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Alberto Fernández/Claudio Moroni: lo que el año NO se llevó

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El jefe de gabinete, Alberto Fernández, y el titular de la Sigen, Claudio Moroni, todavía deben dar respuesta por sus actuaciones en la función pública, donde tenían la responsabilidad de controlar a un sector que fue escenario de denuncias por corrupción, escandalosas quiebras y sospechosas impunidades. El periodista Julio Nudler quiso pedirlas y fue censurado. El columnista Horacio Vertbisky intentó refutar a Nudler y reprodujo el descargo de los funcionarios. lavaca realizó su propia investigación, que compartimos aquí con ustedes. El resultado es esta nota con la que brindamos por lo que vendrá: reciban nuestros mejores deseos, entonces, aquellos periodistas que seguirán atreviéndose a escribir sobre este tema.

Empecemos por el principio:

Alberto Fernández y Claudio Moroni fueron compañeros de estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Una vez recibidos, comenzaron a recorrer juntos una carrera en la función pública, interrumpida solo por cortos períodos de trabajo en el sector privado, en actividades íntimamente ligadas a sus gestiones gubernamentales. Hoy, Alberto Fernández es el jefe de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner y Claudio Moroni el encargado de controlarlo: fue designado presidente de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el organismo que debe detectar e informar los “perjuicios al patrimonio público” que pudieran realizar funcionarios como Fernández.

En los curriculums personales de Fernández y Moroni estas nuevas tareas significan, sin duda, un importante ascenso. Un premio político, quizá, por la perfomance alcanzada en el ámbito en el que se desempeñaron durante toda la década de los 90 y que les permitió convertirse en lo que hoy son.

Veamos cómo y por qué.

A seguro lo censuraron

La Superintendencia de Seguros de la Nación es un organismo público, descentralizado, dependiente del Ministerio de Economía. Su tarea es controlar a las empresas aseguradoras. Fiscaliza, en consecuencia, “la organización, la solvencia y la liquidación” de todas las compañías que operan en el mercado argentino. Su responsable ostenta el cargo de Superintendente.

Desde 1989 hasta 1995 Alberto Fernández ocupó ese puesto. Cuando renunció, lo dejó en manos de su gerente técnico, asesor y amigo: Claudio Moroni. La gestión de Fernández/Moroni al frente de la Superintendencia fue la más larga de la historia de ese organismo. La de Moroni tuvo dos períodos: desde el 95 hasta el 98, primero y desde el 2002 hasta el 2004, cuando abandonó ese cargo para convertirse en el titular de la Sigen.

Fue a propósito de este nombramiento que el periodista Julio Nudler decidió dedicar su habitual Panorama Económico de los sábados del diario Página 12 a recordar la trayectoria de Fernández y Moroni. Ya se sabe qué pasó: Nudler denunció que su artículo fue censurado.Como consecuencia de esa denuncia que se hizo pública, el diario retiró definitivamente la columna de Nudler, prohibió su firma en otros artículos y el director, Ernesto Tiffenberg, atacó el honor de Nudler en la portada del matutino, tratando de justificar lo que de esa manera se tornó injustificable. Para empeorar aún más las cosas, el domingo 14 de noviembre el columnista Horacio Vertbisky dedicó sus páginas del diario a refutar el censurado artículo de Nudler.

Así las cosas, la suerte de la más escandalosa denuncia de censura de este año no está echada. Dependerá, una vez más, del juicio de los lectores que soporten algo más que esta saga de dimes y diretes acerca de uno de los tantos casos de corrupción que la justicia no ha investigado. Estamos hablando de los años 90 y del control estatal del negocio de los seguros. Pero, sobre todo, estamos hablando de dos de sus protagonistas claves: Alberto Fernández y Claudio Moroni.

Que el árbol que intentó plantar Página 12 no nos tape el bosque.

Memoria del saqueo

El artículo de Nudler comenzaba citando a Roberto Guzmán, un conservador salteño que en setiembre de 1994 fue designado al frente del Instituto Nacional de Reaseguros (INdeR) por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Guzmán publicó un libro titulado “Saqueo Asegurado”, cuya impresión pagó de su bolsillo. Así pudo detallar su versión acerca de las maniobras fraudulentas con las que compañías, funcionarios y políticos -con el amparo de sindicalistas, jueces y periodistas- convirtieron a ese organismo en “una verdadera organización para el delito y la defraudación”, según las palabras con que Cavallo prologa el libro.

