Después de 7 años, la causa por la muerte y desaparición de Daniel Solano tuvo sentencia en Río Negro: 7 policías fueron condenados a cadena perpetua. El Tribunal los señaló como coautores de «homicidio calificado agravado por alevosía». Según la familia y los abogados, «faltan los autores intelectuales», en referencia a los dueños de la empresa Expofrut, denunciada por estafa y explotación en la producción de frutas en el Valle de Río Negro, de la cual Daniel era empleado. Su cuerpo permanece desaparecido.
El mismo día en el que se cumplió un año de la última vez que se vio con vida a Santiago Maldonado, 7 policías fueron condenados a cadena perpetua por la muerte de Daniel Solano, el joven de 24 años que desapareció en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011. El Tribunal imputó a los policías por “homicidio calificado por alevosía» y por ser funcionarios públicos, pero desestimó el pedido de prisión preventiva, por lo que esperarán en libertad la confirmación del fallo que, según el abogado Leandro Aparicio, puede tardar años. Si bien la condena tiene tinte histórico, la familia y los abogados dicen a lavaca: «Ya sabemos quiénes fueron. Pero la sentencia no dice por qué lo mataron. Si acreditamos eso, podemos avanzar con los autores intelectuales».

Las calles de Choele Choel también preguntan.

La condena

Más de 100 personas llenaron hoy desde temprano la sala principal de los Tribunales de General Roca, Río Negro. Los jueces María Evelina García Balduini, Oscar Gatti y Gastón Martín comenzaron recordando las irregularidades de una investigación que duró siete años y tuvo tres fiscales y tres jueces distintos. Pistas y testimonios falsos, amenazas y presiones que –todo indica- provenían de los mismos policías sospechados. Sentados en el banquillo, los siete escuchaban y cerraban los ojos: Sandro Berthe, Héctor Martínez, Juan Barrera, Pablo Bender, Pablo Cárcamo, Pablo Quidel y Diego Cuello terminaron siendo condenados a prisión perpetua.
El Tribunal consideró fundamentales los distintos testimonios que describieron la escena en la que Daniel Solano fue visto por última vez: cerca de las 3 de la mañana, en la salida del boliche Macuba, siendo golpeado por los uniformados y luego subido a una camioneta EcoSport. “Daniel Solano fue muerto: es la única hipótesis probable”, dijeron los jueces. “Sin lugar a dudas los siete policías tienen participación en carácter de coautores”.
Al día de hoy su cuerpo permanece desaparecido. A pesar de ello, los abogados de la familia Solano lograron reconstruir esa escena para que la carátula sea la de “homicidio” y no la de “desaparición forzada”. Según Aparicio, esto permitió acelerar tiempos y procesos, que de igual modo terminaron sufriendo dilaciones.
Las pruebas fueron casi en su totalidad recolectadas por los abogados de la víctima, Sergio Heredia y Leandro Aparicio, junto al padre de Daniel, Gualberto Solano, fallecido en mayo de este año. Tanto Gualberto como el abogado Heredia dejaron su Tartagal natal para mudarse a Choele Choel y así investigar y reclamar justicia. Gualberto instaló una carpa frente a la intendencia, que al día de hoy es mantenida por familiares y amigos de Daniel. La carpa seguirá hasta que la condena se haga efectiva y, como era la obsesión de Gualberto, se encuentre el cuerpo de su hijo.
Por su parte, los abogados aportaron testigos, videos y reconstruyeron los hechos de aquella madrugada fatídica. Una vez más en democracia, se demuestra que la justicia no investiga y son las víctimas y sus familiares quienes aportan las pruebas para garantizar que no haya impunidad: “De los 14 testigos que señalan estos policías y fueron relevantes para condenar, uno solo lo llevo la justicia. El resto, nosotros”, cuenta Leandro Aparicio desde General Roca. “Esto nos trajo consecuencias a nosotros, en especial a Sergio, y a los propios testigos porque han sido amenazados, incluso uno fue violado… No solamente produjimos todo esto sino que recusamos jueces y fiscales que obstruían la investigación”. Aparicio logró retratar parte de esta justicia al revés en un documental llamado ¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa.

Gracias a este cúmulo de pruebas, la justicia le dio la razón a la familia Solano y sus abogados investigadores. “Costó la vida de Gualberto”, dice Aparicio sobre los efectos de la demora judicial. “A Gualberto lo mata la justicia, lo matan los jueces cuando mandan el expediente dos años y medio a la Corte Suprema con el fin de dilatarlo. Estas audiencias les hacían muy mal a Gualberto, veía la cara de los policías que se le reían, se le burlaban. Dos semanas antes de la muerte de Gualberto habíamos decidido que él no venga a las audiencias, así seguía en Choele buscando el cuerpo. Hemos cumplido en parte con lo que le prometimos, pero faltan los restos de Daniel. Por eso no vamos a abandonar la lucha”.

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Lo que falta

Gracias a la investigación de Heredia y Aparicio existen otras 24 causas conexas a la que investiga la muerte y desaparición de Daniel Solano. Todas apuntan a una trama de explotación, estafa y encubrimiento que involucra a la empresa Expofrut, para la que Daniel trabajaba como jornalero. Estas causas investigan a los dueños de la empresa (Adrián y Gustavo Lapenta y Pablo Mercado) y a sus lazos políticos y policiales como parte de una red que traía trabajadores de distintos puntos del país con falsas promesas, para estafarlos y explotarlos. El caso Solano es entonces la punta del iceberg de esa trama y Daniel, uno de los jornaleros que se había rebelado contra la impunidad de Expofrut.

El cuerpo del delito

“Si bien el fallo está perfecto no hace referencia a esa trama, cuando está probado que a Daniel lo matan por reclamar», dice Aparicio. «Hoy estamos medianamente satisfechos pero no vamos a parar hasta condenar a los actores intelectuales”. 
Según los abogados, los siete policías condenados son el brazo ejecutor de un plan que intentaba acallar los reclamos económicos de los jornaleros. Ahí entra entonces la estafa laboral: “La otra causa es la estafa: tenemos acreditado que ese día, 4 de noviembre, Daniel Solano cobró 800 pesos y tendría que haber cobrado 2.300. Ninguno de los otros trabajadores cobró más de 800 pesos”. Una de las 24 causas en efecto tiene como imputados a los dueños de Agrocosecha por el delito de trata de personas.
Otro de los cabos sueltos que señalan los abogados es el encubrimiento que hubo alrededor del crimen, y que excede a los policías imputados e involucra a otra decena de personas, desde políticos hasta fiscales. «Falta avanzar con las causas de la estafa y el encubrimiento policial: policías de distintas dependencias actuando juntos habla de una trama mayor. No hay nadie imputado por el encubrimiento», dice Aparicio.
Por ultimo, o para empezar, falta el cuerpo. Según distintos testimonios, los abogados lograron ubicar un lugar preciso donde podría estar Daniel Solano. Se trata de un profundo pozo ubicado a 25 kilómetros de Choele Choe, en una estancia llamada La Manuela. En enero la justicia autorizó a trabajar para hallar los posibles restos, operación que se detuvo semanas más tarde tras una serie de complicaciones técnicas: «Se descendieron varios metros, se limpió de basura y se demostró que el lugar fue adulterado. La empresa que hacía la búsqueda no tenía los instrumentos adecuados, se venía el jucio y entonces se suspendió la medida», relata Aparicio, que condena en mano avisa que se retomará la línea de búsqueda.
Además de esta condena, Gualberto Solano y sus abogados lograron algo más difícil: poner en jaque una trama de silencio e impunidad. ¿Qué cambió en el valle de Río Negro a siete años, y ahora con siete condenados? Aparicio: «El sistema muta, encapsula las cosas que están molestando y después continúa. En ese sentido continúa la explotación y la estafa, pero sí creo que se terminaron los apremios ilegales con la impunidad que había antes. No es tan fácil que los chicos sean víctimas como era antes en Choele Choel. Eso cambió. Después, ésta es una provincia que tiene una larga historia de impunidad. Esperamos que este fallo de alguna manera ayude a cambiar esa historia».

Daniel Solano.