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#EsTortura: datos, testimonios y casos desde el colapso del sistema penitenciario

Publicada

hace 6 años

25/09/2018

El Registro Nacional de Casos de Tortura elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios Sobre Sistema Penal y Derechos Humanos releva una realidad alarmante. En Argentina hay un total de 1408 víctimas que padecieron más de 5000 tipos de tortura y malos tratos en cárceles federales y provinciales. Alcira Daroqui, una de las expertas que realizó el informe, explica por qué la prisión no puede ser el argumento del Poder Judicial para gestionar la penalidad. Por qué la cárcel sólo produce delincuencia. De qué forma la tortura se convirtió en el elemento constitutivo del encierro penal. La subordinación estratégica del Poder Judicial a las policías. Y el caso de M., tan sólo una demostración de la selectividad del sistema penal. Datos y testimonios que permiten describir las dimensiones del horror.
El informe anual 2017 del Registro Nacional de Casos de Tortura relevó 5328 tipos de tortura y malos tratos sobre un total de 1408 víctimas. Ese es el principal -y alarmante- dato que desprende de la investigación que todos los años realizan el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (Gespydh) en conjunto con la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). “La tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad”, sentencia, cuyos resultados permiten establecer una preocupante cartografía del sistema penitenciario argentino, tan solo un perverso eslabón del funcionamiento del sistema penal.
La magnitud de los datos del informe se explicitan en el despliegue del relevamiento:

10 unidades penales de la provincia de Buenos Aires.
6 unidades y una alcaidía del Sistema Penitenciario Federal.
14 cárceles federales.
1 alcaldía federal.
6 unidades de servicios penitenciarios provinciales.
3 institutos dependientes del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA.
23 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense.
7 centros cerrados del organismo provincial de niñez y adolescencia bonaerense.

De esa manera, les investigadores detectaron que ca si el 88 por ciento de las víctimas son varones, 167 son mujeres y tres son personas trans. Que el 64 por ciento de las víctimas tiene entre 18 y 34 años. Y que el 54,5 por ciento solo entre 22 y 34 años.

Las dimensiones del horror

El registro divide la cantidad de hechos según tipo de tortura:

Agresiones físicas: 866.
Falta o deficiente asistencia de la salud: 830.
Aislamiento: 823.
Malas condiciones materiales de detención: 772.
Falta o deficiente alimentación: 586.
Amenazas: 354.
Impedimentos de vinculación familiar y social: 340.
Requisa personal vejatoria: 325.
Robo y/o daños de pertenencias: 188.
Traslados gravosos: 137.
Traslados constantes: 107.

La agresión física es el tipo de tortura más frecuente en el sistema penitenciario, cuya regularidad implica una sistematicidad de la violencia física penitenciaria, que incluye “actos combinados” de golpes de puño, patadas, palazos, y en ocasiones modalidades como gas pimienta o lacrimógeno, el criqueo/motoneta (acto de esposar violentamente a las personas detenidas, con los brazos atrás y levantados más allá de la cabeza) y el plaf plaf (golpes simultáneos con las dos manos en los oídos). Hasta balazos de goma.
El 29 por ciento de esas agresiones se deben a represiones ante pedidos o reclamos. El 17,5 por ciento, a torturas durante la circulación en la unidad.
El informe combina datos duros con testimonios. Compartimos algunos de ellos:

