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La ley del silencio

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Criminalización de la protesta. Pueblos originarios de Santiago del Estero y campesinos reprimidos por defender sus tierras; vecinos encarcelados en Catamarca tras rechazar la explotación minera; militantes presos sin pruebas por disturbios en Congreso contra el acuerdo con el FMI. El poder judicial y el político se alinean para ocultar y disuadir los conflictos, fisurar la organización y hacer avanzar negocios sin licencia social. Voces de los detenidos y miradas cuado la calle no calla. Por Facundo Lo Duca.

La ley del silencio
Sebastián Smok

El 2 de mayo, un grupo de familias campesinas de la comunidad Tonokoté, ubicada en la localidad de Bajada de Bandera, Santiago del Estero, marchaba por la ruta provincial 5 junto a integrantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). La protesta exigía la liberación del productor Felipe Suárez, detenido tras resistir el loteo ilegal de tierras pertenecientes a la comunidad por parte del empresario terrateniente Jorge Simón Karam. También pedían que se levantara la imputación por el mismo hecho a otros tres de sus compañeros que no fueron apresados. La jornada se desarrollaba en paz. Los manifestantes no eran muchos y solo impedían el paso de camiones identificados con el agronegocio y la explotación maderera. Hasta que apareció la policía. Sin mediar razón, y con una escueta advertencia, empezaron a reprimirlos. “Nos cagaron a palazos”, dice Lucas Tedesco, integrante de la UTT y detenido ese día. “Hubo muchos compañeros y compañeras heridas”, explica. 

Tras la liberación de Tedesco en una comisaría de La Banda, las organizaciones no bajaron los brazos. Marcharon hacia la dependencia en donde estaba detenido Suárez. “La represión hizo que hoy se visibilizara el conflicto de tierras que atraviesa la comunidad de Tonokoté, pero que existe y se mantiene desde hace más de seis años”, detalla el integrante de la UTT. 

Desde que el empresario Karam comenzó a levantar alambrados en su territorio, los vecinos de Bajada de Agua sufrieron consecuencias cada vez que protestaban. Encontraban a sus animales muertos. Los aljibes y pozos de recolección de agua destrozados. Las casas dañadas. “Nos cansamos de denunciar todo esto pero la Justicia no lo citó ni una sola vez”, cuenta Tedesco. 

La comunidad está registrada en el Instituto Nacional de Tierras Indígenas (INAI) y articula diferentes iniciativas con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), así como también con diferentes ONG. Pedro Orieta, abogado representante de la comunidad, explica que la imputación hacia Suarez es “por el delito de usurpación, amenazas y robo simple”. “Vamos a pedir la liberación de Felipe en estos días porque no consideramos que haya usurpado, ni robado nada”, puntualiza Orieta. “Karam aduce tener título de propiedad de esas tierras, pero a nosotros eso no nos consta. La única certeza es que buscan criminalizar al pueblo Tonokoté través de la justicia penal”, sostiene el abogado. En febrero, Ezequiel Orquera, referente campesino de la UTT en la provincia Chaco, fue detenido en similares condiciones en medio de un acampe que defendía a la fauna nativa frente al avance de topadoras y maquinaria pesada. 

“No son hechos al aislados”, vuelve Tedesco. “Esta situación se viene repitiendo en todo el país con el avance de empresarios terratenientes que muchas veces son parte del entramado político y judicial local”, detalla. 

Represión minera

«Estoy imputada por defenderme de la Policía”, dice Rita Costelo, vecina de Choya, en el departamento de Andalgalá, Catamarca. El 3 de mayo, Costelo y otros integrantes de La Asamblea Aguas Claras dedicada a la defensa del medio ambiente, marchaban pacíficamente por la Ruta Provincial N° 47, una explanada rodeada de cerros. 

La protesta, que había comenzado a fines de abril con un bloqueo de maquinarias en el acceso vial, era contra la explotación minera que las empresas Yamana Gold, Glencore y Newmon quieren impulsar a quince kilómetros de su pueblo. 

“El agua, el río, los cerros. Nos están dañando mucho”, dice Costelo. “Y todavía no empezaron a explotar la mina”, agrega. Ese día en la ruta, 24 horas después del conflicto en Santiago del Estero, siete patrulleros aparecieron en el otro extremo. Lo único que escuchó Rita fue un grito de guerra: “¡Escudos arriba!”, dijo el comandante de los uniformados. “Fueron al choque directamente. Fue muy feo. Nosotros con carteles y ellos disparando”, explica la asambleísta de 53 años. El despliegue policial incluyó una feroz represión que dejó un saldo de asambleístas hospitalizados y una detenida, Karina Orquera, liberada tras dos días de protestas en la comisaría de Andalgalá. 

“Se está militarizado todo el distrito”, explica Costelo. “Hay policías y gendarmes en todos lados. Nos quieren callar a toda costa. A golpes, a balazos. Con tal de que ellos suban a la mina y hagan sus negocios”. Desde el 5 de abril los asambleístas vienen pidiendo la presencia del Gobernador, Raúl Jalil, para hacerle conocer la verdadera problemática con respecto al Río Choya y la disconformidad de la población con el emprendimiento minero en la región. Sin embargo, hasta el momento, solo han recibido garrotazos por parte de las fuerzas de seguridad. 

