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La pista de los limones

Publicada

hace 18 años

03/04/2007

Un caso testigo sobre lo que el Código Contravencional dice y lo que hace con él la máquina judicial que pone en marcha la policía en cada procedimiento.

F rente al Parque Rivadavia dos agentes de la Comisaría 10ª, de civil, rodean a un hombre. Uno habla por celular y el otro garabatea una planilla, con mala letra. Hace el listado de la evidencia: limones (tal vez cuatro docenas), una bolsita de ajíes colorados y unos ajos. A un costado, el vendedor aguanta su mala suerte. Apenas dice que tiene 26 años, tres hijos, seis hermanos.
Es miércoles, es mediodía, es Buenos Aires y eso significa que hay mucha gente yendo y viniendo, sin tiempo para ver más que su propia urgencia. Sin embargo, alguien se detiene a mirar. Y otro. Y otra. Miran al vendedor, después miran los limones. Con el correr de los minutos se forma un nutrido círculo de curiosos. Hasta que alguien pregunta por qué no lo dejan trabajar. El círculo se transforma en otra cosa.
El vendedor suma el ruidoso apoyo de los albañiles de una obra en construcción que, desde la altura que les da un andamio, cuestionan a viva voz a la policía. También se ha ganado el respaldo de los transeúntes que critican, al paso, el procedimiento en particular y a los uniformados en general. En fin, critican todo.
El agente telefonea al fiscal.
–Acá el clima está tenso –comunica–. ¿Secuestro los limones?
Hay risas y cierto aire de triunfo anticipado, pero contrariando los pronósticos los policías obtienen lo que necesitan: la aprobación del fiscal. Al acusado le dan una copia del acta contravencional. El papel dice: violación al artículo 83 (uso indebido del espacio público). Y el patrullero se va, secuestrando en el baúl los limones. Para el vendedor, su día está perdido. No sólo éste; el de mañana también, si no logra recuperar en el juzgado lo que tenía para vender.
El desafío ahora es seguir la ruta de los limones secuestrados, principal evidencia en un caso que habla de la política criminal implementada en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo menos, de cuáles son sus intereses y obsesiones.

El primer sospechoso
Desde el año 98 la comuna porteña tiene un fuero propio para las denominadas contravenciones, que fue creado con la sanción de un Código –primero el de Convivencia, luego el Contravencional– que reemplazó a los edictos policiales. El nuevo sistema nació con el objetivo de controlar a la policía, poniendo fin a los abusos y las cajas de recaudación ilegal denunciadas durante largos años. Pero esto no ocurrió y es algo muy sencillo de constatar: hoy quien aplica el Código Contravencional es la policía, que recorre la ciudad para determinar qué situaciones considera punibles. Una vez iniciado el procedimiento consulta por teléfono al fiscal y recibe el aval desde un despacho. Así los policías se transforman en los ojos del fiscal y retienen el poder de decir “acá tengo un ilícito” o de hacer la vista gorda. Su mirada es el primer engranaje de la máquina que pone en funcionamiento el Código.

La defensa
¿Y qué mira la policía? El doctor Antonio Gariglio, defensor oficial, lo sintetiza de esta manera: las contravenciones más sancionadas son la venta ambulante y la prostitución callejera. (Traducido: los que no tienen ni trabajo ni ingresos estables y salen a vender o a venderse para sobrevivir.)
El doctor Gariglio es el defensor de turno que le corresponde al caso del secuestro de los limones. No se sorprende con el cuento del procedimiento: la semana pasada, cuenta, le tocó intervenir en un proceso abierto por tres chipá y unos termos de café. Busca su agenda y muestra las hojas del último mes para corroborar lo que dice. Tuvo doce juicios orales a su cargo. De esa cifra, la mitad –seis– fueron contra vendedores ambulantes, uno por oferta ostensible de sexo y el resto, contra levantadores de quiniela clandestina. “Empleados, ningún capitalista –describe–. El último, un señor mayor al que le encontraron tickets de diez centavos. Con el rebusque se había alquilado una pieza donde dormir. Le cuento esto para que se den una idea de su nivel económico.”

