Nota
Ordenan cumplir el cupo laboral trans en la Ciudad: Cristina Montserrat tenía razón
El cupo laboral trans del 5% deberá ser reglamentado en 30 días para implementarse en el Poder Judicial porteño, de acuerdo a un fallo tal vez histórico, que ordena al Consejo de la Magistratura cumplir lo dispuesto por la ley y exhorta a que se haga lo mismo en todas las áreas oficiales de la Ciudad. Cristina Montserrat Hendrickse, abogada e impulsora de la demanda, explica a lavaca: “Esto significa que el Consejo tiene que cubrir el 5% de la planta judicial con personas del colectivo trans. Es una opción, para la que no quiere prostituirse, de tener un empleo con obra social, sin automedicarse con hormonas ni inyectarse aceites industriales. El empleo revierte una situación de apartheid”. Los números del Observatorio de violencia trans, el fallo completo, las cifras de la discriminación y las veces en que lo supuestamente inviable termina siendo motor de transformación.
El juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 21 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la doctora María Soledad Larrea, produjo esta semana un fallo histórico: hacer lugar a una medida cautelar que ordena al Consejo de la Magistratura porteño a que en un plazo de 30 días dicte la reglamentación para implementar en el Poder Judicial el cupo laboral del 5 por ciento para personas trans, establecido en la Ley 4376 de Política Pública sancionada en 2012 para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas LGTBI.
“Significa que el Consejo tiene que adecuarse a cubrir su planta y la del Poder Judicial con el 5 por ciento de nuestro colectivo”, explica a lavaca la abogada Cristina Montserrat Hendrickse, integrante del equipo jurídico de la Defensoría LGTB en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, e impulsora de la demanda.
Otro dato: el fallo exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad, al Presidente de la Legislatura de la Ciudad, a la Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudady a cada uno de los titulares de las tres ramas del Ministerio Público de la Ciudad a dictar las reglamentaciones pertinentes a fin de dar cabal cumplimiento al cupo laboral trans.
Seis años de ley ignorada
En abril del 2017, la abogada presentó un reclamo administrativo al Consejo de la Magistratura para garantizar la integración del cupo del 5 por ciento.
Lo que siguió fue un trayecto judicial que derivó en la sentencia del Juzgado N°21, a cargo de la doctora María Soledad Larrea, que argumentó que la falta de reglamentación lesiona los derechos de Cristina Montserrat no solo en forma personal, sino también del colectivo trans. El fallo destaca los fundamentos de la Ley 4376 al subrayar que “casi un 39 por ciento del colectivo trans padece discriminación laboral, por no acceder a un trabajo o ser objeto de exclusión del mismo orden a su identificación sexual”.
Por esa razón, la jueza esgrime:
“Entiendo que la falta de reglamentación de una norma vigente, dictada en el año 2012 que propone la incorporación en una proporción no inferior a un 5% de personas trans en el ámbito del empleo público de la CABA torna procedente la necesidad de un remedio cautelar en tanto se verifica la concurrencia de la verosimilitud del derecho invocada y el transcurso de una razonable pauta temporal (seis años desde el dictado de la ley)”.
Los números de OvisTrans
En 2018, el Observatorio de Violencia Institucional y Social Trans (OvisTrans) presentó un pedido de informes al Consejo, que fue “renuente” a brindar información al alegar que no registra a “sus empleados” por su identidad de género.
El informe elaborado por el OvisTrans, a partir de datos particulares, revela que solo una empleada trans trabaja en el Juzgado de Elena Liberatori, aunque se desconoce si pertenece a planta o a contratos precarios. Tampoco el Poder Legislativo respondió la solicitud: OvisTrans averiguó que allí sólo trabaja una persona trans “con un contrato de locación de servicios, cumpliendo funciones de guía a alumnos de colegios que visitan la Legislatura”.
Luego de un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad, el Observatorio determinó que de las casi 139 mil personas que trabajan en la Administración Central del Poder Ejecutivo, sólo 43 son personas trans. Muy lejos de los casi 7000 puestos de empleo que deberían existir si se cumpliera la ley.
