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Ordenan cumplir el cupo laboral trans en la Ciudad: Cristina Montserrat tenía razón

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El cupo laboral trans del 5% deberá ser reglamentado en 30 días para implementarse en el Poder Judicial porteño, de acuerdo a un fallo tal vez histórico, que ordena al Consejo de la Magistratura cumplir lo dispuesto por la ley y exhorta a que se haga lo mismo en todas las áreas oficiales de la Ciudad. Cristina Montserrat Hendrickse, abogada e impulsora de la demanda, explica a lavaca: “Esto significa que el Consejo tiene que cubrir el 5% de la planta judicial con personas del colectivo trans. Es una opción, para la que no quiere prostituirse, de tener un empleo con obra social, sin automedicarse con hormonas ni inyectarse aceites industriales. El empleo revierte una situación de apartheid”. Los números del Observatorio de violencia trans, el fallo completo, las cifras de la discriminación y las veces en que lo supuestamente inviable termina siendo motor de transformación.
 
El juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 21 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la doctora María Soledad Larrea, produjo esta semana un fallo histórico: hacer lugar a una medida cautelar que ordena al Consejo de la Magistratura porteño a que en un plazo de 30 días dicte la reglamentación para implementar en el Poder Judicial el cupo laboral del 5 por ciento para personas trans, establecido en la Ley 4376 de Política Pública sancionada en 2012 para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas LGTBI.
“Significa que el Consejo tiene que adecuarse a cubrir su planta y la del Poder Judicial con el 5 por ciento de nuestro colectivo”, explica a lavaca la abogada Cristina Montserrat Hendrickse, integrante del equipo jurídico de la Defensoría LGTB en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, e impulsora de la demanda.
Otro dato: el fallo exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad, al Presidente de la Legislatura de la Ciudad, a la Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudady a cada uno de los titulares de las tres ramas del Ministerio Público de la Ciudad a dictar las reglamentaciones pertinentes a fin de dar cabal cumplimiento al cupo laboral trans.
Seis años de ley ignorada
En abril del 2017, la abogada presentó un reclamo administrativo al Consejo de la Magistratura para garantizar la integración del cupo del 5 por ciento.
Lo que siguió fue un trayecto judicial que derivó en la sentencia del Juzgado N°21, a cargo de la doctora María Soledad Larrea, que argumentó que la falta de reglamentación lesiona los derechos de Cristina Montserrat no solo en forma personal, sino también del colectivo trans. El fallo destaca los fundamentos de la Ley 4376 al subrayar que “casi un 39 por ciento del colectivo trans padece discriminación laboral, por no acceder a un trabajo o ser objeto de exclusión del mismo orden a su identificación sexual”.
Por esa razón, la jueza esgrime:
“Entiendo que la falta de reglamentación de una norma vigente, dictada en el año 2012 que propone la incorporación en una proporción no inferior a un 5% de personas trans en el ámbito del empleo público de la CABA torna procedente la necesidad de un remedio cautelar en tanto se verifica la concurrencia de la verosimilitud del derecho invocada y el transcurso de una razonable pauta temporal (seis años desde el dictado de la ley)”.
Los números de OvisTrans
En 2018, el Observatorio de Violencia Institucional y Social Trans (OvisTrans) presentó un pedido de informes al Consejo, que fue “renuente” a brindar información al alegar que no registra a “sus empleados” por su identidad de género.
El informe elaborado por el OvisTrans, a partir de datos particulares, revela que solo una empleada trans trabaja en el Juzgado de Elena Liberatori, aunque se desconoce si pertenece a planta o a contratos precarios. Tampoco el Poder Legislativo respondió la solicitud: OvisTrans averiguó que allí sólo trabaja una persona trans “con un contrato de locación de servicios, cumpliendo funciones de guía a alumnos de colegios que visitan la Legislatura”.
Luego de un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad, el Observatorio determinó que de las casi 139 mil personas que trabajan en la Administración Central del Poder Ejecutivo, sólo 43 son personas trans. Muy lejos de los casi 7000 puestos de empleo que deberían existir si se cumpliera la ley.
La abogada Montserrat Hendrickse –quien formó parte de la elaboración de ese informe- lo ubica como contexto del fallo de la jueza Larrea: “En esas cifras nos damos cuenta de todo lo que falta”.
Debate con Magistratura

La abogada inició un pedido administrativo dirigido a la presidenta del Consejo, Marcela Basterra. “Luego de ver que en varias jurisdicciones se sancionaban normas de cupo trans, vi que en el Consejo no ocurría, aunque sí lo hacían para discapacidad. En mi presentación, dije que era abogada trans, que quería entrar al Poder Judicial y que se aplicara la ley. Si bien no estaba reglamentada, hay una constitucionalidad por omisión: significa que el Estado tiene el deber de hacer algo. Nunca me respondieron el planteo”.
Cristina presentó un pedido de “pronto despacho”, pero los plazos se seguían agotando. “Después de un tiempo sin responder, ya se puede considerar por denegado. Hice entonces la vía de la hormiga: agotadas las actuaciones administrativas, ya podía acudir a la Justicia”.
A partir de ese momento, se puso en contacto con organizaciones LGTIB para que el escrito tomara un carácter colectivo. Allí comenzó a trabajar en la Defensoría, con atenciones a personas trans, cuestiones procesales, juicios y audiencias. Así surgió la posibilidad de hablar con Basterra para saber si la ley sería reglamentada.
La abogada exigió que el pedido se hiciera por escrito, para dejar constancia de una respuesta oficial. Recién entonces el Consejo de la Magistratura se expidió por primera vez: de esta forma quedó expresamente dicho que para el órgano no había inconstitucionalidad por omisión.
El argumento del Consejo: “Ello por cuanto dicho inciso no establece un cupo obligatorio, sino que ‘… propone la incorporación…’ lo cual consiste en proponer a los órganos competentes la facultad de incorporar en el sector público local personas del colectivo trans”.
Cristina: “Entienden el ‘proponer’ como un sentido facultativo. Como si fuera una sugerencia. Pero acá no se trata de si querés hacerlo o no: es un derecho. Esa norma se completa con que el Estado tiene que garantizar que va a proponer un 5 por ciento de cupo”.
Mineras, volcanes y otras cosas inviables
 