El muerto que gasta

El INdeR era la empresa estatal encargada de asegurar los seguros. Durante años monopolizó esta tarea hasta que en 1991, mediante un decreto del entonces presidente Carlos Menem, se resolvió liquidarla como parte de la política de “globalización” de la economía argentina en general y el mercado de seguros en particular. Desde entonces, las compañías que operan en el mercado local deben reasegurar sus servicios con bancas internacionales. Lo que sigue a partir de allí es un despropósito de tal dimensión que cuesta entenderlo y mucho más explicarlo. Recurramos entonces a la siguiente metáfora: el decreto de Menem le pegó un tiró al corazón del IndeR en 1991 y desde entonces ese Instituto está muerto, pero su cadáver sigue insepulto y, lo que es peor, cada vez más endeudado. Recordemos un dato: por entonces Alberto Fernández era el máximo responsable del gobierno en el diseño de las políticas del sector seguros y Moroni, su brazo técnico-legal.

El barril sin fondo

Al ordenarse la liquidación, el INdeR dejó de percibir ingresos y su función se redujo a una sola cosa: verificar los reclamos de las compañías ya reaseguradas para pagarlos. Pero ¿de dónde iba a salir el dinero para afrontar estos compromisos asumidos si ya no podía recibir nuevas primas? Pues bien: se creó un impuesto especial, que pagó cada paisano al contratar un seguro. Por ese impuesto el INdeR recaudaba aproximadamente 20 millones de dólares mensuales que fueron a dar a un verdadero barril sin fondo. “Solo un estado de corrupción a gran escala podía explicar el hecho de que tras dos años de funcionamiento de una Comisión Liquidadora la deuda aparente de este organismo se hubiera cuadriplicado”, escribió Domingo Cavallo en el prólogo del libro Saqueo Asegurado al describir a donde le pidió que se instale Guzmán.

¿Dónde estaba por entonces Alberto Fernández?

Sentado en un sillón del INdeR.

Guzmán cuenta en su libro cómo lo encontró:

“Debido a que estuvo al frente de la Superintendencia desde el 89, Fernández fue uno de los funcionarios con mayor continuidad como autoridad del INdeR (según la ley, quien se desempeña como superintendente es además miembro del directorio del Instituto). Así, en tanto, a la vez miembro del órgano directivo del INdeR y autoridad de control del mercado asegurador, puede decirse que le correspondió una alta cuota de responsabilidad respecto de las políticas aplicadas durante los 90 en el ámbito del seguro y los reaseguros”.

Los 250 millones de dólares que Fernández no vio

En el artículo con el que Vertbisky intenta refutar a Nudler, Alberto Fernández está descripto como el socio de Guzmán en la lucha contra la corrupción en el IndeR. Dice textualmente Vertbiky:

“Fernández afirma ser el Superintendente que más compañías cerró, por insuficiencias económico-financieras que hasta entonces se mitigaban privatizando las ganancias y socializando los pasivos con el INDER. ‘Limpié un tercio del mercado. También presenté cien denuncias penales, cosa que antes no se hacía, y dispuse que la Superintendencia se constituyera como querellante, para seguir las causas contra las aseguradoras'”.

Veamos cúal es la versión de Guzmán.

“Por medio de la resolución 1010/94 dispuse una modificación muy sencilla para las operaciones conocidas como borderó, es decir, los siniestros menores a 10.000 dólares. Hasta entonces las compañías reaseguradas en el INdeR reclamaban el borderó automáticamente, con sólo informar que su cliente había sufrido un percance (accidente, incendio, robo). Un informe de la Auditoría Interna me había brindado datos reveladores acerca de los abusos que en la materia se cometían. En dos años se habían pagado- sin que el INdeR recibiese documentación alguna que respaldara el reclamo- 250 millones de dólares.(…) Esto resultaba muy extraño y era alarmante que las autoridades no lo hubieran tomado en cuenta. Más llamativo aún cuando había una comisión de nueve miembros, varios de ellos del sector asegurador, incluso el propio Superintendente de Seguros de la Nación (N de la R: se refiere a Alberto Fernández) que se suponía debía conocer las modalidades del mercado”.

