Nota
La ley de la fuerza: México militarizado
Una ley sancionada el último día del período legislativo habilita maniobras de las fuerzas del Ejército mexicano en cuestiones de seguridad interior. Sin control de la justicia ni de autoridades civiles, y con aval para mantener en secreto las operaciones, pueden actuar en una amplia y vaga gama de casos. «El 2017 va a terminar como el más violento, siempre según los homicidios, en los últimos veinte años», escribe Eliana Gilet para lavaca.org desde Ciudad de México. «La ley de seguridad interior responde al incremento de la violencia, a los 34 mil desaparecidos y ya muchos más de 100 mil asesinados, perpetuando y blanqueando la presencia militar en las calles. La misma que disparó la violencia y sume a México en la peor crisis de su historia».
Foto: Ernesto Álvarez
Gracias a una aprobación fast track de quince días, que terminó el último día del período legislativo de este año -15 de Diciembre-, México se militarizó por medio de una ley que permite a las Fuerzas Armadas intervenir en cuestiones de seguridad interior, por encima de las autoridades civiles, sin control previo o posterior, ya que también clasifica de Seguridad Nacional toda la información que se genere en sus operativos.
La ley – que tiene 75 páginas de justificación y 30 de articulado – fue producto del lobby castrense: el 20 de Noviembre, el Secretario de Defensa, el General Salvador Cienfuegos, salió públicamente a reclamar al Congreso la urgente aprobación de la Ley de Seguridad Interior que según sus palabras “obliga y da orden y sentido a las instituciones encargadas de la seguridad y defensa del Estado mexicano”. Cienfuegos afirmó luego que los militares “entienden el valor de la subordinación irrestricta al poder civil”, aunque la norma por la que bregaba estableció exactamente lo contrario: es la derrota del control civil ante la pesada bota militar.
A pesar de que la Constitución mexicana indica que las instituciones de seguridad pública son de carácter civil y que en tiempos de paz los militares están restringidos a tareas que tengan que ver con su disciplina, la ley aprobada les entrega el control mediante el uso del ambiguo concepto de “seguridad interior”.
Aunque la ley dice que los militares no se ocuparán de la seguridad «pública», las tareas que describe para la seguridad «interior» coinciden: son las de policía y Ministerio Público. Además de detener gente, las Fuerzas Armadas investigarán los delitos y harán tareas de espionaje, sin estar suscritos al control de la justicia. Sus acciones podrán tener una duración indefinida porque aunque la ley prevé que las “declaraciones de afectación a la seguridad interior” – que es el nombre del mecanismo creado para la intervención militar – duren un año y puedan renovarse de manera indefinida.
Militares presentes en Coahuila, México.
Foto: Ernesto Álvarez
Autonomía armada
El mecanismo creado para la intervención militar se acciona a pedido de las autoridades locales que se vean rebasadas o por la sola decisión del Presidente, quien pasa la batuta a los Secretarios de Defensa (Cienfuegos) y al de Marina (Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz) que a su vez designarán un comandante de las Fuerzas Armadas que funcionará como interventor por sobre los gobiernos estatales y municipales. Ningún civil, lógicamente, podrá desarrollar esa tarea ni incidir en la elección del encargado. La movida saca del panorama al Presidente de la República, quien queda excluido de la línea de mando.
Les da esta potestad para intervenir en territorios que sufran desastres naturales, epidemias “y demás contingencias que afecten la salubridad en general”; además de poder asumir esas funciones cuando actúen en la “prevención de riesgos” que determinan el Programa de Seguridad Nacional, que es público y la Agenda Nacional de Riesgos, que no. En ambos tiene un papel clave el CISEN, que es el centro de inteligencia, por medio del Consejo de Seguridad que creó la Ley de Seguridad Nacional, del año 2004.
Esa ley anterior convirtió al crimen organizado en un tema de seguridad nacional, reafirmando la predominancia de los militares en este tema; porque quien los sacó a la calle fue la Suprema Corte de Justicia. En 1996, la Corte interpretó que los militares estaban a la mano del presidente para combatir el crimen organizado, y permitió así que quedara firme la Ley Federal de Crimen Organizado, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Así se militarizó la frontera norte, como en el caso de Coahuila.
En la Ley de Seguridad Interior que acaba de aprobarse, se vuelve permanente y “con coordinación militar” aquello que en las anteriores era excepcional y auxiliar a las autoridades civiles.
Tampoco se establece ningún mecanismo de rendición de cuentas, más que la circulación de la información a nivel del Ejecutivo: entre el Presidente, la Secretaría de Gobernación y el Consejo de Seguridad Nacional. El Congreso está excluido del mecanismo.
Toda la información que se genere durante estas actuaciones tiene carácter de “Seguridad Nacional”, dificultando aún más su obtención y difusión. Más importante es que en los hechos esto invalida la Ley General de Desaparición Forzada que se aprobó un mes antes, ya que obturará el acceso a la justicia en los casos en que militares cometan violaciones graves a los derechos humanos, que se han generalizado en el país.
Todos, desde las instancias internacionales de la CIDH y de la ONU, como las Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de oenegés y un colectivo ciudadano llamado Seguridad Sin Guerra, levantaron la voz para denunciar la embestida que la ley significa. Muchos de los partidos políticos con presencia parlamentaria vieron en estas movidas castrenses, intenciones electorales de una campaña que empezó casi al mismo tiempo en que la ley se trataba en el Congreso.
Foto: Ernesto Álvarez
Sin embargo, a pesar de lo que significa una ley como ésta, no ha habido grandes movilizaciones en rechazo, en los dos casos en que los colectivos ciudadanos convocaron a marchar. Algunos de los más viejos reclamaban que la falta de pibes de menos de 25 años se debía a que no les interesa nada; también es posible entender que ya hay una generación que creció con ellos y no imagina la vida sin los militares en cada esquina, en las patrullas de policía, en los retenes y custodiando las escuelas.
Mucho se debe a que los medios han obviado el tema o lo han tratado únicamente con el discurso oficial, que dice que esta es una ley garantista para brindar “seguridad jurídica” a los ciudadanos. Salvo por el gran trabajo que han periodistas independientes, como Carmen Aristegui, que transmite por internet luego de que fue despedida de la cadena MVS tras una cobertura periodística, la información dependería únicamente de las oenegés de derechos humanos que denunciaron.
Que es una ley que garantiza la impunidad militar, dijeron, que normaliza el estado de excepción que se instaló en México hace veinte años, y que abrió un proceso mediante el que, poco a poco, los verdes se erigieron como los únicos que pueden contra el “monstruo” de la delincuencia organizada. Para el momento en que se declaró la guerra de Felipe Calderón, a fines de 2006, México vivía uno de los momentos con menor tasa homicidios de su historia. No había crisis de seguridad ni ola de violencia que justificara, según publicó el Instituto Belisario Domínguez del propio Senado, “que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas, de carácter permanente, en diversos estados de la República entre 2006 y 2007.”
Diez años después de despliegue militar, cuando 27 de los 32 estados ya están militarizados “temporalmente”, el 2017 va a terminar como el más violento, siempre según los homicidios, en los últimos veinte años. La ley de seguridad interior responde al incremento de la violencia, a los 34 mil desaparecidos y ya muchos más de 100 mil asesinados, perpetuando la presencia militar en las calles. La misma que disparó la violencia y sumió a México en la peor crisis de su historia.
Nota
Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”
Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.
Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol
–El sueldo no alcanza ni para comer.
Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.
También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.
Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.
Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Salir a la calle
El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.
La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.
La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.
Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:
- Docentes con sueldos indecentes.
- Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
- Basta de mentiras, amenazas y presión.
- Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
- Salud mental es llegar a fin de mes.
- Ratas.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Migajas
Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.
–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.
–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.
Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas
-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.
Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.
¿Cómo sigue el curso de esta historia?
Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Nota
MU 212: El fin de un mundo
MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.
El principio de todo: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Javier Milei intervino el puerto de Ushuaia sin provocar un rechazo opositor visible. Un sitio clave en la geopolítica y a la vez una caja de 30.000 millones de pesos anuales que mezcla industria marítima, turismo, y la puerta a la Antártida. Los testimonios sobre la falta de control . Hablan el gobernador, funcionarios, trabajadores, ex combatientes. Trump y el misterioso avión, China y los acuerdos, Gran Bretaña adentro, la forma de la crisis y la resistencia contra el vaciamiento de un país.
POR FRANCISCO PANDOLFI
El industricidio: Crónica desde el polo fabril de Río Grande
Un predio lleno de fábricas vaciadas. Trabajadores organizados resistiendo al desempleo, la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles de promoción en una provincia que de 16.000 obreros pasó a tener 6.400. Una política que golpea a empresas de todos los tamaños y rubros: tecnológicas, textiles, metalúrgicas, electrodomésticas y electrónicas. Y todo esto sin que todavía se aplique la reforma laboral. Las propuestas para que los propios trabajadores se hagan cargo de las empresas en crisis. Los gestos de solidaridad, las donaciones de quienes todavía tienen empleo, el bingo provincial y cómo se va recuperando desde abajo una idea de hermandad para enfrentar estos tiempos.
POR FRANCISCO PANDOLFI
A contracorriente: La lucha fueguina frente a la industria salmonera
De espaldas a la sociedad y bajo presión del gobierno nacional, la Legislatura fueguina (la misma que en 2021 votó en contra) aprobó un proyecto que permite la instalación de megafactorías marítimas del salmón, uno de los productos que más se exportan al mundo. El impacto ambiental es conocido y hay un ejemplo cercano en la vecina Chile: peces hacinados, contaminación por antibióticos y heces, destrucción de otras especies, y una precarización total de las condiciones de trabajo. El cuadro de situación ante un “pescado químico”, la lucha de la asamblea, y el gobernador que responde sobre los principales contrapuntos.
POR FRANCISCO PANDOLFI
Agroecología en el principio del mundo: El modelo Panchito
Cultiva alimentos y medicinas en medio de temperaturas extremas, sin venenos y con semillas propias: “Una semilla viva significa una familia sana”, dice el productor agroecológico Francisco Pancho Barria. Cosechas asombrosas, zanahorias de 3 kilos, nabos de 12, acelgas de metro y medio de alto. Cómo volver posible lo inimaginable con ideas simples, ancestrales, trabajo a conciencia y sentimiento. La política para la foto, el lugar de los niños, la idea de agacharse, y los números que muestran que la vida sana es, además, rentable.
FRANCISCO PANDOLFI
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