El sistema
La justicia contravencional porteña tiene 24 fiscales, 11 defensores, 31 jueces de primera instancia, 9 camaristas, y dos edificios –uno frente al shopping Alto Palermo y otro en el barrio de Monserrat– donde funciona la máquina judicial.
El sistema es similar al del fuero penal: por cada caso se abre un expediente. La máquina se pone el movimiento con los operativos callejeros que inicia la policía. Pero para proceder, la policía puede invocar el Código Contravencional o el de Faltas, según prefiera o le convenga y cada una de estas normas tiene trámites diferentes. Los defensores actúan en caso de una contravención, pero no si se aplica el Código de Faltas, que da inicio a un proceso administrativo, no judicial.
Después, la fiscalía cita a declarar al imputado. El acusado puede llegar a un acuerdo con el fiscal y aceptar una probation o ir a juicio oral. Los jueces actúan de garantía, es decir que intervienen controlando la legalidad el proceso. Las condenas son económicas (multas), pero pueden transformarse en prisión o en trabajo comunitario si el imputado no tiene dinero para saldarlas. En el caso de la venta ambulante no autorizada, las multas llegan a 600 pesos, cifra que se multiplica si hay reincidencia.
Nadie explica qué pasa si la mercadería confiscada en un procedimiento pertenece a quien luego, en el juicio, resulta inocente. Especialmente si se trata de mercadería perecedera.

El acusador
El que está al otro lado del teléfono es Walter López, el fiscal que avaló el secuestro de los limones.

De lo que se trata es de aplicar la ley –dice–. Todos los días hay procedimientos porque todos los días la policía recorre la calle con directivas de actuar de oficio.
¿Y usted cómo evalúa si una persona está ocupando indebidamente el espacio público, si no la ve?
Es difícil hablar en abstracto– dice el fiscal.
Entonces hablemos en concreto. En el caso del vendedor de limones, ¿cómo supo que estaba en infracción?
Eso no puedo hablarlo con usted. No puedo dar información de casos específicos, salvo al interesado.
Su voz se ha puesto tensa.
Sigamos en abstracto: si una persona usa el espacio público para ganarse el sustento porque no puede hacerlo de otra manera ni en otro lugar, ¿está haciendo un uso indebido, como dice la norma municipal o está ejerciendo su derecho constitucional a trabajar?
Para que yo responda ese tipo de preguntas debe solicitar una entrevista a través del fiscal general. Si él lo autoriza, yo le respondo.

La gran reguladora
Para algunos expertos en derecho, la justicia contravencional es más importante que la penal, por ser la gran reguladora de lo que pasa en la calle. El uso y no sólo la letra del código es, por esto, clave en el diseño de la política criminal de la ciudad. Dicho de otro modo: los fiscales, al dar directivas a la policía, la instan a actuar de una determinada manera. Pueden avalar que se persiga a la pobreza, o pueden intervenir para que el Estado atienda una situación social de desigualdad, en lugar de penalizarla. Pueden considerar que los derechos sociales y económicos son exigibles judicialmente. O pueden, por el contrario, ordenar que se decomise la mercadería y avanzar con la acusación.
La pista del secuestro de los limones llega hasta acá porque la máquina es lenta: recién ha comenzado el proceso. Para conocer el final tal vez sirva presenciar un juicio oral por el mismo cargo. La agenda de las audiencias orales se publica en Internet. Ahora se realiza una en el Juzgado 2.

En el despacho del juez
El juez Carlos Bentolila lleva un saco Príncipe de Gales, prendedor de oro en la solapa, y en la corbata, una traba dorada. A su espalda hay una bandera argentina. En un extremo del escritorio, el Código Penal; del otro lado, el control remoto del aire acondicionado. La audiencia se hace en su despacho: se acordó una probation, por lo que sólo es necesario que estén presentes él y la contraventora. La ceremonia se inicia en voz alta, cuando una empleada del juzgado se asoma al pasillo y llama por su nombre a la imputada. Por la puerta aparece una mujer boliviana. Su nombre es Coca Choque y está acusada, le recuerdan, de “ocupación de la vía pública sin autorización”. Coca se sienta sin tocar el escritorio, los pies juntos y las manos en el regazo. El primero en hablar es el juez:
–¿Le explicaron el acuerdo?
–Sí, señor.
–Si usted no cumple, la suspensión del juicio deja de tener lugar. En ese caso va a una audiencia oral en la que puede ser condenada.
–Sí– repite Coca.
–Quiero decir: si no cumple…
(Coca asiente con la cabeza.)
–¿Entiende cómo es?
–Sí.
–A usted se le pidió informar de cualquier cambio de domicilio.
–Sí.
–Usted está a disposición del juez…
–Sí.
–No se puede ir.
–Bueno.
La probation aceptada por Coca la obliga a ayudar en un comedor comunitario y donar 100 pesos en mercadería.
Al término de la audiencia, pregunto de la forma más solemne posible cuál fue el hecho por el que fue a proceso. El juez dice que no puede hacer pública esa información. Ya afuera del juzgado, la imputada cuenta:
–Trabajo en una verdulería. Bajamos los cajones del flete y quedaron demasiado tiempo en la vereda.
–¿Y es suya la verdulería?
–No, yo sólo firmé el acta.

