Nota
Ordenan cumplir el cupo laboral trans en la Ciudad: Cristina Montserrat tenía razón
El cupo laboral trans del 5% deberá ser reglamentado en 30 días para implementarse en el Poder Judicial porteño, de acuerdo a un fallo tal vez histórico, que ordena al Consejo de la Magistratura cumplir lo dispuesto por la ley y exhorta a que se haga lo mismo en todas las áreas oficiales de la Ciudad. Cristina Montserrat Hendrickse, abogada e impulsora de la demanda, explica a lavaca: “Esto significa que el Consejo tiene que cubrir el 5% de la planta judicial con personas del colectivo trans. Es una opción, para la que no quiere prostituirse, de tener un empleo con obra social, sin automedicarse con hormonas ni inyectarse aceites industriales. El empleo revierte una situación de apartheid”. Los números del Observatorio de violencia trans, el fallo completo, las cifras de la discriminación y las veces en que lo supuestamente inviable termina siendo motor de transformación.
El juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 21 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la doctora María Soledad Larrea, produjo esta semana un fallo histórico: hacer lugar a una medida cautelar que ordena al Consejo de la Magistratura porteño a que en un plazo de 30 días dicte la reglamentación para implementar en el Poder Judicial el cupo laboral del 5 por ciento para personas trans, establecido en la Ley 4376 de Política Pública sancionada en 2012 para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas LGTBI.
“Significa que el Consejo tiene que adecuarse a cubrir su planta y la del Poder Judicial con el 5 por ciento de nuestro colectivo”, explica a lavaca la abogada Cristina Montserrat Hendrickse, integrante del equipo jurídico de la Defensoría LGTB en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, e impulsora de la demanda.
Otro dato: el fallo exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad, al Presidente de la Legislatura de la Ciudad, a la Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudady a cada uno de los titulares de las tres ramas del Ministerio Público de la Ciudad a dictar las reglamentaciones pertinentes a fin de dar cabal cumplimiento al cupo laboral trans.
Seis años de ley ignorada
En abril del 2017, la abogada presentó un reclamo administrativo al Consejo de la Magistratura para garantizar la integración del cupo del 5 por ciento.
Lo que siguió fue un trayecto judicial que derivó en la sentencia del Juzgado N°21, a cargo de la doctora María Soledad Larrea, que argumentó que la falta de reglamentación lesiona los derechos de Cristina Montserrat no solo en forma personal, sino también del colectivo trans. El fallo destaca los fundamentos de la Ley 4376 al subrayar que “casi un 39 por ciento del colectivo trans padece discriminación laboral, por no acceder a un trabajo o ser objeto de exclusión del mismo orden a su identificación sexual”.
Por esa razón, la jueza esgrime:
“Entiendo que la falta de reglamentación de una norma vigente, dictada en el año 2012 que propone la incorporación en una proporción no inferior a un 5% de personas trans en el ámbito del empleo público de la CABA torna procedente la necesidad de un remedio cautelar en tanto se verifica la concurrencia de la verosimilitud del derecho invocada y el transcurso de una razonable pauta temporal (seis años desde el dictado de la ley)”.
Los números de OvisTrans
En 2018, el Observatorio de Violencia Institucional y Social Trans (OvisTrans) presentó un pedido de informes al Consejo, que fue “renuente” a brindar información al alegar que no registra a “sus empleados” por su identidad de género.
El informe elaborado por el OvisTrans, a partir de datos particulares, revela que solo una empleada trans trabaja en el Juzgado de Elena Liberatori, aunque se desconoce si pertenece a planta o a contratos precarios. Tampoco el Poder Legislativo respondió la solicitud: OvisTrans averiguó que allí sólo trabaja una persona trans “con un contrato de locación de servicios, cumpliendo funciones de guía a alumnos de colegios que visitan la Legislatura”.
