Un acampe, un festival y un proyecto: la Unión de Trabajadores de la Tierra llevó al Congreso, por tercera vez, una Ley para que pequeños productores puedan comprar sus tierras . Cómo puede cambiar el mapa económico del sector que produce los alimentos. Los tires y aflojes con el gobierno, mientras el campo se concentra cada vez más. Propuestas para una vida sin venenos. Por Lucas Pedulla.

Zulma Molloja tiene 30 años, dos niñas de 12 y de 11, y una necesidad latente todos los meses: generar más de 30 mil pesos para pagar las dos hectáreas y media que alquila junto a su hermana en Lisandro Olmos, localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires. “Una sola hectárea son $15.000”, cuenta. “Y no estoy contando la luz: nos vino $60.000 hace dos meses y ahora, $45.000. Vivimos en casillas de madera, no nos permiten hacer de material, y cuando hay cortocircuitos o tormentas, el fuego o el agua arrasan todo. No es digno, cuando somos quienes producimos más del 60% de los alimentos que ustedes consumen”.

Lo que es digno, precisa Zulma, es la propuesta que la llevó a acampar dos días junto a cientos de familias campesinas y pequeñas productoras agremiadas en la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT), frente al Congreso de la Nación, para exigir el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra. Se trata de un proyecto que propone la creación de un Fondo Fiduciario para otorgar créditos a familias productoras para que compren su propia tierra, reformen sus viviendas y mejoren su infraestructura, además de que tierras del Estado en desuso puedan destinarse a la creación de colonias de producción de alimentos agroecológicos, como ya está ocurriendo en diversos municipios del país.  

“Ya no queremos alquilar”, explica Zulma, delegada territorial del gremio. “Tampoco queremos que nos regalen nada: queremos pagar. Simplemente pedimos un crédito para tener tierra propia, una vivienda digna y de material, donde podamos soñar hacer agroecología, un alimento que nutra la salud. Y, a su vez, cuidar la tierra”.

¿Cuánto pagarían?

La UTT presentó la Ley de Acceso a la Tierra por tercera vez en octubre del 2020, luego de que perdiera estado parlamentario en 2016 y 2018. En mayo, las comisiones de Agricultura y Asuntos Legislativos de Diputados la trataron pero no llegaron a ningún dictamen. “La ley no está pensada desde ningún gabinete político ni nada por el estilo: parte de la necesidad más urgente de miles de compañeros y compañeras”, refleja Agustín Suárez, uno de los coordinadores nacionales de la organización que agremia a 20 mil familias campesinas. 

Dos imágenes que reflejan esa necesidad:

“El Censo Agropecuario realizado en el año 2018 arroja que desde 2002 desaparecieron 100.000 explotaciones agropecuarias”, explican los fundamentos del proyecto, que puede leerse en lavaca.org. “Confirma que la concentración de la tierra es una tendencia en continuo aumento para todo el territorio nacional”.

La UTT completa: “En Argentina, solo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país”.

La ley no implica una reforma agraria, apunta Suárez: “Estamos lejos de eso. Nadie puede estar en contra: es un mecanismo de crédito para el sector”. Explica en qué consiste: 

El fondo. El Artículo 1° de la Ley propone la constitución de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar, administrado por el Banco Nación, como política rural de promoción del derecho a la vivienda. “Establece un mecanismo que apunta hacia un PROCREAR, pero rural. Dentro de ese Fondo también entran tierras del Estado, para que puedan ser distribuidas a cooperativas de pequeños productores para fomentar colonias agroecológicas. Ahí unimos las dos propuestas, que es lo más novedoso: pensar las tierras del Estado como colonias agroecológicas donde se pueda vivir, las familias trabajen, y se produzcan alimentos sanos, como estamos haciendo en Luján y en Tapalqué, entre otros”.

Las tierras. El proyecto propone como patrimonio del Fondo, entre otros, recursos del Tesoro que el Estado asigne específicamente, ingresos obtenidos por emisión de valores fiduciarios de deuda, y tierras o inmuebles rurales que el Estado transfiera de forma directa. El texto prevé que sea la Agencia de Administración de Bienes del Estado quien pueda relevar la totalidad de esas tierras fiscales, sean de uso público o privado, que se encuentren disponibles. No hay un registro público sobre la cantidad de tierra fiscal disponible u ociosa. Según un informe de Tiempo Argentino, la Nación posee 76.475 inmuebles con una superficie de 129.667 millones de metros cuadrados (aproximadamente 13.000 hectáreas). Una gran parte de los bienes de la AABE están bajo gestión de universidades, ferrocarriles, el Ejército y diferentes dependencias públicas.

Las familias. “Una hectárea hoy tiene un valor a partir de los 10.000 dólares para arriba, depende la ubicación. Acá estaríamos sacando un crédito de 50 mil o 60 mil dólares a pagar en 20 años. El mecanismo tiene que ser sencillo, para que no sea expulsivo de los sectores informales”. 

Excusas paso a paso

Desde el Covid hasta la crisis institucional desatada tras las PASO, las demoras en el tratamiento del proyecto incluyen excusas varias. Rosalía Pellegrini, una de las fundadoras de la UTT: “Las elecciones muestran un sector que no va a apoyar una ley como esta. También nos sentimos defraudados, porque todas las fuerzas políticas te dicen que es justo, pero cada fin de año se da una dinámica que es perjudicial para avanzar en conquistas para el pueblo”.

Lucas Tedesco, otro de los voceros: “Cada vez hay menos tierra para producir alimentos, y más para quienes generan los commodities, los que especulan, los que atentan incluso contra este gobierno. Si hay algo que se fortaleció en estos años fue el modelo agroindustrial, el mismo que te discute a ver si puede fumigar por arriba de una escuela mientras hay chicos en clase. Es un grupo cada vez más concentrado, mientras se derrumba el sector que produce los alimentos”.

Dimensiona la ecuación: “Si eso no se logra transformar, en algunos años nos vamos a encontrar con una situación muy difícil: un país rico que puede producir alimentos sanos y para todos a precios populares, se puede convertir en uno que importe comida. El pueblo demostró en las PASO que si no hay leyes que transformen la situación, van a dejar de apoyarlos”. 

Claudio Fernández baja cajones de rabanitos, berenjenas, acelgas, cebollas y papas a puro sol. Se presenta como “clase 73”. Es productor del cordón frutihortícola de La Plata, trabaja la tierra en City Bell desde 2002, tiene 3 hijos, y una hectárea que alquila a $8.000 por mes. Era florero –“trabajaba claveles, crisantemos”– y se volcó a la agroecología. “Me costó, pero lo entendí. Aparte las flores tienen mucho insumo de pesticida, y no es bueno para la humanidad, para el que trabaja, ni para el ambiente”. Un solo pesticida puede costar 30 mil pesos: “Mi vecino, para el morrón, tuvo que comprar uno a 80 mil”. Para Claudio ahora la cuenta es otra: “Ahorro mucho, pero más que nada en salud. Como sano, no le doy gasto al Estado yendo al hospital, y ahora tengo brócoli, cebolla, tomate, apio y remolacha sin venenos”. Por eso, plantea: “Esta ley es lo máximo”. ¿Qué es lo máximo? “A mí me hicieron desarmar de un día para el otro después de tres años. El dueño me dijo: ‘No te alquilo más ’. Entonces, qué más importante que tener un pedazo de tierra donde poder cultivar, donde poner un ladrillo, donde pueda decir ‘esto es mío’. Es lo más que podemos pedir hoy”.