La abogada Montserrat Hendrickse –quien formó parte de la elaboración de ese informe- lo ubica como contexto del fallo de la jueza Larrea: “En esas cifras nos damos cuenta de todo lo que falta”.
Debate con Magistratura
La abogada inició un pedido administrativo dirigido a la presidenta del Consejo, Marcela Basterra. “Luego de ver que en varias jurisdicciones se sancionaban normas de cupo trans, vi que en el Consejo no ocurría, aunque sí lo hacían para discapacidad. En mi presentación, dije que era abogada trans, que quería entrar al Poder Judicial y que se aplicara la ley. Si bien no estaba reglamentada, hay una constitucionalidad por omisión: significa que el Estado tiene el deber de hacer algo. Nunca me respondieron el planteo”.
Cristina presentó un pedido de “pronto despacho”, pero los plazos se seguían agotando. “Después de un tiempo sin responder, ya se puede considerar por denegado. Hice entonces la vía de la hormiga: agotadas las actuaciones administrativas, ya podía acudir a la Justicia”.
A partir de ese momento, se puso en contacto con organizaciones LGTIB para que el escrito tomara un carácter colectivo. Allí comenzó a trabajar en la Defensoría, con atenciones a personas trans, cuestiones procesales, juicios y audiencias. Así surgió la posibilidad de hablar con Basterra para saber si la ley sería reglamentada.
La abogada exigió que el pedido se hiciera por escrito, para dejar constancia de una respuesta oficial. Recién entonces el Consejo de la Magistratura se expidió por primera vez: de esta forma quedó expresamente dicho que para el órgano no había inconstitucionalidad por omisión.
El argumento del Consejo: “Ello por cuanto dicho inciso no establece un cupo obligatorio, sino que ‘… propone la incorporación…’ lo cual consiste en proponer a los órganos competentes la facultad de incorporar en el sector público local personas del colectivo trans”.
Cristina: “Entienden el ‘proponer’ como un sentido facultativo. Como si fuera una sugerencia. Pero acá no se trata de si querés hacerlo o no: es un derecho. Esa norma se completa con que el Estado tiene que garantizar que va a proponer un 5 por ciento de cupo”.
Mineras, volcanes y otras cosas inviables
La jueza Larrea compartió esa interpretación. Por eso, en su fallo queda claro que no se trata de un hecho facultativo: el Poder Judicial debe hacer lugar a la medida cautelar en un plazo de 30 días.
Reflexión de la abogada: “En todos lados me dijeron que lo que yo planteaba era inviable. Que no iba a salir. Me lo dijeron a mí, que vengo del trabajo horizontal de las asambleas en la Patagonia contra empresas multinacionales extractivas, que logramos un plesbiscito en Loncopué que rechazó la instalación de una minera y que fuimos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el lonko mapuche a explicarle a esos técnicos que nuestro volcán Copahue tiene sentimientos. ¿Y sabés qué? Nos dieron la razón. Bueno: acá también”.
El trabajo o los crímenes
La abogada también hace referencia a un detalle que la jueza considera en su fallo: la supuesta cuestión de privilegio que tendría el colectivo trans respecto a esta medida. “Hay muchos medios o periodistas de derecha, que plantean que tenemos que entrar por capacidades y no por cupo, como si muchos empleos públicos estuvieran cubiertos por capacidad. A la mayoría de las compañeras no las dejan inscribirse, las que no tienen empleo no pueden acceder, y la cualificación laboral de nuestro colectivo es escasa o nula. Pero eso no quita que el Estado también tenga empleo no calificado: pueden atender la mesa de entrada, o sacar fotocopias, como hace tanta gente cis género que trabaja en el Estado”.
Otro aspecto es la cuestión económica: “Piensan que hay que crear puestos de trabajo para las travestis, pero no: cuando se produce una vacante, y hasta cubrir el cinco por ciento, tienen prioridad las personas pertenecientes al colectivo. La cuestión económica se trasluce cuando vos no atendés a esa población. Por ejemplo, en la cuestión de salud: nuestra expectativa de vida es de 35 o 40 años. Las chicas, desde muy temprano, la pasan muy mal: mucha exclusión, episodios de depresión que pueden desembocar en adicciones. Muchas compañeras con HIV, la exposición riesgosa del trabajo sexual, no regulado, aunque sí gestionado ilegalmente por el Estado. En Camino Negro (Lomas de Zamora), por ejemplo, tenemos chicas muertas todos los meses por conflictos con la recaudación”.
