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Juicio por el asesinato de Neuquén: Fuentealba, perpetua a Poblete

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El policía que mató al maestro Carlos Fuentealba fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación perpetua por la Cámara Criminal de Neuquén. Quedó probado que fue Poblete quien disparó, por la espalda, con un arma lanzagases, contra ese docente que estaba en total estado de indefensión dentro de un auto. Detalles del juicio oral y público, la movilización social en torno al caso, y la posibilidad de otro juzgamiento, por las responsabilidades de quienes dieron las órdenes.

El cabo policial de Neuquén Darío Poblete fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación perpetua como autor material del crimen del maestro Carlos Fuentealba. Poblete disparó con una escopeta lanzagases, a menos de 7 metros, contra el vidrio trasero del Fiat 147 en el que Fuentealba estaba indefenso. Fue el 4 de abril de 2007. Al día siguiente Fuentealba murió. El testimonio de algunos docentes que vieron a Poblete fue crucial, como en el caso de Marcela Roa. Lo vieron, además, porque Poblete levantó la visera de su casco, con la obvia intención de apuntar mejor. La sentencia fue recibida en la sala neuquina con un aplauso.
Lo que vino ocurriendo
Alberto Rodríguez es el cuñado de Carlos Fuentealba el docente asesinado en Neuquén. En medio de la represión, el 4 de abril de 2007, el cabo Darío Poblete le disparó por la espalda cuando Carlos estaba dentro de un automóvil. Al día siguiente Fuentealba murió.
Rodríguez, hermano de Sandra, la esposa de Fuentealba, es además uno de los integrantes de la Comisión Carlos Presente, que ha impulsado la movilización que fue capaz de garantizar que se hiciera el juicio y que a un año y tres meses del homicidio (velocidad casi inaudita para el sistema judicial argentino), pueda haber una sentencia.
Alberto conversó con lavaca un día antes de conocerse la sentencia, revelando detalles del juicio y del trasfondo económico que hay en derredor de todo debate sobre lo que ocurre en Neuquén. Estos son los principales tramos de esa entrevista.
-¿Por qué la comisión vino a Buenos Aires a tan poco de la sentencia?
-Para que se sepa lo que está pasando. Durante el juicio hubo una cobertura bastante pobre, salvo Canal 7. Estuvimos reunidos además con el Centro de Estudios Legales y Sociales, con el abogado Rodrigo Borda del Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana.
Lo que surgió de la conversación es ver que se están abriendo muchas perspectivas al haberlo convocado a Jorge Sobisch (el ex gobernador neuquino) a raíz de los testimonios que explicaban cómo es el modo de proceder policial, siempre obedeciendo órdenes de arriba. Y cuando no hay órdenes claras, esos policías están formateados para reprimir como lo hicieron.
Sobisch tirando la pelota
Rodríguez cuenta que Sobisch, en su declaración ante el tribunal, reconoció que se había reunido con el jefe de la policía provincial, Carlos Salazar un día antes. “Salazar en cambio no declaró en este juicio porque está imputado en la causa Fuentealba II. Por eso pudo evitar declarar ahora, como un modo de evitar autoincriminarse frente a un futuro juicio por las responsabilidades políticas y policiales del crimen”. Sobisch no está imputado en ese posible futuro juicio, “pero además lo que hizo fue tirarle la pelota a la policía. Se la pasó diciendo que gobernó durante 12 años la provincia, pero justo en esto no tuvo nada que ver ”. Puede recordarse, además, la desairada salida del entonces gobernador ante las manifestaciones de indignación tras el asesinato, escapando de la casa de gobierno disfrazado de policía.
