La primera delegación de Periodistas Argentinas que viajó a Curuzú Cuatiá entrevistó a los jefes de la Policía Federal y Provincial a cargo de las investigaciones y a la fiscal, y se encontró con los hijos de la víctima. El resultado de la información que chequearon con varias fuentes pone en duda las declaraciones que hizo ante la prensa la fiscal de la causa, que estigmatizan a la víctima y exponen a su familia. ¿Por en una causa con secreto de sumario, y a una semana del crimen, no puede la funcionaria a cargo de investigar afirmar hechos que todavía no están probados? Los tres giros que en cinco días tomó la causa, y las tres pruebas que justificaron la detención e incomunicación del periodista que más conocía las amenazas que recibía Griselda. El rol de la prensa en un crimen que se informa con más respuestas que preguntas.

El pasado viernes 26 de mayo, una delegación de Periodistas Argentinas compuesta por las periodistas Claudia Acuña y Nancy Pazos lleg a Curuzú Cuatiá, Corrientes, a las 10 de la mañana, tal como había acordado con la fiscal de la causa, María José Barrero Sahagún. Se encontraron entonces que a esa misma hora la funcionaria había convocado a los hijos de la víctima a una audiencia en la cual liberó a Armando Jara, al que había detenido e incomunicado cinco días antes bajo la acusación de femicidio, y a informar la detención de Darío Alfredo Holzweissig, un empresario dueño de boliches bailables de Curuzú Cuatiá.

Luego de esa audiencia y esa noticia la fiscal recibió a la comitiva de PA en una reunión formal, en la que además estuvieron presentes las máximas autoridades de la Policía Federal a cargo de la investigación y el comisario y subcomisario de la Comisaría n.º 1 de Curuzú Cuatiá. La primera pregunta la hizo la periodista Nancy Pazos: “¿Qué hace acá la policía provincial, cuando tenemos entendido que está apartada del caso?”. Sentado estaba Nicolás Romero, el comisario denunciado por Griselda como presunto autor de abusos sexuales.

Justamente la policía provincial, a pedido del Sindicato de Periodistas de Corrientes, había sido separada de la investigación ya que la víctima había denunciado que estaba siendo amenazada para revelar sus fuentes, y que había recibido la misma mañana del crimen una carta documento del comisario Romero.

La respuesta a la pregunta de Pazos llegó de parte del jefe departamental: explicó que le habían pedido ayuda para los rastrillajes que se habían realizado a la mañana, “ya que conocían la zona”; y que además estaban siguiendo una pista que ya no involucraba a la policía.

Pazos repreguntó: “¿Y si en el rastrillaje encontraban una prueba que los comprometiera?”

El comisario de la Federal respondió: “Estuvieron todo el tiempo bajo mi supervisión”.

La fiscal aclaró además que ella había dirigido al operativo.

Acuña preguntó por qué consideraban que la nueva línea de investigación no estaba relacionada con el trabajo periodístico de Griselda, ya que la periodista había dedicado varios programas a denunciar la connivencia de la policía local con los boliches bailables de los que el nuevo detenido era propietario. Fue entonces cuando la fiscal aseguró que por el contenido de las conversaciones de Whatsapp reveladas del teléfono de la víctima, existía un “vínculo personal” con el empresario detenido. Vínculo que calificó como una “relación tóxica”.

Sin embargo, dos días después, cuando formuló la imputación contra Darío Alfredo Holzweissig  pidió procesar al sospechoso por homicidio simple “ya que no se había probado el vínculo personal”. Tampoco lo calificó como agravado, ya que consideró que no había “alevosía”. Griselda tenía tres vueltas de cinta en la garganta y dos cuchilladas con Tramontina en el cuello; un diente roto y la cara notablemente golpeada.

Consultada por qué no calificó como “femicidio” el crimen de Griselda en esta nueva imputación, la fiscal respondió que “no tenía evidencia de violencia de género”.

No son éstas las únicas contradicciones que asoman en las declaraciones públicas de la fiscal.

La principal: la forma intaxativa en que habla de extorsión. Tres fuentes de la investigación aseguraron que en las conversaciones encontradas en el chat, la víctima y el ahora acusado “hablan de plata y él le propone relaciones sexuales, pero no hay una sola conversación en la que se diga taxativamente: si no me das plata, te escracho”.

Según confirmó la comitiva de PA, Griselda Blanco hace años que tenía como auspiciante al empresario, quien hacía tiempo que no abonaba la pauta, por lo cual hay que investigar si esa conversación sobre dinero no estaba relacionada con el vínculo comercial que tenía la víctima. Es decir: todavía resta mucho de la investigación como para que la fiscal descalifique a la víctima como “amante y extorsionadora”.

Otro punto conflictivo de la actuación fiscal es en relación a la detención del periodista Jara. Consultada sobre en qué pruebas basó su detención, incomunicación e imputación por cargos de “femicidio”, la fiscal respondió:

1) Que se habían encontrado pertenencias de él en la casa de Griselda; cuándo se le preguntó que pertenencias, respondió: “Una campera”;

2) que había una relación preexistente;

3) que el perito forense indicó que el asesino tenía un vínculo con la víctima por el tipo de violencia hallada en el cuerpo.

Jara no quedó desvinculado de la investigación ya que la fiscal espera el resultado del ADN; consideró que iban a estar listos “entre miércoles y jueves” de esta semana.

Así, este caso tuvo en menos de cinco días su tercer giro en la investigación fiscal: comenzó considerándolo un suicidio, siguió caratulándolo como “femicidio” – deteniendo arbitariamente a un periodista- y ahora lo califica de “homicidio simple” queriendo por dar cerrada la causa.

Ni las amenazas, ni las presiones que Griselda dejó grabadas en su audio fueron nunca una línea a investigar para la fiscal.

Ese es justamente el reclamo de todas las organizaciones de periodistas a las que la Comitiva de Periodistas Argentinas envió un informe detallado.