“El día 2 de febrero de 2017 un detenido alojado en la Unidad 12 entregó al Encargado de Pabellón un escrito dirigido a la Defensoría General porque se encontraba en el sector de aislamiento (‘buzones’) desde hacía 28 días esperando traslado a otra unidad. Refirió que el SPF no quiso certificarle dicho escrito, motivo por el cual inició una huelga de hambre. Luego de una audiencia con las autoridades por la medida de fuerza, manifestó que –entre el Encargado y el Jefe de Turno- le dieron palazos en los brazos, la zona de las costillas y cintura, produciéndole varios hematomas. A ello agregó: ‘estoy recibiendo amenazas por el Servicio y sigo siendo golpeado’”.
“El detenido relató que el día 13 de enero lo llamaron a una audiencia con el psiquiatra. Luego de ser asistido, fue trasladado hacia un pasillo de ingreso al Pabellón K, donde aproximadamente 6 agentes penitenciarios de Requisa comenzaron a propinarle golpes de puño y patadas en rostro y costillas. Seguido de ello, le quitaron su vestimenta y entre todos los agentes comenzaron a penetrarlo analmente mientras que uno de los agresores le dijo: ‘callate tuerto de mierda, estás re cogido’”.
“El detenido relató que el día 15 de noviembre dos Jefes de Turno intentaron abusarlo sexualmente por haberse declarado homosexual. Volvía de la facultad y lo dejaron último y cortaron el tránsito. Allí en el pasillo, le dijeron ‘sos gay, chúpame la pija’ mientras lo manoseaban. Se resistió y lo redujeron, le tocaron sus genitales e intentaron introducirle un dedo en el ano. Frenaron cuando llegó la Requisa. Al mismo tiempo le pisaron la cabeza y lo amenazaron con no cambiarle el alojamiento como solicitó. Por último, lo dejaron 3 horas en una celda solo y esposado”.
“La requisa apenas llegás ya te pega. Me dieron la ‘bienvenida’. Me dijeron ‘Poné las manos arriba, con los puños juntos, mirando a la pares’. Respiré y me dieron una banda de piñas (…) Me golpearon con guantes de cuero para que no me queden marcas”.
“El día 12 de enero el detenido reclamaba realizar un llamado a su familia dado que era el cumpleaños de una de las hijas. El personal penitenciario le negó esta posibilidad y, al continuar reclamando, ingresaron al pabellón entre 7 y 8 agentes penitenciarios. Allí, lo golpearon con los escudos y le arrojaron gas pimienta. Luego, lo esposaron, lo tiraron al piso, lo inyectaron en forma compulsiva, al tiempo que le propinaban cachetadas, piñas, patadas y palazos. Además, señaló que lo cortaron y lo golpearon en los oídos [Plaf-Plaf] y pies [PataPata]. Al finalizar la agresión, le tiraron agua fría y orinaron sobre su cuerpo. Lo relatado ocurrió mientras el detenido se encontraba desnudo y con los ojos tapados”.

El informe apunta que el 90 por ciento de las agresiones se corresponden con acciones grupales por los penitenciarios. “Los hechos en los que intervienen más de 10 agentes se corresponden mayormente con procedimientos de requisa ordinaria o extraordinaria, en las que la cantidad de penitenciarios puede alcanzar los 50, entre los que participan agentes de requisa, personal de seguridad interna y jefes. Frente a ello, el total de hechos de agresión física por parte de un solo funcionario resulta ser minoritario (9,8%)”.
El desagregado de los hechos descriptos en cárceles provinciales aporta otras dimensiones del horror:

Salud: “En promedio las víctimas sufren la falta o deficiente asistencia de salud 1 año y 2 meses”.
Aislamiento: “Un 23% de las víctimas permaneció aislado 60 días o más, con casos extremos de 2 o 3 años”.
Condiciones materiales: “Las víctimas indicaron 5017 deficiencias materiales, un promedio de 11 por persona”.
Alimentación: “Un 63,2% de los entrevistados sufrió dolencias físicas por la mala alimentación”.
Requisa: “El 81,2% de las víctimas fueron forzadas al desnudo total y en 3 casos se describieron abusos sexuales”.

La investigación subraya que la tortura, con diferentes modalidades e intensidades, persiste en el tiempo y se produce en todos los ámbitos de detención. “Por un lado son sistemáticas las violencias que impactan de manera particular y selectiva sobre determinadas personas en un momento dado: el aislamiento y las agresiones físicas por parte de funcionarios públicos (picana eléctrica, submarino seco o húmedo, abusos sexuales, golpizas). Por otro lado, también las vulneraciones generalizadas de derechos son persistentes y asfectan de manera extensiva a la población detenida: las malas condiciones materiales de detención, la falta o deficiente alimentación, los impedimentos para la vinculación familiar y social, y la falta o deficiente asistencia de la salud. Estas prácticas se insertan en el programa de gobierno carcelario produciendo y gestionando la degradación y la sumisión de los presos y las presas. El registro de estos hechos evidencia el carácter multidimensional, generalizado y sistemático de la tortura como elemento constitutivo de encierro penal”.

