Luego de atravesar seis provincias caminando y en colectivo, llegaron el 1 de agosto a Buenos Aires y se apostaron frente a los Tribunales, con tres reclamos concretos: que la Corte Suprema se expida sobre la in-constitucionalidad del decreto, que el Ejecutivo intervenga la provincia y el Congreso elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena . Estuvieron ahí 137 días, y ampliaron con una presencia en el Congreso. Ya desde Jujuy las comunidades hablaron con lavaca para realizar un análisis y una reflexión sobre lo que pasó, y sobre lo que no: el ninguneo judicial y político, la indiferencia social, las principales enseñanzas, algunos logros, cómo sigue la situación en la provincia y el paso de Alberto Fernández a Milei.

Por Francisco Pandolfi

El 2023 de ninguna manera será recordado como un año más para Jujuy. 

“En 2023, la provincia fue un experimento de la unión entre los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y el extractivismo”, sintetizar Octavio Colina, comunero de Potrero de la Puna, en Abra Pampa. 

Esa conjunción se cristalizó en la reforma de la Constitución provincial ejecutada por el Gobierno de Gerardo Morales, que trajo consigo la represión de la Policía; la Justicia a merced del gobernador; los bienes naturales, como el agua y el litio, en manos privadas. 

¿Como respuesta?

El Jujeñazo: la sublevación del pueblo jujeño en las calles y la creación del Tercer Malón de la Paz –constituido por más de 400 comunidades originarias de la provincia– para enfrentar la imposición gubernamental.

El Primer Malón de la Paz se gestó en 1946, cuando los pueblos originarios viajaron a la Ciudad de Buenos Aires por la restitución de sus territorios. Sesenta años después, en 2006, se realizó el segundo, en reclamo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de parte del gobierno provincial contra el fallo judicial que reconoció sus derechos sobre las tierras que ocupan. El tercero nació en junio de este año para frenar la reforma de la carta magna. Desde Abra Pampa y otras localidades, iniciaron el periplo hacia San Salvador.

¿Por qué reclamaban la inconstitucionalidad de la reforma?

Una síntesis de las irregularidades: 

–En septiembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 6.302 hecha por el Poder Ejecutivo que convocaba a realizar la reforma. Sin embargo, la Constitución Provincial de 1986, vigente hasta ese momento, establecía que la declaración era exclusiva de la Legislatura.

–El tratamiento para consensuar una nueva constitución estaba previsto durante 90 días hábiles, o sea, alrededor de seis meses. En este caso fue exprés: las sesiones empezaron a fines de mayo y se votó el viernes 16 de junio.

–La Convención Constituyente, fuera de cualquier sensatez, estuvo integrada por funcionarios actuales. ¿Imposible? No, se tomaron licencia en sus cargos y sesionaron. Esto es lo que hizo el propio Morales, uno de los constituyentes. Se pidió licencia como gobernador, abrió la Convención, dictaminó las normas y se pidió licencia de la Convención; después, previo a votar, se pidió licencia como gobernador y volvió para asumir las funciones como constituyente. 

Hay más: 

–No se consultó a las comunidades originarias como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que refiere a la consulta previa anterior a una disposición legislativa que afecte a las comunidades indígenas. La reforma no cumple los tratados y la legislación internacional a la cual adhiere el Estado argentino.

–El pueblo jujeño no conoció el texto completo hasta el viernes 9 de junio, o sea, una semana antes de que se vote. 

–Los nuevos derechos que se incorporaron a la reforma son de exclusiva facultad del Poder Ejecutivo, con conformidad de la Legislatura, donde el oficialismo jujeño tiene mayoría. Todo lo que refiere a la regulación del agua (no se menciona que es un derecho humano), la atribución de las tierras fiscales, la decisión de cuál es productiva o no, entre otros varios artículos, le otorgan facultad absoluta al Ejecutivo.

Ante el reclamo de su pueblo, ¿cuál fue la respuesta del gobierno de Morales? 

Un Estado de terror: tres represiones salvajes (el 16 de junio en Abra Pampa, el 17 de junio en Purmamarca y el 20 de junio en la capital); fuerzas policiales reprimiendo en motos y camionetas sin patentes; disparando a la cabeza; deteniendo a periodistas y fotógrafos; usando camionetas de empresas privadas para levantar gente; persecución a dirigentes de pueblos originarios; allanamientos ilegales; detenciones arbitrarias.

