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El juez Ramos Padilla en el Parlamento: la máquina ilegal

Publicada

hace 5 años

14/03/2019

Durante cuatro horas y media el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, expuso en el Parlamento los alcances de la investigación que está desarrollando sobre lo que definió como “una red de espionaje ilegal” que cometió delitos durante varios años y que involucra a la justicia y al periodismo. Cómo comenzó y en qué estado está hoy el caso que afecta al Estado de Derecho y a sus principales instituciones. Sus referencias a la prensa y sus relaciones con los servicios de inteligencia. Qué rol cumplían los medios en el proceso de ilícitos de esa organización. Las citas que realizó Ramos Padilla a los Códigos de Ética que recomiendan que el periodismo “sólo debe utilizar medios justos y honestos para obtener información”. La primicia que dio Carrió (y no Vertbisky), el rol de la Comisión Provincial de la Memoria y por qué está causa no se acota solo a un fiscal, un periodista o un juez, sino que involucra hasta “las relaciones con Estados Unidos, Venezuela, Israel y Uruguay”. La desgrabación completa de los primeros 45 minutos. Y el video con la intervención.

Por qué habló en el Congreso: “Apenas dictamos el procesamiento de la primera persona que había sido procesada y detenida, el señor Marcelo Dalessio, inmediatamente la Comisión Bicameral de Inteligencia me requirió por escrito que diera las razones por las cuales sostenía que había organismos estatales o para-estatales en la Argentina que estaban haciendo espionaje ilegal, político-judicial-periodístico. Informé por escrito a la Comisión Bicameral y, al mismo tiempo, como se trataba de documentos y de archivos y legajos que traían datos sensibles acerca de las personas a quienes esta organización menciona como “objetivos” –yo, en definitiva, creo que son víctimas-, consideré que el mejor modo de resguardar y de entender y de comprender la magnitud de esta organización y el modo en que actuaban era compartir verbalmente, junto con los Diputados, la visión y los cuidados que debía tener una investigación con información de estas características. Por otro lado, creo que los jueces tenemos la obligación de poner en conocimiento de la ciudadanía el contenido de una investigación de estas características, ya que fundamentalmente ellos, en este caso a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, tienen derecho a estar informados, a participar y, fundamentalmente, a conocer los actos que lleva adelante el Poder Judicial. Esto va en sintonía con algunas de las acordadas que ha dictado la Corte Suprema acerca de la publicidad de los actos del Poder Judicial. Por otro lado, tengo que señalar que a esta altura de la investigación no hay afectación alguna a la ley de Inteligencia Nacional ya que la AFI y el Ministerio de Seguridad informaron que el imputado, a quien se le secuestraron gran cantidad de archivos de inteligencia no es agente ni funcionario público. Si tengo que aclarar que soy el juez de la causa y voy a tomar todos los recaudos necesarios para preservar la investigación, para preservar la integridad y los datos reservados de las víctimas y que no voy a hacer conclusiones, sino exponer la información recogida hasta el momento”.
Víctimas sin protección: “En lo que hace a los datos sensibles, lo único que debo señalar es que el Ministerio de Justicia, a través del Programa Verdad y Justicia, a un pedido del tribunal acerca de la mención a las víctimas, dijo que la intervención solicitada excedía el marco de su capacidad o de su actuación y hoy por hoy quienes han sido objeto o víctimas de esta investigación no tienen ninguna clase de protección, por eso el énfasis que hay que tener en proteger cada uno de los datos que aparecen en estos legajos”.
Proteger las instituciones democráticas: “Esta investigación, y creo que también el Congreso de la Nación y todas las instituciones, lo que busca fundamentalmente es proteger la actividad de los periodistas; proteger la actividad de los jueces; proteger la actividad de los fiscales y de la ciudadanía en general; pero digo de ellos porque ellos pueden haberse visto afectados por esta maniobra de espionaje ilegal llevado adelante por organizaciones de esta envergadura”.
