El gobierno mendocino, con el aval del oficialismo nacional, habilitó para mañana una sesión extraordinaria en el Senado para tratar la modificación a la Ley 7.722 que prohíbe el uso de cianuro, mercurio y otras sustancias tóxicas en la minería metalífera. En un clima de mucha tensión, las asambleas se movilizarán desde temprano a la Legislatura luego de una semana de movilizaciones multitudinarias, cortes de ruta y cacerolazos, y en la que el gobernador Rodolfo Suárez se reunió con el presidente Alberto Fernández para promover la actividad. Qué está en juego. El falso discurso de generación de trabajo. Los antecedentes tóxicos. La presión de las corporaciones. Y la voz de las asambleas: «No tienen licencia social, sino política».

En una semana de estado de alerta permanente, miles de personas se encuentran movilizadas en toda Mendoza ante la posibilidad de que la Legislatura modifique la ley 7.722, la norma que prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en la minería metalífera y que además supedita los proyectos mineros aprobados por el Ejecutivo provincial a la aprobación del Legislativo. El Senado habilitó la sesión para las 8:30 de este viernes, en un escenario que se prevé de fuerte movilización social. Se estima que la Cámara de Diputados provincial se reúna mañana mismo de tarde para darle aún más celeridad a la derogación de la norma.

La votación llega con una preocupación que recorre a todas las asambleas mendocinas. El lunes, el gobernador electo Rodolfo Suárez, que junto a su precedesor Alfredo Cornejo impulsan la modificación del proyecto hace años, se reunió con el presidente Alberto Fernández, con quien hubo gestos claros de consensuar la explotación minera. En esa sintonía, el secretario de Minería, Alberto Hensel, se reunió con funcionarios para apurar el incentivo a la extracción en Mendoza y también en Chubut, provincia en la que el gobernador Mariano Arcioni también impulsa la modificación de la legislación local.

“Aquí se mezcla el aspecto político, el social y la enorme presión de los grandes grupos transnacionales”, explica Carlos Russo, integrante de la Asamblea de Las Heras por el Agua Pura, que forma parte de toda la red de asambleas provinciales. “El gobernador Suárez dijo que tienen licencia social, pero en realidad lo que tienen es licencia política. Dicen que en su campaña habló de la minería y que por eso lo votaron, pero ellos decían que iba a agrandar la matriz productiva, a generar trabajo, pero en ningún momento habló de los tremendos riesgos que tiene la minería de estas características”.

El argumento de la generación de empleo fue el principal slogan del gobierno de Suárez. La amenaza también empujó a una carta firmada por más de 500 docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el CONICET en la que hablaban sobre la irresponsabilidad de la propuesta. “La idea de desarrollo provincial a partir de la expansión de la minería aparece a todas luces simplificada y anacrónica y, en tanto, irresponsable”, alertaron, sobre uno de los principales argumentos promineros. “De las múltiples actividades con valor económico existentes en la provincia, la propuesta de insistir en viabilizar la minería como una de las principales alternativas puede ser la peor forma de ‘ampliar’ la matriz productiva”.

El lobby político-minero

El vicegobernador de Mendoza, Mario Abed, firmó en las últimas horas del miércoles la resolución para convocar a una sesión extraordinaria en el Senado “con el objeto de tratar el proyecto de ley que modifica la ley 7.722”, según expresa el escrito. Como la Legislatura sesiona los martes, y el próximo hay asueto para empleados públicos por Navidad, el gobierno se apuró para llamarla a este viernes para tratar las modificaciones.

La ley 7.722 fue resultado de enormes movilizaciones sociales de las asambleas mendocinas que comenzaron en 2003, poco después del triunfo del plebiscito de Esquel, en Chubut, en el que se prohibió la megaminería con uso de cianuro en toda la provincia sureña. En Mendoza, la 7.722 no prohíbe por completo la minería metalífera, sino que es restrictiva: prohíbe el uso de sustancias tóxicas y obliga al Ejecutivo a enviar cualquier proyecto de estas características a la Legislatura para que lo ratifique o lo rechace. En estos año hubo docenas de presentaciones para declararla inconstitucional, pero en diciembre de 2015 la Corte las rechazó emitiendo un fallo en el ratificó su plena constitucionalidad.

Estos puntos son los que más molestaban a las corporaciones mineras, quienes en las últimas semanas han presionado en los medios de comunicación y también en reuniones con el actual gobierno de Fernández. Explica Russo: “Pero no hablan de los riesgos. Dicen que quieren circunscribir la actividad en Malargue, que es el único lugar donde tendrían ´licencia social´ para explotar. Es malicioso. Hay 30 mil habitantes: es un territorio extenso, y la verdad es que fue muy postergado, y por eso hablan de que deberíamos resarcir a Malargue. Es un departamento con muchísimo sol y viento, somos nosotros los que decimos que puede salir de su postergación mediante las energías eólica y solar, pero en su lugar ellos hablan de la megaminería. Lo que no dicen es que aguas abajo está General Alvear y San Rafael, y que esa cuenca baja por La Pampa y llega hasta Buenos Aires. Entonces, ¿de quién es la licencia social? Porque, lo que producís, va a afectar a todo”.

El proyecto oficial a la la modificación de la 7.722 fue impulsado principalmente por el radicalismo, pero en el último tiempo comenzó a contar cada vez más con el aval del PJ. En este clima de tensión, el gobernador Suárez dijo que es “el defensor número uno del agua”, pero justificó en que el 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza. “La contaminación no es sólo del agua, la tierra y el aire, sino que es institucional, cultural y de las comunidades. Hablaban de que la minería iba a generar miles de puestos de trabajo. Cuando uno empieza a desglosar, ya ve que no son miles: son cientos. Pero ni siquiera: algunos son de la construcción, otros puestos son los camioneros de algunos lugares, y cuando empezás a ver, en realidad son nada más que 30 o 40 los puestos directos”.

Como ya contó lavaca, hay otro dato de contexto: el lobby minero se está produciendo en medio de la mayor crisis hídrica provincial desde que hay registros oficiales. “Una de las cuestiones clave es el impacto regional de cambio climático”, precisó Marcelo Giraud, geógrafo y representante de la Asamblea por el Agua Pura. “Ocurre que llevamos 10 años consecutivos de crisis hídrica fuerte, tan grave como nunca la hubo en todo el siglo XX. No hay registro de algo así. De acuerdo a los ciclos, vamos a volver a tener años no tan secos, pero a largo plazo habrá cada vez menos agua para más población. Además, como la matriz productiva de Mendoza es la agroindustria bajo riego y las industrias derivadas. Si le das agua al fracking o a la megaminería, estás violando la ley de agua. Esa ley establece una jerarquía de prioridades entre diversos usos: primero para consumo humano, luego el uso agrícola, después el industrial y finalmente el recreativo. Mucha gente está con bronca porque le estuvieron dando agua al fracking mientras aguas abajo los regantes padecen turnos de riego cada vez más espaciados, teniendo que reducir la superficie regada y cosechando menos. Es parte de lo que reclamamos las asambleas”.

Esta semana hubo acampes, marchas multitudinarias, cacerolazos y cortes de ruta en diversos puntos de la provincia. Russo: “Estamos en guardia. Las asambleas se están haciendo presentes. Todo esto te marca una cosa: el pueblo de Mendoza está de pie”.