Los familiares rechazaban en principio que hubiera dos juicios. “En un primer momento tendría que haber sido una sola causa, porque el asesinato de Carlos fue en el marco de una movilización de una protesta social, dirigida por un sindicato, por un conflicto gremial salarial en el marco de un operativo y en ese marco fue asesinado Carlos. No fue un gatillo fácil en las barriadas, pero la justicia neuquina dividió las causas. En este contexto, ahora con la experiencia concreta del juicio, no se si fue malo ese contexto. ¿Por que? Porque hubiera sido un juicio de muchísimo tiempo, muy desgastante, los testimonios, hubo 67 testigos, la mayoría docentes: unos 50. Y esos docentes también fueron victimas, fueron gaseados, con simulacros de fusilamiento, reprimidos con balas de goma, perseguidos por el campo. Una verdadera cacería a lo largo de 5 kilómetros”.
El corte había ocurrido en el Puente de Arroyito, sobre la ruta 22. Fuentealba fue asesinado a 5 kilómetros de allí, cuando la represión ya había logrado que los manifestantes volviesen hacia Neuquén. “Sobisch era candidato presidencial y quería oponerse a la política de Kirchner. Quería mostrar más mano dura, aliado con (Mauricio) Macri y (Juan Carlos) Blumberg. Del otro lado el sindicato docente (ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén) era y sigue siendo en la práctica una de las pocas organizaciones opositoras en la provincia, donde hay un partido como el Movimiento Popular Neuquino que gobierna hace décadas. Más que oposición, en Neuquén hay internas de un partido único”.
-¿Qué reclamaban los docentes?
-Aumento salarial, pase a planta de muchos trabajadores porteros que estaban con planes de 150 pesos, en condición de precariedad. Era una lucha unificadora. Creo que Sobisch quiso hacer el trabajo sucio de dejar la provincia ordenada para la continuidad del MPN, que ganó las elecciones con Jorge Sapag. Mientras trataba de proyectarse a nivel nacional, Sobisch dejaba la provincia disciplinada en manos de su propio partido, que tiene que haber sabido lo que tramaba. Jorge Sapag no se hubiese disgustado que descabezaran la lucha del sindicato docente con un hecho tan aleccionador y tan traumático, porque todos los años había conflicto apenas empezaban las clases, era el caso testigo para fijar los marcos salariales de otros sindicatos dado que el docente empieza en marzo y arrancaban los conflictos.
El juicio se realizó en la vieja legislatura de Neuquén: “Durante la era Sobisch se hizo una obra faraónica, una legislatura inmensa, algo que esta muy cuestionado, porque se gastó cualquier cantidad de plata. Para esas cosas aparece el dinero”. La vieja legislatura quedó como monumento histórico. Las salas judiciales donde se había propuesto al principio juzgar a Poblete fueron descartadas. “Ese lugar daba garantía de mayor presencia de público, fundamentalmente docentes, como una forma de lograr justamente la publicidad de todo lo que se dijera. Hay que recordar que la justicia neuquina esta hecha a imagen y semejanza de Sobisch, que fue un fenómeno bastante paralelo al menemismo”.
La Comisión convocó a diversas personalidades, “vinieron las Madres de Plaza de Mayo de las dos corrientes, el fiscal Hugo Cañón de Bahía Blanca que actuó en los juicios a los militares, estuvo Silvia Irigaray de las Madres del Dolor, la madre de Maxi de la Masacre de Floresta, cantantes, la Comunidad Mapuche de Neuquén. Para nosotros era una garantía de que se supiera lo que pasaba”
Cambio institucional o irse al Caribe
Otro elemento que Alberto considera crucial fue la marcha, a un año de la muerte de Fuentealba, que reunió unas 30.000 personas en Neuquén. “Vino gente de todo el país, sindicatos, organizaciones sociales, gente independiente, los obreros de Zanón. Fue una marcha tan contundente que logró algo impensado: dos meses antes del juicio hubo una serie de cambios políticos entre los cuales se empezó a enjuiciar y renovar el Tribunal Superior de justicia , que sería como Corte Suprema provincial, porque hubo un incidente con uno de los jueces, Eduardo Badano, sospechado de toda una maniobra para evitar que ATEN fuera querellante en esta causa. Badano le dio una licencia psiquiátrica a un camarista (Hëctor Rimaro) que iba a fallar a favor de ATEN, una maniobra muy turbia. Todo terminó con el pedido de juicio político a Badano”.