Luego de un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad, el Observatorio determinó que de las casi 139 mil personas que trabajan en la Administración Central del Poder Ejecutivo, sólo 43 son personas trans. Muy lejos de los casi 7000 puestos de empleo que deberían existir si se cumpliera la ley.
La abogada Montserrat Hendrickse –quien formó parte de la elaboración de ese informe- lo ubica como contexto del fallo de la jueza Larrea: “En esas cifras nos damos cuenta de todo lo que falta”.
Debate con Magistratura
La abogada inició un pedido administrativo dirigido a la presidenta del Consejo, Marcela Basterra. “Luego de ver que en varias jurisdicciones se sancionaban normas de cupo trans, vi que en el Consejo no ocurría, aunque sí lo hacían para discapacidad. En mi presentación, dije que era abogada trans, que quería entrar al Poder Judicial y que se aplicara la ley. Si bien no estaba reglamentada, hay una constitucionalidad por omisión: significa que el Estado tiene el deber de hacer algo. Nunca me respondieron el planteo”.
Cristina presentó un pedido de “pronto despacho”, pero los plazos se seguían agotando. “Después de un tiempo sin responder, ya se puede considerar por denegado. Hice entonces la vía de la hormiga: agotadas las actuaciones administrativas, ya podía acudir a la Justicia”.
A partir de ese momento, se puso en contacto con organizaciones LGTIB para que el escrito tomara un carácter colectivo. Allí comenzó a trabajar en la Defensoría, con atenciones a personas trans, cuestiones procesales, juicios y audiencias. Así surgió la posibilidad de hablar con Basterra para saber si la ley sería reglamentada.
La abogada exigió que el pedido se hiciera por escrito, para dejar constancia de una respuesta oficial. Recién entonces el Consejo de la Magistratura se expidió por primera vez: de esta forma quedó expresamente dicho que para el órgano no había inconstitucionalidad por omisión.
El argumento del Consejo: “Ello por cuanto dicho inciso no establece un cupo obligatorio, sino que ‘… propone la incorporación…’ lo cual consiste en proponer a los órganos competentes la facultad de incorporar en el sector público local personas del colectivo trans”.
Cristina: “Entienden el ‘proponer’ como un sentido facultativo. Como si fuera una sugerencia. Pero acá no se trata de si querés hacerlo o no: es un derecho. Esa norma se completa con que el Estado tiene que garantizar que va a proponer un 5 por ciento de cupo”.
Mineras, volcanes y otras cosas inviables
La jueza Larrea compartió esa interpretación. Por eso, en su fallo queda claro que no se trata de un hecho facultativo: el Poder Judicial debe hacer lugar a la medida cautelar en un plazo de 30 días.
Reflexión de la abogada: “En todos lados me dijeron que lo que yo planteaba era inviable. Que no iba a salir. Me lo dijeron a mí, que vengo del trabajo horizontal de las asambleas en la Patagonia contra empresas multinacionales extractivas, que logramos un plesbiscito en Loncopué que rechazó la instalación de una minera y que fuimos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el lonko mapuche a explicarle a esos técnicos que nuestro volcán Copahue tiene sentimientos. ¿Y sabés qué? Nos dieron la razón. Bueno: acá también”.
El trabajo o los crímenes
La abogada también hace referencia a un detalle que la jueza considera en su fallo: la supuesta cuestión de privilegio que tendría el colectivo trans respecto a esta medida. “Hay muchos medios o periodistas de derecha, que plantean que tenemos que entrar por capacidades y no por cupo, como si muchos empleos públicos estuvieran cubiertos por capacidad. A la mayoría de las compañeras no las dejan inscribirse, las que no tienen empleo no pueden acceder, y la cualificación laboral de nuestro colectivo es escasa o nula. Pero eso no quita que el Estado también tenga empleo no calificado: pueden atender la mesa de entrada, o sacar fotocopias, como hace tanta gente cis género que trabaja en el Estado”.