¿Cuál fue la decisión del Tercer Malón de la Paz?

Ante la falta de escucha y la abundancia de balas y gases lacrimógenos por parte del gobierno provincial, el martes 25 de julio empezó a caminar desde La Quiaca, con destino final Buenos Aires para exigir cuatro puntos clave a los poderes nacionales:

–Que la Corte Suprema se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la reforma. –Solicitar al Congreso y al Poder Ejecutivo de la Nación la intervención de la provincia de Jujuy.

–Que el Congreso elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

–El cese de la represión y las detenciones provinciales. 

Luego de atravesar las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe, caminando y en colectivo, el 1 de agosto, Día de la Pachamama, arribaron a la Ciudad de Buenos Aires. Más de 250 maloneros marcharon desde Plaza Once; pasaron por el Obelisco y se emplazaron en la Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema de Justicia. No acamparon, porque el Gobierno de la Ciudad jamás les permitió el armado de sus carpas, pero sí permanecieron en una vigilia permanente, con lluvia, con mucho sol, con viento, con granizo, durante cuatro meses y medio. 

137 días en los que debieron apelar a distintas estrategias como encadenarse; la huelga de hambre; y agotar las últimas consecuencias también con una huelga de líquido. 

Sin corte de calle. 

Sin organizar un piquete. 

Sin respuestas concretas a sus reclamos.

EL BALANCE DEL MALÓN 

El viernes 15 de diciembre, el Tercer Malón dio su última conferencia de prensa, en la que anunció que horas después regresaría a Jujuy. Antes de subirse al micro, y mientras ordena sus pertenencias para el viaje, Sabina Yurquina habla con lavaca. Tiene 69 años y el 30 de diciembre cumplirá los 70. Es de la comunidad Chucalezna, departamento de Humahuaca y lleva una remera verde que homenajea a la guerrera aymara Bartolina Sisa. 

“Llegué el 1 de agosto pensando que nuestro presidente nos iba a solucionar rápido los problemas, pero me equivoqué. Marcha tras marcha, nota tras nota, golpeamos todas las puertas posibles y nunca hubo una solución. Estoy un poco triste porque nos vamos casi con las manos vacías”. 

Al instante, ve el vaso medio lleno: “No hay que olvidar que fue un logro muy grande que Don Morales no haya podido ascender a ser presidente ni luego vice, que era su propósito. Estoy alegre, contenta, porque él nos masacró pero nosotros también lo bajamos desde tan arriba que se creía”. 

Mientras sostiene una whipala, la también integrante del Segundo Malón de la Paz, asegura: “La lucha va a seguir en Jujuy, nos vamos a armar más todavía, entre todas las comunidades y no dejaremos en paz al nuevo gobernador hasta que se caiga la reforma. Tiene que haber una solución, no nos vamos a quedar con las manos cruzadas para que en un futuro deba crearse un cuarto malón; este debe ser el último y por eso iremos hasta el final”.

Uno de los jóvenes que estuvo en la permanencia frente a Tribunales es Yamil Alejo, de la comunidad de Barrancas, del pueblo Kolla, en el departamento de Cochinoca. Allí, la vida sucede a más de 3500 metros de altura en la puna jujeña. Cuando se creó el Tercer Malón, Yamil estaba cursando Ingeniería Industrial en la Universidad de San Salvador. Este debió haber sido su último año, pero ni ese incentivó lo hizo dudar en sumarse: “Pensé que iba a ser corta la estadía en Buenos Aires; que presentaríamos nuestras peticiones y que a lo sumo en dos semanas íbamos a volver. Muchas familias dejaron su trabajo, otros jóvenes como yo también pospusimos los estudios por defender nuestros derechos ante tanta injusticia”. Cuenta su proceso personal: “Para mí esta fue la primera experiencia así, no tenía mucho conocimiento sobre mis ancestros, me identifico como como si en un tablero de ajedrez, vendría a ser como el peón. Y yo les delegaba al resto porque no me involucraba en profundidad. Pero frente a la reforma decidió cambiar e ir a la asambleas y así fue que viajé a Buenos Aires, donde integré la comisión de jóvenes con la fuimos a las universidades y escuelas para hablar sobre por qué estábamos ahí”. 