Así, la movilización social (y acaso cierto ejercicio de aggiornamiento impulsado por parte del nuevo gobierno del viejo partido neuquino) precipitó otros juicios políticos contra el Tribunal Superior. “Eso derivó en un cambio institucional que nunca había ocurrido en la provincia”. Badano ha dicho que preferiría estar de viaje por el Caribe antes que ser víctima de un juicio político, compitiendo así para el libro Guiness de las obviedades.
El obrero maestro
Alberto relata que la Comisión Carlos Presente busca difundir la memoria de Fuentealba, “a través de los videos que hicieron sus alumnos, y también recordando su vida, su militancia ya en el sindicato de la construcción de Neuquén, o en política en el viejo MAS (Movimiento al socialismo) que se fracturó en los 90. Carlos estudió de grande para maestro, estaba sin trabajo, y tomó eso con pasión y como una nueva forma de participar por los derechos de las personas”.
Para Sandra, Alberto y los demás integrantes de la comisión, hay una línea divisoria en la represión, que implica pararse del lado de la vida o del lado de la muerte. “Durante una represión no andan preguntando de qué afiliación política es cada uno, sino que se busca aleccionar, atemorizar, dañar e incluso, asesinar. El paralelismo con el caso de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki es muy obvio
¿Quién te cuida?
Otro tema de comentario en la carpa que los familiares armaron frente a la Legislatura durante el juicio es el de quiénes son los encargados de protegerlos. “Hay que recordar que muchos testigos son policías de los GEOP (Grupo Especial de Operaciones) de Zapala, Cultral Co, y otros lugares, y que la misma policía que custodia ahí es la policía neuquina, y guardia cárceles de la Unidad 11. A fin de año hay un juicio muy resonante en Neuquén por casos de torturas y apremios ilegales en la U 11, donde están imputados 28 guardia cárceles y muchos de esos guardia cárceles que no están condenados todavía son los que nos están custodiando. Supuestamente. Así es la política”.
-¿Cuál es la diferencia entre Fuentealba l y Fuentealba II?
-En Fuentealba I se juzga al autor material, al que lo ejecutó y fusiló a Carlos y en Fuentealba II abarca las responsabilidades políticas. Hay que recordar que en estos testimonios de este primer juicio y en los videos lo que se vio fue realmente terrible por la continuidad de la represión, el método. Ahí se veían a los jefes de policía. Y se pudo reconstruir que también estuvo el entonces subsecretario de seguridad, Jorge Pascuareli. Varios lo conocían porque también fue docente. El único antecedente de tanta policía reunida allí había sido el de diciembre de 2001, en un marco de conmoción social nacional que obviamente no lo había en Neuquén de 2007, donde simplemente había un corte de ruta de un sindicato que hacia huelga.
Detalles del juicio
Se calcula que 100 efectivos para 700 manifestantes llevaban 400 kilos de gases lacrimógenos más toda la artillería de balas de goma, carros hidrantes y toda la parafernalia represiva usual en estos casos.
En el juicio se calculó también que el impacto del gasaso en la cabeza de Fuentealba fue equivalente a una caída de un 9º piso. El juicio también probó que Poblete es un experto tirador y disparó apuntándole a la cabeza. Los testigos contaron que se levantó la visera del casco, con toda intención de apuntar al blanco (el vidrio trasero de un Fiat 147) del modo más diáfano posible. “Para colmo, mientras estuvo en la sala siempre miraba a mi hermana Sandra de un modo desafiante”.
Curioso desafío, otro elemento que se supo es que Poblete venía de ser condenado en 2006 por vejaciones agravadas por el abuso de armas durante sus actividades policiales. “Una sospecha es que le lavarían esa condena, a cambio de hacer lo que hizo” dice Alberto. Sin necesidad de sospechas, lo inconcebible es que alguien con esa causa probada en su contra, siguiese operando en funciones policiales represivas. Quizás el drama sea que en Argentina esas cosas no son inconcebibles, sino cotidianas.
