Experta en enfrentar la injusticia de las desapariciones forzadas, con la experiencia de un caso paradigmático como el de Iván Torres, la abogada de la familia de Santiago Maldonado explica qué significa este delito, qué representan los testigos, por qué los tratados internacionales consideran a la familia víctima de esta violencia, qué obligaciones tiene el Estado y cuál es el rol del grupo de expertos que el Alto Comisionado de la ONU destinaría para trabajar en la búsqueda e investigación de este caso. Cuenta con detalles qué adulteraciones encontró en los libros de Gendarmería, cómo fueron las reuniones con el Gobierno -este martes se reunirán con el jefe de Gabinete Marcos Peña-, y por qué considera que están buscando a Santiago donde no pueden encontrarlo.

A 41 días de su desaparición, a Santiago Maldonado lo están buscando donde no lo van a encontrar. La abogada Verónica Heredia describe así la situación actual del mayor desafío que tiene  que enfrentar la sociedad en estos días tremendos: comprender, en medio del aturdimiento que producen diferentes agentes del gobierno y operadores de prensa, lo que representa una desaparición forzada en democracia. Heredia es una experta en este tema: ha tenido que enfrentar a la misma maquinaria en el caso de Iván Torres, un joven desaparecido en Comodoro Rivadavia en octubre de 2003, por el que fue condenado el Estado argentino, además de los autores materiales: un comisario y un oficial de la policía. El antecedente de esta desaparición tiene el peso de una advertencia: 7 testigos del caso Iván Torres murieron en situaciones violentas que no fueron investigadas, aun cuando algunos de ellos contaban con protección de la Corte Interamericana. Desde esa experiencia, pregunta Heredia “¿Quiénes son los testigos de estos casos? Son aquellos que sufren la misma violencia que genera la desaparición forzada. Y esa misma violencia la siguen padeciendo cuando, pese al miedo, declaran ante la justicia y ponen en duda su testimonio. ¿Por qué no les creen? Porque no se reconoce que la desaparición forzada en el resultado de una escalada de violencia y no un hecho aislado. La fiscal escuchó el testimonio de una mujer mapuche que contó como en junio de 2016, cuando la Gendarmería irrumpió en su comunidad, un gendarme les gritó: “Van a terminar teniendo un desaparecido”. También escuchó a otra mujer mapuche que narró cómo cada represión que sufrieron en estos tres años fue peor que la anterior y que cuando terminó el azote de la última, la de enero, se preguntó “¿Ahora qué va a venir? Y vino Santiago”.
¿Cuál fue la reacción de la fiscal?
Preguntarles, textualmente ¿y cuándo hablaron con los derechos humanos?
Gendarmería en la mira
Concretamente, ¿qué está haciendo la justicia para encontrar a Santiago?
Nada.
Pero el juez ordenó un nuevo rastrillaje…
En el lugar donde no lo van a encontrar. Eso ya lo sabemos nosotros, la familia, y la justicia también. El primer rastrillaje lo hicieron los que mejor podían hacerlo: la comunidad. Y no lo encontraron. El segundo rastrillaje lo ordenó la justicia el sábado 5, luego de la primera audiencia por el habeas corpus que denunció su desaparición forzada. Ingresaron con perros, buzos y personal especializado. Los buzos ese día ya dijeron que era imposible que el cuerpo hubiese sido arrastrado por la corriente, porque ese río ni es profundo ni es caudaloso. Los perros confirmaron tres veces el recorrido que los testigos habían narrado. Hubo un tercer rastrillaje, con presencia del juez y un batallón de uniformados, drones y equipos. Ahora, hicieron el cuarto. Pero esta cuarta vez ya en la justicia había quedado claro el relato de los testigos: a Santiago lo golpearon, lo cargaron a un unimog y de ahí fue luego trasladado a una camioneta. Si ese es el relato de los testigos, es lógico que cualquier procedimiento de búsqueda no se haga en el lugar del que aseguran que se lo llevaron.
