Un caso testigo sobre lo que el Código Contravencional dice y lo que hace con él la máquina judicial que pone en marcha la policía en cada procedimiento.

F rente al Parque Rivadavia dos agentes de la Comisaría 10ª, de civil, rodean a un hombre. Uno habla por celular y el otro garabatea una planilla, con mala letra. Hace el listado de la evidencia: limones (tal vez cuatro docenas), una bolsita de ajíes colorados y unos ajos. A un costado, el vendedor aguanta su mala suerte. Apenas dice que tiene 26 años, tres hijos, seis hermanos.
Es miércoles, es mediodía, es Buenos Aires y eso significa que hay mucha gente yendo y viniendo, sin tiempo para ver más que su propia urgencia. Sin embargo, alguien se detiene a mirar. Y otro. Y otra. Miran al vendedor, después miran los limones. Con el correr de los minutos se forma un nutrido círculo de curiosos. Hasta que alguien pregunta por qué no lo dejan trabajar. El círculo se transforma en otra cosa.
El vendedor suma el ruidoso apoyo de los albañiles de una obra en construcción que, desde la altura que les da un andamio, cuestionan a viva voz a la policía. También se ha ganado el respaldo de los transeúntes que critican, al paso, el procedimiento en particular y a los uniformados en general. En fin, critican todo.
El agente telefonea al fiscal.
–Acá el clima está tenso –comunica–. ¿Secuestro los limones?
Hay risas y cierto aire de triunfo anticipado, pero contrariando los pronósticos los policías obtienen lo que necesitan: la aprobación del fiscal. Al acusado le dan una copia del acta contravencional. El papel dice: violación al artículo 83 (uso indebido del espacio público). Y el patrullero se va, secuestrando en el baúl los limones. Para el vendedor, su día está perdido. No sólo éste; el de mañana también, si no logra recuperar en el juzgado lo que tenía para vender.
El desafío ahora es seguir la ruta de los limones secuestrados, principal evidencia en un caso que habla de la política criminal implementada en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo menos, de cuáles son sus intereses y obsesiones.
 
El primer sospechoso
Desde el año 98 la comuna porteña tiene un fuero propio para las denominadas contravenciones, que fue creado con la sanción de un Código –primero el de Convivencia, luego el Contravencional– que reemplazó a los edictos policiales. El nuevo sistema nació con el objetivo de controlar a la policía, poniendo fin a los abusos y las cajas de recaudación ilegal denunciadas durante largos años. Pero esto no ocurrió y es algo muy sencillo de constatar: hoy quien aplica el Código Contravencional es la policía, que recorre la ciudad para determinar qué situaciones considera punibles. Una vez iniciado el procedimiento consulta por teléfono al fiscal y recibe el aval desde un despacho. Así los policías se transforman en los ojos del fiscal y retienen el poder de decir “acá tengo un ilícito” o de hacer la vista gorda. Su mirada es el primer engranaje de la máquina que pone en funcionamiento el Código.
 
La defensa
¿Y qué mira la policía? El doctor Antonio Gariglio, defensor oficial, lo sintetiza de esta manera: las contravenciones más sancionadas son la venta ambulante y la prostitución callejera. (Traducido: los que no tienen ni trabajo ni ingresos estables y salen a vender o a venderse para sobrevivir.)
El doctor Gariglio es el defensor de turno que le corresponde al caso del secuestro de los limones. No se sorprende con el cuento del procedimiento: la semana pasada, cuenta, le tocó intervenir en un proceso abierto por tres chipá y unos termos de café. Busca su agenda y muestra las hojas del último mes para corroborar lo que dice. Tuvo doce juicios orales a su cargo. De esa cifra, la mitad –seis– fueron contra vendedores ambulantes, uno por oferta ostensible de sexo y el resto, contra levantadores de quiniela clandestina. “Empleados, ningún capitalista –describe–. El último, un señor mayor al que le encontraron tickets de diez centavos. Con el rebusque se había alquilado una pieza donde dormir. Le cuento esto para que se den una idea de su nivel económico.”
 
