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Explosión en Atanor: un nuevo desastre ambiental en San Nicolás y orden judicial de «cese inmediato» de la actividad de la fabricante de agrotóxicos
En la madrugada de este miércoles estalló un reactor y una nube tóxica se expandió por los barrios aledaños a la empresa Atanor en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. El aire se impregnó de cianurilo: «Decir cianurilo es decir cáncer puro», denuncian en el vecindario. Pasado el mediodía, el juzgado de Ejecución Penal hizo lugar a una medida cautelar de los vecinos y ordenó el «cese inmediato» de las actividades de la corporación fabricante de agrotóxicos. Atanor es la principal productora argentina de tres pesticidas prohibidos en varios países: glifosato, atrazina y 2,4D. Un operario sufrió heridas graves y está internado tras la explosión. El año pasado el poder judicial confirmó además la contaminación que la empresa genera al Río Paraná y la “ilegalidad manifiesta” en la que operaban. Les fijaron una indemnización de 150 millones de pesos que no pagaron. Qué dicen los vecinos, que contabilizaron 200 muertes y denunciaron la situación de contaminación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La explicación de la reacción química que produjo la explosión, por la mezcla de sustancias tóxicas. El abogado de los vecinos consideró «criminal» la actitud de la empresa. Texto: Lucas Pedulla.
“Otra vez explotó la fábrica. Estamos encerrados. No se pueden abrir ventanas ni puertas. La fábrica reventó, y hay cianurilo en todo el barrio. Ya va saliendo para todos los barrios y nadie hace ni saca nada. Queda todo en silencio. Nos están matando de a poco. Decir cianurilo es decir cáncer puro. Ya no sabemos qué hacer”.
El audio de WhatsApp –desesperado, urgente–lo manda Miriam González, una vecina de 67 años del Barrio Química, en San Nicolás (provincia de Buenos Aires), que vive enfrente de Atanor, la principal productora del país de tres herbicidas altamente tóxicos, prohibidos en varios países (Glifosato, Atrazina y 2,4D), y que volvió a ser noticia por sus efectos sobre el medio ambiente: en la madrugada del miércoles, entre las 3:30 y 4 de la madrugada, un reactor explotó, le generó heridas de gravedad a un operario que está internado, y expandió una nube tóxica que está llegando a los barrios aledaños, como Belgrano y Saavedra.
Pasado el mediodía, el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a una medida cautelar presentada por los vecinos. Dispuso:
- > El “cese inmediato” de las actividades de Atanor “a los fines de garantizar la salud y seguridad de la población”.
- > Prohibió la salida de camiones con residuos y materiales bajo apercibimiento de multas de 10 millones de pesos en cada caso.
- > Libró oficio a la Jefatura Departamental de policía para que custodie la planta de Atanor y corrobore que se encuentra fuera de funcionamiento.
- > Dispuso además que se comunique a la Fiscalía General, al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad del Agua (ADA). Estos dos últimos organismos ya habían sido fuertemente denunciados por los vecinos por su complicidad en los nulos o exiguos controles en la empresa.
- > En la resolución, la jueza Bancalari resaltó la ubicación de la fábrica dentro del radio urbano por “los peligros que puede implicar para el medio ambiente y las personas que habitamos la ciudad”.
¿Dónde está el problema?
Hace un año, el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás había probado la existencia de contaminación que los propios vecinos denunciaron hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (donde presentaron un censo con 200 muertes por diversas enfermedades en la 6 cuadras del barrio) y la jueza Luciana Bancalari consideró probado “el marco de ilegalidad manifiesta” en el que funcionaba la empresa. Conviene recordar, como contexto político de la situación ambiental en general, que en septiembre de 2023 el entonces candidato a presidente Javier Milei dijo, sin referirse específicamente a Atanor: «Una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera. ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el problema?».
Atanor permite responder a esa pregunta incalificable. Hace años la revista MU cubre los efectos de Atanor en la comunidad, y luego del fallo viajamos para hacer esta nota.