Guzmán decidió hacer lo que hasta ese momento nadie había hecho: los aseguradores debían presentar fotocopia autenticada del pago del siniestro al asegurado. Con esta sencilla medida, el INdeR pasó a pagar por borderó 373.000 dólares (de noviembre de 94 a noviembre de 96) contra los 4.739.966 dólares pagados entre junio de 92 a octubre del 94. Una reducción de más de cuatro millones de dólares (4.366.966 para ser exactos) que se logró con solo pedir una fotocopia.

La deuda del INdeR y el gran bonete

Uno de los aspectos más controvertidos de la gestión Fernández/Moroni es cuál era en realidad la cifra adeudada por el INdeR a las compañías reaseguradas. No es un problema menor, ya que estamos hablando de millones de dólares y del gran bonete que impidió hasta la fecha la sepultura de un organismo que consume 3 millones de pesos anuales en gastos de funcionamiento.

Por un lado, las compañías aseguradas reclamaban al Estado una deuda de 1.200 millones de dólares. Por el otro, Guzmán calculó que el pasivo no superaba los 500 millones. Lo cierto es que era necesario -y se supone urgente- encontrar una manera de salir del atolladero, para lo cual se elaboraron distintas propuestas. Una fue la de Fernández.

Dice Fernández en la nota con la que Vertbisky intenta refutar a Nudler:

“Fui yo y no Guzmán quien redujo las obligaciones del Estado en 500 millones. Pero además sobre esos 911 millones proponía negociar una quita, cerrar la cuenta y pagar con bonos. Todo debía quedar saldado en 1995, y luego no se admitirían más reclamos.”

Veamos cuál es la versión de Guzmán.

La propuesta diseñada por Alberto Fernández en el año 95 “a la medida de los intereses de las compañías y en desmedro de los derechos del Estado” estaban basadas, según Guzmán, en una “inexistente auditoría realizada por la Superintendencia”. Calificó también de “facilista” esa propuesta “tan irresponsable en lo jurídico como en lo financiero: pretendía pagar todo con una quita y por medio de subastas, sin ningún control, en efectivo o en bonos, como si el mayor endeudamiento no fuera a ser soportado por todos los argentinos”. Su explicación: “Las soluciones para la Superintendencia pasan por un rápido jubileo”. ¿Por qué? “El jubileo era imprescindible para tapar la nefasta política de descontrol realizada durante largos años. De alguna manera había que justificar su responsabilidad por la falta de control de la actividad aseguradora, política que desprotegió a los cientos de miles de asegurados en la Argentina. Para dar algunos ejemplos, cabe recordar la estafa del grupo Seguros del Interior y la de Belgrano Cooperativa de Seguros.

A) El grupo Seguros del Interior protagonizó una de las más escandalosas maniobras contra los asegurados, bajo la tolerancia de la Superintendencia y la complicidad del INdeR. Esta empresa tenía una deuda impositiva y previsional cercana a los veinte millones de dólares. A pesar de ello cobró, hasta días antes de su cierre por liquidación, una suma de casi 16 millones de dólares por parte del Instituto. Su morosidad había sido advertida por Ricardo Cossio, entonces titular de la DGI, al superintendente Fernández y a la Comisión Liquidadora del INdeR.

B) El caso Belgrano no es menos patético. Cuando la Superintendencia examinó los balances contables cerrados al 30 de junio de 1995 no encontró nada anormal: sólo una desviación del 2%. Pocos meses después, increíblemente, el mismo organismo cambió totalmente su diagnóstico al encontrar una insolvencia patrimonial de más de 100 millones de dólares. Los perjudicados por este ´descuido´ fueron las diez mil personas que sufrieron accidentes de tránsito provocados por las empresas de transporte público de pasajeros aseguradas en esa compañía”.

Prebendas y responsabilidades

Guzmán también detalla por qué y cómo la gestión de Alberto Fernández fue tan permeable al reclamo de las empresas aseguradoras. Son cuatro páginas (de la 144 a la 148) que hay que tener paciencia de leer para entender su perspectiva.