Otro aspecto es la cuestión económica: “Piensan que hay que crear puestos de trabajo para las travestis, pero no: cuando se produce una vacante, y hasta cubrir el cinco por ciento, tienen prioridad las personas pertenecientes al colectivo. La cuestión económica se trasluce cuando vos no atendés a esa población. Por ejemplo, en la cuestión de salud: nuestra expectativa de vida es de 35 o 40 años. Las chicas, desde muy temprano, la pasan muy mal: mucha exclusión, episodios de depresión que pueden desembocar en adicciones. Muchas compañeras con HIV, la exposición riesgosa del trabajo sexual, no regulado, aunque sí gestionado ilegalmente por el Estado. En Camino Negro (Lomas de Zamora), por ejemplo, tenemos chicas muertas todos los meses por conflictos con la recaudación”.
Cristina Montserrat Hendrickse pone el ejemplo de la sala 8 del Hospital Muñiz, donde un equipo trans se encarga de atender a otras personas del colectivo que llegan con mal estado de salud.
“Muchas llegan con intentos de suicidio, o suicidios fallidos, que son muy costosos, porque te llevan casi un mes de terapia limpiando el organismo. Y en esa sala morimos como moscas. No hay familiares. Solo un grupo, que se llama Trans-Vivir, que se encarga de garantizar ciertas condiciones, pero no deja de ser parte de una sociedad de apartheid donde la expectativa de vida general es de 80 años, y para nosotras de 35 o 40”.
Quebrar el apartheid
¿Qué significa, entonces, que este logro se haya conseguido en el Consejo de la Magistratura?
“Ese es el primer lugar en el que se deberían reconocer las leyes, pero también es el primero que ha tenido una respuesta administrativa con una interpretación que desconoce este derecho. Y no les interesa. Hay un Observatorio de Género, con buenos dictámenes, pero a nosotras no nos sirve si no se concreta en la realidad con hechos palpables. El cupo trans se necesita hoy, para que la que no quiere ir a prostituirse tenga una opción, un empleo con obra social, para que no tenga que automedicarse con hormonas, inyectarse aceites industriales. El empleo es importantísimo para revertir esta situación de apartheid”.
Cristina subraya que en la reforma constitucional de 1994 se incluyeron las políticas activas (artículo 75, inciso 23), o lo que se llama “discriminación positiva”. Explica: “Es cuando la ley crea una desigualdad para compensar una desigualdad real. Y acá hay una desigualdad. Supongamos que fuéramos el 5 por ciento del país: no veo ese 5 por ciento atendiendo farmacias, bancos, comercios. Algo está pasando. Obvio que hay niveles de desocupación generales, pero el índice de desempleo no es el mismo para nosotras. Estamos literalmente afuera”.
¿Y en el Consejo de la Magistratura? “Mucho menos posibilidad todavía. Es un conservadurismo de privilegios de grupos que son cerrados para el resto de la sociedad. No se puede formar una clase social así, tan distanciada de la realidad, y mucho menos con un discurso progre, con publicaciones sobre el acceso a la justicia de personas trans, cuando lo que vimos con OvisTrans es que, salvo una chica en el juzgado de Liberatori, no hay nadie. Yo soy abogada, y tengo interés de participar en las funciones públicas de mi país. Este fallo no hace más que reconocer el derecho que me reconocen todos los tratados internacionales”.
El fallo completo de la justicia sobre el cupo trans en CABA
Nota
La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina
Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.
Por Bernardina Rosini
El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.
El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: Nanny Pelazzini/lavaca.org.
Lo que no se puede creer
Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.
Varones
Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.
Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema?
«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.
La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nanny Pelazzini/lavaca.org
La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.
Dónde está Delicia
Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.
Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.
Justicia sin apellido
Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»
Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.
La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.
Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nanny Pelazzini/lavaca.org
Nota
MU 213: Movete
Son personas que se organizan y se movilizan para defender derechos de toda la
sociedad. Son quienes sufren palos, gases y humillaciones por estar de pie. Quienes
crean respuestas donde hay impotencia y nuevas palabras para definir el futuro.
Nuestro homenaje: reunirlas y escucharlas.
Mover el mundo: Cumbre de imprescindibles
Jubilados, discas, asambleístas ambientales, travas, familias víctimas de femicidios y el papá de Pablo Grillo: reunimos a quienes se movilizan y no abandonan la calle a pesar de los palazos y de la falta de respuestas. Quienes marcan una agenda por abajo que es a la vez un rumbo y un llamado a la acción, y también a la unidad. Frente a la dispersión, voces que hablan de un horizonte común, más acá de la política partidaria, para repensar la democracia y la forma en que resistimos.
Por Claudia Acuña
Del dicho al hecho: Los crímenes de odio baten récords
En 2025 se produjeron 227 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGTBIQ+: 60% más que el año anterior. El combustible: la violencia y discriminación desde el gobierno, empezando por el Presidente, y el desmantelamiento de políticas públicas. La precarización de la vida privada y lo que ocurre cuando el Estado se retira.
Por Evangelina Bucari
Comunicacción: Unión de Medios Autogestivos
Siete medios de todo el país nos reunimos para crear transversalidad, proyectos y compartir ideas sobre cómo hacer periodismo en tiempos mileístas y más acá: el cooperativismo, las comunidades, el territorio, la agenda propia. ¿Cómo crear valor, generar puestos de trabajo y sostenerse cuando todo se cae? Lo que representan estos diarios, revistas, agencias y periodistas todoterreno que resguardan lo mejor del oficio, por fuera de Tik Tok y los streamings de turno.
Por Lucas Pedulla
Ojos bien abiertos: Tadeo Bourbon, fotógrafo
Fue uno de los premiados por el World Press Photo por una imagen que podés ver en la página siguiente. La historia de Tadeo y de aquel día de marcha, represión, golpes y gas pimienta. De la moto, los casamientos y otros empleos, al contexto profesional y a la vez emocional que alimentó ese click al que llamó La Argentina de Milei.
Por Sergio Ciancaglini
Alerta verde: MU en Misiones
Desde que asumió Milei, el precio que se paga a productores y trabajadores está desregulado. Cómo impacta esto en una industria ya precarizada, y lo que genera: éxodo rural, desarraigo, pobreza. Crónica de una época desde un territorio olvidado y en lucha.
Por Francisco Pandolfi
Mondiablo: Juicios contra el Roundup de Monsanto/Bayer
Las pérdidas millonarias de Bayer por las demandas vinculadas al glifosato vuelven a poner en escena una historia que lleva décadas: evidencia científica, fraude corporativo, lobby político y daños sanitarios y ambientales a escala global. Mientras avanzan nuevos acuerdos judiciales y Trump sale al rescate de la compañía, el herbicida sigue presente en cuerpos, territorios y alimentos.
Por Anabel Pomar
Anti algoritmo: Cineclub Mabuse
Hace 25 años que Uriel Barros proyecta películas en Súper 8 en festivales, centros culturales, escuelas, bares y espacios under. Una defensa artesanal y colectiva del cine frente a las plataformas, los algoritmos y el consumo individual. Terror, ciencia ficción, muñecos malditos y películas que todavía necesitan ser vistas.
Por María del Carmen Varela
Monte Hermosa: Josefina Lamarre
Editó el álbum Yin Yang y también le cantó (en contra) al amor extractivista. De la tevé en piyamas a la comedia musical, la perfomance, el Hotel Faena y las coplas chismosas. Lo que surgió de una ducha y la convivencia entre lo tanático, lo erótico y lo vital.
Por María del Carmen Varela
Biblias.
Por Carlos Melone
Nota
MU 212: El fin de un mundo
MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.
El principio de todo: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
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