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Agroecología, trabajo digno y feminismo: qué es la política según la UTT

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La secretaria de Género y una de las fundadoras de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Rosalía Pellegrini, fue la invitada de la tercera emisión de Es la política, el programa producido por lavaca y Canal Abierto. De la agroecología a los verdurazos. Del extractivismo patriarcal al feminismo. Del agronegocio a la lucha por una vida digna. De la especulación de los alimentos a los precios populares. Respuestas sobre la verdadera política en medio de una campaña agrotóxica.  

“La política siempre fue transformar la vida de los sectores que menos tienen, y eso se hace estando organizados. La organización construye política todo el tiempo porque transforma vidas”. La definición es de la secretaria de Género y una de las referentes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Rosalía Pellegrini, la invitada en la tercera emisión del programa Es la política, conducido por Pablo Marchetti y María Eugenia Rossi Gallo, y producido por lavaca y Canal Abierto.
La UTT agremia a más de 15 mil familias de campesinos y productores, que luchan por el acceso a la tierra y por sus condiciones de producción y de vida, en un panorama general:

  • 200 mil pequeños productores, con apenas el 13% de la tierra, cultivan el 60% de los alimentos que se consumen en el país.
  • Más del 70% de ellos no tiene tierra propia sino que alquila.

En mayo, la UTT fue una de las organizadoras del primer Foro Agrario y que reunió a más de 3000 campesinos, agricultores y productores de todo el país, con la agroecología, la propiedad de la tierra, la justicia y el rol activo de las mujeres como ejes de discusión. Dice Pellegrini: “Esta organización es una herramienta para tener una vida digna y para acceder a nuestros derechos. Así fuimos pensando cómo instalar nuestras luchas y nuestros proyectos”.
La UTT tiene hoy unas 120 hectáreas de producción hortícola agroecológica, sin venenos. “Es algo que fue surgiendo, haciendo una lectura de quién es el enemigo de nuestro sector. No es que la UTT surge como una organización agroecológica, sino de ir viendo cuáles eran nuestros problemas, desde que no somos dueños de la tierra hasta que tenemos que alquilar un tractor para trabajar la tierra, que te sale carísimo, y tu producción depende además de una semilla, un insumo o un agrotóxico, dependiente de un paquete tecnológico que definen empresas de afuera”.
Pellegrini subraya además que ese paquete tiene una trampa doble: envenena a los productores y a los consumidores. “Ahí vimos que eso nos esclaviza, mucho más que los intermediarios en la comercialización. Entonces empezamos a ver que la agroecología no es algo nuevo, sino la forma en la que producían nuestros padres, abuelos, que no usaban agroquímicos sino insumos naturales. Pero  nos impusieron un modelo más productivista y que sólo genera plata para ellos”.
De esta forma, la UTT también pone en discusión a quién le vende la verdura y las frutas: ese es el eje de los verdurazos en el espacio público a precios populares. “Si no, es vil: el que tiene plata puede comer bien, y el que no, va a comer basura. Cuando nos dimos cuenta que la agroecología implicaba no depender de los insumos a precio dólar, entonces vimos que producir era mucho más barato. Y así ves que nos vendieron un paquete que produce en serie tomates que no tienen gusto a nada. La agroecología, además de salud, implica volver a precios populares. Es lo que demostramos”.

Qué es la UTT, qué propone y cómo se pueden comprar alimentos a precio justo y sin venenos

