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La Campaña Migrar no es Delito rechazó la app del gobierno para expulsar inmigrantes y anunció un paro

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Más de 50 organizaciones realizaron ayer una Audiencia Pública en el Congreso de la Nación para exigir la anulación definitiva del DNU 70/2017, que busca sistematizar la expulsión de migrantes, y denunciar que la aplicación para celulares que anunció hace unos días el gobierno es una herramienta ilegal de control social que no existe ni en los países con peores políticas migratorias. El 4 de septiembre, Día del inmigrante, realizarán un paro y movilización a Tribunales como parte del plan de lucha diseñado para anular el DNU.

Por Alejandro Volkind para lavaca.org

Durante poco más de dos horas, en la sala 1 del piso 2 del anexo del Congreso los migrantes tuvieron la palabra. El hecho, poco mediático, tuvo categoría de inédito. Desde que en enero de 2017 Mauricio Macri publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70, que modificó aspectos sustanciales de la ley de Migraciones 25.871 y consolidó un discurso xenófobo en la sociedad, la problemática migrante no había tenido lugar en el recinto ni se habían escuchado las voces de sus protagonistas.
Por ello, esta Audiencia Pública convocada por la Campaña Migrar No es Delito y posibilitada por la diputada Romina Del Plá fue celebrada por los más de 15 oradores que a través de argumentos documentados y contundentes denunciaron con detalle el ataque sistemático tanto material como simbólico que viene realizando este gobierno sobre los casi 2 millones de inmigrantes que hoy en día residen en el país.

La Campaña Migrar no es Delito rechazó la app del gobierno para expulsar inmigrantes y anunció un paro

Representantes de la campaña Migrar no es delito junto a diputadas y diputados de la Nación.

No más pasos atrás

Para dimensionar el enorme retroceso en materia de Derechos Humanos que significó el DNU 70/2017 es importante conocer qué ley vino a neutralizar.
La ley de Migraciones 25.871, vigente desde finales de 2003, permitió la mayor regularización de inmigrantes de la historia argentina y fue considerada un “ejemplo mundial” por la Organización Internacional para las Migraciones. Esta normativa, que dio de baja una ley impuesta durante la última dictadura cívico militar, fue consensuada durante meses con organizaciones de derechos humanos y aprobada por unanimidad en ambas cámaras.
El decreto, por el contrario, fue publicado sorpresivamente en el Boletín Oficial, sin debate previo y sin pasar por el Congreso y habilitó un procedimiento de detención y deportación exprés de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de proceso judicial. Para ello, el gobierno tergiversó datos oficiales que le permitieron vincular directamente migración y criminalidad.
Ahora una persona migrante que subsiste de la venta callejera podría ser denunciada penalmente por su actividad económica o por resistir un desalojo en la vía pública y ello ya lo clasificaría como “expulsable”.
“El decreto generó la sensación de que el Estado está saliendo a perseguir la migración y que la delincuencia está directamente asociada a la migración”, aseguró en la Audiencia Lucía Galoppo, abogada de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes – CAREF.
Esta sensación se volvió concreta en los últimos días, cuando se conoció que el gobierno nacional implementará desde septiembre una “app para detectar inmigrantes ilegales o con antecedentes penales”. Esta aplicación, elaborada por la Dirección Nacional de Migraciones, estará en los teléfonos celulares de policías provinciales y nacionales y de médicos de hospitales públicos, quienes podrán saber la situación migratoria y últimos tránsitos de quienes consideren sospechoso, o mejor dicho, inmigrante.
“La aplicación lo que busca es un control social total, como en la época de la ley Videla: toda la administración pública puesta al servicio del control de una parte de la población a la cual se le atribuyen toda una serie de males”, denunció Pablo Ceriani Cernadas, director del Programa de Migración y Asilo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Las consecuencias de esta medida –advirtió- ya se conocen porque se vivieron en la década del ´80 y del´90: miedo de ir al hospital, miedo a estar cerca de una fuerza de seguridad, miedo de ir a la justicia a denunciar un delito, miedo a enviar a los chicos a la escuela. “Es una aberración en términos de políticas sociales, de salud pública, en materia laboral, educativa y de seguridad ciudadana”, señaló Cernadas.

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Migrantes preocupados escuchan exposiciones dentro del Congreso.