La maquinaria

“El encierro no puede ser el argumento del Poder Judicial para gestionar la penalidad”, afirmó Alcira Daroqui, directora del Gespydh, en el debate Cárcel y justicia: qué pena, realizado en MU con la presencia de Vanesa Orieta –hermana de Luciano Arruga y referente de derechos humanos-, Waldemar Cubilla –sociólogo, docente, director de la biblioteca popular La Carcova e integrante del Equipo de Reflexión y Aplicación Jurídico Penal de la UNSAM- y Verónica Heredia, abogada experta en derechos humanos (https://www.lavaca.org/notas/que-pena-apuntes-desde-el-colapso-del-sistema-penitenciario-y-por-una-nueva-agenda-de-derechos-humanos/).
Daroqui sustentó su afirmación no sólo con los datos previamente citados sino, también, con recorrido histórico. “En 2007, cuando hicimos la investigación sobre torturas, en Argentina no se hablaba de tortura. Si ocurría, era un como parte del pasado, de la dictadura, o algo específico de la provincia de Buenos Aires, que siempre es el patito feo, con la Bonaerense. Allí teníamos representantes del sistema federal que les daban clase a los bonaerenses como si éstos respetaran los derechos humanos. Entonces apareció una campaña muy fuerte del Poder Judicial, desde fiscales, jueces y la defensoría general, diciendo que no había tortura”.
Para la investigadora, es la expresión más clara del Poder Judicial como “garante, encubridor y legitimador” de las prácticas que garantizan la impunidad. La defensa cerrada continuó en medios progresistas y en funcionarios del kirchnerismo -gobierno de entonces-, que afirmaban que no había tortura en las cárceles federales. En consecuencia, el Gespydh lanzó el Registro Nacional, “no para contar torturados o cantidades sino para construir una masa de información que nos permita decir que la tortura se aplica, en forma sistemática y regular, en todas las cárceles, tanto del sistema federal como de la provincia de Buenos Aires”.
Las cifras y los testimonios también contrastaban con cualquier tipo de discusión sobre “seguridad democrática” que se pretendiera instalar, al menos, desde un montaje discursivo. “Que no me vengan a decir que puede haber un programa de seguridad que tenga que ver con el respeto de derechos”, apuntó Daroqui. “Eso ha sido perverso, y produjeron sentido político en todos esos años. No olvidemos que el Ministerio de Seguridad se creó en 2010, y después del conflicto en el Indoamericano (la toma que terminó con dos personas muertas y decenas de heridos tras la represión de la Policía Federal y la Metropolitana). Yo prefiero hablar de política criminal. Nos cambiaron el discurso: el neoliberalismo nos despojó de todas las seguridades y nos remarca que la única que nos tiene que preocupar es la del delito”.
Daroqui subraya que lo mismo pasó en 2013 cuando el Gobierno lanzó la Campaña contra la Violencia Institucional. “Un concepto perverso, porque diluye la violencia estatal. Entonces no hablamos más de tortura”.
Allí entra en juego la prisión. “La cárcel está solo para producir delincuencia, no para producir otra cosa. Violencia entre los pobres”. Daroqui menciona el registro del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) que permite un acercamiento a la caracterización sociodemográfica de quienes ingresan a la maquinaria penitenciaria: varones, de entre 18 a 34 años, solteros, sin escolaridad obligatoria, sin trabajo formal, sin capacitación laboral. “Son todos pobres: está clarísimo que es una justicia de clase”.
La tendencia del Poder Judicial, además, es producir condenas cada vez más cortas. “Los jueces están mandando a gente a la cárcel por 15 días. ¿Por qué delito? Por resistencia a la autoridad, la figura que utiliza la policía para gobernar a los pobres”.
¿Qué puntos de fuga se pueden trazar ante este esquema perverso? “Que la justicia deje de producir daño. Hay que poner un límite al aparato judicial, que produce mucho más daño que la policía. El Poder Judicial, en su articulación con la policía y los servicios penitenciarios, siempre ha tenido más impunidad para la sanción social. Ellos otorgan impunidad a las fuerzas de seguridad y, luego, la sociedad les otorga impunidad en sus prácticas. No se habla del daño que producen y que legitima a la policía para actuar. Garantiza la reproducción de un orden clasista, porque no es cierto que la policía es el auxiliar de la Justicia, sino al revés: la criminalidad que le llega al Poder Judicial es la que decide la Policía. Están subordinados, pero no es un problema de mero sometimiento: es una subordinación estratégica. Por eso, nosotros sostenemos que no es que el poder funciona mal. Funciona, y muy bien”.