En el juicio declaró también otro ex policía, Omar Hurtado, quien llegó con una valija llena de cartuchos de gases para explicar sus características intentando exculpar a Poblete. Dos detalles que revelan cómo funcionan las fuerzas de seguridad neuquinas.
1) Hurtado había sido dado de baja en la misma causa por vejaciones en la que se había condenado a Poblete.
2) Pese a eso, aún anda de aquí para allá, y se presenta en juicios, como perito en balística y portando valijas con cartuchos.
Actualmente Hurtado es jefe de seguridad en un casino, cosa que no debería tranquilizar a los apostadores.
Los testimonios de Marcela Roa y Alejandra Meravila fueron cruciales, ya que vieron lo que hizo Poblete y lo siguieron hasta que el cabo consiguió guarecerse tras una cortina de policías que lo cubrían, y encubrían. Esas declaraciones más las pericias balísticas que demostraron que el cartucho partió del arma de Poblete, dejan prácticamente en evidencia la posibilidad de concretar la pena a prisión perpetua que piden los querellantes y la fiscalía.
Alberto cree que hay algo más que ganar en esta instancia: “Que nos vayamos contactando personas y organizaciones sociales y de derechos humanos para que se haga un marco legislativo y jurídico, que determine que no puede resolverse el conflicto social de esta manera. No puede haber grupos especiales encargados de reprimir y matar, que no se puede reprimir con balas de gases, que ya esta probado que pueden tener un alto grado de letalidad, que antes se suponía muy tenue.
-Un dilema perpetuo en Neuquén: siempre hay un alto grado de movilización, pero a la vez siempre gana el MPN- ¿Cómo viven esa paradoja?
-El MPN es una cultura, hace cuarenta años que gobierna… Hace poco leí un libro de Ariel Petrucheli, profesor de la Universidad del Comahue, llamado Docentes y Piqueteros, donde hablaba de la experiencia en Neuquén, del Cultralcazo del 96′, piquetes, cortes de ruta, el asesinato de Teresa Rodríguez en 1997 en el marco de una huelga docente, la situación de ATEN, cómo es la movilización popular. El libro plantea que se ha dado tanta combatividad por la confluencia de exiliados políticos de Chile de otras épocas, la iglesia con Jaime De Nevares, las madres de Plaza de Mayo del Alto Valle, y el surgimiento de muchísimas experiencias como la de Zanón. Todo un rompecabezas, una cultura. Entonces hay dos culturas en pugna desde hace bastante tiempo, que es esta ligada a los derechos humanos y la otra ligada al MPN que es más patriarcal, asistencialista, ligada al peronismo pero luego al menemismo y al neoliberalismo, derivando a algo mucho mas represivo mas precarizado antes daba una casa, ahora te dan una bolsa de comida. En esa cultura entra todo el elemento represivo, y el miedo. Mucho más con Sobisch. Entre ese temor y la falta total de oposición, y que los que podemos pensar distinto andamos siempre separados, gana el MPN. Entonces, en este gran movimiento que se hizo por lo de Carlos está la gente mas progresista del kirchnerismo, se acerca también la gente de Zanon, los partidos de izquierda, hay tironeos, acusaciones, nosotros bancamos distintas cosas pero seguimos bregando por una consigna unificadora que eso va a abrir instancias para que se vaya resquebrajando este poder omnímodo del MPN sino es muy utópico todo lo demás, hacer una política de consignas acusadoras, y nada más.
El trasfondo del poder neuquino, según Alberto huele a petróleo. “El fondo de toda la pelea que pueda haber es por la caja. El MPN no quiere que entre ni el kirchnerismo ni nadie. Por eso Sobisch, que no lo votaba nadie, tenía empapelado el país y hacía las propagandas de televisión más caras. El gobierno de Sapag está más abierto, aprendió de Sobisch pero también de Kirchner. Dan cosas, dejan que algo cambie, para garantizar seguir gobernando”.
Más allá de estas descripciones, se conoció la sentencia. Se empezó a hacer justicia. Aunque en muchos sentidos esta historia seguirá escribiéndose a partir de esta condena.