El sistema
La justicia contravencional porteña tiene 24 fiscales, 11 defensores, 31 jueces de primera instancia, 9 camaristas, y dos edificios –uno frente al shopping Alto Palermo y otro en el barrio de Monserrat– donde funciona la máquina judicial.
El sistema es similar al del fuero penal: por cada caso se abre un expediente. La máquina se pone el movimiento con los operativos callejeros que inicia la policía. Pero para proceder, la policía puede invocar el Código Contravencional o el de Faltas, según prefiera o le convenga y cada una de estas normas tiene trámites diferentes. Los defensores actúan en caso de una contravención, pero no si se aplica el Código de Faltas, que da inicio a un proceso administrativo, no judicial.
Después, la fiscalía cita a declarar al imputado. El acusado puede llegar a un acuerdo con el fiscal y aceptar una probation o ir a juicio oral. Los jueces actúan de garantía, es decir que intervienen controlando la legalidad el proceso. Las condenas son económicas (multas), pero pueden transformarse en prisión o en trabajo comunitario si el imputado no tiene dinero para saldarlas. En el caso de la venta ambulante no autorizada, las multas llegan a 600 pesos, cifra que se multiplica si hay reincidencia.
Nadie explica qué pasa si la mercadería confiscada en un procedimiento pertenece a quien luego, en el juicio, resulta inocente. Especialmente si se trata de mercadería perecedera.
 
El acusador
El que está al otro lado del teléfono es Walter López, el fiscal que avaló el secuestro de los limones.
 
De lo que se trata es de aplicar la ley –dice–. Todos los días hay procedimientos porque todos los días la policía recorre la calle con directivas de actuar de oficio.
¿Y usted cómo evalúa si una persona está ocupando indebidamente el espacio público, si no la ve?
Es difícil hablar en abstracto– dice el fiscal.
Entonces hablemos en concreto. En el caso del vendedor de limones, ¿cómo supo que estaba en infracción?
Eso no puedo hablarlo con usted. No puedo dar información de casos específicos, salvo al interesado.
Su voz se ha puesto tensa.
Sigamos en abstracto: si una persona usa el espacio público para ganarse el sustento porque no puede hacerlo de otra manera ni en otro lugar, ¿está haciendo un uso indebido, como dice la norma municipal o está ejerciendo su derecho constitucional a trabajar?
Para que yo responda ese tipo de preguntas debe solicitar una entrevista a través del fiscal general. Si él lo autoriza, yo le respondo.
 
La gran reguladora
Para algunos expertos en derecho, la justicia contravencional es más importante que la penal, por ser la gran reguladora de lo que pasa en la calle. El uso y no sólo la letra del código es, por esto, clave en el diseño de la política criminal de la ciudad. Dicho de otro modo: los fiscales, al dar directivas a la policía, la instan a actuar de una determinada manera. Pueden avalar que se persiga a la pobreza, o pueden intervenir para que el Estado atienda una situación social de desigualdad, en lugar de penalizarla. Pueden considerar que los derechos sociales y económicos son exigibles judicialmente. O pueden, por el contrario, ordenar que se decomise la mercadería y avanzar con la acusación.
La pista del secuestro de los limones llega hasta acá porque la máquina es lenta: recién ha comenzado el proceso. Para conocer el final tal vez sirva presenciar un juicio oral por el mismo cargo. La agenda de las audiencias orales se publica en Internet. Ahora se realiza una en el Juzgado 2.
 