Los términos en los que hay que hablar

M. es un joven de 26 años que fue condenado recientemente a 6 años y 8 meses de prisión por un hecho ocurrido en 2013. Durante el proceso, M. estuvo en libertad; ahora, el Poder Judicial pretende encarcelarlo. “¿Para qué va a ir preso? Durante este tiempo M. no pasó ni un semáforo en rojo”, ilustra su abogada Verónica Heredia. El caso fue el puntapié de la jornada de debate Cárcel y justicia: qué pena, ocurrida en MU, y es tan solo una demostración del funcionamiento del sistema penal, una máquina que se pone en marcha desde la selectividad de la policía y continúa con un proceso cuyo último eslabón es la prisión.
Por esa razón, se reunieron referentes y especialistas para presentar datos y casos concretos que revelan el colapso del modelo penitenciario que impulsa el actual sistema judicial. “Lo que queremos evitar es que M. cumpla el ultimo eslabon de esta cadena, que va a garantizar no sólo la prisión, sino la tortura y la permanencia en el sistema”, explica a lavaca Heredia, experta en derechos humanos, que recurrió la sentencia a la Corte Suprema de Justicia.
En ese escrito, la doctora no sólo apunta que M. llegó a su condena a través del testimonio de un único testigo perteneneciente a una fuerza de seguridad, sino que argumenta que la “inseguridad descripta que padecen los jóvenes en Argentina” se agrava ante su consecuencia: la tortura en el sistema penitenciario. Allí cita el examen periódico que realizó en Argentina el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) (entre el 26 y el 27 de abril del año pasado), en cuyas observaciones finales destacó su profunda preocupación por “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad así como en las rutinas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”. (https://www.lavaca.org/notas/el-informe-del-horror-la-onu-denuncia-la-violencia-estatal/)
En ese sentido, Heredia subraya la necesidad crucial de señalar esa política criminal del Estado, con sus consecuentes eslabones que ponen en marcha la máquina penitenciaria de la tortura, para explicar lo que parece obvio pero no lo es: “El error del sistema modificó el proyecto de vida del joven M. durante estos 5 años y 6 meses, generándole el padecimiento de desconocer su destin, impidiéndole soñar y concretar su vida amorosa, laboral, educativa. Sin embargo, el joven M. no ha infringido durante todos estos años, ni antes, la más mínima norma, ni contravencional, ni social, menos penal”.
¿Por qué, entonces, enviar a un jover a la maquinaria? ¿Qué hacer con la prisión? Daroqui ofrece una respuesta: “Que el Estado se haga cargo que, mientras tengan estas cárceles, no vaya gente a la cárcel. Que el Estado, al menos, se haga cargo de eso. Vos no podés retener a nadie mientras están violando derechos humanos. La cárcel nació para violar derechos. Mientras no hablemos en estos términos, nadie tiene que ingresar a esta maquinaria”.

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Publicada

hace 2 días

26/04/2024

La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años.

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio de contundencia, ignorado.

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas — Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión.

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”.

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”.

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género.

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”.

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló.

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

“Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”.

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder.

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

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hace 1 semana

19/04/2024

Séptima entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa de lavaca Lina Etchesuri.

Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Ese jueves hacía 38 grados de calor pero parecían 43. El calor quemaba y picaba.

Faltaba el aire, el que había estaba caliente y la humedad pegoteaba.