Cristina Montserrat Hendrickse pone el ejemplo de la sala 8 del Hospital Muñiz, donde un equipo trans se encarga de atender a otras personas del colectivo que llegan con mal estado de salud.
“Muchas llegan con intentos de suicidio, o suicidios fallidos, que son muy costosos, porque te llevan casi un mes de terapia limpiando el organismo. Y en esa sala morimos como moscas. No hay familiares. Solo un grupo, que se llama Trans-Vivir, que se encarga de garantizar ciertas condiciones, pero no deja de ser parte de una sociedad de apartheid donde la expectativa de vida general es de 80 años, y para nosotras de 35 o 40”.
Quebrar el apartheid
¿Qué significa, entonces, que este logro se haya conseguido en el Consejo de la Magistratura?
“Ese es el primer lugar en el que se deberían reconocer las leyes, pero también es el primero que ha tenido una respuesta administrativa con una interpretación que desconoce este derecho. Y no les interesa. Hay un Observatorio de Género, con buenos dictámenes, pero a nosotras no nos sirve si no se concreta en la realidad con hechos palpables. El cupo trans se necesita hoy, para que la que no quiere ir a prostituirse tenga una opción, un empleo con obra social, para que no tenga que automedicarse con hormonas, inyectarse aceites industriales. El empleo es importantísimo para revertir esta situación de apartheid”.
Cristina subraya que en la reforma constitucional de 1994 se incluyeron las políticas activas (artículo 75, inciso 23), o lo que se llama “discriminación positiva”. Explica: “Es cuando la ley crea una desigualdad para compensar una desigualdad real. Y acá hay una desigualdad. Supongamos que fuéramos el 5 por ciento del país: no veo ese 5 por ciento atendiendo farmacias, bancos, comercios. Algo está pasando. Obvio que hay niveles de desocupación generales, pero el índice de desempleo no es el mismo para nosotras. Estamos literalmente afuera”.
¿Y en el Consejo de la Magistratura? “Mucho menos posibilidad todavía. Es un conservadurismo de privilegios de grupos que son cerrados para el resto de la sociedad. No se puede formar una clase social así, tan distanciada de la realidad, y mucho menos con un discurso progre, con publicaciones sobre el acceso a la justicia de personas trans, cuando lo que vimos con OvisTrans es que, salvo una chica en el juzgado de Liberatori, no hay nadie. Yo soy abogada, y tengo interés de participar en las funciones públicas de mi país. Este fallo no hace más que reconocer el derecho que me reconocen todos los tratados internacionales”.
El fallo completo de la justicia sobre el cupo trans en CABA
Nota
Escritos sobrevivientes: Un nuevo libro escrito por ex detenidos desaparecidos
Este 24 de marzo, a 49 años del golpe, la editorial lavaca publica Escritos sobrevivientes, un libro creado junto a un grupo de personas que estuvieron secuestradas y desaparecidas en distintos centros clandestinos de represión durante la última dictadura militar. Se presenta el próximo viernes 28, pero ya podés pasar a buscarlo por MU (Riobamba 143) desde hoy. En este texto, Claudia Acuña cuenta qué representa esta obra parida en colectivo y en medio de aires negacionistas.
Por Claudia Acuña
Este libro representa muchas cosas y todas y cada una nos parecen decisivas para estos tiempos desesperados.
Ni sé por dónde comenzar a enumerarlas, así que sin orden de importancia ni cronológico enumero algunas, aunque sin duda me faltarán otras que invito a que completen quienes lo lean.
Lo primero, para mí, es reconocer el valor social, político, histórico y ético que merecen las personas detenidas-desaparecidas por la dictadura cívico militar que azotó este país desde el 24 de marzo de 1976. No olvidamos esa fecha gracias a ellas, pero no siempre se las nombra con la relevancia que han tenido para construir verdad, justicia y memoria.
