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Encubrir es delito: reportaje al fiscal Delgado

Publicada

hace 8 años

22/09/2017

El fiscal federal Federico Delgado dio curso a una denuncia contra las máximas autoridades del Gobierno argentino por encubrimiento en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El juez Canicoba Corral se declaró incompetente y ahora debe decidir la Cámara de Apelaciones. «Se armó revuelo por el pedido de que se investigara, pero es nuestro trabajo: nos pagan un alto salario para hacerlo». En diálogo con lavaca advierte: «Hay una apropiación del caso por múltiples facciones: políticas, mediáticas, mediáticas/empresariales. Y allí, en algún punto, lo que menos importa es la verdad. Lo que está pasando revela nuestra pobreza institucional». Describe la diferencia entre una operación de prensa y plantar en los medios una prueba falsa y cuestiona que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, calificara como “cínica” la apertura de la causa por encubrimiento: “Es preocupante que la palabra del Estado hacia el Estado sea la violencia”.

Encubrir es delito: reportaje al fiscal Delgado

El fiscal federal Federico Delgado

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Instituto Arturo E. Sampay presentaron el 26 de agosto una denuncia penal para que la Justicia federal investigue si funcionarios del Gobierno encubrieron la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Los organismos subrayaron que “las autoridades nacionales, en lugar de aportar al esclarecimiento y aparición con vida de Santiago Maldonado, han intentado deslindarse de toda responsabilidad, generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”. La denuncia recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 6 a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, quien la derivó al fiscal federal Federico Delgado. “La denuncia está estructurada en dos variables”, dice Delgado en diálogo con lavaca. “La primera es el paso del tiempo de la desaparición y la otra, que las cosas que se hicieron desde el Estado ocurrieron con el fin de tapar la verdad”.
El fiscal dio curso a la denuncia que apunta a los principales funcionarios del Gobierno:

El Presidente Mauricio Macri.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El jefe de Gabinete del Ministerio, Pablo Noceti.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj.
El director de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero.