Salir de la especulación

Los feriazos fueron una forma de tender puentes con la comunidad. “El mercado de los alimentos depende del libre mercado. En general hay una especulación con la verdura como si fuera una mercancía, y así se hace negocio. Se especula mucho, y es a costa del compañero y la compañera. Hay veces que un cajón de lechuga, con 11 kilos, te pagan 20 pesos. ¿Qué hace el productor en el medio del campo, sin recursos? Tenés que pagar 15 mil pesos la hectárea por mes de alquiler, y entonces sacás la lechuga y ponés otra cosa para generar un próximo ingreso”.
La preocupación de los productores pasa por pensar el uso del suelo y el contacto con la naturaleza, con creación de bioinsumos para los cultivos, en un sector que produce a escala. “Somos quienes producimos realmente el alimento para el pueblo, tanto agroecológico como el convencional. Lo que come cualquiera en su casa, si no lo compraste en el Almacén de Ramos Generales de la UTT, lo compraste a un compañero o compañera de la organización”.
Por ese motivo, presentaron en 2016 un proyecto de ley para generar políticas públicas al sector. “Es para generar un Procrear rural: en vez de pagar un alquiler altísimo, yo productora demuestro que puedo pagar un crédito para acceder a la tierra”. Proponen que el Estado cree un fondo para comprar tierras y distribuirlas. “En 2017 se volvió a presentar con varios avales, pero el núcleo duro de la ley está en Cambiemos. Y no hay ningún interés en distribuir la tierra. No hay voluntad”.

La política que salva vidas

Pellegrini también es la secretaria de Género de la organización y subraya que es una política que vienen trabajando de forma cada vez más intensa a nivel interno. “En territorio rural la cuestión del machismo y la violencia está mucho más naturalizada. Y nos dimos cuenta que había que sacar el problema de las quintas, hacerlo más público, que el problema no es personal y que se trata de una cultura machista que tenemos que erradicar”.
¿Cómo lo trabajan? “Primero, empezamos a juntarnos, levantándonos el autoestima, y planteando el sacrificio del doble trabajo que tienen las trabajadoras de la tierra: son compañeras que trabajan 12 horas en la quinta junto al varón, el trabajo es re pesado. Y no es que se quedan al cuidado de los pibes y nada más: después vuelve a la casa, trabaja haciendo la comida, limpiando, cuidando a los hijos y las eternas tareas de cuidado de las mujeres. Ese doble trabajo de la mujer campesina es muy fuerte y no está reconocido ni valorado económicamente. No tienen ni derecho al tiempo libre”.
Pellegrini ubica la violencia como una forma intrínseca del modelo productivo: “¿Por qué ese modelo del agronegocio se asienta en los varones de la familia? Hay una relación entre estas empresas que vienen a oprimir y se asientan en esa estructura patriarcal”.
La organización creó así una red de promotoras de género rurales para trabajar las problemáticas en los territorios. “Nosotras salvamos vidas. Todo lo que no funciona del Estado lo hacemos nosotras. Además de todo, tienen un rol en la organización muy importante: son dirigentes, referentas, voceras, hablan con la prensa y cada vez los varones las valoren más. Hay cambios, pero aún falta”.
-¿Qué es la política, Rosalía?
-La política siempre fue transformar la vida de los sectores que menos tienen, y eso se hace estando organizados. La organización construye política todo el tiempo porque transforma vidas. Se hace con organización de productores y productoras, pero construyendo lazos y puentes con otros sectores. Eso es el verdurazo. Pensamos cómo llevar nuestro reclamo a la gente común, a tu tía, tu primo, tu abuela, en un contexto donde nos gobierna el macrismo. El verdurazo es una herramienta para tender un puente con un sector de la sociedad. Poder construir sentidos con gente común sobre una vida digna y que las personas que producen alimentos tengan acceso a la tierra: eso es la política.

Campo popular: Tras el 1º Foro Agrario

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Por qué Laje no puede volver a la TV

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A un mes de que Periodistas Argentinas presentara el “Informe América” ante cinco organismos del Estado, la colectiva volvió a pronunciarse públicamente con un nuevo comunicado. “Consideramos necesario y prioritario esperar los resultados de este proceso antes de que el denunciado Antonio Laje regrese a la pantalla. Hemos logrado que se articule un equipo de trabajo que está elaborando una propuesta integral y unificada y que tres organismos inicien formalmente la investigación de los hechos denunciados”, dice el texto. La colectiva, integrada por más de 200 periodistas de todo el país, dijo también que “en este contexto, ignorar esta realidad representaría no respetar los canales de diálogo y búsqueda de soluciones que hemos abierto en los organismos específicos y oficiales que deben intervenir en estos temas para determinar responsabilidades y derechos en forma equilibrada y lo más justa posible”.