¿Dónde debería buscárselo?
Todo indica que el rastro hay que buscarlo en Gendarmería.
¿Cómo?
En principio, en lo móviles que participaron del operativo. El primer obstáculo es que no tienen GPS, lo cual es todo un dato sobre la impunidad con que se moviliza esa fuerza. La forma de rastrear los movimientos de esos vehículos, entonces, es el libro que registra los movimientos y usos de esos móviles. Allí deben consignarse, por ejemplo, el kilometraje de salida y de regreso. Cruzando esos datos, se puede establecer qué movimientos hicieron. El otro dato clave es el cruzamiento de llamadas y mensajes de los celulares de quienes participaron del operativo. Son más de 100 teléfonos celulares que se enviaron a peritar. Nos dijeron que los resultados iban a estar en las próximas semanas. Lo cierto es que la única pericia que se hizo en forma expeditiva fue la de ADN de la sangre del puestero. El resto no tuvo trámite prioritario ni mucho menos.
¿Los libros que registran los movimientos de Gendarmería el día de la desaparición de Santiago son los denunció que se habían adulterado?
Los que vi, porque hay una caja con libros, pero hasta ahora solo pude ver tres, porque cuando los estaba consultando el personal del juzgado me dijo que ya era muy tarde y querían irse.
¿Qué adulteraciones vio?
El primero que abro es el Libro de Armamentos del Escuadrón 36 de Esquel. El primer hecho que registra está fechado el 7 de octubre de 2016. El siguiente es del 16 de mayo de 2017. En el medio hay una hoja pegada. Y hay que tener en cuenta que en ese medio sucedió el operativo a la comunidad , en enero. Cuando llego al 31 de julio, que es la fecha que corresponde al operativo del día anterior a la desaparición de Santiago hay dos nombres borrados con liquid paper y reeemplazados por otros.
¿A quiénes corresponden esos nombres?
En el libro tiene que constar el nombre de dos responsables de entregar el armamento, a quiénes se lo entregan y qué le entregan, con detalle. Y también, dos son los que deben firmar qué reciben cuando se devuelve el armamento. Los nombres reemplazados corresponden a uno de los que entrega y otro de los que recibe.
Y el día de la desaparición de Santiago ¿qué adulteraciones encontró?
En el libro del Escuadrón 37, con fecha 1 de agosto hay agregada una hoja con cinta scotch. Busco en la primera página, porque ahí debe constar, cuántas hojas tiene el libro. Dice “este libro consta de 169 hojas útiles”. Cuento las páginas y hay 170. Mi conclusión evidente es que esa hoja pegada con cinta scotch fue agregada.
La hora de los expertos
Son muchas las diferencias entre la desaparición forzada de la que fue víctima Iván Torres ( y sigue siéndolo, porque hasta el día de hoy no apareció) y la de Santiago Maldonado, pero su principal similitud es la que importa: la respuesta del Estado. “No sólo en estos dos casos, sino en cada caso de desaparición forzada la respuesta del Estado es la misma: ocultar, mentir, negar, adulterar pruebas. Por eso el Comité de la ONU deja en claro que las victimas de desaparición forzada son la persona que desaparece y sus familiares. Porque todo ese mecanismo es lo que configura el delito y porque toda esa violencia del aparato estatal la soporta el que desaparece y sus familiares”. Heredia se pregunta entonces: “¿Qué violencia desata el aparato sobre la familia? La primera está clara en este caso: Santiago desaparece en un lugar remoto y en una represión a una comunidad que nos permite especular con la idea de que la impunidad estaba descontada de antemano. Luego, la causa se tramita en Esquel. La familia vive en 25 de Mayo, un hermano en Bariloche, yo en Capital: eso solo ya dificulta el seguimiento del caso. Por eso es obligación del Estado garantizar el acceso de la familia a la justicia. No es una prebenda: es un derecho garantizado por los tratados internacionales. Está obligado.
¿A qué fue el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a Esquel, esta semana?