Canicoba Corral se declaró “incompetente” para intervenir en la denuncia ya que -explicó- «la conducta exigida a las personas denunciadas se refiere a un hecho sucedido en jurisdicción del juez federal de Esquel”.
El fiscal federal Delgado apeló: “Lo único claro es que Santiago desapareció, que podrían haber agencias de seguridad involucradas y que se reaccionó de alguna manera o de otra frente a esos hechos. Este expediente radicado en la justicia federal criminal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se justifica porque es preciso someter a investigación esa reacción, porque los denunciantes sospechan que podría involucrar acciones u omisiones delictivas”.
La decisión ahora quedó en manos de la Cámara de Apelaciones. El fiscal dice a lavaca que el dictamen recién podría conocerse a mediados de octubre. “Me sorprendió, pensé que iba a ser más rápido por la trascendencia del caso. El tema del manejo de los tiempos en la Justicia es una patología en Argentina. Se armó revuelo por el pedido de que se investigara, pero es nuestro trabajo: nos pagan un alto salario para hacerlo”.
–¿No hay ya formado un sentido común respecto a un posible rechazo?
-Pero está mal. Primero hay que hacer un trabajo. Es como que un editor mande a diez pibes a la calle a que busquen temas y, sin leer el texto, diga que no sirve. Tenés que leerlo. Es lo que pasó: Canicoba Corral se llama “incompetente”. Siempre las posiciones que tienen que ver con lo jurídico -como todo lo social- tienen muchas miradas. La mirada del juez es que, si hubo encubrimiento, se cometió en Esquel. Nosotros apelamos porque hace muchos años la Corte Suprema dijo a los jueces que antes de decidir sobre la competencia, hay que chequear la denuncia. Es básico.
-¿Influye que sea una denuncia contra funcionarios de primera línea?
-Nos pagan para chequear hechos: no importa si dice Pérez, Kirchner o Macri. Aquí un organismo de derechos humanos dice que el Estado encubrió. Y hay que investigar eso.
-¿Cuál es el alcance de la denuncia?
-Está atado a la investigación. Puede terminar en un funcionario de quinta categoría o en uno de primera.
-¿Y en este momento a quién alcanza?
-Hay que chequear. La denuncia nombra a muchos. Lo que sí nosotros señalamos en nuestro dictamen es que sería bueno que el juez federal Guido Otranto se aparte (en estas horas debe resolverlo la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia). No es porque sea un buen o mal juez: de alguna manera su subjetividad está contaminada porque era quien tenía la señoría en el corte de ruta. Es el que articuló el dispositivo de seguridad. Está en el límite de estar involucrado, al menos subjetivamente. Nos parecía mucho más prolijo que diga que como él participó en el operativo en el que fue visto por última vez Santiago Maldonado, se corra y venga otro magistrado.
-Es lo que denunció la familia Maldonado.
-Y está bien. Es de manual y en todas las causas pasa. En realidad, los jueces mismos dicen: “Acá no me voy a meter porque, de algún modo, estoy mencionado, rozado o tangencialmente involucrado: mejor que lo haga otro”. Es de práctica.
-Uno de los ejes de la denuncia que usted dio curso es la posible existencia de un “pacto de silencio”. ¿Qué piensa usted?
-Me parece que en Argentina hay un proceso de degradación constitucional que cada día se profundiza un poco más. Hay algunos delitos que conmueven la opinión pública. Con una hipótesis de desaparición forzada en este país, ¿uno qué piensa? Que por la memoria histórica, el Estado en su conjunto se tiene que involucrar para ver qué pasó. Sin embargo, en vez de que los actores se involucren para esclarecerlo, aún en una estrategia altruista, hay una apropiación del caso por múltiples facciones: políticas, mediáticas, mediáticas/empresariales. Allí empiezan a apropiarse del caso y a recortarlo según sus intereses específicos que, en vez de constituir un mecanismo de mediación para resolver el caso, funciona como una piedra que se tiran unos a otros. Y allí, en algún punto, lo que menos importa es la verdad. Lo que está pasando es eso: revela nuestra pobreza institucional. Se están perdiendo las instancias de mediación.
–¿Cómo impacta esa trama en una investigación por desaparición forzada?
-Revela la impericia de nuestras fuerzas de seguridad y nuestro sistema judicial para buscar. Hace unos meses nosotros buscamos a Nadia Rojas, una chica cuya hipótesis era que había sido secuestrada por una red de trata. Es muy difícil buscar, porque si bien a veces los policías trabajan con buena voluntad, hace falta mucha preparación. En el caso de Rojas era una chica vulnerable, con una mala relación con la madre, y si bien cada vez más se alejaba de la hipótesis inicial, buscarla era imposible. Hay problemas muy graves de preparación técnica en la policía, en la Justicia y en nosotros también. Y en los casos como Santiago Maldonado se ven todos esos matices mezclados con la apropiación política y la pobreza institucional: esa ensalada es una radiografía de lo que es gran parte la Argentina.
-¿Cómo impacta esa impericia cuando el sujeto a investigar es el propio Estado?
-Es tremendo. Todos los hechos de desaparición no se pueden hacer sin una tolerancia estatal: puede ser por acción, por omisión, por torpeza o por una mezcla de las tres.
-¿Qué pudieron ver de la causa?
-No vimos nada. El tiempo conspira. Lo que está bueno es ir avanzado en paralelo. Hay miles de puntas para trabajar: los videos, el policía que dice que había rastros de balas 9mm y nadie las levantó, la interpelación al ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán. Nos preparamos para empezar a trabajar, pero queda ahora en una especie de congelamiento. Sólo teníamos que comparar si lo que se hizo estuvo bien y, además, si hubo cosas que había que hacerse y no se hicieron. Desde el punto de vista técnico, el desafío no es tan complicado: es inspeccionar lo que hizo otro.
-¿El Gobierno, en este caso?
-La investigación incluye al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. En Argentina, a diferencias de otros países, el Ejecutivo conserva las policías, mientras lo judicial sólo aplica la ley. Esto tiene un gran problema, que no se narra, pero tiene mucha incidencia en la impotencia de la Justicia: para cumplir sus decisiones siempre necesita del Poder Ejecutivo. Si la policía no actúa, ¿qué hace el juez? Por eso las investigaciones son complicadas: por el propio diseño que tiene Argentina hay que investigar lo que hace el sistema judicial y el Poder Ejecutivo. Pensemos a la policía en abstracto: son parte del Ejecutivo, pero en las investigaciones trabajan subordinadas al juez. Son dos lealtades: ¿pueden desdoblarse? En muchos países hay policías judiciales. Se necesita un poder especializado que dependa del Poder Judicial.
-En el caso de la desaparición forzada de Maldonado, eso se ve en las propias “actuaciones administrativas” que presentó el Ministerio de Seguridad a la Justicia. Si bien fueron cuestionadas duramente por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal, se pretendió orientar la investigación con pruebas sin ningún peso probatorio.
-Es la lógica del zorro en el gallinero. En Argentina el problema es el divorcio que hay entre la ley y su aplicación. En cualquier espacio institucional, cuando hay un problema y hay que hacer una auditoría, existen mecanismos de contrapeso porque es difícil que te investigues a vos mismo. Es imposible que personas de a pie no tengan estrategias egoístas: siempre hay relaciones intra agencia para que se garantice una autonomía relativa de la investigación. Más allá de que aquí seguimos hablando de una persona que está desaparecida, si te alejás un poco para pensar en abstracto cómo está diseñado el sistema, percibís que hay un montón de cosas que tienen explicación por la propia deformación del sistema, que están sedimentadas en el tiempo y en la historia.
–¿Qué impacto tienen las operaciones de prensa en una trama de encubrimiento?
-Lo que pasa es que al juez no le puede influenciar eso: es parte del ruido de la libertad. Tiene que ver más con una cuestión cultural que con la judicial penal.
-¿Y si hay un Ministerio que promueve hipótesis falsas?
-Pero eso no sería operación de prensa: si el juez prueba que alguien monta una prueba falsa, es un delito. Hay que hacer una distinción. Lo que se dice en los medios es ingobernable y es una cuestión de ética colectiva. Ahora: es distinto plantar pruebas. Eso es delito. El encubrimiento es una figura básica: tapar. Básicamente, en el caso de una desaparición, es que vos tenés información de un delito, sabés que algo irregular se hizo y tenés la obligación de proceder de acuerdo a ello, pero elegís otro camino.
-¿Por eso es improcedente el rechazo de Canicoba Corral? ¿Porque el encubrimiento no sólo impacta en Esquel, sino a altas figuras del Estado argentino?
-Es una especulación: ¿cómo sabés si hay un encubrimiento o no? Lo que hizo es como recetarle al paciente una ecografía sin saber si tiene fiebre o dolor de estómago. Es una locura. Es una discusión que no tiene que ver con la realidad.
–Usted recibió algunas críticas por aceptar la denuncia. Por ejemplo, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, dijo que era “cínico” acusarlos de encubrimiento.
-Es una locura. Eso es violencia política: me preocupa mucho. Es el Poder Ejecutivo: ¡es el Estado el que está hablando a través de su área de Derechos Humanos! En términos teóricos, lo que se está jugando aquí es la cuestión de frenos y contrapesos: es una institución que le pide al Poder Judicial inspeccionar un comportamiento del Poder Ejecutivo a partir de una denuncia. Entonces, que el Ejecutivo responda que es “cínico” es preocupante. No quiero ser agorero, pero en los ´60 empezó igual. Tienen que ser prudentes. Al hermano de Santiago Maldonado yo no le puedo pedir prudencia, tampoco a los padres: tienen el dolor en el cuerpo, el dolor humano de un familiar de un desaparecido que quiere saber qué pasó. Pero que la palabra del Estado hacia el Estado sea la violencia, es preocupante: no están dadas las instancias de mediación.
-¿Se puede desvincular eso del marco de una investigación por desaparición forzada?
-Claro que no.