Luego, la Cámara Primera de Apelación del distrito le fijó a la empresa, en un fallo histórico, una indemnización sustitutiva por el daño ambiental al Río Paraná de 150 millones de pesos.
El origen del estallido
Los fallos ordenaron una serie de medidas de control que, según advierte el abogado Fabián Maggi, representante de las demandas vecinales, la corporación no está cumpliendo: «Acá hay una sentencia condenatoria que no se cumple. De hecho tampoco pagaron la indemnización. Se mantiene el escenario de ilegalidad que se reflejó en aquel momento con el agravante de que hoy a las 4 de la mañana, en el proceso productivo de atrazina, el contaminante que aparece omnipresente en el suelo, el río, las napas y por todos lados del barrio, agregaron cloruro de cianurilo, y cuando agregan sal de amina se produce una reacción química adversa del reactor que genera una explosión y posterior incendio”.
Consecuencias: “La explosión afectó a los operarios, uno recibió quemaduras severas. Otros pudieron escapar. Y luego, la terrible nube tóxica por horas que, en un día sin viento y con mucha humedad, viaja muy bajo y afectó todos los barrios aledaños. Como efecto inmediato, irritación de ojos y de garganta. Las consecuencias de corto y mediano plazo para la salud, aún no las podemos saber. Es una situación de extrema gravedad, vuelven a repetirse la conducta criminal de la empresa. Vamos a seguir con medidas judiciales”.
Taxi de atrazina
Eduardo Ochoa es un extrabajador de Atanor. Lo echaron en 2019, antes de la pandemia, por una supuesta “reestructuración”, que llegó casualmente luego de que Ochoa denunciara la contaminación de atrazina en el barrio. Ahora es taxista y cuenta a lavaca: “Hice un viaje a las 3.30, cuando vuelvo veo a lo lejos una humareda. Pensé que estaban quemando basura. Cuando me acerco huelo el olor a cianurilo, muy parecido al forro del salamín, para que te des una idea. Cuando hago cuatro cuadras ya me metí en la nube y al toque la vista se te empieza a llorar, a lagrimear, y lo mismo en garganta. Todo en cuestión de segundos. En la fábrica ya se veía el fuego. Me vine a mi casa y le dije a mi señora que cierre todo. Fui a ver a mi mamá, a dos cuadras de la fábrica. Para ir tenés que pasar por Atanor, pero tuve que doblar en U en medio del humo negro, porque no podía respirar más. Ahí se me llenó todo el auto de atrazina. La nube salió derecho a la autopista, y como no había viento quedó al ras del piso”. Eduardo filma su taxi lleno de atrazina, y la reacción química que genera cuando lo lava con agua: “Lamentablemente, pese a las denuncias, acá sigue todo igual”.
La explosión de este miércoles no es la primera. En 2016, a pocos meses de que la fábrica reabriera sin ningún tipo de control tras haber sido clausurada, sufrió un incendio que tapó con una nube negra tóxica a todo el barrio.
Miriam González, la vecina que alertó a lavaca, tiene 67 años, cuatro hijos, nueve nietos y la mitad de un riñón “completamente seco”. Fue varias veces a la justicia a denunciar la contaminación en el Barrio Química en el que vive, y en una de ellas manifestó: “Tengo mucho dolor continuo, porque la gente que uno quiere se muere, y yo sé que todos nos moriremos, pero no hay derecho de que nos quiten así la vida”.
Ahora, en audios angustiados, pide que por favor alguien haga algo: “Es terrible. Acá todos estamos encerrados. Ventanas, puertas, tapando todos los agujeros. Es veneno puro. Esto es cáncer. La cantidad de gente que ha fallecido desde que vinieron a hacer la última nota (marzo del 2023). Esto sigue y nadie lo para. El veedor que tenía que revisar no lo dejaron pasara. Nada de nada por parte de las autoridades del municipio: todo queda terriblemente aplastado por la burocracia, por la maldad. No puedo hablar mucho, se me seca la garganta, los ojos llorosos y eso que estamos todos encerrados. Pero el aire siempre filtra por algún lado”.