A algunas de ellas he tenido el honor de escucharlas y verlas testimoniar en los juicios de lesa humanidad, pero también en los diferentes procedimientos contra la impunidad que crearon y sostuvieron para que esos juicios sucedan.
Una y otra vez.
Una y otra vez.
Una y otra vez.
Hasta lograrlo.
Solo a una pude agradecerle con palabras y lágrimas el esfuerzo, el coraje y el legado que recibíamos por su esfuerzo, pero fundamentalmente por sus vidas consagradas a hacer posible lo imposible. Fue en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, mientras los altoparlantes transmitían la primera condena a los genocidas responsables del centro de detención clandestino y de tortura que funcionaba en la Esma. Ahora, con este libro queremos extender esas gracias a cada una, a cada uno.
Sé, porque comprendí la lección que nos daban, que no puedo afirmar que lo hicieron solo ellas, ellos. Esa es otra de las cosas que representa este libro: el saberse parte – y reconocerlo siempre- de algo más grande, más importante y más trascendente no solo del yo, sino incluso del núcleo colectivo en el que nos organizamos, reflexionamos y tomamos fuerza para resistir. Nuestras fuerzas individuales y nuestras construcciones políticas suman, activan, empujan, pero alcanzan sus objetivos cuando sincronizan con la necesidad social, con la época y con la Historia. Tienen alas porque tienen raíces y mueven al mundo hacia lugares mejores porque se sabe más grande y más poderosa que lo que nos rodea.
Eso que aquí las y los autores definen como “subjetividad sobreviviente” nos advierte eso: somos nuestros cuerpos y la sombra que proyectan, lo que hacemos y lo que soñamos, nuestras obras y nuestra imaginación, nuestros saberes y nuestra intuición, pero también y además aquellos cuerpos, proyecciones, hechos, batallas ganadas y perdidas, que nos anteceden y desbordan para fortalecernos y sostenernos de pie. Aquello que ilumina la oscuridad es la memoria sensible: de eso se trata este libro, además.
Otra: el valor de las utopías. En los momentos más aterradores hemos gritado “Aparición con vida y castigo a los culpables”. Bueno: la noticia es que hemos tenido éxito y aquí están las personas que cuando pronunciábamos esas palabras mágicas no podíamos abrazar. Algunas de ellas son las que el tercer sábado de cada mes vimos ingresar a nuestra trinchera durante el largo y desalentador año 2024. Para nosotros ese taller de escritura significó una cita con la esperanza, cada vez. Y una comprobación: el futuro se construye con el hacer colectivo, cada vez.
Por último: este no es un libro de testimonios sobre el horror de la dictadura, sino su contracara o quizá, lo que se puede pensar después de cruzar el abismo de la impunidad.
Quizá.
Me falta todavía superar la alegría de haberlo logrado, de sostener con las manos esta pequeña utopía realizada en tiempos de saqueo de recursos simbólicos y materiales, en las cuales sólo proponerlo sonaba casi irresponsable, para poder encontrar las palabras certeras, que expresen lo que representa que personas empobrecidas y violentadas podamos hacer lo que querramos financiadas sólo por el deseo y la convicción, que siempre es política.
Quizá la palabra exacta sea una sola: Argentina.
La presentación
Escritos sobrevivientes y compila una serie de textos producidos en un taller de escritura que tuvo lugar en MU durante 2024. Estos relatos abordan historias marcadas por lo que el grupo denomina «subjetividad sobreviviente». El resultado es un conjunto de textos poéticos, políticos y filosóficos, de una potencia y belleza conmovedoras.
Participan: Rufino Almeida, Margarita Fátima Cruz, Graciela Daleo, Lucía Fariña, Mercedes Joloidovsky, Eduardo Lardies, Susana Leiracha, María Alicia Milia, Claudio Niro, Silvia Irene Saladino, Stella Maris Vallejos e Inés Vázquez.