Prensa, espionaje y verdad: “El Poder Judicial tiene entre sus premisas la búsqueda de la verdad. Hay muchos artículos, en el caso del ámbito penal es el artículo 193, por eso si hay una organización de espionaje que afecta el conocimiento de la verdad, la trastoca, se ve afectado también el funcionamiento del Poder Judicial. Pero también la actividad de los periodistas tiene como fin último y principal la búsqueda de la verdad y en ese sentido el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO –único organismo de las Naciones Unidas que tiene como mandato defender la libertad de expresión y la libertad de prensa- tiene como primer principio ‘el derecho del pueblo a una información verídica’. Y precisamente la información puede ser trastocada, cambiada, falseada, cuando hay maniobras de espionaje previo que afecta el funcionamiento de la prensa.
Los periodistas tienen responsabilidades, dice la UNESCO, de darle esa información verídica a la ciudadanía; una información que está vista como un bien social y no como un simple producto o mercancía. Y es por eso es que se debe cuidar al periodista, que tiene una alta responsabilidad, para que no se vea engañado por una maniobra de espionaje ilegal mucho más grande, que él puede desconocer”.
Prensa y servicios de inteligencia: “Hay muchos artículos y muchos códigos que hablan acerca del funcionamiento del periodismo y también del funcionamiento del Poder Judicial. Me llamó la atención el Código de Ética del Colegio dominicano, que en el artículo 47 dice: “se consideran actos violatorios a la ética profesional, además del soborno y las extorsiones, la actuación confidencial para los servicios secretos y organismos de inteligencia”. (largo silencio) Y también considera que el periodismo debe utilizar solamente justos y honestos medios para conseguir la información y dar a conocer noticias. Y si está siendo objeto de engaños o aquel que recibe la información –y pongo en igualdad de paridad a un juez o a un fiscal que tal vez tenga un fin loable, que es conocer la verdad, pero puede estar siendo engañado por una organización de estas características sin saberlo, ese juez, ese fiscal o ese periodista, puede estar consolidando una maniobra de espionaje ilegal. O peor aún, mucho más grande, si esto se difunde a mayor escala, lo que se llama una operación de acción psicológica, que es cuando determinadas agrupaciones o bandas delictivas pretenden inocular una forma de pensar, un sentimiento, sobre la población a través de este espionaje ilegal”.
Cómo comenzó: “Tengo la obligación de contar cómo fue iniciado este expediente e, incluso, cómo fue informado durante un largo tiempo. Esta causa se inicia con una presentación el día 28 de enero de este año, del señor Pedro Etcheves, donde daba cuenta de una extorsión en curso, una exigencia de dinero y la acompañó con 14 horas de audios, videos e imágenes y formuló una querella donde indicaba directamente a un juez y a un fiscal en el pedido de extorsión, en el pedido de dinero.
Quiero decirles que nunca creí que un juez o un fiscal de la Nación pudiera estar pidiendo dinero por quien decía públicamente que era un agente de la DEA, pero en la investigación –la extorsión estaba en curso, reitero- se dispusieron inmediatamente medidas de prueba que tenían que ver con conseguir filmaciones de distintos hoteles, corroborar una reunión en el balneario de Pinamar, escuchar las 14 horas de grabaciones y, al mismo tiempo dispusimos, en ese mismo momento, la intervención telefónica del señor Marcelo D’Alessio. Poco a poco se fueron consolidando distintas fuentes de prueba y en los pocos días que duró esa intervención telefónica –no me estoy refiriendo a la prueba aportada por la querella- del teléfono de línea –no de las conversaciones por WhatsApp- pudimos ver -solamente con 10 días- varios hechos que nos daban cuenta de la posibilidad de que esta organización cometiera varios delitos de manera simultánea. Y de todo tipo”.