Ni necesario, ni urgente

Desde su imposición, el DNU 70/2017 no paró de cosechar repudios. A las decenas de organizaciones de Derechos Humanos y de Migrantes que se manifestaron en contra, y que se unieron en la Campaña Migrar No es Delito, se hay que sumar al Comité Contra la Tortura de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A su vez, en marzo de este año, la justicia argentina lo declaró inconstitucional. ¿Los motivos? «El decreto no expone razones válidas —dadas las deficiencias que presenta en el análisis de las estadísticas— para sostener la necesidad inmediata de modificar la ley eludiendo la participación del Congreso». En el fallo, los jueces de la Sala V de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal también consideraron que el DNU atenta contra derechos fundamentales de los inmigrantes, dando lugar a todas las denuncias de las organizaciones de migrantes.
Sin embargo, el gobierno apeló y el decreto está vigente hasta que la Corte Suprema tome posición. Por ello, Galoppo sugirió no perder de vista que si bien el proceso judicial sigue su curso, no hay que perder de vista lo que pueda suceder con la sentencia de la Corte y advirtió sobre las distintas prácticas que actualmente están dificultando la inserción y regularización de los migrantes, entre las que destacó los altísimos aranceles migratorios que se pagan –que aumentan año tras año- y la demora en la entrega de turnos.
Para dar una idea, si un ciudadano del Mercosur quiere sacar un turno hoy –ejemplificó-, le darán fecha para el 20 de marzo de 2020. Durante esos 19 meses esa persona va a estar en situación irregular, no va a tener una constancia de que tiene un trámite pendiente, no va a poder trabajar en forma regular, ni alquilar una vivienda en condiciones dignas, ni va a poder entrar a una institución terciaria o universitaria, ni va a poder circular libremente por las fronteras. “Con estas medidas y con estas prácticas estamos empujando a la población a la irregularidad migratoria”, concluyó Galoppo.

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Una joven migrante durante la sesión en el Congreso, con el volante que invita al Paro.

Camino al Paro

Zulema Montero es abogada y presidenta de la Asociación Civil Yanapacuna («ayudándonos» en lengua aymara). Fue una de las decenas de personas que durante años luchó para que salga la ley de migraciones 25.871. Antes de empezar su intervención, aclara que está nerviosa y se pone a llorar. “Yo siento, porque trabajo con la gente migrante, las llamadas angustiantes, los mensajes de WhattsApp de lo que está pasando con los migrantes en Argentina. En Jujuy se están haciendo cobros indebidos, trámites que se tienen que pagar 1500 pesos se están cobrando 9000 pesos. La gente desesperada me pregunta qué hacer. Las expulsiones se están dando, y en casos que no corresponden. Yo lo que veo en la práctica es un retroceso total en derechos humanos”.
Con el fluir de las palabras su voz se hace potente. “Todas las organizaciones de migrantes tenemos que estar unidas y no aceptar ni el DNU ni esa aplicación, porque va a ser motivo de extorsiones. ¿Por qué perseguir a los migrantes, si somos trabajadores, si somos personas con dignidad? No estamos reclamando por reclamar: son derechos adquiridos”, remarca Zulema.
Migrantes, trabajadores y derechos son palabras que se repiten en casi todas las intervenciones y que permiten entender por qué el 4 de septiembre, Día del inmigrante, realizarán un paro y se movilizarán a la Plaza de Tribunales como parte del plan de lucha diseñado para anular el DNU.
“En este segundo Paro hemos tachado eso de Día del inmigrante. No queremos el festejo”, remarca Doris Quispe, integrante de la Campaña y del Partido Obrero. “Lo que queremos ser es sujetos políticos. Nos reivindicamos. Sabemos que aportamos a la economía, que tenemos derechos. No queremos ser más los pobrecitos. Somos una nueva generación migrante”, asegura.
“No podemos ser los chivos expiatorios para tapar la mala política económica de este gobierno”, sintetiza Zulema.
La frase retumba en todos los presentes, sin importar el país de origen. Este paro, por suerte, ya tiene fecha.

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Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

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La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos. 

“Pan y circo”, dice. 

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro. 

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento, 

consiganló, 

del 3% 

que Karina se robó”. 

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”. 

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”. 

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes. 

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena. 

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial. 

Silencio. 

“¿Me pueden decir sí o no?”. 

Silencio.  

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival. 

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

  • “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
  • “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
  • El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

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Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro
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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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