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57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

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Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores». 

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11  y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos. 

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo. 

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero. 

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa. 

www.observatorioluciaperez.org

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Trabajadores de Morvillo toman la fábrica tras el anuncio del cierre de la planta, que implica 200 despidos

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Una histórica empresa gráfica de Avellaneda -donde se imprimen títulos de la editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias– anunció su cierre dejando a 200 trabajadores en la calle. Se enteraron por un comunicado pasadas las once de la noche del martes y la respuesta fue unánime: ingresaron a la imprenta e iniciaron una permanencia pacífica en defensa de los puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la firma faltó a la audiencia. Los argumentos empresariales de caída de la producción y los argumentos obreros: “Somos las principales víctimas de esta situación”.

Por Lucas Pedulla

El obrero gráfico Enrique Andina terminó su jornada de trabajo en Anselmo Morvillo SRL a las 22 horas y se marchó a su casa, como todos sus compañeros, como todos los días. Muchos estaban llegando a sus hogares cuando pasadas las 23 horas les llegó un comunicado de la histórica imprenta, que terminaba de la siguiente manera:  

“Con una tristeza difícil de describir tenemos que contarles que ya no podemos seguir adelante. Sabemos acerca del impacto, no sólo económico, sino emocional que tiene para cada uno dejar parte de nuestra historia en el recuerdo, y los relatos que hemos compartido siempre con nuestras familias. Le dejamos a cada uno de ustedes, nuestra gratitud por su invaluable esfuerzo y el deseo de que todos puedan superar este trago amargo con la capacidad de levantarse que los caracteriza”.

El texto cerraba con esta firma: “La Dirección”.

Así como llegaron a sus casas, los obreros volvieron a la gráfica, ubicada en Avellaneda, municipio al sur del conurbano bonaerense. Andina contextualiza: “Somos 200 compañeros; yo tengo 17 años de trabajo y muchos tienen más de 30 y 40 años de antigüedad. En la pandemia vivimos una situación similar pero logramos mantener nuestras conquistas. Somos la gráfica que más cobraba dentro del gremio, pero esto fue imprevisto”.

La respuesta fue unánime: los trabajadores votaron la permanencia.

Avon, papel & toma

Anselmo Morvillo SRL inició sus actividades en 1974 desarrollando folletos cosméticos. En su página web cuentan que en 1988 incorporó la primera rotativa de tecnología de punta, “única en el país en esa época”, y sumó la segunda tres años después. Cuentan que crecieron más del 70% en la segunda década de los noventa y que hoy, en su planta de 13500 metros cuadrados de Avellaneda, los folletos comerciales representan un 70% de la producción, mientras que los trabajos editoriales significan el 30% restante. Andina cuenta que, entre las publicaciones, se encuentran títulos de la Editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias.

En el comunicado que “la Dirección” les mandó a los obreros, a quienes se refirió como “queridos compañeros de tantos años”, la empresa expresó su posición:

  • “Hemos atravesado las reiteradas crisis económicas de nuestro país, los cambios en el mercado gráfico con la marcada implosión por el avance tecnológico y el comportamiento poco ético de algunos de nuestros colegas competidores”. 
  • “Fuimos golpeados por la Presentación en Concurso de algunos de nuestros clientes y por la Quiebra de nuestro cliente número dos, ARCA Distribuidores. Luego, a la escalada de precios internacionales de la mayoría de los insumos y repuestos, se le sumó la exigencia de pago anticipado del papel y la desaparición del crédito internacional. Todas situaciones que enfrentamos con mejor éxito que muchos de nuestros colegas”. 
  • “En el año 2014 RR Donelley cerró su planta de Argentina, en enero de 2016 AGR también cerró sus puertas, y en enero de 2020 IPESA cerró la mayor parte de su operación”. Una aclaración: tras el abandono empresarial, Donelley fue recuperada por sus trabajadores y trabajadoras y, hoy, es una cooperativa gestionada sin patrón.

La empresa describe un contexto “tan negativo” en el que inscribió la caída del 63% del volúmen de producción: “Avon, que como bien saben representa más de la mitad de nuestro trabajo, dejó de imprimir catálogos y mudó su comercialización a internet. Esto nos dejó en una situación económica y financiera terminal”.

Los trabajadores respondieron con la permanencia pacífica y otro comunicado que respondía los argumentos de la empresa: “Todos factores ajenos a la responsabilidad de los trabajadores, que somos las principales víctimas de esta situación”.

Gris de espera

Enrique Andina integra la Comisión Interna y explica: “Estamos en permanencia pacífica para preservar las fuentes de laburo. A lo largo del día se hizo presente el sindicato. Exigimos una presentación en el Ministerio de Trabajo y también hicimos un pedido de plenario de delegados para discutir con todos los delegados los pasos a seguir”.

El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no se presentó a la audiencia. “Está incumpliendo -dice Andina-. Mientras tanto, nosotros seguimos sin tener comunicación de la empresa. Tampoco atienden los teléfonos. La última comunicación oficial fue el comunicado de anoche. Eso deja un gris, porque estamos en la calle sin un mango, pero no hay un telegrama de despido ni nada”.

Los trabajadores tienen sólo rumores, desde un cierre definitivo hasta la posibilidad de la llegada de inversionistas “que reclaman despidos masivos”, según denuncian. “Se olfateaba que la situación venía rara, pero nadie pensó que todo fuera de esta manera -dice-. La convocatoria acá fue masiva, y agradecemos también que se acercaron de otras ramas, como médicos del Garrahan. La intención es difundir el conflicto y rodearlo de solidaridad para lograr lo que necesitamos, que es que la patronal se siente a discutir”.