Los audios: “Esta escucha que duró aproximadamente 10 días por ejemplo decía el señor D’Alessio junto a otra persona que supuestamente había sido víctima de un delito:
-‘Yo no los quiero meter en cana a los chabones. Yo los quiero hacer desaparecer ‘.
Y el señor D’Aessio contestaba:
-‘Yo me dedico a eso. Escuchame bien lo que te digo: yo me dedico a estas cosas’.
(El juez sigue leyendo otra parte de la desgrabación. El que habla es Dalessio)
-‘Lo primero que tenés que hacer cuando querés pasar un mensaje es esperar una semana o 10 días. Te explico por qué: cómo le van a cagar la vida hoy y mañana a otra persona, entonces no van a pensar que sos vos porque van a tener 600 danmificados. Lo primero que tenés que hacer es saber jugar al ajedrez. Cuando nadie lo piense, vas a caer vos, si querés, en persona. ¿Listo? ¿Me entendiste? Lo primero que hay que hacer es saber contar hasta 10. Manejar los tiempos. Lo segundo, tenerlo en el radar para que no se vaya del barrio; lo tercero: hay que hacer un listado de todo. Vamos a ponerle un rastreador al dinero. Es lo que yo hubiera hecho. Y después, yo le pongo 3 kilos de merca, a lo cual tiene 9 años de prisión. Y después, yo le voy a explicar a todos los familiares que con ustedes no se jode’.
(Otra conversación vinculada a los servicios de inteligencia de Córdoba. D’Alessio habla con otra persona)
-‘Yo voy a hablar con la gente de la AFI, con el director general’.
(Otra conversación, vinculada con una usurpación. Habla D’Alessio)
-‘Bueno, empecemos a ver la plancheta, de quién carajo es. ¿No es de nadie? La usurpamos, hacemos un juicio de escrituración, porque ojo: en una de esas nos manoteamos 4 hectáreas y que se vayan todos… Instalamos a los morochos adentro, ponemos una mina embarazada’”.
La primera filtración: “En una de estas conversaciones, la gente de Prefectura que estaba interviniendo nos hizo saber que se podía haber filtrado el allanamiento que nosotros estábamos previendo, así que se libraron órdenes a distintos jueces, a jueces de Mar del Plata, porque el encuentro podía ocurrir en un restaurante de ahí –Viento en Popa- , también a Capital porque el encuentro podía ocurrir en una galería de Capital y también se le reclamó al juez Villegas que se autorice al tribunal a hacer un allanamiento entre los días 6 y 8 de febrero. Esa información se habría filtrado, lo que motivó que directamente que fuera yo a hacer el allanamiento, junto con dos secretarios, y una pequeña comisión de Prefectura. Y ahí es donde cambia el objeto de la investigación 180 grados: 180 grados” (repite).
Qué encontraron: “Encontramos documentación, legajos de inteligencia, cuadernos con datos sensibles acerca de los hijos, de las esposas, de los allegados, de las personas que eran ‘objetivos’. Elementos de espionaje, tales como cámaras ocultas en llaveros, o drones. Quiero decir que era tal nuestro grado de ingenuidad que dejamos algunas cámaras ocultas que no percibimos que eran tales, y después nos dimos cuenta. Un arma, que llamó la atención de todos los que estaban ahí, con 16 cartuchos de repetición –yo de armas no conozco mucho- que para ingresarla seguramente hay que tener algunos permisos especiales”.
Bullrich, Arribas y Macri: “Tal vez, la explicación más clara de por qué había cambiado el objeto de la investigación la puedo resumir muy sencillamente porque la dio el propio D’Alessio, cuando fuimos, confundido con que yo era el juez de Lomas que había dictado el exhorto para autorizarnos a nosotros a hacer el allanamiento, él fue a resistir el allanamiento de este modo: (hace escuchar dos audios de su teléfono celular que registran lo dicho por D’Alessio en el momento del allanamiento donde le dice que hable con Patricia Bullrich, el titular de la AFI Gustavo Arribas y el presidente Mauricio Macri). Quiero demostrar con esto que el primero que dijo que realizaba investigaciones de inteligencia vinculadas con el terrorismo y el tráfico (de drogas) fue D’Alessio. Hay otro audio donde dice también que llevaba investigaciones para un fiscal. Y a partir de ese momento, de un allanamiento que duró 12 horas, decidimos correr vista al fiscal, que amplió la investigación y requirió que se investigue la asociación ilícita”.