Miriam llora: “Uno ya está grande pero los hijos, los nietos… Una calidad de vida mejor pido. Porque no podemos irnos a vivir a otro lado, porque no tenemos medio: no nos compran la casa por la contaminación que hay acá. Que se vayan. Y que nos dejen vivir”.
Compartimos la producción audiovisual que hicimos en 2023.
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Córdoba contra la reforma laboral
Córdoba amaneció este jueves paralizada y movilizada desde la madrugada y hasta después del mediodía. Cortes simultáneos y coordinados bloquearon los accesos a la ciudad desde las 6 de la mañana mientras se nutrían las columnas gremiales que marcharon hacia el centro cívico, que un cordón policial mantuvo aislado para impedir la concentración.
Se improvisó entonces un escenario desde un camión desde el cual Mariana Mandakovic, representante de Cispren –sindicato de prensa cordobés– y secretaria adjunta de la CTA, leyó uno de los dos documentos que sintetizan las exigencias de cuarenta organizaciones sindicales de todo el país. “El único antecedente similar a la reforma laboral propuesta por el gobierno de Milei tuvo lugar en 1976, con la dictadura cívico militar”, denunciaron.
El palco del acto en Córdoba. (Fotos: prensa del sindicato de Aceiteros).
Entre los puntos conflictivos que la reforma laboral propone, destacaron: ruptura del sistema de negociaciones colectivas, restricciones al derecho de huelga, financiamiento de despidos con recursos del sistema de seguridad social y la institucionalización del techo salarial y los límites a las paritarias.
El otro documento estuvo dirigido al gobernador Martín Llaryora. “Las provincias están quebradas por culpa del programa económico de Milei y no por los trabajadores. No tiene que ser cobarde. Anímense a enfrentarlo”, exigieron.
El plan de acción contra la reforma laboral tendrá continuidad la próxima semana en Rosario con una movilización convocada a las 11 de la mañana del 10 de febrero. Para el día siguiente, miércoles 11, los gremios anunciaron un paro general, ya que el Senado votará el controvertido proyecto.
La movilización cordobesa fue convocada por la CGT y las dos CTA de la provincia y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) nacional. “No hay otra alternativa que la lucha y demostrar el descontento ante esta mal llamada reforma laboral que es totalmente regresiva. No tiene ningún artículo que beneficie a los trabajadores”, sintetizó Rubén Urbano, secretario general de la UOM de Córdoba.
El cerco policial frente a la movilización.
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Represión contra jubilados: La debilidad de la fuerza
El Gobierno exhibió este miércoles un nuevo signo de debilidad al reprimir otra pacífica marcha de jubiladas y jubilados. Hubo cuatro personas detenidas, 35 heridas y dos debieron ser hospitalizadas. (En la imagen de portada se ve una de las dos detenciones que sufrió el cura Paco Olveira).
A una semana de la sesión en el Senado que discutirá la aprobación de la reforma laboral, la violencia desplegada contra personas mayores, con discapacidad y trabajadores y trabajadoras de prensa se entendió como el despliegue de un show destinado a disuadir una protesta cuyos alcances no prevé.
Foto: lavaca.org
De lo contrario, no puede entenderse el absurdo de cómo el sacerdote Paco Olveira fue detenido dos veces.
O la forma en la que se llevaron en un camión del Servicio Penitenciario Federal a Miguel Ángel, un jubilado con problemas en el corazón.
O la manera en la que dos oficiales federales se llevaban a Fernando Quintero, un jubilado con muletas, al que soltaron porque empezó a convulsionar.
La violencia y la arbitrariedad de cientos de efectivos (?) contra quienes se manifestaban puede ser leída como un síntoma de la fuerza y lo genuino del reclamo.
El temor estatal al registro de esos hechos también llevó a las fuerzas a pegar y gasear a periodistas y fotógrafxs que, durante la mañana, se habían movilizado al Senado para hacer una conferencia como acción en contra de la derogación del Estatuto del Periodista.