¿La mayor enseñanza?  “Ver a abuelos, a abuelas aguantando las lluvias, durmiendo en el pasto o encima de un cartón. El aguantar el frío, el calor, la lluvia, la amenaza y la presión constante de que podían venir a reprimir en cualquier momento. Siento admiración en que hayan  aguantado tanto”.

Yamil recuerda otro logro: a días de que arribara el Malón al cemento porteño, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema debía tramitar el planteo judicial del gobierno nacional contra la provincia de Jujuy respecto a la reforma constitucional. El 10 de octubre, la mismísima Corte le dio un plazo de 60 días hábiles al gobierno de Gerardo Morales para presentar pruebas sobre la constitucionalidad de la reforma. Al cierre de esta nota, faltan 10 días para el cumplimiento del plazo. “Esperemos que si no cumplen, los jueces declaren la reforma es inconstitucional”, sentencia Yamil.

El Tercer Malón de la Paz de Jujuy está conformado por las comunidades de los Pueblos Kolla, Atacama y Quechua en la Puna;  Guaraní y Kolla en las Yungas; Omaguaca, Kolla, Tilián, Toara y Fiscara en la Quebrada; Kolla, Ocloya y Toba en los Valles. Néstor Jerez es uno de los referentes del pueblo Ocloya y fue uno de los voceros designados en Plaza Lavalle. Tiene pelo largo, sujetado por un trarilonco negro y blanco, y un resumen que comparte de este periodo: “El Tercer Malón ya triunfó y no nos han vencido: permanecimos en Buenos Aires y en todo el territorio provincial; recorrimos muchas provincias visibilizando la violencia institucional, recibimos la colaboración y la adhesión de múltiples organizaciones; visitamos diferentes establecimientos educativos; cumplimos el rol de asistencia social dando de comer a gente en situación de calle. Y ahora continuaremos con la Comisión Promotora de pueblos indígenas abordando en el territorio 4 ejes principales: la nulidad de la Reforma inconstitucional de Jujuy, la conformación de la Federación de pueblos y comunidades indígenas; la creación de herramientas políticas de las comunidades; y la instrumentación de la Ley de Propiedad comunitaria indígena.

–¿Cuál es tu balance sobre el accionar de los tres poderes, en relación a los puntos traídos el 1 de agosto?

–Un silencio cómplice de los tres poderes como así también un gran cerco mediático para dar vía libre a la entrega del territorio y los bienes naturales a las multinacionales. Ningún funcionario del Estado nacional se ha expedido explícitamente rechazando la violencia institucional, esta violación de derechos humanos y garantías establecidas en la Constitución Nacional.

“Si querés que algo no funcione, creá una comisión”, dijo alguna vez Juan Domingo Perón. El 18 de agosto, el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió al Malón. No hubo avances sobre la intervención de la provincia, ni la ley de propiedad comunitaria. Lo único: el presidente se comprometió a firmar un decreto para avanzar en una comisión integrada por organismos nacionales e internacionales que investigara los hechos llevados a cabo en Jujuy. Como si las imágenes de la represión descarnada, como si los ojos perdidos, como si las denuncias judiciales ya radicadas en junio sobre la inconstitucionalidad de la reforma no bastaran. “Ya tenemos el documento que realizó la Comisión de análisis y recepción de denuncias por violencia institucional en la provincia de Jujuy creada por el Decreto 435 de Poder Ejecutivo Nacional; ya lo presentamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en ambas cámaras del Congreso de la Nación”, informa Jerez. 

El documento de 95 páginas –del que el SerPaJ comandado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, tuvo un rol preponderante– concluye: “La arbitrariedad de las detenciones en violación de las garantías y derechos judiciales;  la violencia de género ejercida contra las mujeres;  las violaciones al derecho de la libertad de expresión respecto de medios periodísticos independientes; un accionar generalizado en diferentes localidades, contra grupos discernibles por el propio órgano represor que marca a los sectores que se deben reprimir en tanto los mismos sean partícipes de protestas sociales contra las políticas del estado provincial. La violencia ejercida por el Estado jujeño incluye y explicita: encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género…; desaparición de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. Y reafirma: “Es de importancia superlativa comprender que este ‘ataque contra una población civil’ se comprende como parte de una planificación sistemática y sostenida en el tiempo. Las órdenes emanadas del Poder Ejecutivo de la provincia intervienen en la totalidad de los poderes de la provincia. Sin lugar a dudas el accionar posee prácticas totalitarias que enfrentan al Estado de derecho de la República Argentina”.