La primera fue Carrió: “Inmediatamente dispusimos el secreto de sumario., pero la investigación y el expediente empezó a discutirse en los medios de prensa a partir de la primera publicación que se conoce y está en la resolución, que es un tuit de la diputada Carrió, que señalaba que esta investigación era una operación. Y luego, a las pocas horas, una publicación –El cohete a la luna– publicó una nota. Esto ocurre al día siguiente (al allanamiento), el día 7. Sin embargo la causa siguió en secreto de sumario y, al menos, hasta el 25 de febrero, se siguió discutiendo o hablando en los medios de comunicación de que esto era un pedido de dinero de un fiscal, juntamente con un agente o alguien que lo había girado., cuando en realidad desde ese momento estábamos investigando una red de espionaje político-judicial de magnitudes. Insisto: durante todos esos días se discutía otra cosa y es lógico, porque la causa estaba en secreto de sumario”.
Estados Unidos, Venezuela, Israel y Uruguay: Y es lógico también que algún medio de prensa, que tiene contacto con la querella, subiera (a su portal) y conversara sobre esos testimonios, pero lo cierto es que el caso que puede involucrar a un fiscal, ya sabemos que no es un único fiscal, sino que hay varios fiscales, el caso que puede involucrar a un periodista, el caso que puede involucrar a un juez, es ínfimo: lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con los Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay, porque esta organización tuvo incidencia en distintos ámbitos de incumbencia de estos países. Por eso desde un primer momento fue intención de este juez de Dolores darle institucionalidad”.
La respuesta del Procurador y el pedido de Ercolini: “Le reclamé al Procurador General de la Nación (Eduardo Casal) que intervenga cuando la causa estaba en secreto de sumario, le pedí por favor que no quería inmiscuirme en las investigaciones que llevaba adelante el fiscal de la Capital, pero que tenía que avanzar en la averiguación de la verdad y que era necesario determinar si este agente había participado en otras maniobras del ámbito judicial. En todos los casos tratando de respetar la investidura y las investigaciones que llevan adelante mis colegas. No tuve respuesta… no tuve la respuesta esperada. Insistí luego y tuve respuestas similares. El doctor (Julián) Ercolini (juez federal) , en ese momento, a instancias de uno de los denunciantes de la causa de Dolores que pidió que me inhiba y le dé la causa de manera urgente porque según sostenía, él tenía el mismo objeto procesal que tenía yo, que estaba investigando en Dolores. Nunca supe cómo pudo conocer el objeto procesal si la causa estaba en secreto de sumario. Y, al mismo tiempo, siempre tuve dudas acerca de cuál era el hecho que quería que le remitiera, si solamente aquel vinculado a Etchebest, si todos los que podían incluir al fiscal denunciante, si todos los que podían incluir a Comodro Py o incluíamos también Penal Económico, el caso de los hechos de Mercedes, de Santa Fe, de Necochea o incluso las operaciones que se realizaron en Uruguay y de las cuales después voy a hablar. Por eso no era y no es sencillo resolver este incidente de competencia en el cual todos quieren la investigación y ni siquiera delimitan el objeto procesal”.
La Comisión Provincial de la Memoria es parte: “Para darle institucionalidad le di intervención a la Comisión Provincial por la Memoria que es un organismo creado por ley que ha investigado y administra el mayor archivo de inteligencia obtenido y secuestrado de las dictaduras en toda Latinoamérica. Hace peritajes judiciales y decidí remitirle la información secuestrada. Ayer presentó el primer informe preliminar en torno a las tareas de inteligencia efectuadas”.
