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Expertos se retiran y destapan la olla

Los expertos dejan México ante la negativa del gobierno a otorgarle un nuevo plazo para la investigación del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) deja México ante la negativa del gobierno a otorgarle un nuevo plazo para la investigación del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Su labor fue clave para desmontar la “verdad histórica” orquestada por el gobierno y el Ministerio Público. Por Eliana Gilet, en Brecha.

Expertos se retiran y destapan la olla
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Oea deja México ante la negativa del gobierno a otorgarle un nuevo plazo para la investigación del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sin embargo, a pesar del dolor que invade tanto a padres como a los propios abogados del grupo –este miércoles 27 protagonizaron una emotiva despedida en la Escuela Normal de Ayotzinapa–, la labor de los expertos fue clave para desmontar la “verdad histórica” orquestada por el gobierno y el Ministerio Público.
En su segundo y último informe antes de dejar el país, el Giei presentó pruebas de que Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, y peritos de esa dependencia, hicieron un recorrido por el entorno del río San Juan un día antes de que en esa zona se hallaran los restos que dieron positivo en la identificación de uno de los 43 muchachos secuestrados, Alexander Mora Venancio. Lo grave es que ese “recorrido previo” nunca fue reportado en el expediente oficial del caso.
Además constataron que 17 de las personas detenidas, señaladas como testigos presenciales o perpetradores de la masacre –y fundamentales para la “verdad histórica”–, fueron torturadas, “poniendo en entredicho la verosimilitud de esta versión”.
El resto ya lo habían dicho en su primer informe, el 26 de setiembre pasado, a un año de la masacre: la agresión fue una sofisticada operación represiva coordinada desde el Centro de Control y Monitoreo estatal llamado C4 –que siguió a los estudiantes que iban a apropiarse de ómnibus para trasladarse días más tarde a la Ciudad de México para participar en una marcha en memoria de la represión del 2 de octubre de 1968–, y de la que participaron fuerzas policiales y también el Ejército, afincado en el 27º Batallón de Iguala.
Hasta el momento la hipótesis más fuerte para explicar el ataque es que los estudiantes tomaron en Iguala uno de los autobuses utilizados por narcos para el tráfico ilegal de estupefacientes. En su informe, presentado el domingo pasado, el Giei volvió a poner el ojo sobre el quinto autobús, que no forma parte de ninguna de las investigaciones oficiales.
Recientemente también se abrió otra línea de búsqueda a partir del testimonio –cosechado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos– de un testigo que vio cómo algunos estudiantes eran bajados de un autobús en el Puente del Chipotle y llevados en dirección a la ciudad de Huitzuco.
En una marcha realizada el martes 26, a 19 meses del secuestro colectivo, el reclamo de los padres se escuchó claro. Sus demandas apuntan directo al presidente: “Enrique Peña Nieto debe dar la cara y decirnos qué hicieron con nuestros hijos. Ya no nos conforman con mentiras. Una vez más los campesinos tuvimos razón en señalar al Estado como responsable del crimen”.

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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