Así lo resumen sus autoras y autores: «Un grupo de compañeras y compañeros, ex detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado, nos reunimos en un taller de escritura para crear textos enfocados en la subjetividad sobreviviente, mientras la voz del poder alimenta el negacionismo y la reiteración del sufrimiento popular por variados medios».
El libro se presentará el próximo viernes 28 de marzo a las 20 horas en Mu Trinchera Boutique, Riobamba 143.
Podés conseguirlo desde hoy, 24 de marzo, también en MU.

Nota
La Justicia esquiva la causa por el disparo a Pablo Grillo: “Hasta ahora no se investigó nada”

La recuperación de Pablo “es muy rápida” pero la investigación sobre su intento de asesinato, muy lenta, o directamente inexistente. Qué dijo el padre hoy frente al Hospital Ramos Mejía donde Pablo sigue pelando por su vida, aún en terapia intensiva pero con avances prometedores, y las abogadas del caso que presentaron ante la Justicia: primero Servini de Cubría y luego el candidateado a la Corte Ariel Lijo rechazaron la causa, y ahora se sortea en la Cámara Federal de Casación a qué juez le tocará investigar a quien le disparó y a sus superiores jerárquicos. Los dichos de Adorni en conferencia de hoy, y quién cortó el diálogo con la familia; las pruebas que se pidieron y las que se aportaron; y el texto de la presentación judicial en la que la familia pide ser querellante, con las pruebas que aportamos desde decenas de medios, fotoperiodistas y organizaciones sociales.
Por Francisco Pandolfi
Pablo Grillo todavía no está fuera de peligro, pero la mejoría día a día, paulatina y constante, le permite a la familia hablar ya no sólo de su estado de salud. Hasta hoy, el único foco era la supervivencia de este fotógrafo de 35 años impactado por una granada de gas lacrimógeno, fuera de toda legalidad, por las fuerzas de inseguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich.
La pérdida de masa encefálica y la fractura de cráneo con la que llegó de urgencia al Hospital Ramos Mejía –el miércoles 12 de marzo, cuando se desató la represión en la marcha por las paupérrimas condiciones en las que viven las y los jubilados–; la primera operación esa misma noche en la que se bajó la presión intracraneal y se le reconstruyó algo del tejido. Las pupilas que empiezan a reaccionar bien. La merma en la sedación. Los primeros movimientos – prematuros e inesperados por los propios médicos–. Otra operación por un derrame que es revertido a tiempo. La baja de los glóbulos blancos como síntoma de la baja en la infección. Y a solo una semana del disparo, Pablo abre los ojos. Y le sacan el respirador para ver cómo reacciona y lo hace agarrándole la mano a la mamá. Y por si fuera poco le susurra las palabras más hermosas a su papá: “Hola, viejo”.
Pablo continúa en terapia intensiva, en estado crítico, pero respondiendo bien neurológica y físicamente. “Es asombroso el nivel de avance que tuvo”, dice Fabián, su viejo, con los ojos emocionados e incrédulos por la mejoría impensada en tan poco tiempo. Esa sucesión de buenas noticias las que posibilitan a la familia convocar este viernes a una conferencia de prensa «para contar novedades en la causa judicial».
Primero, habla Fabián, su papá, sobre la salud de Pablo: “Las novedades son que está estable, por lo tanto es bueno. Está con los ojos abiertos y sigue sin respirador”.
Fabián lleva puesta una remera azul, con letras blancas que dicen: “Justicia por Pablo Grillo”. Se lo nota cansado, pero más distendido. Se ríe cuando cuenta: “Tengo un video con saludos de (Ricardo) Bochini, veremos si los médicos nos permiten que se lo pasemos. Si lo escucha al Bocha, va a volver a hablar seguro Pablo”. Mantiene los pies sobre la tierra: “Todavía la situación es grave: está en terapia y con riesgo de vida. Pero en ese marco todo lo que estuvo ocurriendo es favorable. A todos nos sorprendió su evolución. Incluso los médicos manifiestan que la evolución que está teniendo es asombrosa. Es muy rápida”.
