Las violaciones grupales no tienen condena judicial y esa impunidad garantiza que sigan sucediendo. Esa es la lección que dejan al menos tres casos con características similares, de Palermo a Salta, pasando por Chubut y Miramar. La revictimización, la relativización del hecho, la perspectiva machista como características en cada juicio. La lucha de las familias por cuidar a las víctimas durante el proceso y su lucha por condenas “para que esto no vuelva a suceder”. Porque cuando las cámaras se apagan, la impunidad comienza.

Por Inés Hayes 

Sucedió en Palermo, tal vez una de las áreas más vigiladas del país. Sucedió en Miramar hace dos años, en Chubut, en Salta: sucede en distintos territorios, todo el tiempo. No son casos: son violencias que se repiten como una máquina que se alimenta de la impunidad para seguir funcionando.

Ninguno de estas violencias que siguió lavaca, pese a la repercusión mediática, terminaron en una condena hacia los violadores.

“La gente se horroriza con estos casos que, lamentablemente, pasan muy seguido”, dice Gisela, la mamá de una niña de 14 años violada en un camping de Miramar el 1ro de enero de 2019. Frente a esta indignación colectiva, lo concreto: los violadores fueron absueltos en un juicio por jurados.

Miramar

Lucas Pitman (24), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25) fueron enjuiciados en septiembre de 2021 por violar a la adolescente en el camping El Durazno y un jurado popular los encontró “no culpables”. Gracias a la lucha de la familia y de sus abogados, volverán el juicio volverá a hacerse luego de que un fallo del Tribunal de Casación anulara el veredicto y ordenará que se realice un nuevo juicio, con otro jurado. 

La principal falla del primer juicio fue la falta de una asesora de menores cuando la niña prestó su testimonio. Según las normas, las y los menores de edad tienen que contar con la asistencia de una asesoría para que las preguntas del Poder Judicial no les afecten psíquicamente. Otra vez, la revictimización.

Aunque la norma lo dice claramente, el Estado no cumplió. Finalmente la Sala III del Tribunal de Casación remitió la causa al Tribunal en lo Criminal número 3 de Mar del Plata,  a cargo de Fabián Riquert, que deberá convocar a un nuevo juicio. 

“Todavía seguimos buscando justicia”, dice Gisela recordando todas las instancias que tuvieron que atravesar. “Queremos que esto salga bien por nosotros y que no vuelva a pasar, que no le vuelva a pasar a ninguna víctima más”. 

La justicia que reclaman familias destrozadas por sus casos personales, entonces, implica una sanción ejemplar para que no vuelva a pasar a nadie más. Para que la máquina pare. Gisela: “La violación grupal es algo que siempre queda en tela de juicio, siempre se cuestionan los actos de la víctima antes que los actos de los hombres. Los actos de las víctimas parecieran siempre tener que justificar la violación. ¿Qué hacía esa chica ahí? ¿Qué hacía esa chica con esos pibes?”, se pregunta, haciéndose eco de lo que se preguntaron los jurados en el juicio de su hija.

La visión de la víctima: “Yo, mamá de una menor violada por un grupo de chicos, sigo en la lucha por justicia. Se anuló el juicio lleno de machismo y aún así todavía hay gente fanática de los juicios por jurado que quieren mostrar que eso fue justo. Sin visión de género no pueden defender a nadie. Si a una persona la violan y lo puede decir hay que creerle, y eso en la vida real no sucede”. 

Gisela remarca la asistencia y acompañamiento que recibieron desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, de áreas de niñez, y de otras familias o personas que pasaron por situaciones similares. “No quiero que mi hija se tenga que volver a exponer al juicio por jurado porque es puro prejuicio. Hasta ahora se haría uno nuevo, ya hicimos el pedido para que no sea por jurado”. 

Terminar con la impunidad es condición para que no se perpetúe la violencia. 

Chubut

En Chubut faltaban tres días para que comenzara el juicio a los tres imputados de abusar sexualmente de una adolescente de 16 años en el 2012, pero el Tribunal pidió licencia. El proceso, que es oral pero no público por pedido de uno de los tres imputados, finalmente comenzó a fines de febrero.

