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Lo que dejó el paso del Tercer Malón de la Paz en Buenos Aires: la voz de las comunidades

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Luego de atravesar seis provincias caminando y en colectivo, llegaron el 1 de agosto a Buenos Aires y se apostaron frente a los Tribunales, con tres reclamos concretos: que la Corte Suprema se expida sobre la in-constitucionalidad del decreto, que el Ejecutivo intervenga la provincia y el Congreso elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena . Estuvieron ahí 137 días, y ampliaron con una presencia en el Congreso. Ya desde Jujuy las comunidades hablaron con lavaca para realizar un análisis y una reflexión sobre lo que pasó, y sobre lo que no: el ninguneo judicial y político, la indiferencia social, las principales enseñanzas, algunos logros, cómo sigue la situación en la provincia y el paso de Alberto Fernández a Milei.

Por Francisco Pandolfi

El 2023 de ninguna manera será recordado como un año más para Jujuy. 

“En 2023, la provincia fue un experimento de la unión entre los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y el extractivismo”, sintetizar Octavio Colina, comunero de Potrero de la Puna, en Abra Pampa. 

Esa conjunción se cristalizó en la reforma de la Constitución provincial ejecutada por el Gobierno de Gerardo Morales, que trajo consigo la represión de la Policía; la Justicia a merced del gobernador; los bienes naturales, como el agua y el litio, en manos privadas. 

¿Como respuesta?

El Jujeñazo: la sublevación del pueblo jujeño en las calles y la creación del Tercer Malón de la Paz –constituido por más de 400 comunidades originarias de la provincia– para enfrentar la imposición gubernamental.

El Primer Malón de la Paz se gestó en 1946, cuando los pueblos originarios viajaron a la Ciudad de Buenos Aires por la restitución de sus territorios. Sesenta años después, en 2006, se realizó el segundo, en reclamo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de parte del gobierno provincial contra el fallo judicial que reconoció sus derechos sobre las tierras que ocupan. El tercero nació en junio de este año para frenar la reforma de la carta magna. Desde Abra Pampa y otras localidades, iniciaron el periplo hacia San Salvador.

¿Por qué reclamaban la inconstitucionalidad de la reforma?

Una síntesis de las irregularidades: 

–En septiembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 6.302 hecha por el Poder Ejecutivo que convocaba a realizar la reforma. Sin embargo, la Constitución Provincial de 1986, vigente hasta ese momento, establecía que la declaración era exclusiva de la Legislatura.

–El tratamiento para consensuar una nueva constitución estaba previsto durante 90 días hábiles, o sea, alrededor de seis meses. En este caso fue exprés: las sesiones empezaron a fines de mayo y se votó el viernes 16 de junio.

–La Convención Constituyente, fuera de cualquier sensatez, estuvo integrada por funcionarios actuales. ¿Imposible? No, se tomaron licencia en sus cargos y sesionaron. Esto es lo que hizo el propio Morales, uno de los constituyentes. Se pidió licencia como gobernador, abrió la Convención, dictaminó las normas y se pidió licencia de la Convención; después, previo a votar, se pidió licencia como gobernador y volvió para asumir las funciones como constituyente. 

Hay más: 

–No se consultó a las comunidades originarias como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que refiere a la consulta previa anterior a una disposición legislativa que afecte a las comunidades indígenas. La reforma no cumple los tratados y la legislación internacional a la cual adhiere el Estado argentino.

–El pueblo jujeño no conoció el texto completo hasta el viernes 9 de junio, o sea, una semana antes de que se vote. 

–Los nuevos derechos que se incorporaron a la reforma son de exclusiva facultad del Poder Ejecutivo, con conformidad de la Legislatura, donde el oficialismo jujeño tiene mayoría. Todo lo que refiere a la regulación del agua (no se menciona que es un derecho humano), la atribución de las tierras fiscales, la decisión de cuál es productiva o no, entre otros varios artículos, le otorgan facultad absoluta al Ejecutivo.

Ante el reclamo de su pueblo, ¿cuál fue la respuesta del gobierno de Morales? 

Un Estado de terror: tres represiones salvajes (el 16 de junio en Abra Pampa, el 17 de junio en Purmamarca y el 20 de junio en la capital); fuerzas policiales reprimiendo en motos y camionetas sin patentes; disparando a la cabeza; deteniendo a periodistas y fotógrafos; usando camionetas de empresas privadas para levantar gente; persecución a dirigentes de pueblos originarios; allanamientos ilegales; detenciones arbitrarias.