Este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el diálogo con la familia quedó roto desde que el padre de Pablo acusó a Bullrich de ser cómplice. Fabián le responde: “Nosotros no cortamos nada porque nunca existió el diálogo. Lo mío fue una respuesta a una declaración mentirosa de Bullrich, por tanto si es que alguien cortó el diálogo fueron ellos. Yo estoy dispuesto a escuchar, si alguien me llama”. Y agregó: “A esta altura no lo espero (ese llamado). Espero poco. Pero demostraría que tienen todavía un grado de humanidad”.
En relación a las mentiras de Bullrich sobre el trayecto del proyectil, expresó: “Me da vergüenza la forma en que fue acomodando la mentira. La va acomodando a medida que la realidad se lo desmiente, es hasta absurdo, burdo, grotesco: no sé que palabra utilizar”. Cuando le preguntaron si le diría algo al gendarme que, según los elementos reconstruidos hasta el momento, sería quien disparó (presuntamente, el cabo Guerrero), afirmó: “Personalmente no le diría nada. Sí lo vamos a decir de forma jurídica. El mejor diálogo que podemos tener con esta gente es en lo judicial”.
La causa, sin avances
Fabián estuvo acompañado por Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y a Paula Litvachky, del CELS, organismos que patrocinarán legalmente a la familia, que este 21 de marzo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida en cuenta como querellante en la investigación judicial.
Lo más importante de la causa hasta ahora: desde el 12 de marzo “no se investigó nada y reclamamos que se empiece a investigar urgente”. Las abogadas cuentan el por qué: “La causa iniciada por la denuncia de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) que dio inicio a la instrucción estaba presentada en el Juzgado 12 de Ariel Lijo, quien se la devolvió a la Jueza Servini de Cubría, que otra vez la rechazó. Ninguno de los dos quiere hacerse cargo de la investigación. Ahora irá a sorteo para definir quién la sigue. La Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver”. Agregan: “Hasta ahora el Ministerio de Seguridad dijo que no hará sumarios internos por el accionar de su Fuerza, lo que refleja el encubrimiento”.
La causa aún no tiene carátula porque no está radicada en ningún juzgado. La denuncia presentada es por tentativa de homicidio agravado, por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público.
Dice Paula Litvachky, del CELS: “Es muy importante que la causa salga de este limbo judicial y se inicie el pedido de pruebas antes de que pase más tiempo”.
Dice Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos: “Esperamos que en estos primeros 9 días en los que no se hizo nada, no haya ninguna prueba que se haya destruido, modificado, alterado. Hay cámaras del Gobierno de la Ciudad que tienen un tiempo de duración determinado, o de negocios que también se van borrando y si no las pedís inmediatamente después ya no están. Es vergonzoso que un hecho así no lo esté investigando nadie”.
Las abogadas pidieron una serie de pruebas. Las más relevantes: “Quién dio las órdenes, cómo se manifestaron esas órdenes y cuáles fueron, antes y después del impacto; cuál fue el protocolo que se aplicó, quienes integraban el equipo donde estaba incluido el cabo Guerrero y qué órdenes se le impartió a ese grupo en particular; qué armas utilizaron”. También exigen que se lo llame a indagatoria a Guerrero. “Ya hay suficientes elementos para hacerlo”.
Completa Paula Litvachky: “Hicimos una presentación con los hechos, tenemos un montón de pruebas para que se reconstruya ese tramo del operativo de modo tal que se pueda tener la responsabilidad de quién disparó y de toda la cadena jerárquica”.
Concluyen ambas: “Las pruebas están. Nunca hubo tanto registro fotográfico y audiovisual. Necesitamos el acompañamiento social para empujar a que se haga justicia y que no quieran desviar el foco de la investigación”.
Nota
La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (81 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.
Por Franco Ciancaglini.
La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo.
En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso.
“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.
La que habla es una de sus hijas, Paula.
El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10.
Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 81 años.

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.
El arma y la palabra
Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.
Es jubilada.
Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.
Tiene tres hijas.
Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.
Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.
Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.
La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.
Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.
El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.
Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.
Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.
Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.
“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.
Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.
Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.
Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.
Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.
La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”.
¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.
La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.
¿Necesitan algo? “Sí: paz”.
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