Mientras esperan, en las próximas asambleas decidirán los pasos a seguir: “Es un golpe fuerte, pero uno tiene que estar fuerte, también, por la familia. La mayoría de los compañeros son sostén de hogar. Estamos dispuestas a lucharla hasta el final y no aflojarle hasta encontrar una solución, que es sostener las fuentes de trabajo con las mismas condiciones que teníamos hasta ayer antes de recibir el comunicado”.

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Juicio a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: absurdos sin pruebas

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Empezó el segundo proceso judicial a integrantes de la lof mapuche, a quienes se les endilga el delito de usurpación en la localidad de Villa Mascardi, en Bariloche, Río Negro. 

El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal de General Roca y que se realizará de manera virtual, tendrá 132 testigos que serán llamados a declarar y como mínimo, se espera que dure hasta abril. Expresan desde la comunidad: “Somos sometidos injustamente, acusados de usurpar nuestro propio territorio, el mismo que libremente caminaron nuestros kuifikecheiem (antepasados) cuando aún no existían alambrados, ni parques nacionales, ni ningún winka que con su ambición destructora mirara nuestra tierra”.

Para entender el conflicto hay que retroceder a 2017, cuando la lof inició la recuperación de su territorio a partir del levantamiento de una machi –guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche–, y la construcción del rewe –un sitio sagrado de conexión con otras energías del espacio en donde la machi atendía a quien fuera a curarse–. La respuesta del Estado fue de terror: un operativo de desalojo comandado por la vigente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, a manos del grupo Albatros de Prefectura, el 25 de noviembre de aquel 2017. Todo ese proceso derivó en el primer juicio contra la comunidad, donde fueron condenados siete mapuche.

Tiempo después del crimen de Rafita, la comunidad volvió al territorio hasta que en 2022, ya en el gobierno de Alberto Fernández, se ejecutó otro desalojo represivo.

En el juicio que arrancó hoy y continúa mañana, se juzga de la usurpación de distintos terrenos a Luciana Jaramillo, Yéssica Bonnefoi, Romina Rosas, Betiana Colhuan, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana. Se defienden desde la comunidad: “Nos encontramos frente a un contexto muy difícil alimentado por un sistema político y judicial perverso, que agudizó la persecución hacia el Mapuche con más violencia y encarcelamientos, con el fin de debilitarnos y quitarnos nuestro territorio”. 

El juez a cargo se llama Alejandro Silva y es el mismo que presidió el proceso por el fusilamiento de Rafael Nahuel y que condenó a sus responsables con penas ínfimas. 

Ataques

El contexto al que hacen referencia refiere a un gobierno que agudizó el hostigamiento preexistente hacia el pueblo mapuche, además de un avasallamiento de derechos a las 40 naciones originarias que habitan lo que hoy es Argentina. Algunos ejes de esa persecución: el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); el decreto que barrió a la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160) que mantenía la suspensión de los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios y que allanó el terreno para el desarraigo de la comunidad Paillako a principio de este año; y el señalamiento sin pruebas como causantes de los incendios en la Patagonia. Por citar un caso, Victoria Heredia Núñez, integrante de Lof Pillan Mahuiza, cumple arresto domiciliario desde el 12 de febrero acusada del incendio en la Estancia Amancay, en la localidad chubutense de Trevelin, pese a demostrar mediante georreferenciación que al iniciarse el fuego estaba a más de 90 kilómetros.

La gente de la comunidad frente a la policía durante una inspección ocular en octubre de 2023. Fotos: Jaime Carriqueo

Absurdos

La defensa de la comunidad está a cargo de la Gremial de Abogadas y Abogados. Uno de ellos, Gustavo Franquet, le dice a lavaca ni bien concluida la primera audiencia: “Esto comenzó en 2017 y estamos en 2025; llevamos más de 7 años donde se supone que juzgados de instrucción federal, fiscalías federales, fuerzas federales de investigación como Gendarmería, la Policía Federal y Prefectura investigaron a la comunidad y no pudieron conseguir elementos para acusarlos de otra cosa que no fuera usurpación, motivo por el que ni tendrían que estar en el banquillo. El Estado argentino, desde la Constitución de 1994, reconoce los derechos preexistentes de los pueblos originarios, por lo que no puede ni debe criminalizar el conflicto territorial; en una recuperación, no hay delito. Si esto fuera juzgado como corresponde, no pueden de ninguna manera condenar a nadie”.

