Los protagonistas de la Semana Contra la Criminalización de la Protesta mantuvieron encuentros para denunciar el acoso judicial que sufren. Expusieron sus reclamos ante el Defensor del Pueblo de la Nación y en el Colegio Público de Abogados. Conversaron con las Madres de Plaza de Mayo y escucharon a movimientos de desocupados. Al terminar la recorrida, quedó claro que los jueces tratan de controlar aquello que el 19 y 20 de diciembre del 2001 estalló: la participación

Uno
Una Madre de Plaza de Mayo escucha el relato de Pepino Fernández. Hace preguntas cortas y profundas. Y regresa al silencio, mientras las palabras de Pepino le pintan el pueblo de Mosconi, con sus sombras, pero también con las luces que enciende la batalla por defender la dignidad y la ilusión de cambiar un destino, que imagina que puede -y debe- ser distinto. El encuentro dura casi una hora, un tiempo compartido con las medialunas y el café que alimentan la merienda que ofrece la anfitriona. Al fin, esa Madre dice:
Mi hijo era como ustedes. Se lo llevaron a los 19 años. Estaba en segundo año de Medicina y era todo amor. No sé si ayudaba a los demás tanto por una cuestión militante, sino por afecto, de sensibilidad. Me quitaba los libros de la biblioteca y me decía: mamá, acá los libros duermen. Mejor que lo tenga alguien que los despierte. Y los regalaba. Todos los días pienso si lo habrán torturado. Y cómo. Si lo habrán hecho sufrir. Qué habrá pensado, cuánto le habrá dolido… Nunca vamos a poder hacer el duelo. Para las Madres, ese día nefasto es siempre el de ayer.

Otro
El encuentro es casual. En el café de las Madres están Pepino Fernández, su hermano y Marina Schifrin esperando el auto que los llevará hasta Puente Saavedra, a la reunión organizada por las asambleas de zona Norte. Toti Flores y Soledad, del MTD de La Matanza los encuentra allí un día tarde. La conferencia en la Universidad de las Madres fue ayer, pero ellos creían que era hoy. Y la confusión se enmienda con una rueda improvisada que permite el intercambio. Marina había estado toda la semana preocupada por lograr un encuentro con docentes, para charlar sobre los temas que le interesan: la educación, la profesión, el gremio. Sin embargo, será ahí donde recibirá las novedades que quiere llevar a Bariloche. Soledad cuenta la experiencia del jardín que acaba de inaugurar el movimiento de trabajadores desocupados en el que trabaja. “Es un sueño, completo y real”, asegura, que les permite integrar familias, problemáticas, soluciones. Cuenta que el próximo año piensan seguir con la apertura del ciclo preescolar. Y que docentes, padres y chicos piensan juntos qué mejorar, cómo sumar, acompañándose y apoyándose. Hippie Fernández interviene, sonriente, para hacer la pregunta del millón.
-A veces me pregunto si los docentes piensan, en el algún momento, en su responsabilidad. Si piensan que el aula es responsabilidad de ellos y lo que allí hacen tiene consecuencias. Si son autocríticos, porque están llevando adelante una educación que no sirve, que ellos saben que no funciona. Se lo digo siempre a mis hermanas, que son docentes. ¿No piensan que ustedes transmiten los valores de una sociedad que no funciona?

Más
En la oficina de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Cella recibe y sella la denuncia presentada por la doctora Mara Puntano acerca del acoso judicial a los integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, en general, y Pepino Fernández, en particular. Luego, Pepino quien saca de su bolsa de plástico blanca un papel y se lo entrega. Es una carta, fechada en agosto de 1999, donde denuncia ante las autoridades la contaminación del agua de su pueblo. «Las petroleras tiran los deshechos a cielo abierto, en medio del monte. Son tóxicos y matan todo. Y lo que es peor, se filtran en los arroyos que nos dan el agua. Nadie nos recibe la denuncia, porque los jueces dicen que no tienen competencia en esos temas. Yo a veces digo: no fuimos a Afganistán, ni fuimos a Irak, pero en mi pueblo hay cada vez más gente sin piernas. Se las cortan por la diabetes. Y hay celíacos, cuando nunca tuvimos. Y bebés que nacen hidrocéfalos. ¿Dónde se ha visto que pasen esas cosas y nadie se las tome en serio? Nos están matando, ¿entiende?».
Cella escucha, atento, promete una respuesta y luego, a manera de opinión colaboradora e incluso respetuosa, sugiere que los piquetes han cortado la relación entre los sectores medios y los desocupados:
-Deberían hacer algo para recuperar el apoyo de la clase media.
-Es cierto. Quizá deberíamos darles clases de derechos humanos, responde la doctora Puntano.

Final
En el quinto piso del Colegio Público de Abogados, la comisión asesora de Derechos Humanos recibe a Marina Schifrin y Mara Puntano. Los escritorios forman un cuadrado perfecto, que desparrama a la docena de abogados sentados en posición de escuchar, hablar y pensar. La doctora Puntano les cuenta los dos pedidos que ha elevado un juez salteño al Tribunal de Ética con la intención de quitarle la matrícula. Cuenta el estado de las cárceles, de los encarcelados. Cita los indignantes fallos de la Cámara de Casación en los casos de Marina y los trabajadores ferroviarios, donde se pone claramente en palabras la intención de limitar la participación ciudadana en las escasas medidas de la urna. Escuchándola, resulta claro deducir qué quieren decirnos esta serie de fallos. Escritos con más torpeza por los jueces salteños -quienes directamente refieren en sus sentencias la prohibición de participar en reuniones organizadas por la UTD-, o con mayor pericia por los jueces del Tribunal de Casación, cuando se permiten citar al doctor Miguel Ángel Ekmedjian (Tratado de Derecho Constitucional, t.II, pág.599, Ed. De Palma) para afirmar: «La única forma legítima y verificable de la expresión soberana del pueblo, es el sufragio. Por medio de éste, el pueblo rechaza o acepta las alternativas que le propone la clase política. (…) Otros tipos de presunta expresión de la voluntad popular, distintos del sufragio (tales como reuniones multitudinarias en plazas o lugares públicos, encuestas, huelgas, lock-outs u otros medios de acción directa, vayan o no acompañadas por las armas, etc.) no reflejan realmente la opinión mayoritaria del pueblo, sino a los sumo, la de un grupo sedicioso».

El Derecho es una herramienta de control social, dicen los que saben definirlo. La raya que trazan estos fallos, detrás de la cual deben permanecer quietitos y silenciosos los excluidos, intenta disciplinar aquello que el 19 y 20 de diciembre desacomodó. No se trata de defender las instituciones democráticas, sino los privilegios de quienes las usan. Y las desgastan.

La decadencia es así: no tiene metáforas.

El doctor Angel Di Paola es quien plantea que de lo que se trata no es de defender o criminalizar la protesta social, sino de profundizar o limitar la participación ciudadana en los asuntos públicos. «Están condenando a quienes salieron a la calle para efectivizar el pleno ejercicio de derechos humanos no suspendibles».
Por un momento, al menos, el debate acerca de la criminalización de la protesta superó los pobres límites a los que lo han confinado los cuatro poderes: funcionarios, jueces, legisladores y periodistas. No se trata ya de normas de tránsito – quien tiene derecho a pasar primero: el que maneja un auto o el que está obligado a mantener a toda su familia con 150 pesos por mes- sino de una nueva víctima del terrorismo de Estado: los derechos sociales. Esos que, como decía el dictador Videla «No existen, no tienen entidad. Desaparecieron. No están».