El Informe América, que recoge más de 20 denuncias de trabajadoras y trabajadores de la comunicación y que prestaron sus servicios en América TV, fue presentado en la Dirección de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. La oficina, a cargo de Patricia Sáenz, citó a la empresa, que asistió a la reunión representada por el jefe del Departamento de Legales y dos personas de Recursos Humanos. Los presentes recibieron copia del informe y se les otorgó un plazo de 10 días para responderlo, al mismo tiempo que se labró un acta en la que se comprometieron a no tomar represalias contra las y los trabajadores de ese canal. El plazo vence el próximo lunes.

También fue presentado ante el Inadi que evaluó y dio trámite a la denuncia. El organismo público, a cargo de Victoria Donda emitió un comunicado el 25 de enero: “Las descripciones de los casos son alarmantes y de comprobarse representan graves denuncias sobre el maltrato laboral tipificado por ley”. Además de lo que dijo públicamente convocó a que el Poder Ejecutivo reglamente de forma urgente la Ley de Equidad. El procedimiento iniciado incluyó una reunión de mediación y de fracasar, un dictamen que –si corresponde- inicia una denuncia judicial.

La Defensoría del Público fue otro de los organismos en recibir la denuncia. Algunas de las denunciantes fueron recibidas por Miriam Lewin, a cargo de la Defensoría, quien respaldó y argumentó jurídicamente el pedido de derecho a réplica de Periodistas Argentinas que el canal negó. Además propuso formalmente realizar una reunión entre las partes.

“Consideramos que respetar los tiempos de estas instancias de diálogo es fundamental para lograr una solución”, termina el comunicado de Periodistas Argentinas.

El informe

“En palabras de las víctimas, no pedimos mucho: solo queremos hacer periodismo sin llorar”, dice el informe que presentó Periodistas Argentinas. “Varios directores de cámara pidieron no trabajar más en ese horario porque no aguantaron el maltrato que se vivía», apuntan. «Por la disposición del control, se sientan pegados a la productora ejecutiva. Escuchaban los maltratos constantes hacia los panelistas, los productores, los movileros. Además hablaban mal de quienes estaban al aire, por ejemplo, si estaba un movilero hablando, la productora le hacía comentario por la cucaracha a Laje del estilo ‘qué se puso esta gorda ridícula y cosas así’. Laje se reía cómplice. Se generaba un clima de terror. Además cuando algo no le gustaba o no era de su línea editorial o política se ponía a gritar en el piso, se levantaba del aire y abandonaba el estudio. Todo esto pasaba mientras alguien hablaba en vivo en la otra punta del estudio, por ejemplo. Los directores tenían que hacer malabares para que no se note al aire y los columnistas debían seguir a pesar del escándalo que sucedía en el estudio”.

Otro de los testimonios es aun más fuerte: “Durante un año, mientras trabajaba en el horario de Laje, tuve dolores de cabeza todos los días por el stress, el maltrato y la presión. Un día, mientras estaba armando el programa, se me nubló la vista y no podía ver la computadora. Me asusté y me encerré en el baño. Estuve ahí como una hora hasta que se me pasó. Consulté con varios especialistas hasta que me dieron el diagnóstico. Pude cambiar el horario para no estar más en ese equipo y no sufrí más los dolores de cabeza ni los problemas de vista. Cuando pedí el cambio de horario no dije que era por un problema médico: si decías eso lo tomaban como un síntoma de debilidad”.

En el informe también se señala que el 2 de julio de 2021 el Estado argentino completó el trámite de suscripción -que demoró varios años- del Convenio 190 de la OIT que establece: “La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Obliga al Estado a implementar una serie de medidas y controles para garantizar un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su reglamentación.

El 8 de julio de este mismo año el Parlamento aprobó la Ley de Equidad en Medios que obliga a los medios públicos a implementar un protocolo contra violencias en el ámbito laboral y establece un incentivo a los medios privados para estimular que garanticen un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su implementación. «Exigimos también la prórroga del decreto que suspende el despido de trabajadoras y trabajadores. Exigimos que estas normas esenciales para poner fin a esta trama de maltratos estén vigentes y activas en forma urgente y prioritaria”, dicen desde la colectiva.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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