En una medida que los vecinos del Barrio Química y el Foro Ambiental de San Nicolás (FOMEA) califican de “inédita” en materia ambiental, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió en una carta dirigida al canciller Jorge Faurie una serie de respuestas sobre los efectos contaminantes de una de las más grandes compañías de agroquímicos del país. Las autoridades argentinas tienen 15 días para responder. Luego, los expertos del organismo deberán decidir si dan lugar a la medida cautelar que presentaron los vecinos para frenar la fábrica de San Nicolás, donde las denuncias llevan años: a través de censos caseros, relevaron al menos 200 muertes en seis cuadras del vecindario. Qué es lo que exige la CIDH. La palabra del abogado de los denunciantes. Y la crónica de MU que fue presentada como prueba ante el organismo internacional.

Un clima de expectativa sobrevuela San Nicolás. En una nota dirigida al canciller Jorge Faurie, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado argentino una serie de informes a contestar en un plazo de 15 días por el pedido de una medida cautelar que un grupo de vecinos presentó a fines del año pasado tras las denuncias de contaminación de la empresa Atanor, una de las más grandes compañías de agroquímicos del país. Junto al Foro Ambiental local (FOMEA), los vecinos del Barrio Química exigieron la intervención del organismo ante los hechos “de gravedad y urgencia” que afectan a la población: a través de un censo casero, relevaron al menos 200 muertes en tan solo seis cuadras del vecindario a lo largo de todos estos años.
“Numerosos habitantes de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, puntualmente los vecinos del barrio Química, son severamente afectados en sus vidas e integridad física por la contaminación ambiental que genera la empresa Atanor SCA, perteneciente a la multinacional Albaugh LLC, que en pleno radio urbano elabora productos químicos para la agroindustria: plaguicidas, herbicidas, insecticidas y otros productos de síntesis química de alta toxicidad”, consta en la denuncia que difundió lavaca en noviembre, y que tiene como objeto al propio Estado, ya que “no garantiza el acceso a la justicia dado que ninguna acción judicial contra esta empresa de agrotóxicos tuvo resolución definitiva y eficaz en más de cuatro años de trámite”.

Atanor: vidas y muertes en la denuncia contra el Estado ante la CIDH por contaminación

Por esa razón, la CIDH solicitó a las autoridades argentinas responder en un plazo de 15 días:
1) Las observaciones del Estado acerca de la presente solicitud de medidas cautelares.
2) Si en Atanor y en las zonas residenciales aledañas “habría detectado rastros de agentes químicos contaminantes o peligrosos para la salud humana”. Además, de ser posible, pidió copias de estudios o valoraciones médicas y ambientales recientes.
3) “De ser el caso, si se contaría con un plan de prevención, mitigación o intervención para proteger la salud de las personas supuestamente afectada”.
La nota está firmada por el asesor del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Mario López-Garelli.
“Este pedido de informes es un hecho inédito en materia ambiental en relacion a la CIDH y el Estado argentino”, subraya a lavaca Fabián Maggi, abogado de FOMEA y de un grupo de los vecinos denunciantes. “Al menos de las que tengamos conocimiento de acuerdo a lo estudiado de la jurisprudencia de la CIDH, no hemos encontrado antecedentes similares en materia ambiental”.