¿Cuál fue la decisión del Tercer Malón de la Paz?

Ante la falta de escucha y la abundancia de balas y gases lacrimógenos por parte del gobierno provincial, el martes 25 de julio empezó a caminar desde La Quiaca, con destino final Buenos Aires para exigir cuatro puntos clave a los poderes nacionales:

–Que la Corte Suprema se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la reforma. –Solicitar al Congreso y al Poder Ejecutivo de la Nación la intervención de la provincia de Jujuy.

–Que el Congreso elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

–El cese de la represión y las detenciones provinciales. 

Luego de atravesar las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe, caminando y en colectivo, el 1 de agosto, Día de la Pachamama, arribaron a la Ciudad de Buenos Aires. Más de 250 maloneros marcharon desde Plaza Once; pasaron por el Obelisco y se emplazaron en la Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema de Justicia. No acamparon, porque el Gobierno de la Ciudad jamás les permitió el armado de sus carpas, pero sí permanecieron en una vigilia permanente, con lluvia, con mucho sol, con viento, con granizo, durante cuatro meses y medio. 

137 días en los que debieron apelar a distintas estrategias como encadenarse; la huelga de hambre; y agotar las últimas consecuencias también con una huelga de líquido. 

Sin corte de calle. 

Sin organizar un piquete. 

Sin respuestas concretas a sus reclamos.

EL BALANCE DEL MALÓN 

El viernes 15 de diciembre, el Tercer Malón dio su última conferencia de prensa, en la que anunció que horas después regresaría a Jujuy. Antes de subirse al micro, y mientras ordena sus pertenencias para el viaje, Sabina Yurquina habla con lavaca. Tiene 69 años y el 30 de diciembre cumplirá los 70. Es de la comunidad Chucalezna, departamento de Humahuaca y lleva una remera verde que homenajea a la guerrera aymara Bartolina Sisa. 

“Llegué el 1 de agosto pensando que nuestro presidente nos iba a solucionar rápido los problemas, pero me equivoqué. Marcha tras marcha, nota tras nota, golpeamos todas las puertas posibles y nunca hubo una solución. Estoy un poco triste porque nos vamos casi con las manos vacías”. 

Al instante, ve el vaso medio lleno: “No hay que olvidar que fue un logro muy grande que Don Morales no haya podido ascender a ser presidente ni luego vice, que era su propósito. Estoy alegre, contenta, porque él nos masacró pero nosotros también lo bajamos desde tan arriba que se creía”. 

Mientras sostiene una whipala, la también integrante del Segundo Malón de la Paz, asegura: “La lucha va a seguir en Jujuy, nos vamos a armar más todavía, entre todas las comunidades y no dejaremos en paz al nuevo gobernador hasta que se caiga la reforma. Tiene que haber una solución, no nos vamos a quedar con las manos cruzadas para que en un futuro deba crearse un cuarto malón; este debe ser el último y por eso iremos hasta el final”.

Uno de los jóvenes que estuvo en la permanencia frente a Tribunales es Yamil Alejo, de la comunidad de Barrancas, del pueblo Kolla, en el departamento de Cochinoca. Allí, la vida sucede a más de 3500 metros de altura en la puna jujeña. Cuando se creó el Tercer Malón, Yamil estaba cursando Ingeniería Industrial en la Universidad de San Salvador. Este debió haber sido su último año, pero ni ese incentivó lo hizo dudar en sumarse: “Pensé que iba a ser corta la estadía en Buenos Aires; que presentaríamos nuestras peticiones y que a lo sumo en dos semanas íbamos a volver. Muchas familias dejaron su trabajo, otros jóvenes como yo también pospusimos los estudios por defender nuestros derechos ante tanta injusticia”. Cuenta su proceso personal: “Para mí esta fue la primera experiencia así, no tenía mucho conocimiento sobre mis ancestros, me identifico como como si en un tablero de ajedrez, vendría a ser como el peón. Y yo les delegaba al resto porque no me involucraba en profundidad. Pero frente a la reforma decidió cambiar e ir a la asambleas y así fue que viajé a Buenos Aires, donde integré la comisión de jóvenes con la fuimos a las universidades y escuelas para hablar sobre por qué estábamos ahí”. 