A fines de agosto de 1995 Guzmán concurrió con su equipo y los abogados Luis Moreno Ocampo y Hugo Wortman Jofré (a quienes convocó para que se encarguen externamente de la investigación de la corrupción en el INdeR) al Congreso de la Nación para informar a diferentes comisiones la situación del organismo. En una de esas reuniones, un legislador les preguntó sobre el funcionamiento del “Fondo de Cooperación Técnica” creado por iniciativa de la Superintendecia de Seguros para “pagar más a los funcionarios”. Responde Guzmán:

“La preocupación de los legisladores por el Fondo es consistente”.

Detalla que con fecha 27 de abril de 1990, mediante escritura pública, se formalizó un Fondo de Cooperación entre la Superintendencia y un grupo de cinco asociaciones de compañías de seguros. Entre los objetivos del Fondo figuraban “el otorgamiento de incentivos a los agentes de la Superintendencia a través de estímulos pecunarios o becas”. Los aportes serían “voluntarios y confidenciales” calculados en un 0,06% del monto de las primas de seguros directos.

Opina Guzmán:

“Es insólito que un mecanismo de manifiesta índole prebendaria haya sido al servicio directo de un organismo de control por parte de las mismas empresas que deben ser controladas, violando elementales principios jurídicos y éticos a que están insoslayablemente obligados los funcionarios de órganos fiscalizadores”.

Para Guzmán las consecuencias fueron evidentes: “a través de distintos hechos y situaciones -que a continuación enumero- quedó demostrado que esta extraña ´cooperación´a que alude el Fondo creó una interrelación y dependencia de la Superintendencia con los intereses y posturas de la plaza aseguradora”.

Uno de esos hechos que enumera Guzmán es el proyecto de Alberto Fernández de pago de la deuda del INdeR. “Me opuse en virtud del grave perjuicio, superior a los 1.000 millones de dólares, que se hubiera derivado de la no consideración de los créditos del INdeR respecto a las aseguradoras”. El otro es “la negativa del superintendente Fernández a admitir que las Reservas de Siniestros Pendientes denunciadas por las compañías no se ajustaban a la realidad, lo que fue posteriormente confirmado por la auditoría realizada por la propia Superintendencia.”

Por último, señala Guzmán, la Gran y Única Cuestión a tener en cuenta en todo este embrollo:

“Debe tenerse presente que el doctor Fernández fue superintendente desde 1989, período en que se perpetraron todas las irregularidades denunciadas a la justicia. Por otra parte, tenía y tiene la obligación funcional de supervisar las cuentas del Instituto, la cual de haberla cumplido, habría evitado las graves irregularidades que ahora se conocen. Tampoco puede olvidarse que él formaba parte de la Comisión que omitió confeccionar balances y calcular los créditos a favor del Instituto. El Superintendente participó de todas las Comisiones Liquidadoras del INdeR y nunca objetó los procedimientos implementados por éstas, cuando mi gestión buscó adoptar las medidas tendientes a reducir perjuicios económicos al Estado nacional, el doctor Fernández sostuvo que “no se acompañaba adecuadamente al sector”.

El fin

A menos de un año de la gestión Guzmán al frente del INdeR el ministro de Economía Cavallo recibió un informe (fechado 30-7-95) donde se afirmaba que ese Instituto no debía un peso. Al revés: tenía a su favor una suma calculada en 135.547.880 dólares. Guzmán cuenta detalladamente el resultado de ese informe: “El ministro no podía ocultar su sorpresa con este resultado y preguntó cómo era posible que las compañías reclamaran sumas millonarias sin ningún documento de respaldo. Le respondí que eso tenía que ver con un montaje perfectamente orquestado que instalaron hábilmente los intereses beneficiados con el saqueo del INdeR (…) Cavallo retomó la palabra para interrogarnos acerca de cuál era la responsabilidad que le cabía a los funcionarios que manejaron el INdeR. La única respuesta que correspondía era que tenían mucha responsabilidad: como mínimo, la funcional. Entonces, quiso saber qué intervención había tenido el superintendente, doctor Alberto Fernández, que era miembro nato de la Comisión Liquidadora: ¨la misma que todos los miembros de la Comisión durante los hechos ocurridos durante su mandato¨, le dijimos. El secretario Maccarone trató de explicar que, aparentemente, (Fernández) no concurría a las reuniones de la Comisión. Cavallo le respondió en forma tajante:

-Pídale la renuncia.

