Nota
Ledesma se escribe con sangre
Cuatro muertos, un hombre en coma profundo, más de 30 heridos, 10 mujeres y 12 hombres detenidos es el saldo de una violenta represión que trató de desocupar 15 de las 135 mil hectáreas que la familia Ledesma posee en Jujuy. «Una carnicería», según define la abogada Mariana Vargas, en charla teléfonica con lavaca desde ese mismo predio de Libertador General San Martín que, media hora después, fue nuevamente ocupado por 300 familias. Las voces de fondo hacen saber que a las 21.30 de hoy, jueves, el lugar era sitio de protesta y resistencia. «Porque no queda otra. El tema es tan claro que no deja lugar a interpretaciones: esta gente no tiene opción». Didáctica, la abogada describe por qué: «Imagínese un huevo frito. La yema es el pueblo y la clara, es Ledesma. Todo lo que nos rodea es de ellos. Entonces, si la gente no tiene dónde vivir o se va o tiene que ocupar». Las cifras también son así de claras: «De las 135 mil hectáreas que Ledesma tiene en la provincia, solo produce caña de azúcar en 25 mil. Este predio tiene apenas 15 hectáreas. Para ellos no representa nada. O, mejor dicho, representa nada más ni nada menos, una sola cosa: de quién es este pueblo».
Un conflicto con historia
El conflicto se desató hace tres años y, por entonces, se abrió una negociación «de la que fueron testigos la autoridades de la provincia», aclara la abogada. Hubo, incluso, una oferta para comprar esas tierras, a la que Ledesma se negó. En tanto, avanzó la causa judicial. El juez Sammar firmó la orden de desalojo el pasado 22 de julio, cuando 700 familias decidieron re-ocupar, a la vista de que Ledesma no cumplía con las promesas de transferir esas tierras. Aún con la orden firmada, se había abierto un espacio de diálogo que fue roto sin aviso previo cuando a las 6 de la mañana de hoy, jueves 28, irrumpió la policía con gases lacrimógenos y disparos. «Acá hay de todo: gente que pertenece a la CCC (Corriente Clasista y Combativa), que es desocupada, pero también hay familiares de maestros y hasta de policías. El tema de la vivienda es tan grave que atraviesa a todo el pueblo y esto lo saben mejor que nadie.» No se refiere sólo a las autoridades provinciales, que conocen de cerca el tema desde hace 3 años. «Ledesma hace inteligencia y conoce a cada uno de los que reclama. Es como un Estado paralelo: funciona con su propia logística. Y ese Estado paralelo cuando lo necesita, hace trabajar al Estado formal para dejar en claro quién manda a quién. Esto fue una carnicería en nombre de la defensa de la propiedad privada».
Mañana habrá una movilización en Jujuy hacia las oficinas de la empresa Ledesma. Reclamará la destitución del juez Sammas («firmó la orden de desalojo y se fue de vacaciones»), la del jefe de policía («Sabía que se estaba negociando y aún así ordenó la represión») y la del ministro de Seguridad provincial.
Poco después de las 22, comenzaban a ser liberados los detenidos, 10 mujeres y 12 hombres, que la policía retuvo bajo la figura de «averiguación de antecedentes». Algunos permanecían aun en el hospital, en su doble calidad: heridos y presos.
Contacto:
Dra. Mariana Vargas (0388) 154134763
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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