Johana Arce tiene 28 años, nació en Ledesma y es de las naciones Kolla y Guaraní. Es comunicadora social y reparte su vida en su provincia natal y en Buenos Aires, donde trabaja para el medio originario SISA. Llegó con el Malón y se fue con el Malón. Desde Abra Pampa, en medio de una ceremonia que se llevó a cabo por el regreso a territorio, sintetiza: “En un principio había mucha información, varios medios presentes, pero se fue disolviendo con el tiempo. Hubo muchas dificultades, desde dormir y comer entre ratas, pasando por una gran indiferencia social y política, pese a estar frente a Tribunales, en el corazón de la ciudad. En un lugar céntrico donde eran visibles, pero al mismo tiempo invisibles”.

La Corte Suprema nunca los recibió. En relación al Poder Legislativo, tuvieron varias reuniones con legisladores de izquierda y de Unión por la Patria, pero no hubo voluntad política mayoritaria para avanzar con la ley de propiedad comunitaria. Menos aún con la intervención de la provincia. En cuanto a la persecución política, permanece. Un ejemplo es el de Alberto Nallar, condenado por la Justicia local a 3 años y 6 meses de prisión y el embargo de 7 millones de pesos. Nallar es un abogado que desde hace muchos años asesora a familias, agricultores y comunidades originarias, que en el marco de la reforma constitucional provincial acompañó e informó los derechos de la población que salió a reclamar. Esa, justamente, es la causa de su condena: “Instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real”. Perseguido político, y ahora con una sentencia en su contra, expresa desde la cocina de su casa: “Yo ni levanté un puñado de tierra. Sí le expliqué a la gente los vicios que tiene esta constitución que amenaza los derechos indígenas. Pero yo soy la consecuencia, no la causa; el problema principal es que en Jujuy se choreó, se mató al sistema republicano”. Completa: “Mi condena está confirmada y aunque haya apelado, no tengo expectativas de no ir a la cárcel. Voy a seguir haciendo lo que mi conciencia me indique, porque cuando uno tiene la conciencia limpia, tener que pasar un mal rato no debe ser motivo para abandonar estos objetivos trascendentes”.

Johana Arce analiza más allá de los cuatro puntos que trajo el Malón como exigencias al Gobierno: “Aunque muchas veces las instituciones no escucharon ni respondieron, fue fundamental insistir e insistir. El documento que se dio a partir de la reunión con el presidente y que releva los casos de violencia institucional, hoy lo tienen todos los poderes; es un logro y una muestra de lo que vale luchar”. Otra conquista que destaca es la solidificación del sujeto político pueblo originario, que no apunta al corto plazo: “De a poquito fueron colocando su propia agenda. La resistencia sigue”.

Pese a que el Gobierno de la Ciudad haya querido instalar que se trató de un desalojo, montando un ejército de policías el día de la partida, la decisión de volver a Jujuy el Malón ya la había comunicado en conferencia de prensa un día antes. Afirma Sabina: “Nosotros nos fuimos porque queremos, porque lo decidimos en asamblea, nadie nos echó”.

¿Cómo fue el regreso? Cuenta Johana: “Con mucha energía, tomando en cuenta que las comunidades rompieron el cerco mediático de la provincia de Jujuy, valorizando  la importancia de la pachamama. Siento que el malón nos enseñó mucho. Hay que tener presente muchas comunidades, que tienen sus diferencias, se agruparon por un solo fin que es bajar la reforma y que ahora se vendrán nuevos procesos, con mucha fuerza y convicción”. 

Jujuy 2023, un experimento que hoy ya se aplica a nivel nacional: de la limitación de la protesta social en la reforma de Morales, al protocolo antipiquete de Patricia Bullrich; de la reforma jujeña en la atribución de las tierras fiscales a piacere del Ejecutivo, al DNU de Milei que deroga la Ley de Tierras, dando luz verde a la entrega a corporaciones económicas.

Hace un par de meses, el comunero de Potrero de la Puna Octavio Colina le advertía a lavaca: “Aunque ya no salga en la televisión, en Jujuy el gobierno sigue llevándose todo puesto; es lamentable lo que pasa en nuestra provincia y ojalá no se extienda a nivel nacional. Necesitamos frenarlo a tiempo, antes que esto termine en una mayor tragedia”. 

El futuro llegó. 

Hace rato.