Al cierre de esta edición, la Justicia imputó a Rita y otros dos de los manifestantes por los delitos de lesiones leves, daños y atentado a la autoridad. “Nos está costando encontrar un abogado, la minera acá los va comprando a todos”, cuenta Costelo. “Pero no hay vuelta atrás. Queremos que se vayan. Vamos a defender el agua siempre. No nos van a frenar”.

El preso del Fondo

Jaru Rodriguéz nunca pensó que un día iba a ser imputado por la Justicia por atentar contra la vicepresidenta de un país. El 11 de marzo había asistido a la marcha en el Congreso de la Nación en contra de las nuevas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las organizaciones y partidos políticos cortaron las inmediaciones del parlamento sin desmanes hasta que un grupo se desprendió y comenzó a arrojar piedras al edificio. 

La policía intervino en una razia que terminó en enfrentamientos con los manifestantes. Jaru, de 29 años y nacionalidad venezolana, logró escapar del desmadre, pero no de lo que vino después. Las fuerzas de seguridad lo siguieron durante días. La justicia porteña lo señalaba –sin pruebas concluyentes– como uno de los responsables del ataque al despacho de Cristina Fernández de Kirchner. 

El 16 de marzo fue detenido en su casa de Acassuso, provincia de Buenos Aires, tras un allanamiento policial y trasladado a una dependencia de Lugano. Otras dos personas que marchaban ese día, Julián Lazarte y Oscar Santillán –liberados en los últimos días– también fueron arrestados en condiciones similares. Las pruebas presentadas por la Justicia contra Jaru, explica su abogado Martín Alderete, carecían de sustento legal: no había cámaras, ni testigos que lo ubiquen en alguno de los momentos donde se produce la pedrada al Congreso y, como se supo después, al despacho de la vicepresidenta. Tampoco había razones para el allanamiento, dado que no presentaba riesgo de fuga. Para Alderete el encierro de Jaru solo contribuye a “criminalizar la protesta” a través de una causa con “alto contenido xenófobo”. 

“En las imágenes que hay en la causa no se lo ve haciendo o llevando adelante ninguna de las acciones violentas que se le imputan en la causa”, detalla el letrado. “Hay un informe de la propia División Antiterrorista de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que dice que lo único que se lo ve haciendo es deambular a lo largo de la manifestación. En algún momento se lo ve con una piedra en la mano, pero lo  real es que en ningún momento se lo ve arrojándola por los aires”.      

Tras permanecer más de 50 días detenido, la Justicia determinó su inocencia en este caso, pero igualmente continúa detenido por otra causa. El día del allanamiento, los efectivos encontraron diez plantas de marihuana, con lo que detuvieron a las personas que esa noche estaban en la casa de Acassuso: la pareja de Jaru, su compañero de vivienda y la novia de este. Las fuerzas seguridad no encontraron pruebas que determinaran que Rodriguéz y el resto se dedicara al contrabando ilegal de estupefacientes, pero igualmente la justicia provincial abrió un expediente por ese delito en su contra. “Eran cuatro personas y encontraron diez plantas. El autocultivo es perfectamente compatible con esa cantidad”, agrega Alderete. En resumen, Jaru pasó de ser un preso político sin ningún sostén legal para que lo acusara la justicia porteña a ser un perseguido por la criminalización del consumo en la provincia. 

Romper  la organización

Manuel Trufó es doctor en Ciencias Sociales e investigador del equipo de políticas de seguridad y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En cuanto a las recientes detenciones por marchar en las calles, el especialista advierte que la represión policial “es lo que más se visibiliza cuando sucede”, pero que a su vez le quita protagonismo a otras consecuencias. “La gravedad de la criminalización a la protesta en general es que apunta a desmantelar las estructuras de las organizaciones sociales en sí”, puntualiza el especialista. 

“Los militantes tienen que empezar a invertir tiempo y recursos dedicados a luchar por la liberación de esas personas que fueron encarceladas sin pruebas certeras, en vez de dedicarse a las demandas por las que venían reclamando originalmente”, explica. Y agrega: “eso un mensaje disciplinador”. La organización legal ha planteado sobre la situación en Congreso: “La sobrecriminalización de manifestantes es un mensaje de intimidación. La investigación judicial está orientada como si se tratara de un atentado organizado por una asociación ilícita, lo cual habilita precedentes judiciales contrarios al derecho a la protesta”.

En los últimos meses el CELS viene osbservando con preocupación el aumento de estos hechos. “Vemos conflictos en la ciudad de Buenos Aires, donde claramente el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal tienen una política de criminalización sumamente consensuada. Lo mismo en el interior del país. Hay sectores económicos, como la minería, que presionan a la justicia provincial para actuar en favor de ellos”.       

La problemática de las fuerzas de seguridad para trabajar en contextos de manifestaciones callejeras es un “denominador común”. Sin embargo, para el integrante del CELS, hay acciones que se pueden aplicar para frenar la violencia institucional. “Una es privilegiar canales de negociación durante la protesta. Regular la actuación de los efectivos en esos entornos a través del diálogo y alcanzar una disuasión más pacífica”. Otra alternativa que sugiere es la elaboración de un estatuto federal que consigne de forma clara la actuación policial en todo el país y no que sea un dispositivo elaborado de forma independiente por cada provincia o distrito. “Deben existir criterios mínimos a nivel país, respondiendo a tratados internacionales de derechos humanos que Argentina está obligada a cumplir. Sobre todo en contextos actuales en donde las protestas aumentan en relación con la crisis social y económica”.

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

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Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial.  Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal.  Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos  los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en  el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia. 

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

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Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes, resaltó.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.

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