El día que acompañé a la Ronda haciendo fotos para este proyecto, fui descubriendo imágenes a medida que los pasos y las sillas de ruedas daban vuelta como siempre, hace 2392 jueves.
La ronda siempre me emociona. Mucho. Las miro a las madres y veo proyectada las fotos de sus hijxs en su mirada, hacia delante, repitiendo Presente como un mantra de presencia y resistencia. Lxs veo a ellxs en imagen, mirando de frente en su juventud detenida. Veía a Elia, que ronda en silla de ruedas, con la foto de su hijo Hugo Meidan, desaparecido el 18 de febrero de 1977, hace 47 años, y pensaba si ese día hizo tanto calor, si la luz tenía esta misma inclemencia.

En las rondas transcurre un tiempo extraño, persistente y atemporal. Las hermanas abrazan las fotos de sus desaparecidxs, gritan sus nombres con contundencia, caminan junto a las madres, junto a nosotrxs.

Transforman el tiempo y la imagen en un futuro posible.

Sobre Lina

Soy Lina Etchesuri. Fotógrafa, editora y docente

Soy parte de la cooperativa Lavaca desde hace más de 12 años donde hago todo lo que me describe y más. Me hace sentir muy orgullosa y feliz.

Estudié con Filiberto Muganini en el Rojas durante los 90s. Hice la carrera de fotógrafa en la Escuela de foto y artes visuales de Avellaneda, durante el 2001 y los años siguientes.

Me seguí formando en talleres visuales con mi querida Julieta Escardó y muchxs más.

Viajé haciendo fotos durante algunos años: conocí al subcomandante Marcos y le saqué una foto en la que se está riendo. Estuve en Cisjordania, Palestina, durante 3 meses, viviendo retratando la vida bajo la ocupación.

Junto con algunas personas y amigxs fundamos MAFIA en 2012, un colectivo de fotógrafxs que sigue hasta hoy.

Coordino talleres de foto e imagen.

Soy mamá de Fermin.

Y me encanta hacer todo lo que hago.

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Un abrazo contra la motosierra

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hace 1 semana

18/04/2024

Sin presupuesto actualizado (“cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2” informa el rector de la UBA) las universidades y los hospitales en “modo ahorro” deben cortar la luz, los ascensores, reducen cirugías, no tienen insumos. La imagen del Clínicas, uno de los más importantes del país: “Los pacientes se están quedando sin comida”. Hoy una gran concentración frente a ese hospital escuela simbolizó un abrazo en defensa de la salud y la educación pública, mientras el gobierno nacional juega a pelearse con las prepagas, y el de la Ciudad a subvencionar a quienes mandan a sus hijxs a colegios privados. ¿Qué pasa con lo público? ¿Cuándo comenzó el desastre? Distintas voces (directores de hospitales, rectores de universidades, trabajadorxs) relatan la realidad y los datos motosierra; la organización como única salida; y el canto “la UBA no se vende”, mientras la realidad, o los números, parecen indicar otra cosa.

Por Francisco Pandolfi

“Se defiende, la UBA se defiende”, fue uno de los hits / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Clarisa y Caetana acaban de salir de cursar dermatología. Clarisa tiene 24 años y lleva puesto un ambo azul marino. Caetana, de 23, uno verde oscuro. Son alumnas desde hace seis años de la Facultad de Medicina y hace tres caminan por los pasillos del Hospital de Clínicas, ya en la etapa de las prácticas. “Hace un rato terminamos una clase en la que no teníamos vendas”, dice Clarisa. Su compañera agrega: “El otro día, en un práctico, nos faltaba vaselina para curar las úlceras; sí, vaselina, probablemente el producto más básico y barato que se necesita”.

Alrededor de ellas hay una multitud, con ansias de visibilizar la gravedad de la situación.

Clarisa, Caetana y la marea contra el ajuste / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“Estamos funcionando al 30%”, comparte Marta, médica desde hace 38 años en el Clínicas.

“Los pacientes se están quedando sin comida”, cuenta Susana, auditora.

“Soy empleado de limpieza del hospital, monotributista, trabajo cinco días por semana, siete horas por día y mi sueldo no supera los 150 mil pesos”, confiesa Diego Ruiz.