El silencio que mata

Roberto Pereyra se presenta como un vecino nacido y criado en San Nicolás. Tiene tres hijos –dos con problemas respiratorios- y su mujer, María Victoria Delgado, tiene una constante picazón que ubica con una preocupación latente: la cantidad de fallecidos por cáncer que hay en el Barrio Química. Su esposo también está con una dolencia particular: tiene heptacloro en sangre, un plaguicida prohibido en Argentina y el mundo. “En la Fiscalía me preguntaron a qué distancia vivo de la fábrica. Usted verá a una cuadra”, dijo a MU hace dos años, en una crónica que fue adjuntada como prueba ante el organismo internacional y que compartimos al final de este artículo. Este fue tan sólo uno de los testimonios que advertía la contaminación de un pueblo. Hoy es una de las víctimas que peticionó ante la CIDH.
Atanor pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, con sede en Estados Unidos. En su página web se presenta como “la compañía líder en protección de cultivos”, tras una imagen del Herbifen Advance, que promocionan como un producto “rápido y efectivo” para el control de malezas, además de ser “compatible con todos los glifosatos”. La planta de San Nicolás abarca un área 500 mil metros cuadrados, tiene “108 colaboradores”, y produce herbicidas a base de Ácido 2,4D, Ácido 2,4DB, Ésteres 2,4D y 2,4DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir e insecticidas como Cipermetrina y Clorpirifos.
En noviembre de 2016 se produjo un incendio en esa planta, que dos meses atrás había sido clausurada por orden del juez Facundo Puente al comprobar que se arrojaban químicos al Río Paraná. Fue reabierta semanas después para que la Autoridad del Agua (ADA) pudiera extraer muestras, pero el juzgado no dispuso ninguna medida de control: la fábrica siguió funcionando como si las denuncias por contaminación, muertes y enfermedades respiratorias del barrio no existieran.
Por si fuera poco, la petición ante la CIDH detalla que un estudio del Centro de Investigaciones Medio Ambientales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) detectó que San Nicolás tiene valores de contaminación “miles de veces superiores” a las zonas de explotación agrícola.
En 2014, los vecinos presentaron un amparo en la justicia provincial: por allí ya pasaron seis jueces. Maggi: “En materia judicial continúan las mismas situaciones graves que nos empujaron ir a la CIDH”. También hay dos denuncias penales que tramitan en el fuero federal y provincial: allí constan los testimonios de los trabajadores de la empresa que explican cómo enterraban residudos peligrosos en la planta, tal como reveló MU.
Sin embargo, en medio del trámite judicial, los vecinos se seguían enfermando: en julio de 2016, Lina Vallejos murió de cáncer de pulmón y abdomen. Tenía seis años.
Unos días después murió Eduarda Vallejos, su vecina: misma enfermedad.
Ambas vivían al frente de la planta.
Todos esto hechos están documentados en la denuncia ante la CIDH.

La única realidad

Por esta razón, el pedido de informes del organismo al Estado fue bien recibido por los vecinos y el FOMEA. El abogado Maggi a lavaca: “Es una buena noticia. Si bien falta mucho por recorrer, es para reconocer que de noviembre a esta parte, en un período tan breve, la CIDH haya activado el mecanismo legal y haya exigido al Estado la elaboración de información sumaria, pedido a la Corte Suprema qué intervención tuvo y también a los organismos de control ambiental. Es una incógnita cómo resolverán, pero la admisibilidad del planteo es un hecho que nos alienta”.
Maggi espera que la CIDH haga lugar a la medida cautelar y ordene un “tratamiento inmediato” por la urgencia que requiere el caso. Y pone en perspectiva qué es lo que están denunciando: “Sabemos que recurrir a una Corte Internacional es un paso importante, que denunciamos hechos graves, pero a veces parece que el tiempo diluyera las cosas. Sin embargo, hace unos días vino a mi estudio una vecina de un barrio lindero al Química diciéndome que los oncólogos que la trataban la habían mandado a hablar conmigo por el estado público que tomó nuestra denuncia”.
¿Y qué le dijo?
Ella fue la que se animó a venir, pero hay también otros vecinos, y el relato es idéntico al Barrio Química: vecinos enfermos y afectados, elevadas tasas de cáncer en las mascotas, agresiones en las plantas. Todo el cuadro que ya conocíamos, pero ampliado a un barrio lindero. Por lo cual, podemos afirmar un hecho innegable: el tema sigue teniendo una triste y perversa actualidad.

El veneno del barrio