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Paraguay: astillas del mismo palo

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Los dos sectores sociales que catapultaron a Fernando Lugo a la presidencia de Paraguay, religiosos y campesinos sin tierra, han formulado duras críticas a los seis primeros meses de su gestión, que incluyen groseras violaciones de los derechos humanos. Aquí Raúl Zibechi, desde Asunción, describe los detalles de una situación -militarización incluida- sorprendente.

Paraguay: astillas del mismo palo

El presidente Fernando Lugo


«SIEMPRE ESPERAMOS QUE las promesas electorales se realicen lo más pronto posible, especialmente para favorecer a los sectores más carenciados de la población», dijo el lunes 2 el obispo Adalberto Martínez, portavoz de la Conferencia Episcopal de Paraguay, al culminar la primera reunión anual del organismo. Los prelados se muestran preocupados también por la falta de una reforma agraria con participación de los actores sociales, la inseguridad, el desempleo y la migración, así como por otra promesa de campaña ya incumplida: una reforma de la justicia.
En efecto, Lugo parece haber archivado de momento cualquier modificación en la integración del máximo organismo de justicia. Pero una de las inquietudes mayores consiste en la falta de empleo, tanto para los jóvenes como para los miles de migrantes que están retornando a Paraguay como consecuencia de crisis en Europa, agravando así la desocupación estructural que sufre el país.
La sorprendente militarización
Sin embargo, lo que más llama la atención es la militarización de dos departamentos donde el movimiento campesino ha jugado un papel decisivo en la historia reciente de Paraguay: San Pedro, donde Lugo fue obispo y acompañó a los campesinos, y Concepción, ambos en la zona norte del país. En ambos, la expansión de la soja ha generado duros conflictos. Allí, además de sojeros y campesinos organizados compiten las mafias que cultivan y trafican marihuana, cuestión que le otorga a los conflictos sociales una buena dosis de complejidad y dramatismo.
El 31 de diciembre fue incendiado un pequeño puesto militar en tierras de hacendados en San Pedro. Inmediatamente, los medios y las jerarquías militares aseguraron que se trataba de un grupo guerrillero que operaría en la zona. El gobierno de Lugo decidió enviar tropas y policías a los dos departamentos, la Fuerza de Tarea Conjunta, encargada de la vigilancia, control de carreteras y acciones contra narcotraficantes y presuntos guerrilleros. El mismo Lugo aseguró que se prevé construir un cuartel militar en la zona y que la militarización es por tiempo indefinido.
En los días sucesivos llovieron declaraciones contra el operativo y denuncias de malos tratos, algo que no puede sorprender en vista de la trayectroria de las fuerzas armadas paraguayas. Incluso un dirigente campesinos aliados del gobierno, como Belarmino Balbuena del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) declaró que no existen guerrilleros en el país y que se trata de una excusa para reprimir. Mientras el obispo de Concepción, monseñor Zacarías Ortiz denunció que los militares torturaron campesinos (ABC, 15 de enero), el comandante de las fuerzas armadas, Cibar Benítez, reconoció que el objetivo del operativo es «una causa nacional por la necesidad que se tiene de instalar el Estado» (ABC, 14 de enero). Sus declaraciones dejaron en claro que la existencia del presunto Ejército del Pueblo Paraguayo es más que hipotética y que las verdaderas intenciones son combatir a las mafias que controlan buena parte del país.
Paraguay: astillas del mismo palo
Las mafias, Stroessner y el progresismo
Lo cierto es que los detenidos tenían antecedentes como delincuentes, abigeos o narcos, y que ya se produjeron tres muertes de dirigentes campesinos, al parecer asesinados por las mafias «aprovechando» el operativo militar-policial, ya que los movimientos campesinos son un obstáculo para los negocios ilícitos, por más que los conservadores medios de Asunción están empeñados en adosarles inexistentes alianzas con los narcos.
Una delegación de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY) y del Serpaj realizó una vista a la zona militarizada donde recogió testimonios de víctimas y de organizaciones sociales. «Hace más de siete años que trabajamos en estos lugares y no nos consta la presencia de grupos armados», dijo el abogado Juan Maertens. Al mismo tiempo, el abogado denunció que «desde el día que se instalaron (los militares) están cometiendo abusos y atemorizando a la población». Afirma que el operativo está fuera de control del gobierno y que «es muy difícil» que con las mismas autoridades militares y judiciales de siempre, «se llegue a descubrir la verdad». Con nombres y apellidos de jerarcas, denunció que «hace más de cuatro años que están en la zona y nunca descubrieron las redes de la mafia que existen en San Pedro y Concepción».
Parece evidente que si se trata de llevar Estado a las zonas que nunca lo tuvieron, hacerlo de la mano de los uniformados que sirvieron al Partido Colorado durante 61 años y al dictador Alfredo Stroessner, no luce como el camino más aconsejable para un presidente que se proclama progresista.

INFORME ENERO-FEBRERO 2026 DEL OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ DE VIOLENCIA PATRIARCAL

Temporada de femicidios

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Por el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal (https://observatorioluciaperez.org/)

Durante el verano de este 2026 sufrimos un femicidio y una tentativa de femicidio cada día y medio. Un promedio alarmante que, además costó la vida de cuatro criaturas; tres de ellas apenas superaban el año.