En el despacho del juez
El juez Carlos Bentolila lleva un saco Príncipe de Gales, prendedor de oro en la solapa, y en la corbata, una traba dorada. A su espalda hay una bandera argentina. En un extremo del escritorio, el Código Penal; del otro lado, el control remoto del aire acondicionado. La audiencia se hace en su despacho: se acordó una probation, por lo que sólo es necesario que estén presentes él y la contraventora. La ceremonia se inicia en voz alta, cuando una empleada del juzgado se asoma al pasillo y llama por su nombre a la imputada. Por la puerta aparece una mujer boliviana. Su nombre es Coca Choque y está acusada, le recuerdan, de “ocupación de la vía pública sin autorización”. Coca se sienta sin tocar el escritorio, los pies juntos y las manos en el regazo. El primero en hablar es el juez:
–¿Le explicaron el acuerdo?
–Sí, señor.
–Si usted no cumple, la suspensión del juicio deja de tener lugar. En ese caso va a una audiencia oral en la que puede ser condenada.
–Sí– repite Coca.
–Quiero decir: si no cumple…
(Coca asiente con la cabeza.)
–¿Entiende cómo es?
–Sí.
–A usted se le pidió informar de cualquier cambio de domicilio.
–Sí.
–Usted está a disposición del juez…
–Sí.
–No se puede ir.
–Bueno.
La probation aceptada por Coca la obliga a ayudar en un comedor comunitario y donar 100 pesos en mercadería.
Al término de la audiencia, pregunto de la forma más solemne posible cuál fue el hecho por el que fue a proceso. El juez dice que no puede hacer pública esa información. Ya afuera del juzgado, la imputada cuenta:
–Trabajo en una verdulería. Bajamos los cajones del flete y quedaron demasiado tiempo en la vereda.
–¿Y es suya la verdulería?
–No, yo sólo firmé el acta.
 
El castigo
El defensor Gariglio sigue buscando alguna pista sobre el secuestro de los limones. El problema, dice, es que si al vendedor le aplicaron el Código de Faltas el expediente nunca llegará al defensor. “La falta es un procedimiento administrativo. Sólo si él apela tiene defensor. Y el que se asusta, no apela.” El doctor Gariglio revela otro dato clave: la mayoría de los casos no llegan a condena. Uno de los motivos es que el Código indica explícitamente que la venta ambulante para la subsistencia no es una contravención. Tampoco llegan a condena los casos de oferta de sexo. En un país donde la prostitución no es delito, el Código tuvo que conformarse con penalizar sus modales: sólo es punible si se realiza de manera “ostensible”. Esto significa, en la práctica cotidiana, que la mano de los fiscales está siendo más dura que la letra de la ley.
–¿Entiende cómo puede manejarse una política criminal?– me dice Gariglio.
–Entiendo.
Para un acusado, el castigo no es la condena, sino quedar sometido a proceso. El castigo es el peso de la máquina.
 
El último escalón
Otro juicio oral, esta vez por ofrecer sexo en la vía pública. La audiencia se realiza en el edificio de Monserrat, nuevo, con ascensores recubiertos de acero inoxidable, personal joven, música suave. Buen clima.
La jueza es una mujer. El fiscal y el defensor se sientan frente a frente; la secretaria convoca a los testigos. El policía que hizo el procedimiento no puede recordar esa actuación en concreto, aunque existe una filmación. La idea de filmar a travestis y prostitutas ha sido cuestionada por inconstitucional y fue motivo de una presentación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad impugnando ese procedimiento. Pero fue defendida por el fiscal general adjunto, Luis Cevasco, como un medio “eficaz” para probar una acusación que de otro modo a los fiscales les es difícil sostener en un juicio. En este caso la acusada, una travesti de 50 años, falta a la audiencia. El fiscal Walter López –el de los limones– pide que la hagan comparecer por la fuerza pública. La jueza ordena averiguar qué le pasó. Al rato recibe la noticia: la travesti está internada.
 
El nuevo jefe
El 27 de marzo pasado asumió como nuevo Fiscal General de la Ciudad el doctor Germán Garavano, propuesto por el jefe de gobierno Jorge Telerman, a pedido del bloque macrista. Sus antecedentes son re-conocidos.
Fue director académico del Foro de Estudios sobre Administración de Justicia (Fores), una institución de lobby creada en el año 76, que tenía como objetivo defender a la dictadura militar de los cargos por violaciones a los derechos humanos.
En 1985, Fores publicó el libro Definitivamente nunca más, la otra cara de la Conadep, en el que reivindicaba el terrorismo de Estado.
Cinco años más tarde, Fores realizó estudios en favor de la ampliación de la Corte Suprema que Carlos Menem impulsó para obtener la famosa “mayoría automática”.
Esos trabajos fueron financiados con aportes del Consejo Empresario Argentino y de los estudios jurídicos que atienden a las mayores empresas transnacionales y grupos económicos locales.
 
Garavano es quien dictará a partir de ahora las instrucciones que definen en la calle la política criminal de la ciudad.