Nota
Paraguay: astillas del mismo palo
Los dos sectores sociales que catapultaron a Fernando Lugo a la presidencia de Paraguay, religiosos y campesinos sin tierra, han formulado duras críticas a los seis primeros meses de su gestión, que incluyen groseras violaciones de los derechos humanos. Aquí Raúl Zibechi, desde Asunción, describe los detalles de una situación -militarización incluida- sorprendente.
«SIEMPRE ESPERAMOS QUE las promesas electorales se realicen lo más pronto posible, especialmente para favorecer a los sectores más carenciados de la población», dijo el lunes 2 el obispo Adalberto Martínez, portavoz de la Conferencia Episcopal de Paraguay, al culminar la primera reunión anual del organismo. Los prelados se muestran preocupados también por la falta de una reforma agraria con participación de los actores sociales, la inseguridad, el desempleo y la migración, así como por otra promesa de campaña ya incumplida: una reforma de la justicia.
En efecto, Lugo parece haber archivado de momento cualquier modificación en la integración del máximo organismo de justicia. Pero una de las inquietudes mayores consiste en la falta de empleo, tanto para los jóvenes como para los miles de migrantes que están retornando a Paraguay como consecuencia de crisis en Europa, agravando así la desocupación estructural que sufre el país.
La sorprendente militarización
Sin embargo, lo que más llama la atención es la militarización de dos departamentos donde el movimiento campesino ha jugado un papel decisivo en la historia reciente de Paraguay: San Pedro, donde Lugo fue obispo y acompañó a los campesinos, y Concepción, ambos en la zona norte del país. En ambos, la expansión de la soja ha generado duros conflictos. Allí, además de sojeros y campesinos organizados compiten las mafias que cultivan y trafican marihuana, cuestión que le otorga a los conflictos sociales una buena dosis de complejidad y dramatismo.
El 31 de diciembre fue incendiado un pequeño puesto militar en tierras de hacendados en San Pedro. Inmediatamente, los medios y las jerarquías militares aseguraron que se trataba de un grupo guerrillero que operaría en la zona. El gobierno de Lugo decidió enviar tropas y policías a los dos departamentos, la Fuerza de Tarea Conjunta, encargada de la vigilancia, control de carreteras y acciones contra narcotraficantes y presuntos guerrilleros. El mismo Lugo aseguró que se prevé construir un cuartel militar en la zona y que la militarización es por tiempo indefinido.
En los días sucesivos llovieron declaraciones contra el operativo y denuncias de malos tratos, algo que no puede sorprender en vista de la trayectroria de las fuerzas armadas paraguayas. Incluso un dirigente campesinos aliados del gobierno, como Belarmino Balbuena del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) declaró que no existen guerrilleros en el país y que se trata de una excusa para reprimir. Mientras el obispo de Concepción, monseñor Zacarías Ortiz denunció que los militares torturaron campesinos (ABC, 15 de enero), el comandante de las fuerzas armadas, Cibar Benítez, reconoció que el objetivo del operativo es «una causa nacional por la necesidad que se tiene de instalar el Estado» (ABC, 14 de enero). Sus declaraciones dejaron en claro que la existencia del presunto Ejército del Pueblo Paraguayo es más que hipotética y que las verdaderas intenciones son combatir a las mafias que controlan buena parte del país.

Las mafias, Stroessner y el progresismo
Lo cierto es que los detenidos tenían antecedentes como delincuentes, abigeos o narcos, y que ya se produjeron tres muertes de dirigentes campesinos, al parecer asesinados por las mafias «aprovechando» el operativo militar-policial, ya que los movimientos campesinos son un obstáculo para los negocios ilícitos, por más que los conservadores medios de Asunción están empeñados en adosarles inexistentes alianzas con los narcos.
Una delegación de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY) y del Serpaj realizó una vista a la zona militarizada donde recogió testimonios de víctimas y de organizaciones sociales. «Hace más de siete años que trabajamos en estos lugares y no nos consta la presencia de grupos armados», dijo el abogado Juan Maertens. Al mismo tiempo, el abogado denunció que «desde el día que se instalaron (los militares) están cometiendo abusos y atemorizando a la población». Afirma que el operativo está fuera de control del gobierno y que «es muy difícil» que con las mismas autoridades militares y judiciales de siempre, «se llegue a descubrir la verdad». Con nombres y apellidos de jerarcas, denunció que «hace más de cuatro años que están en la zona y nunca descubrieron las redes de la mafia que existen en San Pedro y Concepción».
Parece evidente que si se trata de llevar Estado a las zonas que nunca lo tuvieron, hacerlo de la mano de los uniformados que sirvieron al Partido Colorado durante 61 años y al dictador Alfredo Stroessner, no luce como el camino más aconsejable para un presidente que se proclama progresista.
Documental a un año de la represión del 12 de marzo
Imagen sobreviviente: el fotógrafo, el hincha y la jubilada