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Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

Publicada

hace 1 día

13/05/2025

Mario Mainardi (en la foto tomada hoy), uno de los principales sospechosos por el femicidio de Cecilia Basaldúa cometido en Capilla del Monte, Córdoba, hace poco más de 5 años, finalmente fue citado por la fiscalía de Cruz del Eje para realizarle este martes una extracción de sangre. La abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, se enteró apenas un día antes de esta citación a Mainardi. El sospechoso (actualmente vive en Santa Fe) había sido encargado de alojar a Cecilia en Capilla, y fue la última persona que la vio con vida, el 5 de abril de 2020. Sobre su presencia hoy en Cruz del Eje, contó la abogada: “Sacó fotos a todo el edificio, selfis con tribunales de fondo y salió custodiado con personal de la policía de Córdoba. Se subió a un móvil y se fue”.

Las irregularidades y desinformación o manipulación en la causa han sido frecuentes en perjuicio de la familia y sus defensores (además de Pavón, el abogado Gerardo Batistón es querellante en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación). También ha significado un ocultamiento a la prensa. Audiencias para las que los testigos no eran notificados, falsos argumentos policiales para explicar su propia inoperancia, demoras incomprensibles en la causa, todos temas por los que hay iniciada una denuncia de la Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la Dirección de Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad. Además se solicitó a la Fiscalía de Cruz del Eje que la policía de Capilla del Monte, ya no sea la que realiza las notificaciones.

Queda pendiente ahora la información que se brinde a la sociedad sobre este trámite, que permitió ver a un sospechoso clave que nunca dio la cara. La causa ha sido siempre un laberinto sacudido en todo caso por numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad. Aquí publicamos la crónica de lo ocurrido hace menos de un mes, al cumplirse 5 años del hallazgo del cuerpo de Cecilia Basaldúa.

Fotos y crónica de María Eugenia Marengo para cdmnoticias.com.ar

25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..

Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.

– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.

Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.

–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.

Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.

La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:

Adrián Lúquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.

El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.

Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.

Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.

El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.

La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?

Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.

La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:

“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.

Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.

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Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld

Publicada

hace 1 semana

05/05/2025

Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld

Ahora que tenemos la atención de todo el mundo, te pedimos algo: ayudanos a encontrar a las o los nietos de Oesterheld, el creador de El Eternauta: compartí estas placas.

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Cien

Publicada

hace 2 semanas

29/04/2025

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.

La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.

En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.

En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.