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Testigo clave contra Etchecolatz: ¿Dónde está Julio López?

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Julio López, 76 años, está desaparecido desde el domingo 17 de septiembre. Su presencia era vital un día después, en el alegato contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, por homicidios, torturas y desapariciones cometidas durante la dictadura. Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, explica a lavaca la hipótesis de que López fue secuestrado por sectores de la Policía Bonaerense, mientras los involucrados en el juicio siguen sufriendo toda clase de intimidaciones.

López declarando en el juicio

López declarando en el juicio

«El ministro del Interior Aníbal Fernández nos recibió después de dos días de haber estado pidiendo una entrevista para hablar sobre el caso de Julio López, que está desaparecido desde el domingo 17. Es impresionante tanta inacción mientras nosotros seguimos con la misma hipótesis».
-¿Cuál es esa hipótesis?
-Que a Julio López lo secuestró la Policía Bonaerense. Y que siga secuestrado es una respuesta a la condena por genocidio contra Miguel Etchecolatz.
Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos reconoce que le gustaría estar equivocada o ser víctima de un ataque de paranoia “que sería comprensible, no injustificada, teniendo en cuenta la historia”.
Pero Julio López, ex albañil y testigo clave en el juicio, sigue desaparecido. El ministro de Seguridad bonaerense León Arslanián reconoció a los miembros de la Asociación que no descarta la posibilidad del secuestro, y dio a entender que hay bolsones policiales que no logra controlar.
Y además, continúan las intimidaciones: durante la misma noche del jueves, mientras Adriana Calvo hablaba con lavaca, una reunión de la Asociación era grabada a través de váyase a saber qué micrófonos (¿los teléfonos celulares?) y transmitida por teléfono al marido de una de las participantes en dicho encuentro. “Las amenazas e intimidaciones han sido permanentes” informa Adriana, una meticulosa cronista de las prácticas del terrorismo de Estado que vivió en carne propia cuando fue secuestrada en 1977 y parió a su hija en un vehículo policial. Prácticas que presiente ahora resurgidas a partir de la desaparición de Julio López, 76 años.
El lunes 18 de septiembre Julio López debía presentarse en el juicio contra el ex comisario de la Policía Bonaerense en tiempos de la dictadura Miguel Etchecolatz, quien además ofició en la práctica como el segundo del recordado Ramón Camps, en una de las etapas más perversas y aberrantes de la represión ilegal.

El hombre que faltó a la cita
Julio LópezJulio López fue uno de los tres querellantes en el juicio, además de testigo crucial, junto a Nilda Eloy y a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Como los abogados no actuaban por poder (medida tomada para que ningún letrado hiciera algo fuera del deseo de su propio mandante) la presencia de los querellantes era indispensable para poder llevar adelante el alegato acusatorio. Si no iba alguno de los querellantes, el minucioso armado del alegato (dividido en seis partes) se desmoronaba. Julio nunca llegó a la sala. Su hijo Gustavo pasó a buscarlo y no lo encontró en su casa. No había rastros de violencia. Sus familiares comenzaron a desesperarse muy pronto. El juicio debía continuar. Los abogados de diversas organizaciones (Ceprodh, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Fidela) reclamaron que el Tribunal permitiese el alegato completo, pese a la ausencia, cosa a la que se accedió tras algunas dilaciones. Etchecolatz finalmente fue condenado por genocidio por el Tribunal Oral número 1 integrado por los jueces Carlos Rozanski, Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo.
Nadie entendía qué había ocurrido con López. Guadalupe Godoy, una de las abogadas, afirmó que “pensábamos que ante la carga emotiva” de revivir hechos del pasado “López podría haber sufrido una situación emocional”.
Adriana agrega: “Queríamos pensar en un problema emocional, o miedo frente a que se acercaba la sentencia contra Etchecolatz, o que se perdiera. Pero no había ningún indicio en ese sentido. Al contrario. Se veía a Julio muy contento y orgulloso con su papel de querellante en el juicio. Pasan las horas, los días, y esa hipótesis se va perdiendo”. Adriana considera que si López hubiera sido víctima de un shock emocional hubiera ido a parar a una comisaría, un hospital, un neuropsiquiátrico o cualquier otro lugar, y lo hubieran encontrado “si realmente la bonaerense lo estuviera buscando”.

Relato de dos homicidios
Julio LópezLa participación de López en el juicio como víctima y testigo fue también crucial. Contó ante el Tribunal su pasado como colaborador de la organización guerrillera Montoneros, contó cómo había sido secuestrado y torturado por el propio Etchecolatz, y relató también lo que ocurrió con Patricia Dell’Orto y su esposo Ambrosio De Marco, en el Pozo de Arana (uno de los centros clandestinos de detención bonaerenses).
López explicó cómo los torturaron.
Informó que Patricia fue violada.
Describió que más tarde la joven pedía clemencia: “No me maten, quiero criar a mi nenita”.
Finalmente explicó que la callaron a balazos en la cabeza, lo mismo que a De Marco. Su testimonio dio por probados los homicidios.
Dice Adriana Calvo: “Julio estaba feliz de haber declarado, orgulloso. Además no había ningún indicio de que podía pasarle nada malo. Se lo veía bien, fuerte, sano, entero”. Ninguna pista que permita barruntar la hipótesis del “shock emocional”.

