CABA
La ley del silencio
Criminalización de la protesta. Pueblos originarios de Santiago del Estero y campesinos reprimidos por defender sus tierras; vecinos encarcelados en Catamarca tras rechazar la explotación minera; militantes presos sin pruebas por disturbios en Congreso contra el acuerdo con el FMI. El poder judicial y el político se alinean para ocultar y disuadir los conflictos, fisurar la organización y hacer avanzar negocios sin licencia social. Voces de los detenidos y miradas cuado la calle no calla. Por Facundo Lo Duca.
El 2 de mayo, un grupo de familias campesinas de la comunidad Tonokoté, ubicada en la localidad de Bajada de Bandera, Santiago del Estero, marchaba por la ruta provincial 5 junto a integrantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). La protesta exigía la liberación del productor Felipe Suárez, detenido tras resistir el loteo ilegal de tierras pertenecientes a la comunidad por parte del empresario terrateniente Jorge Simón Karam. También pedían que se levantara la imputación por el mismo hecho a otros tres de sus compañeros que no fueron apresados. La jornada se desarrollaba en paz. Los manifestantes no eran muchos y solo impedían el paso de camiones identificados con el agronegocio y la explotación maderera. Hasta que apareció la policía. Sin mediar razón, y con una escueta advertencia, empezaron a reprimirlos. “Nos cagaron a palazos”, dice Lucas Tedesco, integrante de la UTT y detenido ese día. “Hubo muchos compañeros y compañeras heridas”, explica.
Tras la liberación de Tedesco en una comisaría de La Banda, las organizaciones no bajaron los brazos. Marcharon hacia la dependencia en donde estaba detenido Suárez. “La represión hizo que hoy se visibilizara el conflicto de tierras que atraviesa la comunidad de Tonokoté, pero que existe y se mantiene desde hace más de seis años”, detalla el integrante de la UTT.
Desde que el empresario Karam comenzó a levantar alambrados en su territorio, los vecinos de Bajada de Agua sufrieron consecuencias cada vez que protestaban. Encontraban a sus animales muertos. Los aljibes y pozos de recolección de agua destrozados. Las casas dañadas. “Nos cansamos de denunciar todo esto pero la Justicia no lo citó ni una sola vez”, cuenta Tedesco.
La comunidad está registrada en el Instituto Nacional de Tierras Indígenas (INAI) y articula diferentes iniciativas con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), así como también con diferentes ONG. Pedro Orieta, abogado representante de la comunidad, explica que la imputación hacia Suarez es “por el delito de usurpación, amenazas y robo simple”. “Vamos a pedir la liberación de Felipe en estos días porque no consideramos que haya usurpado, ni robado nada”, puntualiza Orieta. “Karam aduce tener título de propiedad de esas tierras, pero a nosotros eso no nos consta. La única certeza es que buscan criminalizar al pueblo Tonokoté través de la justicia penal”, sostiene el abogado. En febrero, Ezequiel Orquera, referente campesino de la UTT en la provincia Chaco, fue detenido en similares condiciones en medio de un acampe que defendía a la fauna nativa frente al avance de topadoras y maquinaria pesada.
“No son hechos al aislados”, vuelve Tedesco. “Esta situación se viene repitiendo en todo el país con el avance de empresarios terratenientes que muchas veces son parte del entramado político y judicial local”, detalla.
Represión minera
«Estoy imputada por defenderme de la Policía”, dice Rita Costelo, vecina de Choya, en el departamento de Andalgalá, Catamarca. El 3 de mayo, Costelo y otros integrantes de La Asamblea Aguas Claras dedicada a la defensa del medio ambiente, marchaban pacíficamente por la Ruta Provincial N° 47, una explanada rodeada de cerros.
La protesta, que había comenzado a fines de abril con un bloqueo de maquinarias en el acceso vial, era contra la explotación minera que las empresas Yamana Gold, Glencore y Newmon quieren impulsar a quince kilómetros de su pueblo.
“El agua, el río, los cerros. Nos están dañando mucho”, dice Costelo. “Y todavía no empezaron a explotar la mina”, agrega. Ese día en la ruta, 24 horas después del conflicto en Santiago del Estero, siete patrulleros aparecieron en el otro extremo. Lo único que escuchó Rita fue un grito de guerra: “¡Escudos arriba!”, dijo el comandante de los uniformados. “Fueron al choque directamente. Fue muy feo. Nosotros con carteles y ellos disparando”, explica la asambleísta de 53 años. El despliegue policial incluyó una feroz represión que dejó un saldo de asambleístas hospitalizados y una detenida, Karina Orquera, liberada tras dos días de protestas en la comisaría de Andalgalá.
“Se está militarizado todo el distrito”, explica Costelo. “Hay policías y gendarmes en todos lados. Nos quieren callar a toda costa. A golpes, a balazos. Con tal de que ellos suban a la mina y hagan sus negocios”. Desde el 5 de abril los asambleístas vienen pidiendo la presencia del Gobernador, Raúl Jalil, para hacerle conocer la verdadera problemática con respecto al Río Choya y la disconformidad de la población con el emprendimiento minero en la región. Sin embargo, hasta el momento, solo han recibido garrotazos por parte de las fuerzas de seguridad.