El 12 de marzo de 2025, hinchadas de fútbol se autoconvocaron para acompañar la marcha de jubilados y jubiladas. Ese día la violencia desplegada por Patricia Bullrich hirió gravemente a Pablo Grillo, Beatriz Blanco y Jonathan Navarro. Este corto documental de Cooperativa Lavaca vuelve a esa jornada y a una imagen de solidaridad que sigue sobreviviendo.
Nota
MU 211: Método Pablo

Todo lo que le salvó la vida a Pablo Grillo, fotorreportero herido tras un disparo de Gentarmería hace un año. Lo que enseña su pelea contra la muerte, que terminó ganando gracias a la solidaridad y una red de salud pública y afecto que sigue viva.

Pablo Grillo: Salvar la vida
¿Qué le salvó la vida al joven fotógrafo atacado por la Gendarmería? La gente que lo ayudó tras el disparo, la que lo atendió cuando se preveía que lo suyo era quedar en estado vegetativo. Los familiares y amigos: la red que estuvo en los momentos más difíciles y armó un mapa de cuidados para salir con solidaridad y energía de la violencia y la oscuridad. Detalles de casi un año destinado a volver a ver esa sonrisa. La recuperación continúa: la vida le ganó a la muerte. Compartimos el QR para releer en lavaca.org la primera entrevista periodística brindada por Pablo. LUCAS PEDULLA

El bordado: Beatriz Blanco, la “jubilada patotera”
Fue agredida por un policía y cayó de nuca al asfalto durante una manifestación de jubilados. La escena se hizo viral como símbolo de la represión de cada miércoles. Beatriz pensó que había muerto pero sobrevivió al golpazo. Una causa instruida por la jueza Servini de Cubría avanza para condenar al policía que la atacó. Fue acusada por Bullrich de “jubilada patotera” y ella lo lleva con orgullo en una remera creada por sus hijas. Tiene 83 años, sigue yendo a la Plaza con su bastón y sus reclamos por una vida digna, y hace bordados para reflejar cosas alegres. LUCAS PEDULLA

El aguante: Jonathan Navarro, herido durante la represión
Un oficial de Prefectura le disparó a la cabeza durante la manifestación de hinchadas y jubilados, la misma en la que tiraron al piso a Beatriz Blanco e hirieron a Pablo Grillo. Perdió la visión del ojo izquierdo para siempre. Jonathan Navarro fue aquel día a la calle convocado por hinchas de su club, Chacarita, e indignado porque a su papá le habían sacado el acceso gratuito a los medicamentos. Hoy está desocupado. “Pero no me arrepiento de haber ido”. LUCAS PEDULLA

Renacer es posible: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Fue la fábrica Aurora Grundig, la del televisor “caro, pero el mejor”. Colapsada tras el menemismo, sus trabajadoras y trabajadores organizados en cooperativa la recuperaron para resistir el abismo del desempleo. Hoy enfrentan más de lo mismo. Pero son 133 personas, crearon un bachillerato, consiguieron 60 viviendas. El industricidio visto desde la óptica de quienes logran llevar adelante lo que la patronal hundió: otra forma de crear y sostener trabajo, en una isla que el gobierno busca despoblar. FRANCISCO PANDOLFI

En movimiento: Movilizaciones 2026
Más allá de todo el protocolo de represión oficial las calles fueron otra vez, durante este verano 2026, un lugar de expresión y reclamo frente a la crisis que está ocurriendo en el país y en una sociedad muchas veces vapuleada por las políticas del gobierno. Algunas imágenes para recordar estos días que todavía no sabemos qué historia terminarán escribiendo.