A dos cosas: a presentar un escrito a la causa, que detalla el petitorio de la familia, y a difundir que el Estado está pagando los gastos de la familia, cuando en realidad lo único que aportó hasta ahora fueron algunos traslados hasta Esquel o hasta las reuniones que se mantuvieron en el marco del petitorio que presentamos. Es síntesis, lo que señalo: el Estado está obligado a hacerlo y nosotros a exigirlo.
¿En qué consiste el petitorio que presentaron?
Hay una diferencia entre el caso de la desaparición de Iván Torres y la de Santiago y es una importante: las herramientas con las que contamos. Con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México se sentó el precedente de incorporar a expertos de las Naciones Unidas a la investigación de las desapariciones forzadas. Nosotros recurrimos a ese precedente y nos reunimos con el ministro de Justicia, el secretario de Derechos Humanos y un representante de cancillería para presentarles un petitorio de dos puntos: que reconozcan que se trata de una desaparición forzada y que garanticen el acceso a la justicia de la familia de la víctima. Para garantizar este derecho es que exigimos recursos, como la conformación de un grupo de expertos que garanticen una investigación independiente, imparcial y seria.
¿Cuál sería el trabajo concreto de este grupo de expertos?
Trabajarían en tres áreas clave. La primera,  el paradero. A Santiago nosotros lo buscamos con vida. Estos hay que entenderlo: es determinante el factor tiempo. Es urgente. Cualquier demora, desviación o maniobra es vivida por la familia como un agravio, como una violencia. El grupo de expertos, entonces, garantizaría que se respondan preguntas determinantes para que esta búsqueda se haga como corresponde. ¿Se están usando los recursos y la tecnología adecuada? ¿Se está aplicando la metodología correcta? En segundo lugar, trabajaría sobre la investigación del hecho. ¿Está bien tipificado el delito? ¿Se está investigando adecuadamente? ¿Se están ordenando las medidas de prueba necesarias? ¿Se están estableciendo las responsabilidades penales que corresponden? La tercera, es la protección de los familiares de las víctimas y de los testigos. El grupo de expertos es el encargado de responder estas preguntas y de realizar las recomendaciones para cada uno de estos capítulos.
¿En qué plazo harían ese informe?
En dos meses.
¿Cuál fue la respuesta del Estado?
En la primera reunión se avanzó. En la segunda fuimos a la Ex Esma con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el miembro de la ONU, Mario Coriolano. Estuvimos todos esperando, sentados en el hall, desde las 12 hasta las cuatro de la tarde. Finalmente, nos recibió el ministro de Justicia, el secretario de Derechos Humanos y el representante de Cancillería. El ministro Garavano nos recibió diciendo: “No pude con la burocracia del Estado”. Y nos explicó que había un problema formal: ¿cuál sería el status de los miembros del grupo de expertos? El doctor Coriolano le respondió: “El mismo que el mío, que soy desde hace 11 años miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y actué en el caso Iván Torres sin ningún problema”. El representante de cancillería pidió unos días para resolverlo. Le respondí: “Tómese todo el tiempo que quiera, total no es su tiempo: es el de Santiago”. Quedaron finalmente en firmarlo “lunes o martes”, pero en toda la semana no recibimos ninguna respuesta. Hasta este sábado: el jefe del Gabinete Marcos Peña nos convocó para el martes, junto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, quien ya le dejó en claro que está dispuesto a comenzar a trabajar inmediatamente.
¿En qué marco trabajaría este grupo de expertos?
Argentina destina recursos para el Comité de Desaparición Forzada de Personas. En ese marco, utilizaría por primera vez esos recursos para que se aboquen a una desaparición forzada que se cometió en nuestro país y en democracia. La participación de este grupo de expertos es un hecho inédito, es histórico y es una responsabilidad que tenemos que asumir con verdad, responsabilidad y sin demoras. Tenemos que encontrar a Santiago. Eso es lo que queremos y eso es lo que buscamos la familia y la sociedad argentina.