¿La mayor enseñanza?  “Ver a abuelos, a abuelas aguantando las lluvias, durmiendo en el pasto o encima de un cartón. El aguantar el frío, el calor, la lluvia, la amenaza y la presión constante de que podían venir a reprimir en cualquier momento. Siento admiración en que hayan  aguantado tanto”.

Yamil recuerda otro logro: a días de que arribara el Malón al cemento porteño, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema debía tramitar el planteo judicial del gobierno nacional contra la provincia de Jujuy respecto a la reforma constitucional. El 10 de octubre, la mismísima Corte le dio un plazo de 60 días hábiles al gobierno de Gerardo Morales para presentar pruebas sobre la constitucionalidad de la reforma. Al cierre de esta nota, faltan 10 días para el cumplimiento del plazo. “Esperemos que si no cumplen, los jueces declaren la reforma es inconstitucional”, sentencia Yamil.

El Tercer Malón de la Paz de Jujuy está conformado por las comunidades de los Pueblos Kolla, Atacama y Quechua en la Puna;  Guaraní y Kolla en las Yungas; Omaguaca, Kolla, Tilián, Toara y Fiscara en la Quebrada; Kolla, Ocloya y Toba en los Valles. Néstor Jerez es uno de los referentes del pueblo Ocloya y fue uno de los voceros designados en Plaza Lavalle. Tiene pelo largo, sujetado por un trarilonco negro y blanco, y un resumen que comparte de este periodo: “El Tercer Malón ya triunfó y no nos han vencido: permanecimos en Buenos Aires y en todo el territorio provincial; recorrimos muchas provincias visibilizando la violencia institucional, recibimos la colaboración y la adhesión de múltiples organizaciones; visitamos diferentes establecimientos educativos; cumplimos el rol de asistencia social dando de comer a gente en situación de calle. Y ahora continuaremos con la Comisión Promotora de pueblos indígenas abordando en el territorio 4 ejes principales: la nulidad de la Reforma inconstitucional de Jujuy, la conformación de la Federación de pueblos y comunidades indígenas; la creación de herramientas políticas de las comunidades; y la instrumentación de la Ley de Propiedad comunitaria indígena.

–¿Cuál es tu balance sobre el accionar de los tres poderes, en relación a los puntos traídos el 1 de agosto?

–Un silencio cómplice de los tres poderes como así también un gran cerco mediático para dar vía libre a la entrega del territorio y los bienes naturales a las multinacionales. Ningún funcionario del Estado nacional se ha expedido explícitamente rechazando la violencia institucional, esta violación de derechos humanos y garantías establecidas en la Constitución Nacional.

“Si querés que algo no funcione, creá una comisión”, dijo alguna vez Juan Domingo Perón. El 18 de agosto, el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió al Malón. No hubo avances sobre la intervención de la provincia, ni la ley de propiedad comunitaria. Lo único: el presidente se comprometió a firmar un decreto para avanzar en una comisión integrada por organismos nacionales e internacionales que investigara los hechos llevados a cabo en Jujuy. Como si las imágenes de la represión descarnada, como si los ojos perdidos, como si las denuncias judiciales ya radicadas en junio sobre la inconstitucionalidad de la reforma no bastaran. “Ya tenemos el documento que realizó la Comisión de análisis y recepción de denuncias por violencia institucional en la provincia de Jujuy creada por el Decreto 435 de Poder Ejecutivo Nacional; ya lo presentamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en ambas cámaras del Congreso de la Nación”, informa Jerez. 

El documento de 95 páginas –del que el SerPaJ comandado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, tuvo un rol preponderante– concluye: “La arbitrariedad de las detenciones en violación de las garantías y derechos judiciales;  la violencia de género ejercida contra las mujeres;  las violaciones al derecho de la libertad de expresión respecto de medios periodísticos independientes; un accionar generalizado en diferentes localidades, contra grupos discernibles por el propio órgano represor que marca a los sectores que se deben reprimir en tanto los mismos sean partícipes de protestas sociales contra las políticas del estado provincial. La violencia ejercida por el Estado jujeño incluye y explicita: encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género…; desaparición de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. Y reafirma: “Es de importancia superlativa comprender que este ‘ataque contra una población civil’ se comprende como parte de una planificación sistemática y sostenida en el tiempo. Las órdenes emanadas del Poder Ejecutivo de la provincia intervienen en la totalidad de los poderes de la provincia. Sin lugar a dudas el accionar posee prácticas totalitarias que enfrentan al Estado de derecho de la República Argentina”.

