Uno de cada seis habitantes de Lobos –Provincia de Buenos Aires– tiene agrotóxicos en la orina, principalmente glifosato, un herbicida de altísima toxicidad, considerado por la Organización Mundial de la Salud como posiblemente cancerígeno, alterador hormonal y productor de daño genético. El 82% de las personas investigadas no trabaja ni tiene contacto directo con agroquímicos. De quienes tienen glifosato en orina el 70% vive a distancias de entre 20 y 300 metros de campos de cultivo, aunque también se registraron en habitantes urbanos. Lo que vienen denunciando los vecinos organizados, que presentaron una nueva evidencia que les da la razón: ¿Y ahora?

Por Florencia Paz Landeira

Las cifras emergen del estudio Pesticidas Introducidos Silenciosamente (P.I.S.), realizado por vecinos y vecinas autoconvocados, con la coordinación de la Fundación Democracia en Red y el análisis científico a cargo del equipo que dirige la doctora Delia Aiassa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los resultados se presentaron el 15 de agosto en una conferencia de prensa y reunión vecinal en la Fundación Lobos, en el centro de la ciudad. Al encuentro asistieron alrededor de 50 personas, entre ellas dos medios de comunicación locales, lavaca y dos concejales.

Las grandes ausencias: la comunidad médica, las autoridades de los centros de salud y los funcionarios del Ejecutivo municipal y provincial.

“Es una pesadilla hecha realidad”. Así comienza su intervención Florencia Polimeni, una de las vecinas impulsoras del estudio. Los resultados alarman, pero no sorprenden. Las poblaciones afectadas no necesitan de pruebas de laboratorio para percibir la toxicidad y padecer sus consecuencias en el cuerpo. Aun así, las evidencias sobran. Son las propias comunidades las que, desde hace dos décadas, alertan sobre la correlación entre las fumigaciones y distintas afecciones de salud y se organizan para producir pruebas, en procesos que hoy exigen que se reconozcan como ciencia ciudadana y no como mero testimonio. La disputa también es epistemológica. Florencia increpa: “Los cuerpos y territorios que somos y habitamos están contaminados. ¿Cuánta más evidencia científica hay que seguir aportando?”.

Agrotóxicos: Veneno sin elección

El estudio se basa en 73 muestras de mujeres y hombres de Lobos de entre 35 y 57 años, sin enfermedades precedentes, de zonas rurales y urbanas y con al menos tres años de residencia en la localidad. Al 15% de las personas analizadas se le detectó la presencia de glifosato y/o su principal metabolito AMPA. La mayoría (82%) no trabaja ni tiene contacto directo con agroquímicos. Tomando en cuenta donde viven, el porcentaje de personas de zona rural a quienes hallaron glifosato aumenta a alrededor del 19%. La mayor parte de las personas con glifosato en orina (70%) se encuentra viviendo a distancias de entre 20 y 300 metros de campos de cultivo, aunque también se registraron casos en zonas urbanas. Cabe destacar que los niveles urinarios de glifosato y AMPA detectados indican la presencia de este tóxico en el organismo y representan una exposición reciente respecto del momento de toma de muestra.

La participación en el estudio fue voluntaria y, si bien los resultados son anónimos, dos personas con agrotóxicos detectados decidieron hablar en primera persona. Aymará tiene 39 años y vive en el centro de Lobos. La confirmación de la presencia de glifosato en su organismo la llenó de “tristeza e impotencia”, en especial frente a gobiernos y productores que continúan priorizando la ganancia por sobre la vida. Sin embargo, ante sus vecinos y vecinas, también dice sentirse esperanzada por la creciente organización colectiva que le pone el cuerpo al veneno, pero también a la lucha.

Junto a ella, está sentado Esteban, otro de los participantes del estudio con resultados positivos. Tiene 48 años, vive camino a Uribelarrea, a aproximadamente 300 metros de campos de cultivo. Él elige otras palabras: “Furia y miedo”. Pero coincide con Aymará respecto de las responsabilidades. De la industria, por un lado, que “hace lo que quiere con nuestros cuerpos”, y del Estado, por el otro, que “no me cuida y es cómplice”. Esteban aclara que él consume principalmente alimentos de producción agroecológica, por lo que esto demuestra que no se trata de una decisión o acción individual. “Es sin nuestro consentimiento, no hay elección”.

La bomba político-empresarial

Una chica pide la palabra levantando la mano, mientras la otra se aferra entrelazada a la mano de su hermana. Se le hace un nudo en la garganta y todo queda en silencio por un instante. “Yo lo que quiero saber es qué hacemos ahora. A mi hermana le encontraron glifosato y le fuimos a preguntar al director de la salita cómo seguir y nos dijo que no sabe”. Ellas son de Villa Loguercio, donde se emplaza la laguna de Lobos que da pruebas de la acelerada pérdida de biodiversidad y donde se registraron los niveles más elevados de agrotóxicos en orina. No hay una respuesta sencilla a su pregunta. El daño genético producido por los agrotóxicos y asociado a la mayor probabilidad de desarrollar enfermedades como el cáncer no es reversible. Florencia lo describe como “una bomba de tiempo adentro del cuerpo”. Aclaran que, a mayor exposición, mayor daño, por lo que lo fundamental es detener las fumigaciones. Sin embargo, el entramado político-empresarial se esfuerza en tornar lo más obvio en impensable. 