Luego de la escenificación de la violencia, la marcha se hizo como cada miércoles, y algunos siguieron para acompañar el cabildo realizado en el Hospital Garrahan en contra del despido y persecución a las y los profesionales que lucharon por la mejora de sus condiciones laborales. Como cada jornada, también cantaron contra la CGT («a dónde está que no se ve»), cuyo Consejo Directivo se reunirá este viernes para definir si realizará alguna acción de cara al miércoles que viene.
Foto: lavaca.org
Los datos de la violencia
La Comisión por la Memoria informó que cuatro personas fueron detenidas, más de 35 resultaron heridas y dos debieron ser hospitalizadas. Los principales párrafos del informe:
“Jubilados, personas con discapacidad y manifestantes fueron víctimas de un desproporcionado dispositivo de seguridad que contó con la presencia de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía de detención y motorizada de la Ciudad de Buenos Aires (GAM)”.
“La Policía Federal acorraló a los manifestantes en la esquina de Callao y Rivadavia y con empujones, golpes con escudos y gas pimienta, logró desalojarlos hacia el centro de la plaza. Posteriormente, la Policía Federal armó sucesivos cordones policiales que fueron apostados sobre Av. Rivadavia hasta Avenida de Mayo y San José, donde además ubicaron un camión hidrante, que evitaba totalmente el paso de personas hacia la zona de Congreso o 9 de Julio”.
“Cuatro personas resultaron detenidas: Miguel Ángel Caly, Ivo Enríquez, Francisco “Paco” Olveira y Fidel Tomas Bravo. Más de 35 personas resultaron golpeadas o heridas por gas pimienta, padeciendo irritación en los ojos y la piel; dos de ellas tuvieron que ser hospitalizadas por crisis convulsivas, previamente atendidas por CEPA y el equipo de monitoreo de la CPM”.
Foto: lavaca.org
“En nuestra calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura monitoreamos el despliegue de las fuerzas represivas y junto al @argentinacepa asistimos a las víctimas de la represión. Esta tarea de control forma parte de las actividades desarrolladas con el @cnpt_argentina y el @mlptcaba”.
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El Garrahan movilizado frente a las amenazas oficiales: «¿qué miedo vamos a tener?»
El gobierno amenazó con nuevos despidos en el Garrahan, que el año pasado había conseguido una histórica actualización salarial del 61%. La explicación de la situación, lo que dicen las madres de los niños internados, la importación de material de descarte como si fuese una gran noticia. Las acciones, el cabildo abierto, y cómo se organiza la posibilidad de poner límites frente a los atropellos.
Por Francisco Pandolfi
El Jefe de Gabinete del gobierno nacional –y también vocero–, Manuel Adorni, lanzó este martes un tweet como nueva avanzada contra el Hospital Garrahan. Amenazó con el despido de 10 trabajadores y sancionar a otros 29, muchos de los cuales estuvieron al frente de los reclamos en 2025.
En las peleas de ayer, se sustenta la amenaza de hoy: el año pasado los trabajadores lograron un aumento salarial –histórico, inusual– del 61% en el salario básico luego de meses de protestas, asambleas y 32 huelgas.
Como respuesta al (nuevo) amedrentamiento protagonizado por Adorni se convocó a una conferencia de prensa para este miércoles al mediodía: “Nos castigan por defender al Hospital”, denunciaron en la explanada del Garrahan, símbolo de la salud pública argentina: se atienden anualmente más de 660.000 niños de todo el país, se realizan 12.000 cirugías complejas y se trata el 40% de los casos de cáncer infantil.
El sumario
En la conferencia, distintos delegados se pasan el micrófono, la palabra, las ideas, y la bronca.
Alejandro Lipcovich, administrativo y representante de ATE. Dice que el ataque es 100% político y decidido por la Casa Rosada. Y dice también que las autoridades del hospital son meros apéndices, “chirolitas” (por el antiguo muñeco de un ventrílocuo) de este poder de turno.
¿El origen del ensañamiento?: “Pocos días después de conseguir el aumento salarial se inició el proceso sumarial, que institucionalmente se supone es interno, que debe seguir una serie de pasos, que todavía no concluyó porque las personas acusadas de hechos ridículos ni siquiera habíamos sido notificadas”.