En cuanto a cómo abrió el juicio, cuenta: “Sólo en un par de horas que duró, ya se cometieron varios despropósitos jurídicos, aunque estamos seguros que lo más horroroso de este juicio está por venir; vamos a escuchar cosas muchísimos más jodidas, hoy fue un precalentamiento”.

¿Qué despropósitos?

Entre las barbaridades que dijeron, hubo tres que no se pueden creer. 

A una de las mujeres, Yéssica Bonefoi, la quisieron acusar de la usurpación de una cabaña, que cuando la fiscalía pidió la elevación a juicio, ni se mencionó. Fue algo insólito, porque no pueden inventar elementos nuevos. Pidieron un cuarto intermedio y cuando volvimos retiraron ese planteo porque obviamente estaba fuera de lugar. Es tanta la voluntad de persecución, de acusación gratuita, que ni se fijaron en eso.

Un segundo despropósito es que cuando se produce lo que llaman la usurpación del ex Hotel Mascardi, una de las acusadas (la machi Betiana) seguía siendo menor. Por ley de minoridad, hay todo un proceso que en este caso no se cumplió cuando se acusa a menores de entre 16 y 18 años y que ahora imposibilita al juez a dictar sentencia contra ella. Como una cuestión lógica le exigimos al juez que no la someta al juicio, y en vez de aceptarlo, dijo que lo va a decidir al final del proceso. Algo totalmente absurdo y re victimizante para la machi.

Y un tercer punto que es la pretensión de la fiscalía y de las querellas de que consideren a la usurpación como un delito continuado. Se denomina con esta tipificación a delitos como la desaparición forzada, o un secuestro, pero no a una usurpación, que es un tipo específico de hurto o de robo, en este caso de un inmueble. Si alguien comete un robo, el delito es en ese momento, no continúa en el tiempo. Ahí hay otro absurdo.

Truchos

En 2022, antes del segundo desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, se incendió un trailer y un remolque de Gendarmería. Desde los gobiernos provinciales y nacionales se acusó al pueblo mapuche, al igual que de usurpar una cabaña. Recuerda Gustavo: “Ahí empezó toda esta farsa. Esa zona está protegida por fuerzas federales, pero señalaron a la lof y así allanaron el camino para desalojarlos”. 

Ese desalojo fue brutal, con más de 250 efectivos del Comando Unificado que irrumpieron en el territorio. Romina Rosas, una de las mapuche detenidas, estaba embarazada de ocho meses y fue golpeada y arrastrada por el piso; días después, parió a su bebé rodeada de policías. Celeste, decía esto de aquel 4 de octubre de 2022: “Me tiraron al suelo, a mí y a mi nena de 5 años. Nos apuntaron con el arma en la cabeza. Fue una cacería”.

Retoma Gustavo Franquet: “A las seis personas que están enfrentando el juicio jueces federales les dictaron su falta de mérito, porque no hay ningún elemento que los ligue a lo que se los acusa. Toda esta causa es trucha porque fue creada para criminalizar, para desalojar y para allanar a la comunidad. Y por ende, todo este juicio es trucho”.

Lafken, en mapudungún, significa espejo de agua. Winkul, espíritu guardián de la montaña. Y Mapu, tierra. Desde la lof Lafken Winkul Mapu, concluyen: “Seguimos llamando a la unión, a mantenernos fortalecidos en nuestro feientun (creencia) y esencia mapuche. A enfrentar al winka con nuestra verdad, por más que el aparato estatal utilice todos los medios a su alcance para difamarnos pretendiendo poner a la opinión pública en nuestra contra, con falsas acusaciones. Pero tenemos total confianza en la fortaleza de nuestro pueblo milenario que ha resistido y preservado el territorio a pesar de los atropellos”.

Juicio a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: absurdos sin pruebas

Matías Santana, la Machi Betiana, Luciana Jaramillo y Romina Rosas son cuatro de los seis acusados, durante la primera audiencia del juicio en su contra.

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