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La expropiación de Vicentín y el debate sobre los agronegocios: de los préstamos de Macri al “stress financiero”, las bicicletas y los dólares desaparecidos

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Cuentas off shore, alianzas multinacionales, fortunas personales de sus propietarios, financiación de la campaña macrista, créditos permanentes en dólares, que Vicentín recibía mientras el país se desangraba de divisas y la empresa dejaba de pagar a productores y bancos. La expropiación de una de las principales exportadoras de granos del país pone muchas cosas en debate. Uno de los periodistas que más ha seguido el tema, Germán Mangione, es integrante de la Cooperativa de Comunicación La Brújula De Rosario y preparó ese artículo para lavaca como un acercamiento a la situación de uno de los símbolos locales de los agronegocios.

Pocos imaginaban que, aquella mañana del 4 de diciembre de 2019, la mayor empresa nacional agroexportadora Vicentín anunciaría horas más tarde que se declaraba en “stress financiero” y suspendía así el pago de sus deudas a productores, corredores de cereales, bancos nacionales y extranjeros. Muchos menos se imaginaban que, en la Argentina de la pandemia, era posible el anuncio de una intervención estatal en el mercado de granos como el que anunció ayer el presidente Alberto Fernández.

Y es que Vicentín no es cualquier empresa. La agroexportadora llegó a ubicarse el año pasado como sexto mayor exportador de cereales, oleaginosas y sus derivados; con una participación del 9% de todo el mercado nacional y el despacho de unos 300 barcos al año entre granos, harinas y aceites.

En la campaña pasada vendió 4,9 millones de toneladas de harinas y 1,05 millones de toneladas de aceites. En 2019, concentró el 21% de la molienda de soja: unas 8,4 millones de toneladas. Es un jugador decisivo en la cadena girasolera, ya que procesa el 24% de la molienda (unas 829.000 toneladas en lo que va del año).

En el negocio de los biocombustibles, Vicentín también pisa fuerte y creció entre 2017 y 2019 un 25% en la producción de etanol (97.010 metros cúbicos en 2019) y un 4% en la de biodiesel (163.000 metros cúbicos).

Se trata de una de las pocas empresas de capital nacional (además de ACA y AGD) que queda en un sector dominado por multinacionales como Cargill y Bunge (EEUU), COFCO (China) o Dreyfuss (Francia).

Los años dorados La empresa de los Padoan-Nardelli tiene gran peso en el sector por su asociación con la multinacional suiza Glencore, actor central en el mundo en el negocio minero y de commodities agrícolas con la que comparte en la localidad de Timbúes la propiedad de RENOVA, la empresa de mayor capacidad de procesamiento de soja del mundo.

Los números de Vicentín, hasta su declaración de “stress financiero” (una forma elegante de declararse en default), no levantaban la más mínima sospecha de insolvencia. En 2018, terminó su ejercicio económico con ganancias netas por 1.800 millones de pesos, de los cuales gran parte proviene de las sociedades en las que participa: Vicentín Europa, Vicentín Paraguay, Vicentín Uruguay, Oleaginosa San Lorenzo, Diferol, Biogas Avellaneda, Tastil, Renova, Río del Norte, Emilgrain, Bioceres y Terminal Puerto Rosario.

Pero Vicentín no es solo un gigante de los cereales. En los últimos años y con ayuda del Estado, por entonces en manos de Mauricio Macri (de quien las subsidiarias de Vicentín fueron las principales financistas en la última campaña presidencial), la empresa creció considerablemente y diversificó sus negocios.

Entre las firmas del conglomerado Vicentín se encuentran Algodonera Avellaneda, destinada al acopio, desmotado, hilado y tejido; ENAV, planta elaboradora de jugo concentrado de uva ubicada San Juan; el Feedlot “Los Corrales de Nicanor”; la bodega Vicentín Family Wines, (que exporta vinos a Estados Unidos, México, Perú, Bolivia, Suiza y Brasil); Promiel, (un acopio de miel que destina su producción a Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Italia, España, Canadá y Japón); ARSA en el negocio de los lácteos (compró los postres y yogures de la ex SanCor); y su empresa estrella del último periodo Frigorífico Friar, en el norte de Santa Fe, con plantas en Reconquista y Nelson.

La prosperidad de los negocios llevó a la familia Vicentin a ocupar el lugar 27° entre las 50 familias más ricas de Argentina según la Revista Forbes y es uno de los 6 grupos vinculados al agro que ocupan ese podio, con 860 millones de dólares.

La expropiación de Vicentín y el debate sobre los agronegocios: de los préstamos de Macri al “stress financiero”, las bicicletas y los dólares desaparecidos
Alberto Padoán, titular de Vicentín, en la Bolsa de Comercio de Rosario.

¿Qué pasó?

Al día de hoy sus 2.638 acreedores se preguntan cómo puede ser que una empresa de esa magnitud y en plena expansión los haya dejado “estresados” a todos, haciendo peligrar la cadena de pagos en todo el sector. La empresa todavía no lo ha podido explicar y es uno de los ejes centrales que investiga el juez Fabian Silvano Lorenzini de Reconquista que tiene a su cargo el concurso de acreedores y la comisión de seguimiento creada en la Legislatura santafesina.

“Hay que encontrar alternativas a las operaciones a fijar y poner la lupa sobre las operaciones financieras que hacen los compradores con el producido de los granos que recibieron a fijar”,

dijo Fernando Rivara, presidente de la Federación de Centros y Entidades Acopiadoras de la Argentina sobre la deuda de Vicentín, en ocasión de las primeras reuniones de acopiadores para ver como enfrentaban en conjunto el desastroso saldo dejado por la empresa.

Si bien todavía no se conoce el destino de las ganancias del grupo, la sospecha de Rivara es que al igual que la corredora BLD (declarada en default unos meses antes), el «problema» de Vicentín pudo haber tenido raíz en una apuesta a la bicicleta financiera macrista con bonos públicos y dinero de los productores. Una bicicleta que habría salido mal ante la derrota del macrismo y el “reperfilamiento” de bonos.

Otra de las hipótesis que estudia el abogado porteño Mariano Moyano, contratado por acreedores de Vicentín, apunta a rastrear activos ocultos en el exterior que pueda tener el grupo empresario, y que puede haber fugado para financiar su crecimiento en otros negocios.

La investigación se centra ahora en Paraguay, adonde el grupo tiene una subsidiaria que dejó de operar en enero, pero que en los últimos 5 años exportó un promedio de 200 millones de dólares anuales.

Vicentin tiene además dos off shore en Panamá, Nacadie Overseas y Nacadie Comercial, y dos en nuestra zona: Nacadie Comercial Uruguay Argentina. Si bien las empresas no tienen ni bienes ni actividad comercial, fueron utilizadas como garantías para tomar los créditos internacionales.

La expropiación de Vicentín y el debate sobre los agronegocios: de los préstamos de Macri al “stress financiero”, las bicicletas y los dólares desaparecidos
Durante la gestión de Rosendo Fraga, el Banco Nación le otorgó préstamos a la aceitera Vicentin por más de $18.000 millones.

¿La segunda YPF?

Esa pregunta surge ante el Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado por el presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y quien fue designado interventor de la empresa, Roberto Gabriel Delgado (NdeE: al final de esta nota de 2015 de Darío Aranda, breve reseña del prontuario transgénico de este funcionario).

La pregunta resuena en la política no solo porque el Presidente anunció que todos los activos del Grupo Vicentin serán parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro, sino por la implicancia estratégica (al igual que el de la empresa hidrocarburifera) del sector del que es parte Vicentín: la agroexportación.

El sector pasó a ser en los últimos años el pulmón financiero de Argentina, con el 55% del total de las exportaciones del país a su cargo gracias a la profundización de un modelo económico que colocó a la Argentina (y a todo el subcontinente) en el inamovible lugar de proveedor de materias primas de las principales potencias del mundo.

China, EEUU y Europa se encargan de producir industrialmente y luego inundar con esa producción nuestros países. Mientras producimos materias primas importamos trabajo extranjero. Una fórmula que no por antigua deja de ser letal para cualquier sueño o proyecto de desarrollo nacional por estas tierras.

Por otro lado ese lugar de privilegio en el manejo de las divisas extranjeras le dio al sector, fuertemente extranjerizado y casi sin intervención estatal, el poder de definir el rumbo monetario del país. En 2018 dos de cada tres dólares que ingresaron a la Argentina lo hicieron en concepto de agroexportaciones y pesca.

Los dueños de la canilla de los dólares son además los principales beneficiarios con la suba de la divisa y las devaluaciones. Un negocio redondo.

Según el decreto oficial la intervención será por 60 días, para auditar y conocer los números de la empresa y “con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio”.

Y en ese tiempo ha dispuesto además la remisión al Congreso de la Nación de un proyecto de Ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de la empresa VICENTIN S.A.I.C. y la creación del FONDO FIDUCIARIO AGRO ARGENTINA, cuyo fiduciario y fideicomisario será el Estado nacional y el Fiduciante la empresa YPF S.A., a través de YPF AGRO S.A.

La letra chica

Quedan por resolverse aún muchos detalles no menores de la aplicación de la intervención y, más aún, del proyecto de estatización. Entre ellos si la intervención será solo sobre Vicentín SAIC, el brazo agroexportador de la empresa, o sobre todo el grupo económico con sus frondosas inversiones en otros rubros.

Tampoco se sabe qué hará el Estado en caso de hacerse cargo completamente de la empresa con la deuda que Vicentín mantiene con bancos extranjeros. En los últimos 4 años la empresa del norte provincial recibió del exterior casi 600 millones de dólares, el doble de lo que le debe a los productores o al Banco Nación, el principal acreedor estatal.

En la conferencia de prensa de ayer, Fernández también fue consultado sobre el destino de las acciones que mantiene la empresa de la sociedad con Glencore en Renova, a lo que el presidente pidió: “Tiempo al tiempo”.

Algunos pretenden que la estatización implique también la vuelta a control estatal del Puerto Terminal Rosario, hoy en manos de la empresa. Para saberlo, habrá que esperar. Lo cierto es con esta medida se abre la posibilidad de un debate vinculado a la soberanía. La alimentaria, la monetaria, la comercial y la productiva.

Un debate que muchos sectores del poder real santafesino y argentino anunciaban perimido y cerrado para siempre y del que depende cualquier proyecto para el mundo post pandemia que empieza a asomar. Y eso, es una buena noticia.

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