“¿Tenemos que irnos?”

Frente a esta matriz productiva que se presenta como modelo único e inexorable, Nicolás –uno de los impulsores del estudio P.I.S.– pregunta: “¿Tenemos que irnos? ¿Vamos a permitir que el campo sea un lugar inhabitable por el veneno? ¿Por qué no podemos vivir en un ambiente sano?”. Agrega un dato: En 1960, el 28% de la población mundial vivía en el campo y ahora solo un 8%. “No es sostenible ni deseable. Por eso proponemos un cambio de modelo hacia la agroecología”. En el proceso, desde la organización de vecinos a cargo del estudio, ofrecen asistencia jurídica, médica y sobre todo contención colectiva para procesar los resultados y activar la lucha. También para, quienes quieran, avanzar con estudios de genotoxicidad que puedan ponderar el daño genético.

El daño versus el potencial de la vida

Una de las primeras medidas será presentar denuncias ante el SENASA, organismo a cargo de la aprobación de los agrotóxicos en uso. Florencia explica: “No solo no hay controles, sino que muchas son sustancias que se aprobaron con el argumento de que no llegan a nuestros cuerpos. Nos mintieron”. Marcelo, activista ambiental de Lobos, hace un paralelismo con otra sustancia, el fipronil. Se trata de un plaguicida que durante años estuvo habilitado para su uso pese al caudal de evidencia científica que probaba su toxicidad, en especial para las abejas. Finalmente, el SENASA lo prohibió el mes pasado, luego de la muerte masiva de colmenas “por representar un riesgo para las abejas silvestres y melíferas, aun cuando se aplicasen las medidas adecuadas de mitigación”. Con el detalle de que los productores tienen permitido “descargar stock” (es decir: seguir contaminando con lo que les quede de fipronil). ¿Cuántas más pruebas, cuántas más muertes?

Paula, vecina de Lobos involucrada en el estudio P.I.S., comparte la indignación pero propone un matiz en la perspectiva de futuro: “Nosotros sostenemos que la vida tiene el potencial de remediar el daño provocado por los seres humanos. Con estos resultados no queremos traer terror, sino las ganas de trabajar juntes. La presencia de tóxicos en nuestros cuerpos nos demuestra que el ambiente es uno solo y nos tenemos que pensar como parte de él”.

Contaminación 100%

El proyecto P.I.S. se suma a los hallazgos de un estudio ambiental previo que se hizo durante el 2021 por parte de Aporte Por el Ambiente de Lobos (A.P.A.L.), donde confluyeron organizaciones políticas y ambientales y vecines, ante la necesidad de contar con información y datos científicos sobre la identificación y cuantificación de agroquímicos por fuera de su zona de uso en el partido.

El estudio –a cargo de Virginia Aparicio de INTA Balcarce– arrojó que todas las muestras de agua tomadas en las zonas urbanas y rurales –en el agua corriente consumida por la población, en el agua de lluvia, en los canales, en los arroyos y en la laguna– registraron la presencia de diferentes agrotóxicos utilizados habitualmente en las actividades agrícolas, además de altas dosis de arsénico. Lo mismo ocurrió con las muestras de sedimento de suelo y materia vegetal, evidenciando el transporte de plaguicidas fuera de los campos de cultivo.

El recreo rodeado de pesticidas

Las muestras de suelo de la plaza principal y de una escuela, tomadas en el patio del recreo, mostraron la presencia de cinco pesticidas, incluidos altos niveles de glifosato. En los árboles cercanos, la contaminación en el material vegetal evidenció seis moléculas de pesticidas. Sobre la base de esta información, se presentaron proyectos para regular las fumigaciones ante el gobierno local, todos “cajoneados” hasta el día de hoy. Por otro lado, algunos vecinos iniciaron una acción de amparo que culminó en una medida cautelar que obliga al municipio a distribuir agua potable. Sin embargo, el gobierno local solo entrega bidones a los amparistas en lugar de a toda la población. Mientras el derecho humano al agua potable considerado indispensable para una vida digna se privatiza y mercantiliza, se expande la política del veneno. Una vecina de Lobos da un ejemplo: “Todos sabemos que el agua no se puede tomar. En las escuelas rurales durante las clases de educación física los chicos se descomponen porque es cuando más agua toman”.

Antes de cerrar el encuentro, con el compromiso de sostener y fortalecer la organización comunitaria, un vecino agrega, por si quedaban dudas: “Prohibir las fumigaciones no es extremista, es realista”. Lo verdaderamente tóxico no es una sustancia, sino el modelo. Con solo detener las fumigaciones y promover una agricultura sana, Lobos lograría cambiar la pesadilla por el potencial de la vida y la salud.