“Ya debimos reducir las cirugías y no atender a algunos pacientes”, expresa Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas.

“Estamos económicamente por debajo de un 80% sobre el presupuesto que deberíamos tener. Cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2”, precisa Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Susana Dionisio, y la esperanza que genera el juntarse / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tiempos de abrazos

“La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestro ejército”.

José de San Martín.

Al libertador de la patria se lo homenajea con su nombre en calles y avenidas; clubes deportivos, teatros y centros culturales; plazas y parques; hospitales y universidades.

Y también en un hospital-escuela: el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y dedicado a tres ejes clave para el desarrollo de cualquier sociedad: la asistencia, la docencia y la investigación.

Son tiempos de clases abiertas; de paros y movilizaciones; de una marcha nacional universitaria a realizarse el próximo martes 23 de abril. Son tiempos de contar en cuántos meses y en cuántos días las universidades se quedarían sin presupuesto hasta cerrar sus puertas.

Son tiempos de abrazos.

Uno de ellos se forma con un montón de brazos, este jueves por la mañana, en la puerta del Hospital de Clínicas. Médicos, docentes y no docentes, estudiantes, le brindan un espaldarazo simbólico al Hospital de Clínicas, ubicado en el límite de los barrios porteños de Recoleta y Balvanera. Sobre la Avenida Córdoba, miles de personas se reúnen en la puerta principal para reclamar por el recorte presupuestario en todas las universidades del país, y en particular de las universidades escuelas.

Hay equipo en el Hospital de Clínicas /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Los cuerpos aplauden. Están vestidos con guardapolvo blanco; con ambos celestes y azules; con chaquetas bordós y verdes. De fondo, un telón negro enorme sirve de súplica para estos momentos. Es un ruego a la sociedad toda; y una exigencia, también, puertas adentro: “Defendamos la UBA”. Delante de la banderota se sostienen grandes letras blancas, hechas con cartulina, a mano, a pulmón, a necesidad de que el reclamo se vea un poco más. “La salud se defiende”, se lee, mientras se canta al unísono: “No se vende, la patria no se vende”. Minutos después, se cambia sólo una palabra: “No se vende, la UBA no se vende”.

Pero la realidad no parece indicar lo mismo.

Problemas de fondos

Luego del abrazo, se rodea al hospital y en otra de las puertas de la institución, sobre la calle Paraguay, se lleva a cabo una conferencia de prensa. Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas, va al hueso: “Ya tuvimos que optimizar los recursos, que son insuficientes; no podemos comprar insumos, ni hacer transferencias porque no hay licitaciones de presupuesto que avalen las compras. Mientras, tenemos un montón de pacientes internados”. Sigue: “Es muy difícil no usar la luz en un hospital; no usar los ascensores cuando los pacientes necesitan usarlo… Lo mismo pasa con la calefacción. El año pasado estábamos orgullosos de haber comprado y cambiado la caldera, y este año no sabemos si va a funcionar, porque el modo de ahorro va a estar en el gas, en la luz, en todo”.

Le cambia la cara. Se tensa, aún más. “Poner a un hospital en modo ahorro es una agresión al médico. Es muy difícil mi lugar, el tener que decirle a mis colegas si pueden atender o no a alguien. No estamos haciendo una buena medicina con estas cosas”.

Marcelo Melo y Ricardo Gelpi en conferencia de prensa /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

A su lado está el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acompañado por el Secretario de Hacienda Matías Ruiz. Juntos, definen lo terrible: “La UBA tiene dos partes principales en las que se divide el presupuesto. Una es la salarial, que consume entre el 85% y el 90%; y después está el gasto de funcionamiento, que consume entre el 10 y el 15%”. Desmenuzan: “En lo salarial hubo un recorte en términos reales ajustado por inflación del 35%, lo que significa que si en noviembre un docente o un trabajador cobraba 100 pesos, hoy cobra 65”.