El secretario le respondió que, en realidad, ya la había presentado para colocarse al frente de la aseguradora del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Así concluyó la más larga gestión de un funcionario al frente del período más oscuro de la Superintendencia de Seguros.

Sobre el desempeño de Fernández, sintetiza Guzmán:

“Si hubo corrupción y él era funcionario debería explicar: qué hizo para acabar con ella, cuáles fueron las medidas implementadas y los resultados obtenidos, cuáles fueron las denuncias efectuadas y ante qué autoridades ¿o es que teniendo uno de los cargos más altos desconocía lo que ocurría dentro y fuera del INdeR?

Guzmán falleció en el año 2004 pero sus preguntas no murieron.

Veamos cuáles fueron finalmente las respuestas obtenidas gracias al artículo de Nudler.

Las fuentes

¿Podemos confiar en el testimonio de un hombre muerto? Vertbisky habla de la fe de Nudler por confiar ciegamente en la versión de Guzmán. Los periodistas no creyentes tienen, sin embargo, otros recursos.

Las denuncias presentadas en la justicia durante la gestión de Guzmán, son unos.

La respuesta del abogado Hugo Wortman Jofré, otro: “Guzmán era un hombre íntegro que luchó seriamente contra la corrupción en el INdeR”, contestó a lavaca. El abogado admite que Fernández prestó siempre colaboración a los procedimientos que ellos impulsaron para esclarecer los ilícitos del Instituto, pero confirma que hasta la llegada de Guzmán al frente de INdeR no se habían realizado ni investigaciones ni denuncias sobre la corrupción en ese organismo. Señala, tal como cita el artículo con el que Vertbisky intenta refutar a Nudler, que es cierto que Guzmán mantenía diferencias con Alberto Fernández, pero no menciona el tema de los celos protagónicos, sino otras: “Guzmán era un técnico y Fernández un político”. Para algunos lectores, estos sustantivos podrán convertirse en adjetivos. O no.

“En el directorio estaban representados todos los bloques parlamentarios. Había quien respondía al justicialismo y quién al radicalismo, así que hasta la llegada de Guzmán el manejo era, fundamentalmente, político”, informa Wortman.

También el archivo ayuda: comprueba que la versión de Guzmán ya fue publicada y no refutada. Nudler la citó varias veces, ya que ante la llegada de cada nuevo superintendente o interventor del INdeR, dedicó un artículo. En el archivo encontramos por los menos ocho de ellos, en donde informa muchos de los temas que menciona en su columna censurada. También el libro de Guzmán es citado en esta sintética versión de su gestión, a propósito de una intervención de la Sigen, en tiempos del ahora canciller Bielsa, que ponía en tela de juicio las actuaciones posteriores a la gestión Guzmán que desarmaron prolijamente todo el control por él iniciado. Como antecedente de este enfrentamiento, el artículo resume:

“El INdeR, al que las compañías aseguradoras le reclaman una suma próxima a los 400 millones de dólares fue escenario de denuncias de corrupción. Cavallo designó a Roberto Guzmán. Roque Fernández lo relevó cuestionando que se hubiera dedicado a investigar la corrupción existente. (…) El procedimiento habitual que el defenestrado Guzmán denunció en un libro, consiste en la fabricación de miles de siniestros inexistentes”.

Lo firma Horacio Vertbisky en Página 12, pero en julio de 2000.

Cuatro años después, Vertbisky transcribe el descargo de Moroni a las acusaciones de Nudler sobre su relación con la compañía Lua Seguros, uno de los casos más escandalosos de fraude en la industria del seguro, que dejó un saldo de más de 4.000 juicios sin pagar:

“Admite haber actuado durante seis meses en LUA. (…) Cuando fue designado por segunda vez Superintendente, en 2002, antes de asumir declaró a esas compañías entre sus incompatibilidades y se excusó de intervenir en asuntos que las involucraran. ‘Es mi profesión, y un ex funcionario si fue honesto necesita trabajar para vivir’.”

En la Oficina Anticorrupción respondieron que no hay otra constancia de incompatibilidad que las presentadas por Moroni en su declaración jurada, cuya copia solicitamos. Allí solo consta su relación en calidad de “socio” del Estudio Mazars, un buffet internacional, asociado localmente con el estudio García Lema. Es decir: la Oficina Anticorrupción no ofrece constancia de la mención de Moroni a ninguna compañía ligada a la función pública que iba a desempeñar.