Diez años atrás, Ezequiel Quintana, Leandro Del Villar, Luciano Mallemaci y Robertino y Francesco Viglione, drogaron y violaron a una joven en Playa Unión, Rawson. En ese momento la joven tuvo que mudarse con su familia porque al contar lo que había sufrido, volvió a ser revictimizada y culpabilizada por los abusos. Pasaron 7 años hasta que pudo volver a denunciar. Los imputados son tres (Ezequiel Quintana, Leandro Del Villar y Luciano Mallemaci), porque los otros dos fueron absueltos por el fiscal Fernando Rivarola, quien utilizó la expresión «desahogo sexual doloso» cuando pidió juicio abreviado para ellos.

Lejos de ser un problema exclusivo del fiscal Rivarola, la sintonía machista se repite en todo el Poder Judicial. “La expresión de este fiscal muestra, una vez más, cómo el Estado está invadido y configurado sobre la violencia machista/patriarcal”, dijeron en un comunicado las mujeres y diversidades de ATE. 

La suspensión y dilatación del juicio es otra forma de impunidad.

Salta

En Alto la Sierra, zona de triple frontera en Salta, el 28 de noviembre de 2015, una niña wichi de 12 años con discapacidad fue violada por ocho varones criollos. 

El caso tomó notoriedad recién en mayo de 2016 cuando se supo que la niña estaba embarazada y debía interrumpir su embarazo porque el feto era anencefálico. MU viajó en julio de ese mismo año y la periodista Claudia Acuña reconstruyó la historia de esa violación, el contexto de la vida de la comunidad, la relación con los criollos y la ausencia del Estado, en esta crónica que fue finalista del premio Gabriel García Márquez de periodismo. Un tribunal de Tartagal condenó el 25 de febrero de 2019 a 17 años de prisión efectiva a los seis hombres.

Ciudad de Buenos Aires 

En Buenos Aires, meses después de la anulación del misógino juicio de la Costa, en el barrio de Palermo, Tomás Domínguez, Alexis Cuzzoni, Franco Lykan, Ángel Ramos, Lautaro Ciongo Pasotti e Ignacio Retondo, de entre 20 y 24 años, violaron a una joven en un auto estacionado, a 5 cuadras de una comisaría. El miércoles 1 de marzo, se negaron a declarar y seguirán presos, imputados por abuso sexual agravado.

Un día después, la joven víctima de la violación prestó declaración testimonial ante el fiscal Rosende. Además de su relato, el representante del Ministerio Público incluyó la reconstrucción que pudo hacer a partir de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del barrio, de celulares de quienes estaban ahí en el momento de la violación y de dispositivos de la Policía de Ciudad.

“La chica no estaba para nada bien. Hablé con ella porque me pidió pasar al baño. Tenía dificultades para hablar y se tambaleaba. Ellos estaban en perfectas condiciones. Estuvieron cerca de una hora”, expresó un testigo a Telam. 

En los videos, puede verse a la joven caminando con dificultad. En otro de los videos puede verse cómo los dueños de la panadería que está ubicada frente a donde estaba estacionado el auto en el que ocurrió el abuso sexual, rescataron a la joven. Pese a sus llamados a la policía y teniendo en cuenta que hay una comisaría a 5 cuadras, los efectivos llegaron cuando la víctima ya había sido rescatada por los vecinos y trasladada al Hospital Rivadavia. 

La dueña de la panadería presentó una denuncia y pidió que le pusieran una consigna policial de custodia en la puerta de su local, “para sentirse protegida”. Desde entonces cuenta con un botón antipánico. 

La panadera, otra vez, como la mujer que pudo alertar al Estado de lo que estaba sucediendo, a plena luz del día en el barrio más vigilado del país. Tal vez sea esa una imagen de quiénes cuidan a las mujeres y su miedo a sentir represalias, cómo la trama de violencia machista sigue gozando de impunidad.

Según la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), casi el 40% de las víctimas de violación son menores de edad. 

El 87% de las víctimas no realizó la denuncia, por desconfianza en las instituciones, minimización del hecho y/o “resolución por cuenta propia”.

Más de 16% fue agredida sexualmente alguna vez desde los 16 años de edad. 

En CABA, el 15% de las mujeres fueron alguna vez objeto de agresiones sexuales por parte de su pareja. 

Esa es la máquina que hay que parar.