Las víctimas tienen un rango etáreo que va de los 78 a los 17 años y dejaron a 16 infancias huérfanas.

Los datos: enero y febrero suman 43 femicidios y 43 tentativas de femicidio.

No son cifras. Son vidas, como la de Natalia Cruz (foto principal), en Campo Quijano, Salta: su hermana también fue víctima de femicidio años atrás. Hubo marchas para exigir justicia durante casi todos los días desde el día del crimen en que se fugó su asesino –17 de febrero– hasta ayer, cuando finalmente lo atraparon, consecuencia de haber logrado con estos reclamos que la fiscalía ofrezca una importante suma de recompensa por información sobre su paradero.

Lo que deja este verano también es la condena a perpetua por los  femicidios territoriales de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en Rosario, Santa Fe, la ciudad más castigada con este tipo de asesinatos.

Temporada de femicidios

Estefanía y Mariela Gorosito, dos femicidios territoriales en Rosario.

Así el Poder Judicial reconoció por primera vez y explícitamente la relación entre la violencia del narcotráfico y la de género. Tal como expuso claramente el fiscal Patricio Saldutti “Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”.

El condenado es Pablo Nicolás Camino, de 31 años, jefe de una cédula de la banda narco Los Monos, quien ya acumula 40 años de prisión por delitos de homicidio, balaceras y asociación ilícita y está procesado, entre otras causas, por el ataque al supermercado que pertenece a la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

Temporada de femicidios

Pablo Nicolás Camino, condenado por el femicidio de las hermanas Gorosito.

Pablo Camino ordenó la ejecución de las hermanas desde el penal donde cumple condena. Es decir: estaba bajo la responsabilidad de las autoridades penitenciarias en el momento de organizar el crimen. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Sus cuerpos fueron encontrados en un basural al día siguiente de la ejecución.

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Ley de explotación laboral

Conste en actas

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lavaca.org

Fotos: Lina Etchesuri y Tadeo Bourbon /lavaca.org

A las 12 del mediodía el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) hizo su ingreso a la Plaza de los Dos Congresos con una columna poderosa con mix de gremios de la CTA y los más combativos de la CGT.

A las 12:50 se fueron.

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El Congreso desde la plaza. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

En ese momento las columnas de movimientos sociales –Libres del Sur, Movimiento Evita, UTEP, MTE– se adelantaron para ocupar el lugar, sobre Yrigoyen pasando Solís, frente al vallado.

A las 13:40 las banderas del Evita comenzaron el éxodo.

En ese momento comenzaron a oírse más los megáfonos de los partidos de izquierda que se agolpaban sobre Rivadavia, casi esquina Callao, frente al vallado.

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La izquierda llegó y se fue, para esquivar a los clásicos Encapuchados con Mochilas Nuevas. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

A las 14 irrumpió la banda Cuatro Encapuchados con Mochilas Nuevas que no formaban parte de la movilización. Tiraron unas piedras, quemaron unos cartones.

A las 14:07 el camión hidrante empezó a rociar todo lo que tenía delante.

A las 14:11, los partidos y las organizaciones de izquierda comenzaron la retirada.

A las 15 sólo quedaba un pequeño grupo, algunos jubilados y mucha –mucha– policía, que no dejaba transitar ni a vecinas del barrio que iban a comprar remedios.

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Foto: Lina Etchesuri /lavaca.orgi

A las 17 la plaza estaba desolada,  a excepción de un pequeñísimo grupo cantando Ska-P.

“Somos los obreros, la base de este juego
en el que siempre pierde el mismo.
Un juego bien pensado en el que nos tienen callados
y te joden si no quieres jugar. Baila hermano el vals del obrero.”

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Memorias de la Ley Banelco. Esta vez las transferencias se realizaron con éxito. Foto: tadeo Bourbon /lavaca.org

A las 22.35 el proyecto de explotación laboral se convirtió en ley.

Hasta Dios tuvo un mal día: fue este.

PD) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó 122 personas heridas y cuatro detenidas, la gran mayoría reprimida cuando se manifestaba en el Obelisco, a las 10.30 de la mañana, contra los despedidos de la fábrica de neumáticos FATE.

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Al irse la gente, nuestra fotógrafa Lina Etchesuri saca fotos de los volantes. Abajo el resultado.

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Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org

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MU 210: La batalla final

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MU 210: La batalla final

El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?



Las notas de esta edición:

MU 210: La batalla final

Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez

¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña


MU 210: La batalla final

El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano

¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla



MU 210: La batalla final

Carla Soggiu: La impunidad avanza

Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi



MU 210: La batalla final

Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy

¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini



MU 210: La batalla final

Crónicas del más acá: Al trote

POR CARLOS MELONE



MU 210: La batalla final

El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas

La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini



MU 210: La batalla final

Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel

Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini



MU 210: La batalla final

Sin protección: Ley contra el Acoso y después

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari



MU 210: La batalla final

Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes

Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel



MU 210: La batalla final

Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa

A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo


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