Johana Arce tiene 28 años, nació en Ledesma y es de las naciones Kolla y Guaraní. Es comunicadora social y reparte su vida en su provincia natal y en Buenos Aires, donde trabaja para el medio originario SISA. Llegó con el Malón y se fue con el Malón. Desde Abra Pampa, en medio de una ceremonia que se llevó a cabo por el regreso a territorio, sintetiza: “En un principio había mucha información, varios medios presentes, pero se fue disolviendo con el tiempo. Hubo muchas dificultades, desde dormir y comer entre ratas, pasando por una gran indiferencia social y política, pese a estar frente a Tribunales, en el corazón de la ciudad. En un lugar céntrico donde eran visibles, pero al mismo tiempo invisibles”.

La Corte Suprema nunca los recibió. En relación al Poder Legislativo, tuvieron varias reuniones con legisladores de izquierda y de Unión por la Patria, pero no hubo voluntad política mayoritaria para avanzar con la ley de propiedad comunitaria. Menos aún con la intervención de la provincia. En cuanto a la persecución política, permanece. Un ejemplo es el de Alberto Nallar, condenado por la Justicia local a 3 años y 6 meses de prisión y el embargo de 7 millones de pesos. Nallar es un abogado que desde hace muchos años asesora a familias, agricultores y comunidades originarias, que en el marco de la reforma constitucional provincial acompañó e informó los derechos de la población que salió a reclamar. Esa, justamente, es la causa de su condena: “Instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real”. Perseguido político, y ahora con una sentencia en su contra, expresa desde la cocina de su casa: “Yo ni levanté un puñado de tierra. Sí le expliqué a la gente los vicios que tiene esta constitución que amenaza los derechos indígenas. Pero yo soy la consecuencia, no la causa; el problema principal es que en Jujuy se choreó, se mató al sistema republicano”. Completa: “Mi condena está confirmada y aunque haya apelado, no tengo expectativas de no ir a la cárcel. Voy a seguir haciendo lo que mi conciencia me indique, porque cuando uno tiene la conciencia limpia, tener que pasar un mal rato no debe ser motivo para abandonar estos objetivos trascendentes”.

Johana Arce analiza más allá de los cuatro puntos que trajo el Malón como exigencias al Gobierno: “Aunque muchas veces las instituciones no escucharon ni respondieron, fue fundamental insistir e insistir. El documento que se dio a partir de la reunión con el presidente y que releva los casos de violencia institucional, hoy lo tienen todos los poderes; es un logro y una muestra de lo que vale luchar”. Otra conquista que destaca es la solidificación del sujeto político pueblo originario, que no apunta al corto plazo: “De a poquito fueron colocando su propia agenda. La resistencia sigue”.

Pese a que el Gobierno de la Ciudad haya querido instalar que se trató de un desalojo, montando un ejército de policías el día de la partida, la decisión de volver a Jujuy el Malón ya la había comunicado en conferencia de prensa un día antes. Afirma Sabina: “Nosotros nos fuimos porque queremos, porque lo decidimos en asamblea, nadie nos echó”.

¿Cómo fue el regreso? Cuenta Johana: “Con mucha energía, tomando en cuenta que las comunidades rompieron el cerco mediático de la provincia de Jujuy, valorizando  la importancia de la pachamama. Siento que el malón nos enseñó mucho. Hay que tener presente muchas comunidades, que tienen sus diferencias, se agruparon por un solo fin que es bajar la reforma y que ahora se vendrán nuevos procesos, con mucha fuerza y convicción”. 

Jujuy 2023, un experimento que hoy ya se aplica a nivel nacional: de la limitación de la protesta social en la reforma de Morales, al protocolo antipiquete de Patricia Bullrich; de la reforma jujeña en la atribución de las tierras fiscales a piacere del Ejecutivo, al DNU de Milei que deroga la Ley de Tierras, dando luz verde a la entrega a corporaciones económicas.

Hace un par de meses, el comunero de Potrero de la Puna Octavio Colina le advertía a lavaca: “Aunque ya no salga en la televisión, en Jujuy el gobierno sigue llevándose todo puesto; es lamentable lo que pasa en nuestra provincia y ojalá no se extienda a nivel nacional. Necesitamos frenarlo a tiempo, antes que esto termine en una mayor tragedia”. 

El futuro llegó. 

Hace rato.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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