El castigo
El defensor Gariglio sigue buscando alguna pista sobre el secuestro de los limones. El problema, dice, es que si al vendedor le aplicaron el Código de Faltas el expediente nunca llegará al defensor. “La falta es un procedimiento administrativo. Sólo si él apela tiene defensor. Y el que se asusta, no apela.” El doctor Gariglio revela otro dato clave: la mayoría de los casos no llegan a condena. Uno de los motivos es que el Código indica explícitamente que la venta ambulante para la subsistencia no es una contravención. Tampoco llegan a condena los casos de oferta de sexo. En un país donde la prostitución no es delito, el Código tuvo que conformarse con penalizar sus modales: sólo es punible si se realiza de manera “ostensible”. Esto significa, en la práctica cotidiana, que la mano de los fiscales está siendo más dura que la letra de la ley.
–¿Entiende cómo puede manejarse una política criminal?– me dice Gariglio.
–Entiendo.
Para un acusado, el castigo no es la condena, sino quedar sometido a proceso. El castigo es el peso de la máquina.

El último escalón
Otro juicio oral, esta vez por ofrecer sexo en la vía pública. La audiencia se realiza en el edificio de Monserrat, nuevo, con ascensores recubiertos de acero inoxidable, personal joven, música suave. Buen clima.
La jueza es una mujer. El fiscal y el defensor se sientan frente a frente; la secretaria convoca a los testigos. El policía que hizo el procedimiento no puede recordar esa actuación en concreto, aunque existe una filmación. La idea de filmar a travestis y prostitutas ha sido cuestionada por inconstitucional y fue motivo de una presentación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad impugnando ese procedimiento. Pero fue defendida por el fiscal general adjunto, Luis Cevasco, como un medio “eficaz” para probar una acusación que de otro modo a los fiscales les es difícil sostener en un juicio. En este caso la acusada, una travesti de 50 años, falta a la audiencia. El fiscal Walter López –el de los limones– pide que la hagan comparecer por la fuerza pública. La jueza ordena averiguar qué le pasó. Al rato recibe la noticia: la travesti está internada.

El nuevo jefe
El 27 de marzo pasado asumió como nuevo Fiscal General de la Ciudad el doctor Germán Garavano, propuesto por el jefe de gobierno Jorge Telerman, a pedido del bloque macrista. Sus antecedentes son re-conocidos.
Fue director académico del Foro de Estudios sobre Administración de Justicia (Fores), una institución de lobby creada en el año 76, que tenía como objetivo defender a la dictadura militar de los cargos por violaciones a los derechos humanos.
En 1985, Fores publicó el libro Definitivamente nunca más, la otra cara de la Conadep, en el que reivindicaba el terrorismo de Estado.
Cinco años más tarde, Fores realizó estudios en favor de la ampliación de la Corte Suprema que Carlos Menem impulsó para obtener la famosa “mayoría automática”.
Esos trabajos fueron financiados con aportes del Consejo Empresario Argentino y de los estudios jurídicos que atienden a las mayores empresas transnacionales y grupos económicos locales.

Garavano es quien dictará a partir de ahora las instrucciones que definen en la calle la política criminal de la ciudad.

Temas:criminalización de la pobreza espacio público fuero contravencional venta ambulante

Lo invisible y lo obvio

Vallas, a donde vayas

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Publicada

hace 2 semanas

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Publicada

hace 2 semanas

06/08/2025

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Actualidad

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Publicada

hace 2 semanas

05/08/2025

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.