damos crédito por un segundo que hay un hecho flagrante por el cual ingresan a la comunidad y que ese hecho es el de detener a quienes supuestamente agredieron a un gendarme, pero de ahí es más todo lo que hicieron no está justificado y es ilegal (destrozos y quema de pertenencias). Y ese operativo ilegal fue el origen de la desaparición de Santiago”.
Dice Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado:
“Pasamos de la flagrancia a la desaparición forzada sin una coma en el medio. ¿Por qué? Porque la orden de Otranto del corte de ruta del 31 de julio y que se implementa el 1 de agosto, es solo eso: una orden para desalojar la ruta. La cuestión es que Noceti venía haciendo apología de la flagrancia y de todo lo que se puede hacer con esta figura. Entonces la explicación de por qué la Gendarmería ingresó al territorio mapuche es porque dijeron que habían vuelto a intentar cortar la ruta, y esa flagrancia los habilitaba para ingresar. Eso es lo terrible: flagrancia igual a desaparición forzada. ¿Y quién lo habilitó? Noceti. Por eso tiene que ser indagado”.

El Estado

La abogada Heredia responde qué está haciendo el Estado para buscar a Santiago:
“El Estado se compone del Poder Ejectuvo, del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Hasta ahora, el Poder Legislativo ha pedido la interpelación de la ministra Bullrich en la Comisión de Derechos Humanos y en el Senado. Conocemos que algunos diputados están avanzando con denuncias, pero institucionalmente también tiene su responsabilidad. El Poder Judicial duda, toma algunas medidas tarde y el Ministerio Público Fiscal recién hoy asume la desaparición forzada. Por otro lado, el Poder Ejecutivo niega. En ese sentido, ¿qué está haciendo el Estado en su Poder Ejecutivo? Configurar el delito de desaparición forzada”.
La familia denunció a lavaca que en diversas reuniones los funcionarios del Estado le dijeron que estaban buscando a una persona extraviada. Dice la abogada Heredia: “Todas las medidas fueron tardías. Todas. Lo único que hizo rápido fue dar una recompensa, poner alertas en los aeropuertos, pedir en las fronteras y en las terminales. ¿Esto es una lógica de qué? De una persona que se está fugando, que está huyendo, y no de una víctima de desaparición forzada”.
Algunas de las medidas que se tomaron desde el Juzgado Federal o la Fiscalía podrían sintetizarse en el reporte que realizó la fiscal Ávila dirigido a Ramiro Badía, coordinador de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Señala que las prendas con las que se hicieron los rastrillajes (cuello, gorro y buzo) están “contaminadas” y que presentaron “inconsistencias”. Por eso se avanzó en el allanamiento de la casa de Santiago en El Bolsón. Los veedores de los rastrillajes (APDH y Comisión Provincial por la Memoria) indicaron que los perros realizaron tres veces el mismo recorrido. Por la supuesta “contaminación” de las pruebas es que se pone en duda la presencia “indubitable” de Santiago.
Sostiene que el rastrillaje a la comunidad del 5 de agosto tuvo que ser suspendida por la “férrea oposición” de la comunidad mapuche que no dejó avanzar hacia el otro lado del río. Si bien este punto fue desmentido por los actores veedores, resulta contradictorio ya que la propia Ávila remarca en su escrito que los buzos de Prefectura “explicaron las razones por las cuales el cuerpo del joven Maldonado no pudo haber realizado un largo recorrido” del río por sus caractéristicas: porca profundidad y una zona llena de ramas y malezas. Un segundo rastrillaje con 400 efectivos se realizó el 16 de agosto: los organismos querellantes sostuvieron a lavaca que fue el propio juez Otranto quien decidió no continuar del otro lado del río. Nada dice Ávila de esta medida.
Recordó los rastrillajes en los Escuadrones 35 (El Bolsón), 36 (Esquel) y 37 (José de San Martín). Los elementos encontrados en el escuadrón de El Bolsón (soga con una supesta mancha de sangre, pelos y un cono de señalización vial) fueron sometidos a peritaje, “a la fecha sin el resultado y/o conclusiones”. La familia cuestionó la tardanza de esta medida clave: los rastrillajes llegaron 10 días después de la desaparición de Santiago. No fueron allanamientos: la Justicia no secuestró ese día ningún elemento de la fuerza federal.
“Se encuentra en análisis el estudio técnico sobre las líneas celulares que utilizaba Santiago, se analizaron los teléfonos celulares utilizados por él, su georreferenciación, etc. Tales medidas se encuentran en proceso”. Los móviles son tres: uno con característica de 25 de Mayo (con este se comunicaba con su familia), otro con característica de El Bolsón y otro chileno.

La fiscal también pone en duda los testimonios de la comunidad ya que, señala, muchos de ellos no pudieron ser judicializados “fundados en un supuesto temor a ser incriminados u hostigados por autoridades judiciales”.
La abogada Heredia subraya que ese descreimiento es parte del andamiaje estatal que se pone en marcha ante cada caso de desaparición forzada en democracia: “Estamos hablando de cuestionamientos a testimonios que están en el lugar de la represión de la violencia institucional. Lo que ocurrió el 1 de agosto forma parte de una práctica sistemática de represión por parte de Gendarmería al pueblo mapuche. Esto es una desaparición forzada anunciada: se da por una sistemática violación de derechos por las fuerzas policiales con apoyo del poder político y el silencio del Poder Judicial. En un momento iba a suceder esto. Sólo hay que investigar la relación de hostigamiento de Gendarmería hacia el pueblo mapuche, como la represión de enero. Cuando realmente se pongan a investigar y dejen de mirar a Santiago, vamos a entender qué sucede”.
La fiscal Ávila levantará el secreto de sumario el 4 de septiembre. En ese momento se sabrá cuáles fueron las medidas que tomó tendientes al rumbo que adquirió la causa con la recaratulación a desaparición forzada de persona y a la “gravedad” del caso por tratarse -como remarcó- de “la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal”.
Mientras, las calles del país sentirán un mismo grito al unísono:
-¿Dónde está Santiago Maldonado?

Temas:

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Nota

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: