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Malvinas Argentinas: ¿qué parte del “no” es la que no entiende Monsanto?

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Entre el 53 y el 65% de la población de Malvinas Argentinas, Córdoba, rechaza la instalación de Monsanto y el 91% reclama un referéndum para ratificarlo. El acampe vecinal cumple un año impidiendo la construcción de la planta de semillas transgénica. La empresa juega al desgaste y a insistir con complicidad política en 2015, según la voz de las corporaciones.
Malvinas Argentinas: ¿qué parte del “no” es la que no entiende Monsanto?
En un año, el barrio cordobés de Malvinas Argentinas se convirtió en el epicentro mundial de la lucha contra la multinacional Monsanto. Sus vecinos bloquean desde el 19 de septiembre de 2013 la construcción de la planta acopiadora de semillas transgénicas más grande del mundo. Desde entonces sufrieron represiones de la policía, de patotas dirigidas por la UOCRA, los visitó Manu Chao, científicos como el doctor Andrés Carrasco o Raúl Montenegro, referentes de los derechos humanos como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel y en todo el mundo se sigue con atención la evolución de este conflicto en el que una comunidad rechaza la imposición de una corporación.
La secuencia ha sido de vértigo: frente al rechazo social, la empresa retiró sus máquinas, la justicia paralizó las obras en enero; en febrero fue rechazado el estudio de impacto ambiental de la planta; en junio se aprobó una nueva ley de impacto ambiental provincial y ocurrió otra represión. Y hoy, ante el festival que celebra el año y el triunfo del bloqueo, Monsanto anuncia que presentará un nuevo estudio luego de las elecciones de 2015.

Cómo cambia la gente

“Parece mentira que todo esto haya pasado en un año” dice Vanesa Sartori, psicóloga y vecina integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. “Pensar que cuando empezó la asamblea no tenía idea de qué era Monsanto, ni qué hacía. Hoy estamos despiertos, esto nos enseñó a descreer lo que te quieren vender. No sólo por Monsanto, sino qué radio escuchar, que programa de tevé ver. Tenemos un pensamiento más crítico, más independiente y sabemos que no todo es como nos dicen. Malvinas nunca va a volver a ser lo que era, más allá de Monsanto”.
Malvinas ers una localidad sojera de 12 mil habitantes que el Censo de 2010 declaró como la de mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfechas  de toda Córdoba. La historia de su transformación tiene esa genética: no por nada Monsanto la eligió como lugar sensible para construir la planta acopiadora de semillas más grande del mundo.

25 de cada 100 embarazos

Tampoco tenía Malvinas Argentinas antecedentes de lucha, a pesar que en febrero de 2013 un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba encontró que 25 de cada 100 mujeres perdían sus embarazos, y que en ciertos barrios la probabilidad de contraer cáncer era ocho veces mayor a la media nacional, y la de tener hijos con malformaciones, más del doble.
Este crimen silencioso no había saltado a la vista como en el vecino Barrio Ituzaingó Anexo, con las Madres de Ituzaingó a la cabeza. Ellas fueron las comenzaron el bloqueo. El anuncio de empleos y actividad comercial de una planta de semillas trajo las preguntas que no se habían hecho aún los malvinenses, y la búsqueda de sus propias respuestas.

Información y saber popular

El nacimiento de la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida tiene fecha: 24 de julio de 2012. Aquel día se organizó una primera “reunión informativa” respecto a la planta, a la que asistieron 200 personas, entre ellas el científico Raúl Montenegro quien venía apuntalando la lucha de las Madres de Ituzaingó. “Me provocaron mucho impacto las primeras voces que escuché”, revela Ester Quispe, otra vecina, resaltando la visita del doctor Andrés Carrasco. “No podía creer que fuera cierto. Se me ocurría pensar: che, ¿será para tanto?”.
Vanesa: “Entonces nos empezamos a dar cuenta de por qué pasaban ciertas cosas. Por ejemplo, mi cuñada es kinesióloga y hacía las prácticas acá en Malvinas. Conversando con compañeras les llamó la atención la cantidad de nenes con problemas respiratorios que había. Esos rumores estaban, eran un saber popular pero no había información”.

Entre 57 y 65% contra Monsanto

Un informe certificado por el CONICET divulgado en agosto resume el trayecto que han recorrido los vecinos de Malvinas con respecto a saber y elegir: revela que el 58% de la población de Malvinas Argentinas considera que la instalación de la planta de Monsanto implicaría un riesgo “alto” para la comunidad.  “Estos datos sugieren que existe una mayoría consistente de la población que mantiene una posición firme de rechazo a la planta de Monsanto”, subraya el investigador de la institución y coordinador general del informe, Victor Mazzalay, en el trabajo cuyos datos reproducimos a continuación.
Se trató de un estudio de opinión pública sobre 358 ciudadanos requerido por la organización Avaaz (que se encarga de realizar campañas y acciones para acercar reclamos medioambientales, entre otros, a las autoridades políticas) y realizado por Mazzalay a través del Servicio Tecnológico de Alto Nivel (STAN), dispositivo que presta el CONICET a empresas, oenegés y particulares que pagan por el mismo. El CONICET aclaró enfáticamente que el informe no es de su autoría, según lo aclaró enfáticamente a lavaca.
Los resultados:

  • Casi el 91% (9 de cada 10 encuestados) se manifestó a favor de una consulta popular o referéndum sobre la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas. Casi también 9 de cada 10 (86 por ciento) considera que los resultados de esa consulta deberían ser de “obligado cumplimiento” para las autoridades.
  • Si la consulta se realizara, el 57% votaría por el “NO” a la instalación de la planta. Como algunos manifestaron que no irían a votar, el estudio realizó una submuestra sobre las personas que sí emitirían sufragio. La respuesta se agudizó: casi el 65% expresó que votaría por el “NO” a la empresa.
  • Un 71% consideró que los “accionistas de Monsanto” serían los principales beneficiados si se instalara la planta, mientras que casi el 58% apuntó a los funcionarios municipales, provinciales y nacionales.
  • ¿Y el principal perjudicado? Casi el 64% apuntó que sería “todo el pueblo de Malvinas”, mientras que el 34% dijo que serían “la mayoría de los habitantes” de la población.
  • 7 de cada 10 personas se mostraron de acuerdo con las acciones realizadas por las vecinas y los vecinos de Malvinas Argentinas para impedir la radicación de Monsanto en Córdoba. Solamente 2 de cada 10 (21 por ciento) no acuerdan.
  • Los investigadores y las investigadoras del CONICET se mostraron sorprendidos por el “altísimo grado de visibilidad pública” del conflicto. Casi el 95% de la población encuestada está informada sobre la cuestión.

 
La última parte del informe expone algunas consideraciones analíticas robre la lectura de los resultados. En ese sentido, respecto a la instancia de consulta popular o referéndum, el investigador Mazzalay destaca: “Esto sugiere una amplia legitimidad de este mecanismo como un instrumento para la toma de decisión pública definitiva, a la vez que un pedido generalizado de un modo de participación en el cual la ciudadanía pueda ser escuchada por las autoridades sin exponerse a probables sanciones”.
¿Por qué el estudio advierte esto? Mazzalay aclara: “En estudios previos se mostró que una importante porción ciudadana manifestó que no era seguro opinar en contra, o realizar acciones de oposición a la instalación a la planta”.
El informe concluye: “Considerando resultados de estudios previos, estos datos sugieren que existe una mayoría consistente de la población que mantiene una posición firme de rechazo a la planta de Monsanto. Nótese que transcurrido más de un año, desde la realización de un estudio de opinión en marzo de 2013, la distribución de posicionamientos se mantiene similar pese a las numerosas acciones de los diversos actores involucrados”.

Transversalidad modelo 2014

Volvemos a septiembre 2013. La asamblea sabía que no quería la planta, pero, ¿cómo evitarla? Al principio fueron las Madres las que comenzaron el bloqueo. Algunos no estaban de acuerdo. “Veíamos como algo imposible de sostener”, recuerda Ester sobre las estrategias de entonces. “Creíamos que nos iba a sacar la policía a los pocos días. Y hoy estamos a un año. La policía vino, pero no pudo. Hoy por hoy uno puede decir que se puede salir al frente de estas grandes corporaciones y salirle al cruce al Gobierno”.
Aquel 19 de septiembre del 2013, la asamblea decidió organizar un festival con la excusa del Día de la Primavera. Lo llamaron Primavera Sin Monsanto y convocaron a artistas para ponerle color al reclamo y celebrar alegremente la resistencia. Pero la jugada no tenía que ver solamente con el festival. Esa también era una excusa: “Ese día comenzamos el bloqueo que al día de hoy continúa”, dice Sofía Gatica, una de las que imaginaron este modo de ponerle freno a la construcción de la planta.
Gatica es una de las Madres de Ituzaingó y uno de los emblemas de lucha contra Monsanto en Argentina y en el mundo. A un año de su nueva lucha, dice: “Si tengo que hacer un balance de este año, veo que nos hemos puesto más rebeldes”. Y en la perspectiva del movimiento transversal que se ha generado entre vecinos de distintas localidades, científicos, abogados, estudiantes, artistas y militantes sostiene que “en Córdoba hay una resistencia muy grande. Acá se va a dar esa revolución de poder echar a esta multinacional”.

La amenaza 2015

Sin embargo, Monsanto parece dispuesto a insistir con la planta. No parece casual que un día antes de la celebración de un año del bloqueo el diario cordobés La Voz del Interior (“el Clarín de acá”, grafica Vanesa porque de hecho pertenece a dicho grupo) difunda que “fuentes ligadas a la empresa” informan que postergarán la presentación de un nuevo estudio de impacto ambiental –tal cual lo requiere la nueva ley provincial- hasta “mitad de año próximo” para “evitar  una politización adicional a la que ya plantearon grupos que se oponen a la instalación”.
Vanesa: “No podemos bajar la guardia porque ellos no descansan. Queremos que se acabe, estamos cansados, esto es muy agotador. Sabemos que vale la pena totalmente, pero sentimos que se sigue dilatando. Y esa esa es la estrategia de ellos”.
Este viernes 19, desde las 13 comenzará el festival Primavera sin Monsanto en la Plaza San Martín de la segunda sección de Malvinas Argentinas, Córdoba. Entre los artistas que confirmaron su participación están Carly Jiménez, Rubén Patagonia, Jauría, Perro Verde, Plantas, La cruza y otras. Habrá talleres, mingas, proyecciones y radio abierta.
“Va a ser otro empujón para seguir adelante”, resumen las vecinas.
Fotos de Lina Etchesuri

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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

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El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche

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Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.

Por Francisco Pandolfi

Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.

“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.

Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.

Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad. 

La causa (armada)

Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.

En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.

Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El fallo

En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.

Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
El juicio se desarrolló dentro de un escuadrón de la Gendarmería Nacional. Foto Alejandra Bartoliche

La farsa actual

Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.

Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”. 

En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.

Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico  –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.

Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Las mujeres detenidas, fuera del escuadrón, prenden el fuego.

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Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”  

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El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa. 

Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche

Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”  

Foto: Alejandra Bartoliche

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. 

Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.

1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.

2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.

La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.

El por qué de la decisión se impone como pregunta. 

La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.

No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.

Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.

Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.

Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional. 

Foto: Alejandra Bartoliche

El contexto

Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).

La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”. 

Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una  reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe. 

El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Foto: Alejandra Bartoliche

El comienzo del juicio oral

En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo. 

La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”. 

Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”. 

¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia. 

Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.

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