Los hechos ridículos: “Fuimos a protestar frente a la Dirección por algo tan elemental como nuestro derecho a huelga y que no nos descuenten el salario por ejercer un derecho constitucional. Atacan a los sindicatos y a los compañeros que estuvimos al frente porque el vaciamiento no cesa en el hospital, desamparando los tratamientos de los niños”.
Norma Lezana, nutricionista y Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos, hace 39 años trabaja acá: “Fuimos a la Dirección para pedir una mesa de diálogo, que alguien nos escuche; eso exigimos el 31 de octubre tras un año y cuatro meses sin respuesta. Lo que respondieron fue descontarle, a sueldos de un millón de pesos, hasta 600 mil. ¿Por qué? Por luchar ante una dirección sorda”.
¿Qué miedo vamos a tener?
Además de a Adorni, se apunta a Milei –Javier, presidente–. A Lugones –Mario, ministro de Salud–. A Pirozzo –Mariano, el interventor–. “Nosotros estamos en un proceso sumarial y el informe lo hace la sumariante Fernanda Marino, que depende del Consejo de Administración y del Poder Ejecutivo. Es escandalosa y grave esta terrible intervención del gobierno y el tweet de Adorni refleja que el proceso sumarial está totalmente viciado”, denuncia Lezana.
Agrega lo actual: “Presentamos un amparo sindical sobre el cual la justicia no se expidió, pero el Poder Ejecutivo ya determina que estamos cesanteados y deberían sacarnos los fueros, entonces no tenemos ninguna garantía. Nosotros todavía ni pudimos ejercer nuestro derecho a la defensa. Es pura arbitrariedad”.
Sentencia: “Lo que quieren hacer es privatizar nuestro hospital. Pirozzo viene acá a hacer su trabajo, lo mismo que hizo al despedir a más de 200 trabajadores del Bonaparte y más de 100 en el Sommer”.
Bárbara Acevedo es enfermera focalizada en la adolescencia. Lleva en la mano un cartel: “Abajo los sumarios, arriba el Garrahan”.
Dice: “Qué miedo vamos a tener contra las sanciones si sostenemos el hospital junto a las madres que todos los días enfrentan la enfermedad y la muerte de sus hijos; qué miedo vamos a tener si sostenemos esta realidad sobre nuestros hombros”.
Una de esas madres está acá y se llama Florencia, es de Tierra del Fuego y es la mamá de Simón. Simón está internado desde hace varios meses, tiene leucemia y acaba de recibir un trasplante de médula. Florencia dice, entre lágrimas: “Gracias a estos profesionales Simón está vivo, ellos le salvaron la vida en un momento en que el hospital se está quedando sin médicos, enfermeros, farmacéuticos”.
Importando lo que no funciona
Una de las enfermeras que conoce a Simón es Mercedes “Meche” Méndez, enfermera de Cuidados Paliativos del Garrahan. Pone el foco en otro tweet de Adorni, publicado este lunes: “A partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento médico usado. Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos. Fin”.
Meche dice a lavaca: “Es aberrante, criminal y ya lo vivimos en los noventa. Te mandan lo que en otros países del supuesto primer mundo está en desuso y no funciona bien. Implica una falta de seguridad absoluta, tanto para el profesional como para el paciente. No es una mejor calidad en la salud, al contrario. Nosotros debemos aspirar a un hospital con los mejores equipos, no el descarte. Esto es muy peligroso”.
Por la tarde, las y los trabajadores hicieron un cabildo abierto junto a distintas organizaciones para compartir distintas miradas sobre la reforma laboral que el gobierno aspira a que se apruebe en el Congreso.
Definieron hacer una asamblea interna el lunes y ahí determinar los pasos a seguir. Explica Norma Lezana: “No estamos cesanteados, ni suspendidos. Acá estamos, fuertes, en la lucha y en alerta. Ayer temblé cuando recibí la notificación y hoy, con esta convocatoria masiva, tengo la certeza de que acá hay valentía para pelear y seguir defendiendo el hospital”.
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