Al cierre de esta edición, la Justicia imputó a Rita y otros dos de los manifestantes por los delitos de lesiones leves, daños y atentado a la autoridad. “Nos está costando encontrar un abogado, la minera acá los va comprando a todos”, cuenta Costelo. “Pero no hay vuelta atrás. Queremos que se vayan. Vamos a defender el agua siempre. No nos van a frenar”.
El preso del Fondo
Jaru Rodriguéz nunca pensó que un día iba a ser imputado por la Justicia por atentar contra la vicepresidenta de un país. El 11 de marzo había asistido a la marcha en el Congreso de la Nación en contra de las nuevas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las organizaciones y partidos políticos cortaron las inmediaciones del parlamento sin desmanes hasta que un grupo se desprendió y comenzó a arrojar piedras al edificio.
La policía intervino en una razia que terminó en enfrentamientos con los manifestantes. Jaru, de 29 años y nacionalidad venezolana, logró escapar del desmadre, pero no de lo que vino después. Las fuerzas de seguridad lo siguieron durante días. La justicia porteña lo señalaba –sin pruebas concluyentes– como uno de los responsables del ataque al despacho de Cristina Fernández de Kirchner.
El 16 de marzo fue detenido en su casa de Acassuso, provincia de Buenos Aires, tras un allanamiento policial y trasladado a una dependencia de Lugano. Otras dos personas que marchaban ese día, Julián Lazarte y Oscar Santillán –liberados en los últimos días– también fueron arrestados en condiciones similares. Las pruebas presentadas por la Justicia contra Jaru, explica su abogado Martín Alderete, carecían de sustento legal: no había cámaras, ni testigos que lo ubiquen en alguno de los momentos donde se produce la pedrada al Congreso y, como se supo después, al despacho de la vicepresidenta. Tampoco había razones para el allanamiento, dado que no presentaba riesgo de fuga. Para Alderete el encierro de Jaru solo contribuye a “criminalizar la protesta” a través de una causa con “alto contenido xenófobo”.
“En las imágenes que hay en la causa no se lo ve haciendo o llevando adelante ninguna de las acciones violentas que se le imputan en la causa”, detalla el letrado. “Hay un informe de la propia División Antiterrorista de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que dice que lo único que se lo ve haciendo es deambular a lo largo de la manifestación. En algún momento se lo ve con una piedra en la mano, pero lo real es que en ningún momento se lo ve arrojándola por los aires”.
Tras permanecer más de 50 días detenido, la Justicia determinó su inocencia en este caso, pero igualmente continúa detenido por otra causa. El día del allanamiento, los efectivos encontraron diez plantas de marihuana, con lo que detuvieron a las personas que esa noche estaban en la casa de Acassuso: la pareja de Jaru, su compañero de vivienda y la novia de este. Las fuerzas seguridad no encontraron pruebas que determinaran que Rodriguéz y el resto se dedicara al contrabando ilegal de estupefacientes, pero igualmente la justicia provincial abrió un expediente por ese delito en su contra. “Eran cuatro personas y encontraron diez plantas. El autocultivo es perfectamente compatible con esa cantidad”, agrega Alderete. En resumen, Jaru pasó de ser un preso político sin ningún sostén legal para que lo acusara la justicia porteña a ser un perseguido por la criminalización del consumo en la provincia.
Romper la organización
Manuel Trufó es doctor en Ciencias Sociales e investigador del equipo de políticas de seguridad y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En cuanto a las recientes detenciones por marchar en las calles, el especialista advierte que la represión policial “es lo que más se visibiliza cuando sucede”, pero que a su vez le quita protagonismo a otras consecuencias. “La gravedad de la criminalización a la protesta en general es que apunta a desmantelar las estructuras de las organizaciones sociales en sí”, puntualiza el especialista.
“Los militantes tienen que empezar a invertir tiempo y recursos dedicados a luchar por la liberación de esas personas que fueron encarceladas sin pruebas certeras, en vez de dedicarse a las demandas por las que venían reclamando originalmente”, explica. Y agrega: “eso un mensaje disciplinador”. La organización legal ha planteado sobre la situación en Congreso: “La sobrecriminalización de manifestantes es un mensaje de intimidación. La investigación judicial está orientada como si se tratara de un atentado organizado por una asociación ilícita, lo cual habilita precedentes judiciales contrarios al derecho a la protesta”.
En los últimos meses el CELS viene osbservando con preocupación el aumento de estos hechos. “Vemos conflictos en la ciudad de Buenos Aires, donde claramente el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal tienen una política de criminalización sumamente consensuada. Lo mismo en el interior del país. Hay sectores económicos, como la minería, que presionan a la justicia provincial para actuar en favor de ellos”.
La problemática de las fuerzas de seguridad para trabajar en contextos de manifestaciones callejeras es un “denominador común”. Sin embargo, para el integrante del CELS, hay acciones que se pueden aplicar para frenar la violencia institucional. “Una es privilegiar canales de negociación durante la protesta. Regular la actuación de los efectivos en esos entornos a través del diálogo y alcanzar una disuasión más pacífica”. Otra alternativa que sugiere es la elaboración de un estatuto federal que consigne de forma clara la actuación policial en todo el país y no que sea un dispositivo elaborado de forma independiente por cada provincia o distrito. “Deben existir criterios mínimos a nivel país, respondiendo a tratados internacionales de derechos humanos que Argentina está obligada a cumplir. Sobre todo en contextos actuales en donde las protestas aumentan en relación con la crisis social y económica”.
Portada
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.
Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.
A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro
La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar
CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero
A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
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