Crecer bajo el terror: Infancias y dictadura
Un grupo de hijos e hijas de desaparecidos comenzó un proceso judicial para que el Estado reconozca que la violencia ejercida sobre esas infancias también constituyeron delitos. Es un proceso inédito que llega luego de un análisis y reconstrucción de testimonios sobre cómo funcionó el terrorismo de Estado en sus operativos, cautiverios y crímenes. Una investigación crucial que reúne los testimonios de Teresa Laborde, María Lucía Onofri, María Eva Basterra Seoane y Dafne Casoy. EVANGELINA BUCARI

Carta abierta: Masacre planificada 2026
Retomamos la Carta de un Escritor a la Junta Militar –enviada por Rodolfo Walsh el mismo día de su desaparición– para trazar una sintonía con el actual modelo económico. Lo ya vivido, frente a un presente alucinado. Y algunas pistas para intentar encarar lo que se viene. SERGIO CIANCAGLINI

Politizate: La Kalo
Es actriz, performer, canta, baila y agita en las calles y en las redes para combatir al fascismo y a la política tibia. Es drag y “vieja bruja”. Habla sobre dopamina, lucha de clases, therians, cultura, haters y kiosqueros. Historia y terapias para pelearle a la tristeza. FRANCO CIANCAGLINI

No podrán: Luciana Jury
Cantante y compositora con base en el folclore, causó revuelvo en el Festival de Cosquín por sus críticas al gobierno. La sobrina de Leonardo Favio y cómo protegerse y tejer alianzas en tiempos de hate, para que la cultura popular no solo resista sino también haga florecer. MARIA DEL CARMEN VARELA
Cabo suelto: Crónicas del más acá
Carlos Melone
INFORME ENERO-FEBRERO 2026 DEL OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ DE VIOLENCIA PATRIARCAL
Temporada de femicidios

Por el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal (https://observatorioluciaperez.org/)
Durante el verano de este 2026 sufrimos un femicidio y una tentativa de femicidio cada día y medio. Un promedio alarmante que, además costó la vida de cuatro criaturas; tres de ellas apenas superaban el año.
Las víctimas tienen un rango etáreo que va de los 78 a los 17 años y dejaron a 16 infancias huérfanas.
Los datos: enero y febrero suman 43 femicidios y 43 tentativas de femicidio.
No son cifras. Son vidas, como la de Natalia Cruz (foto principal), en Campo Quijano, Salta: su hermana también fue víctima de femicidio años atrás. Hubo marchas para exigir justicia durante casi todos los días desde el día del crimen en que se fugó su asesino –17 de febrero– hasta ayer, cuando finalmente lo atraparon, consecuencia de haber logrado con estos reclamos que la fiscalía ofrezca una importante suma de recompensa por información sobre su paradero.
Lo que deja este verano también es la condena a perpetua por los femicidios territoriales de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en Rosario, Santa Fe, la ciudad más castigada con este tipo de asesinatos.

Estefanía y Mariela Gorosito, dos femicidios territoriales en Rosario.
Así el Poder Judicial reconoció por primera vez y explícitamente la relación entre la violencia del narcotráfico y la de género. Tal como expuso claramente el fiscal Patricio Saldutti “Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”.
El condenado es Pablo Nicolás Camino, de 31 años, jefe de una cédula de la banda narco Los Monos, quien ya acumula 40 años de prisión por delitos de homicidio, balaceras y asociación ilícita y está procesado, entre otras causas, por el ataque al supermercado que pertenece a la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

Pablo Nicolás Camino, condenado por el femicidio de las hermanas Gorosito.
Pablo Camino ordenó la ejecución de las hermanas desde el penal donde cumple condena. Es decir: estaba bajo la responsabilidad de las autoridades penitenciarias en el momento de organizar el crimen. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Sus cuerpos fueron encontrados en un basural al día siguiente de la ejecución.

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