Celulares “pinchados”
Julio LópezCalvo denuncia varios mensajes mafiosos durante todo el juicio. “Hubo amenazas a Chicha Mariani (fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo que se alejó de dicha asociación y creó la Asociación Anahí), hubo llamados pasando conversaciones grabadas de reuniones, cartas con amenazas escritas con letras recortadas de los diarios. Una de esas cartas decía: Si lo condenan a Etchecolatz volamos la cueva montonera”. Dejaron la carta en la casa de Chicha.
Una vecina descubrió además a un señor en bicicleta que se acercó al lugar donde está la llave de gas que da a la casa de la señora Mariani. Al rato se descubrió que la llave de paso había sido primero cerrada, y luego abierta nuevamente. “Con lo cual todos los aparatos sin válvula de seguridad, como calefones y algunas estufas, quedaban perdiendo gas. Y lo de las grabaciones de reuniones es permanente” informa Calvo.
Este mecanismo de pinchadura digitalizada ya fue denunciado por la propia Asociación, y por obreros de la ex Zanon de Neuquén, por tomar ejemplos variados del control que se intenta seguir ejerciendo sobre las organizaciones sociales, desde zonas del aparato estatal y de “inteligencia” (con perdón de la palabra). Esas mafias institucionales están íntimamente ligadas al poder político, como lo ha demostrado recientemente el caso de ex agente y actual legislador Juan J. Álvarez (quien casualmente fue secretario de Seguridad en la provincia a fines de los ’90 en la etapa anterior del actual ministro, León Arslanián, cuando el gobernador era Eduardo Duhalde).

Recompensa para convencer policías
Relata Adriana: “A otra compañera le hicieron un llamado el sábado pasado donde le pasaban gritos como si fuera una sesión de tortura. No había ningún mensaje, sólo los gritos”.
Este miércoles, antes de asistir a la reunión con León Arslanián hubo un llamado a Nilda Eloy de una mujer que decía que el cuerpo de Julio López lo iban a encontrar en Quilmes. “Se rastreó el llamado, después apareció un cadáver calcinado en Punta Lara con un tiro en el pecho. Desde la Dirección de Investigaciones llamaron al diario Hoy y dijeron que era el cadáver de López. Eso corrió como reguero de pólvora hasta que varias horas después nos dijeron que había 85% de posibilidades de que no fuera. Y el lugar donde apareció, que era donde aparecían los cuerpos baleados y calcinados en el 74 y 75” evoca Adriana.
Desde un comienzo la Asociación pidió que se publicara la foto de López y se transmitiera por televisión. “Tardaron días en hacerlo. Queremos que se hagan volantes con la foto de Julio, que se arrojen desde esos aviones que se usan en las campañas electorales” reclama Adriana, acaso para darle algún fin útil a dichos artefactos.
El ministro Arslanián ya subió la recompensa inicial de 60.000 a 200.000 pesos por cualquier dato valedero acerca de Julio López. Suele emplearse el mecanismo en búsqueda de lo que en la jerga policial se llama un “buchón”. Adriana: “Si quisieron subir la recompensa para convencer a algún policía de que colabore, no está mal, pero es una muestra palmaria de la falta de control que tiene el gobierno sobre la bonaerense”. La Secretaría de Derechos Humanos abrió un teléfono (0221 489 3960/6) por si alguien tiene algo que informar.
Las propias organizaciones de derechos humanos agregan la posiblidad, ante cualquier información, de comunicarse con
Nilda Eloy: (0221) 453-3136
Luciano Sívori: (0221) (15) 561-0248
Guadalupe Godoy: (011) (15) 5113-1589

Testigos indefensos
Adriana tiene un asombro al cuadrado: “El gobierno provincial reaccionó muy tarde. Y el nacional no hizo nada. Aníbal Fernández es como que ni se enteró durante días”. La familia de López, debe decirse, ya ha estado visitando algunos cementerios. Los que han seguido de cerca el juicio no pueden entender cómo el gobierno no tomó más medidas de seguridad para proteger a los testigos. “A la vez, Etchecolatz hace lo que quiere. Fue a la Cámara sin previo aviso, e insultó a los gritos a los jueces. Viéndolo hacer eso, en ese lugar, uno entiende lo que termina pasando”.
Ya se están reuniendo firmas reclamando por la situación, que se pueden enviar a aedd@exdesaparecidos.org.ar
El texto es breve, denso y estremecedor.
Dice: “Aparición con vida ya de Julio López”.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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