Por otra parte, tampoco parece cierto que se haya excusado de intervenir en cuestiones referidas a LUA: en la resolución 28916 publicada en el Boletín Oficial el 9 de setiembre de 2002, Moroni dispone con su firma la disolución de Lua Vida Compañía de Seguros S. A., una de las companías de las cuales es accionista Investar, sociedad propietaria del 58% de Lua Porteña.

La excusación es obligatoria, según dictamina la Ley 25.188 de Etica Pública, en su capítulo V, artículo 15, que dispone que los funcionarios están obligados a “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años”, fecha que alcanza a la relación de Moroni con LUA.

La justicia cómplice

Ni el censurado artículo de Nudler ni el de Vertbisky se extienden sobre la responsabilidad de la justicia en la investigación de las denuncias.

– El juez Urso fue el responsable de diluir las presentadas por Guzmán.

– El juez Rodolfo Canicoba Corral, que investigaba el vaciamiento de las empresas entre 1992 y 2001 en una causa promovida por los damnificados y en la que el fiscal Gerardo Pollicita señaló que era necesario determinar la responsabilidad “que podrían haber tenido los funcionarios de la Superintendencia encargados de verificar el funcionamiento de las compañías”, terminó archivándola.

– El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino remitió copias de las actuaciones que se realizaron en ese organismo a raíz de las denuncias recibidas y el expediente está ahora en la Procuración, lo cual significa que la investigación del Defensor determinó que habría elementos para realizar presentaciones legales que todavía esperan trámite.

– En setiembre de 2002 el ministro de Economía, Roberto Lavagna y el superintendente Claudio Moroni fueron denunciados ante la justicia federal por presunta “asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, demandados por la madre de un niño de 3 años que murió al ser atropellado por un vehículo asegurado por Lua La Porteña. Por este caso fue condenado a trabajos comunitarios el conductor del vehículo (un remisero) y la justicia civil determinó un pago indeminizatorio de 700.000 dólares.

Los socios propietarios de LUA La Porteña son los mismos que poseen el 77% de las acciones de TBA Trenes de Buenos Aires, el 38% de Metrovías y el 40% de una línea de subterráneos en Porto Alegre, además de varias líneas de colectivos. También recibieron, dos años antes de quebrar, la inversión del fondo norteamericano Century, que aportó 30 millones de dólares. Entre todas las empresas del grupo forman un conglomerado que factura 600 millones de dólares al año. Sin embargo, al momento de solicitarse el embargo preventivo para garantizar el pago a la familia del niño muerto, la justicia se encontró con la siguiente respuesta del Banco Central:

“Lua La Porteña no posee cuentas bancarias”.

Tampoco tenía activos declarados para embargar.

Lo cual significa, entre otras cosas, que de una empresa como esa fue asesor Moroni.

En la denuncia ante la justicia, la madre del niño muerto afirmó que el ministro de Economía, el Superintendente y la compañía “son socios de la impunidad” ya que las autoridades “permiten dicho funcionamiento ilícito”.

Si la investigación judicial sobre la denuncia de complicidad entre los funcionarios que tienen la obligación de controlar que no sucedan estas cosas y las compañías que impunemente estafan con un nombre acá, mientras se presentan en licitaciones de servicios públicos con otro nombre allá, todo en el mismo mercado, con el mismo gobierno e idénticos empresarios, hubiese sido todo lo seria, acelerada y certera que obligaba la situación no estaríamos hoy leyendo este artículo que plantea más interrogantes que respuestas. Pero el periodismo es eso: preguntas y más preguntas que, como aquel tábano del que hablaba Botana, molestan con sus zumbidos los oídos de los funcionarios, de los jueces, de los políticos y de todos aquellos que están obligados por su función a dar respuestas.

Celebremos, al menos, que la censurada nota de Nudler, la réplica de Vertbisky y modestamente ésta, representen -con sus limitaciones y preferencias- el sano ejercicio de mantener en vuelo la información, aunque sea sobre temas tan intricandos y -reconozcámoslo- aburridos que alientan con el bostezo, la impunidad.

*Esta nota fue también remitida a un maling de 156 periodistas, a manera de saludo de fin de año.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases
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LA NUEVA MU. No podrán

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