El verdadero objeto de la investigación: “Decía que el día del allanamiento, pero fundamentalmente a partir de que se hizo pública la resolución, porque tuve que levantar el secreto de sumario a pedido del juez Ercolini y dictar una resolución lo más rápido posible, el objeto de la investigación ya era claro y distinto de la posible –como dicen en términos llanos- no era que se había girado a un fiscal: estábamos analizando la actividad de agentes o ex agentes de inteligencia orgánicos o inorgánicos, pertenecientes o con vínculos con agencias nacionales e internacionales, que estaban llevando adelante operaciones de espionaje e ilícitos vinculados con actividades judiciales y los poderes de los ministerios públicos nacionales y provinciales, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, los poderes políticos y los medios de prensa”.
Una organización ilegal que opera hace años: “Tal vez repasar la Ley de Inteligencia nos permita entender que las agencias de inteligencia no llevaron adelante las acciones de contra inteligencia para evitar que se lleven a cabo estas operaciones por parte de una organización de estas características actúe en Argentina. (lee el artículo 11). Está claro que han dicho que el señor Marcelo D’Alessio no pertenece a ninguna agencia de seguridad nacional, pero esta organización –que hay datos de los cuales demuestran que viene funcionando hace muchos años, tal vez el dato más concreto que tenemos de los últimos días es el procesamiento que dictó el juez Rodríguez en torno a un hecho del 2016, pero la información que tenemos a través de los datos y la documentación recogida es que funciona desde hace muchísimos años atrás”.
Lo que no se puede hacer: “Los organismos de inteligencia, y obviamente, las organizaciones paraestatales mucho más lo tienen prohibido, no pueden obtener información sobre opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales y sindicales. No pueden influir, de cualquier modo, en la situación política, en la opinión pública, en los medios de difusión”.
D’Alessio y los medios: “Vamos a observar que este falso abogado al mismo tiempo tenía una actividad muy intensa dentro del ámbito de la prensa y es precisamente la condición de abogado y la condición de vínculo con la prensa la que le permitía que sus operaciones de acción psicológica sean mucho más intensas, mucho más profundas, y en algunos casos vamos a verificar cómo, con un detalle increíble, hay por parte de D’Alessio una planificación acerca de que primero tenía que ir a determinado medio de prensa y luego tenía que ir a la justicia a relatar exactamente lo mismo una persona que, en términos de ellos, antes había sido ‘ablandado’ o puesto en pánico. Por eso no era casual que el señor D’Alessio tuviera esta relación permanente con agentes de prensa, con medios, pero insisto: eso no quiere decir que aquel periodista o aquel juez que recoge ese testimonio sea parte de ese espionaje ilegal. Lo que lo va a ser parte es el conocimiento de que formaba parte de ese engranaje ilícito y que estaba consolidando la maniobra de espionaje iniciada anteriormente. Hay muchos jueces, fiscales, periodistas que seguramente fueron engañados en su buena fe. Fueron víctimas también de las maniobras de espionaje. Y agrego legisladores. Y agrego funcionarios públicos”.
El modus operandi: “Hemos comprobado los modus operandi de esta organización a través de la documentación. La metodología era la recopilación de información, la producción de inteligencia y el almacenamiento de datos sensibles de distintas personas, de manera paralela a las causas judiciales, sin requerimiento específico formal de las autoridades competentes, para luego llevar a cabo acciones coactivas, intimidatorias y extorsivas. Todo ello, en muchos casos, con la finalidad de influir en causas judiciales. Eso no quiere decir que la actividad de espionaje ilegal que realizaba no tuviera también otros fines como los de obtener dinero, apropiarse de dinero de empresarios, de empresas nacionales o extranjeras”.

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Feminismo y año electoral: los tres peligros

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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hace 6 días

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Nota

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: