CABA
Día de Acción por el Aborto: por qué la deuda es con nosotras
En el Día de Acción Global por el Acceso Global por el Acceso al Aborto Legal, una acción en Casa Rosada volvió a pedir por la interrupción voluntaria del embarazo y dejó un ramo de perejil como símbolo de cómo se aborta hoy en Argentina. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional analiza por qué no se trata el proyecto este 2020 – en el que ya murieron al menos 3 mujeres por falta de acceso a la salud- y asegura: «Lo que se ve es que cuando hay que tomar una decisión política de qué se pondera en la mesa política, en términos de qué se va a sacar y qué se va a debatir, el derecho de mujeres y personas con capacidad de gestar siempre está postergado. Y eso es inaceptable». Un informe Humans Right Watch llamado «Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina” profundiza sobre los impactos de la clandestinidad y los falsos argumentos que la sostienen. Y un reciente libro de Socorristas en Red llamado “Estamos Cerca. Relatos de abortos en cuarentena” los pone en primera persona y carne viva. Por eso, hoy en Plaza de Mayo resonó el grito de siempre: «Aborto Legal Ya! La deuda es con nosotras».

En la apertura de las sesiones legislativas el 1° de marzo, el presidente Alberto Fernández anunció que “dentro de los próximos diez días” presentaría un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Pasaron ciento ochenta días. El proyecto todavía no se envió.
Por eso, en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, en Plaza de Mayo el grito suena fuerte y claro, una, dos, tres, todas que sean necesarias: “Aborto Legal YA”.
En hilera un grupo de mujeres, vestidas de negro, con el pañuelo verde en el cuello, ingresan a la Plaza camino a Casa Rosada. Ahí queda el ramo de perejil , con un cartel al lado que dice: “La deuda es con nosotras”.
El grupo deja la plaza con los pañuelos en alto.
Hasta que sea ley.

El compromiso en deuda
Durante el fin de semana el Congreso también se llenó de perejil cuando Amnistía Argentina colocó 400 ramos frente al Parlamento. En junio la organización tuvo una primera reunión sobre el tema con las diputadas Cecilia Moreau y Paula Penacca, presidenta y vocal de la Comisión de Legislación General, y Mónica Macha y Gabriela Estevez, presidenta y vicepresidenta segunda de la Comisión Mujeres y Diversidad, dos de las comisiones a las que se presume tendrá giro el proyecto, tanto el que se espera que envíe el Poder Ejecutivo como el ya fue presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y tiene estado parlamentario. “Lo que percibimos es que era un tema que no estaba en agenda, para nada”, cuenta a lavaca Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. «La sensación que tenemos es que claramente el Congreso está esperando que llegue el proyecto del Ejecutivo, y no hay intenciones de debatir hasta que llegue ese proyecto. Si bien entendemos las razones que argumenta el gobierno, nos parece que no es un argumento suficiente. Incluso en este contexto de pandemia, que no sabemos cuánto va a durar, la política tiene que seguir funcionando; de hecho no hubo ningún problema en enviar un proyecto muy complejo en torno a la reforma judicial. Lo que se ve es que cuando hay que tomar una decisión política de qué se pondera en la mesa política, en términos de qué se va a sacar y qué se va a debatir, el derecho de mujeres y personas con capacidad de gestar siempre está postergado. Y eso es inaceptable. Nosotras no vemos el impedimento. Es voluntad política, poner el tema en agenda y cumplir con un compromiso que el presidente asumió”.

El modelo inviable
La organización de derechos humanos Human Rights Watch presentó un informe en el que analiza lo sucedido desde que el Senado rechazó la interrupción voluntaria del embarazo y le pide al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, enviar un proyecto de ley al Congreso que despenalice el aborto en todos los casos y sea regulado de forma tal que respete la autonomía de las personas gestantes. Para elaborar el informe se realizaron treinta entrevistas en las provincias de Salta, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, a activistas, abogados y abogadas, mujeres y una niña que contaban con experiencias personales solicitando un aborto en el sistema de salud pública y privado; y médicas y médicos o profesionales de la salud de hospitales públicos y centros de salud. Lo que concluyeron desde la organización es que el Código Penal vigente en Argentina ha creado un modelo inviable en la práctica: la falta de reglas claras y uniformes a lo largo y ancho del país generó un conjunto de prácticas dispares que causan un daño desproporcionado a quienes tienen recursos limitados o con menor acceso a información sobre sus derechos.
“Al final de cuentas, lo que vemos es que la prohibición del aborto no impide que los abortos ocurran, los abortos ocurren igual pero ocurren de manera clandestina e insegura sobre todo para aquellas mujeres que no tienen la posibilidad de pagar un aborto o viven en zonas remotas, o rurales, donde no pueden acceder”, dice a lavaca Tamara Taraciuk Broner, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch.
La criminalización del aborto, detalla el informe, genera múltiples barreras. Algunas de ellas son: la falta de información pública sobre el alcance de las causales vigentes, particularmente sobre cuándo el embarazo pone en riesgo la salud; las restricciones ilegales impuestas por los centros de salud; los límites gestacionales arbitrarios impuestos por hospitales y centros de salud; y la necesidad de presentar una denuncia policial o de conseguir una orden judicial que permita realizar un aborto en casos de violación.
“En la práctica para muchas mujeres y niñas hoy es imposible acceder al aborto al que tienen derecho precisamente por estas barreras”, sintetiza Tamara. Negar el acceso al aborto viola una multiplicidad de derechos, incluidos los derechos a la vida; a la salud; a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la integridad física; a la no discriminación y la igualdad; a la privacidad; a la información; y a decidir sobre el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos de los hijos.
“La legalización es una obligación que surge del derecho internacional, y Argentina tiene la obligación de avanzar en la legalización para cumplir con las obligaciones de derecho internacional que asumió”, cierra.
La información que falta
Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio al menos tres mujeres murieron a como consecuencias de abortos clandestinos. Ivana, Rosario, y B. tenían 22, 40 y 41 años.
El Estado no hace un seguimiento sistemático del número de abortos –legales o no— que se practican cada año, y las estadísticas disponibles solo ofrecen una perspectiva parcial. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación revelan que, entre 2011 y 2016, los hospitales públicos admitieron en internación a 273.418 mujeres y niñas por abortos. Se ha estimado que se realizan entre 371.965 y 522.000 abortos por año en Argentina. En 2018, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se habían producido 35 muertes como consecuencia de abortos, dos eran menores de 19 años.
“Se necesita un registro más acabado y actualizado, para poder determinar cuántos abortos ocurren en el país. Las cifras son estimados que vienen de hace un tiempo, son cifras viejas. El problema es el subregistro, justamente por eso hay que legalizar el aborto, para que no sea una práctica clandestina que se esconde”, sostiene Taraciuk Broner, de Human Rights Watch.
La falta de información también aparece como una preocupación para Amnistía Internacional Argentina, “Se tiene que generar información actual, verdadera y correcta, no podemos seguir hablando de datos del año 2000”, sostiene Mariela Belski.

Qué pasa en pandemia
Aun cuando los servicios vinculados con la salud sexual y reproductiva fueron considerados desde principio de la pandemia como servicios esenciales tal como recomendó la Organización Mundial de la Salud, esto en sí mismo no garantiza el acceso.
Un informe difundido por la agencia de noticias Telam detalló que de las 2.053 consultas que recibió la línea oficial de salud sexual y reproductiva durante el período mayo-junio, 1.877 fueron por interrupción legal del embarazo.
Amnistía Internacional Argentino anticipó a lavaca que según entrevistas y relevamientos que formarán parte de su próximo informe, “cuando hablamos con los prestadores de salud que están históricamente atendiendo este tema, registran mucho menos acercamiento tanto como para pedir anticonceptivos como para situaciones de abortos. Entonces justamente tenes un montón de consultas pero menor acercamiento de las mujeres, el problema se exacerba en pandemia”.
El trabajo de campo para el informe “Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina” elaborado por Human Rights Watch es previo a la irrupción del coronavirus aunque desde la organización entienden que el aislamiento genera más barreras en el acceso. “Se generan mayores dificultades en primer lugar porque tener que estar encerrados en las casas genera un ámbito para la violencia doméstica y porque hace más difícil la detección temprana del embarazo y acceder a los servicios de aborto sobre todo menores de edad y adolescentes. Son factores que dificultan más el acceso. Además las limitaciones en el transporte sobre todo en las zonas rurales donde no hay distintas instalaciones donde se pueda acceder al aborto, dificultan aún más. Si tenes restricciones de transporte hace más difícil tener que ir de un lugar a otro”.
Donde el Estado no está si llega la organización de los movimientos de mujeres. “El aborto existe e insiste, aun en cuarentena”, dice el prólogo del libro “Estamos Cerca. Relatos de abortos en cuarentena” de Socorristas en Red. El libro relata experiencias de mujeres que abortaron durante los primeros cien días del aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina; se puede leer aquí online. Los relatos en primera persona son de diferentes puntos del país, de diferentes edades, y están articulados en cinco capítulos. El último de ellos se llama “que sea ley”.

Portada
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.



Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
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