Sobre los gastos para el funcionamiento: “Lo dividimos en salud y en educación. En educación este año las partidas arrancaron congeladas al presupuesto del año 2023; hubo una actualización parcial del 70% desde marzo; pero en términos interanuales eso significa un 58% de actualización, comparado con una inflación de casi un 300% interanual. Por el lado de la salud, empezamos el año sin presupuesto, ya que la partida devengada del año 2023 no había sido asignada hasta esta semana”.

Tomar la calle en defensa propia / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Peligro de cierre

¿La partida ya firmada –pero aún no depositada–, es un remedio? “No, para los hospitales universitarios será de la misma magnitud nominal del año pasado. O sea, no es una actualización, ni un incremento”. Subraya el rector: “Estas partidas no están ajustadas por inflación, lo que significa que sólo podrán estirar un tiempo esta situación, pero estamos lejos de estar conformes. Si se mantiene esa partida, podremos funcionar como venimos dos o tres meses más. Y después, así las cosas, la UBA cierra, porque si no hay plata, no hay plata”.

El Secretario de Hacienda suma un dato, que agudiza el cuadro: “El pago de la energía eléctrica en el último año se multiplicó por siete. Y si comparamos con febrero de este año, sólo los últimos dos meses, se multiplicó por cuatro”. Y ejemplifica con una cuenta que no cierra: “El crecimiento del gasto, sumado a las partidas congeladas, hace que crezca más rápido el gasto que tenemos la universidades y empeorando cada vez más el funcionamiento”.

La educación, la salud y la ciencia, en juego; en venta / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“El mal funcionamiento es de hace años”

La falta de recursos no empezó en la era Milei. Marta, médica desde hace 38 abriles, describe: “El mal funcionamiento viene de años, como consecuencia de malas administraciones anteriores. Y ahora, este recorte presupuestario es el tiro de gracia”. ¿En qué se venía mal? “De 12 quirófanos funcionan 5 y hay numerosas salas cerradas; cada vez se va achicando más la estructura, deteriorando y no hay presupuesto para mantenerlo”.

Clarisa, alumna, añade: “El edificio tiene un montón de falencias, es muchísima la cantidad de arreglos que harían falta y esto viene desde hace años. Con este recorte, el único futuro que veo es que se caigan las paredes… Me da mucho miedo e impotencia”.

Florencia trabaja hace 10 años y el amor que siente por la entidad viene de familia: “Mi mamá trabajó ahí; mis dos hijos fueron a ese jardín; le salvaron la vida dos veces a mi mejor amiga; curaron a mi papá, a mi abuela”.

Admite que el hospital “siempre tuvo pocos recursos; siempre hubo carencia de insumos”. Profundiza: “La situación no viene bien hace mucho; las personas que deben hacer el presupuesto no valoran la calidad humana ni la cantidad de atenciones que se realizan por día. El hospital siempre tuvo lo básico, y en muchas oportunidades debimos conseguir insumos por fuera, siempre tardó en llegar el material que se necesitaba”.

Carteles, ruido, sonrisas: estrategias contra el recorte / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Orgullo nacional

El Hospital de Clínicas es considerado uno de los hospitales más importantes de la Argentina y de América Latina. Se fundó en 1881 y allí se realizaron varios procedimientos por primera vez. Algunos hitos que nacieron entre sus paredes que hoy yacen descascaradas: la aplicación de la insulina, el cateterismo cardíaco, las residencias médicas, las punciones de riñón, las operaciones filmadas. Dice la médica y hoy auditora Susana Dionisio: “En este hospital se formaron la mayor parte de los médicos de renombre que hay en toda la medicina prepaga”. Suma otro caso testigo: “Hay que acordarse de acontecimientos como el de la AMIA, cuando sucedió el atentado este hospital recibió a la mayoría de los heridos, y fue gracias a este hospital que se salvó a muchísima gente. Entonces, podés hacer un comité de crisis, pero si al mismo tiempo desfinanciás a la educación, está muy mal. El presidente se merece un juicio político y la oposición tiene que pararse y ser una oposición real, sino perdemos la democracia”.