La jueza Larrea compartió esa interpretación. Por eso, en su fallo queda claro que no se trata de un hecho facultativo: el Poder Judicial debe hacer lugar a la medida cautelar en un plazo de 30 días.
Reflexión de la abogada: “En todos lados me dijeron que lo que yo planteaba era inviable. Que no iba a salir. Me lo dijeron a mí, que vengo del trabajo horizontal de las asambleas en la Patagonia contra empresas multinacionales extractivas, que logramos un plesbiscito en Loncopué que rechazó la instalación de una minera y que fuimos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el lonko mapuche a explicarle a esos técnicos que nuestro volcán Copahue tiene sentimientos. ¿Y sabés qué? Nos dieron la razón. Bueno: acá también”.
El trabajo o los crímenes
La abogada también hace referencia a un detalle que la jueza considera en su fallo: la supuesta cuestión de privilegio que tendría el colectivo trans respecto a esta medida. “Hay muchos medios o periodistas de derecha, que plantean que tenemos que entrar por capacidades y no por cupo, como si muchos empleos públicos estuvieran cubiertos por capacidad. A la mayoría de las compañeras no las dejan inscribirse, las que no tienen empleo no pueden acceder, y la cualificación laboral de nuestro colectivo es escasa o nula. Pero eso no quita que el Estado también tenga empleo no calificado: pueden atender la mesa de entrada, o sacar fotocopias, como hace tanta gente cis género que trabaja en el Estado”.
Otro aspecto es la cuestión económica: “Piensan que hay que crear puestos de trabajo para las travestis, pero no: cuando se produce una vacante, y hasta cubrir el cinco por ciento, tienen prioridad las personas pertenecientes al colectivo. La cuestión económica se trasluce cuando vos no atendés a esa población. Por ejemplo, en la cuestión de salud: nuestra expectativa de vida es de 35 o 40 años. Las chicas, desde muy temprano, la pasan muy mal: mucha exclusión, episodios de depresión que pueden desembocar en adicciones. Muchas compañeras con HIV, la exposición riesgosa del trabajo sexual, no regulado, aunque sí gestionado ilegalmente por el Estado. En Camino Negro (Lomas de Zamora), por ejemplo, tenemos chicas muertas todos los meses por conflictos con la recaudación”.
Cristina Montserrat Hendrickse pone el ejemplo de la sala 8 del Hospital Muñiz, donde un equipo trans se encarga de atender a otras personas del colectivo que llegan con mal estado de salud.
“Muchas llegan con intentos de suicidio, o suicidios fallidos, que son muy costosos, porque te llevan casi un mes de terapia limpiando el organismo. Y en esa sala morimos como moscas. No hay familiares. Solo un grupo, que se llama Trans-Vivir, que se encarga de garantizar ciertas condiciones, pero no deja de ser parte de una sociedad de apartheid donde la expectativa de vida general es de 80 años, y para nosotras de 35 o 40”.
Quebrar el apartheid
¿Qué significa, entonces, que este logro se haya conseguido en el Consejo de la Magistratura?
“Ese es el primer lugar en el que se deberían reconocer las leyes, pero también es el primero que ha tenido una respuesta administrativa con una interpretación que desconoce este derecho. Y no les interesa. Hay un Observatorio de Género, con buenos dictámenes, pero a nosotras no nos sirve si no se concreta en la realidad con hechos palpables. El cupo trans se necesita hoy, para que la que no quiere ir a prostituirse tenga una opción, un empleo con obra social, para que no tenga que automedicarse con hormonas, inyectarse aceites industriales. El empleo es importantísimo para revertir esta situación de apartheid”.
Cristina subraya que en la reforma constitucional de 1994 se incluyeron las políticas activas (artículo 75, inciso 23), o lo que se llama “discriminación positiva”. Explica: “Es cuando la ley crea una desigualdad para compensar una desigualdad real. Y acá hay una desigualdad. Supongamos que fuéramos el 5 por ciento del país: no veo ese 5 por ciento atendiendo farmacias, bancos, comercios. Algo está pasando. Obvio que hay niveles de desocupación generales, pero el índice de desempleo no es el mismo para nosotras. Estamos literalmente afuera”.
¿Y en el Consejo de la Magistratura? “Mucho menos posibilidad todavía. Es un conservadurismo de privilegios de grupos que son cerrados para el resto de la sociedad. No se puede formar una clase social así, tan distanciada de la realidad, y mucho menos con un discurso progre, con publicaciones sobre el acceso a la justicia de personas trans, cuando lo que vimos con OvisTrans es que, salvo una chica en el juzgado de Liberatori, no hay nadie. Yo soy abogada, y tengo interés de participar en las funciones públicas de mi país. Este fallo no hace más que reconocer el derecho que me reconocen todos los tratados internacionales”.

El fallo completo de la justicia sobre el cupo trans en CABA

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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