Marta Cora Eliseht es médica de obstetricia del hospital de Clínicas y docente de la Facultad de Medicina. “El Clínicas es fundamental, un orgullo nacional; no sólo cumple funciones asistenciales, sino también de docencia en áreas de pregrado y postgrado; esta es la sede de infinidad de carreras. Somos especialistas en obstetricia y atendemos muchos embarazos de alto riesgo, casos que no se atienden en otros lados”.

Marta es médica en el Clínicas desde hace 38 años /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

En el hospital trabajan más de 3.200 empleados y se atienden alrededor de 365 mil personas al año. En lo educacional, cursan por año cerca de 1500 alumnos. “Hay cinco cátedras y estudiamos 300 personas promedio en cada una. Este es el hospital escuela más grande del país”, explican Clarisa y Caetana, estudiantes de medicina.

Las palabras de Sofía, que integra la comisión interna, laten: “El hospital-escuela literalmente es el corazón de la UBA, donde se retroalimenta la ciencia, la investigación, la educación, pero sobre todas las cosas la salud pública, con todo lo que conlleva ese concepto de gratuidad e inclusión. Queremos seguir brindando la atención de calidad a los y las pacientes, pero sobre todas las cosas contar con un financiamiento que nos permita que nuestra casa, como así consideramos al hospital, siga funcionando. No queremos tener el privilegio de pisar la UBA, sino el derecho de seguir en ella”.

Una que pedimos (casi) todxs /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Un dolor inenarrable

El hit se vuelve a cambiar: “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode se jode”, se vocifera con angustia y con firmeza, en un clamor popular que hiela la sangre. Las y los laburantes le dan magnitud al problema. La obstetra Marta Cora Eliseht dice: “En el sector no tenemos espéculos, vidrios para hacer papanicolaou, guantes, gasas, algodón, lo básico. Los profesionales de la salud estamos intentando conseguir donaciones de entidades privadas para suplir las faltas”. Sintetiza: “Estamos sufriendo un ataque artero a la universidad pública”.

Susana Dionisio es médica desde hace 49 años. Quince los trabajó en el Clínicas, donde ahora es auditora. “Sentimos un dolor que no se puede narrar. Los pacientes se están quedando sin comida y solidariamente se intenta ayudar entre sindicatos, médicos y administrativos, pero los insumos médicos no los podemos comprar. Ya se está cortando la luz a cierta hora, no se puede creer”.

La potencia de Elsa Carrizo, la potencia de lo colectivo /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Elsa Carrizo es delegada general de la comisión interna del Hospital de Clínicas. Tiene puesto un guardapolvo blanco, que lleva el logo de la institución. Se lee: “Fundado en 1881”. Dice: “Trabajamos con obras sociales, pero es impresionante la cantidad de gente sin obra social que viene, alcanza con ver las colas que se forman a la mañana. Ya no tenemos insumos ni para el mantenimiento, ¿con qué vamos a limpiar? Hay un combo de muchísimas necesidades en el hospital”.

“Últimamente no nos estuvieron entregando secadores”, detalla Diego Ruiz, empleado de maestranza. Cobra menos de 150 mil pesos por mes y sólo el monotributo para facturar (no está en planta permanente) le cuesta alrededor de 18 mil. “Estamos en una situación de mierda, personalmente para mí es imposible llegar a fin de mes”.

Diego cobra menos de $150 mil por mes. Y no es una joda / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tomás trabaja en el área de personal hace 5 años y es delegado de la comisión interna. “No hay paritarias y los sueldos quedan muy bajos. Tenemos poco más de 300 contratos que salen del bolsillo del hospital y son los que más corren peligro. Estamos hace un par de meses sin aumento y no hay respuesta del gobierno ni comunicación. Estamos estancados, no da para más”.

Carolina Nadal es empleada desde hace 30 años. Hoy es la jefa del departamento de Trabajo Social. “El presupuesto que se está ejecutando es el del año pasado y esto es inviable en términos de sostenimiento, de todo lo que se necesita para que funcione el hospital de manera integral. El gobierno va a tener que responder de una manera diferente a la que está respondiendo ahora. Siento mucha bronca e indignación, pero al mismo tiempo tengo la esperanza de que en las calles, con la resistencia, haya otro desenlace que no sea cerrar las puertas”.

“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

José de San Martín.