Las imágenes podrían ir desde las batallas en el Parque Indoamericano hasta las del Borda, pasando por la Sala Aberdi en el centro porteño. La portada del informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre la actuación de la Policía Metropolitana en situaciones de “conflicto social” muestra una foto en la que hay ocho agentes de esa fuerza formando un cordón desordenado detrás de un escudo, cuatro de ellos con armas largas. Detrás y fuera de foco, el campo abierto del Indoamericano y la gente que ocupó ese predio a fines de 2010. La actitud y los gestos congelados de estos uniformados diseñan una imagen de violencia precipitada, desproporcionada y desubicada.

Los incidentes en el Borda. Foto: Télam

Bautismo

Aquel fue el bautismo de fuego de la Metropolitana en el desalojo del Parque Indoamericano, en Lugano, el 7 de diciembre de 2010. En el marco de un operativo conjunto con la Policía Federal y hasta personas no identificadas con armas de fuego – que los medios asociaron con barras de clubes de fútbol-, murieron dos personas y hubo seis heridos por balas de plomo. Un año después y tras investigar los hechos fatales y violentos, el fiscal Sandro Abraldes concluyó que los balazos mortales se originaron de un grupo de agentes de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) – una guardia de Infantería- encabezados por el comisario Ricardo Ferrón, quien había sido vinculado por el legislador Marcelo Parrilli con un operativo de la dictadura. Todos los oficiales fueron luego sobreseídos por el juez Eliseo Otero – hoy apartado de la causa por la Cámara del Crimen-, mientras que se mantuvo el procesamiento a dos dirigentes sociales de las familias que intentaron ocupar el predio.
El caso, como la foto, tiene todos los detalles que han caracterizado a la Policía Metropolitana cuando le tocó actuar en situaciones de protesta desde que fue creada, y que se demuestran en el Informe: agentes con prontuarios temibles, autorización dudosa de los procedimientos, abuso de autoridad, anonimato de agentes, violencia desmedida, sobreseimiento de la justicia ante estos procedimientos irregulares y criminalización de la protesta.

Cosa de locos

El Informe nace de un monitoreo que viene llevando a cabo el CELS desde fines del 2010 – cuando sucedió el desalojo violento del Indoamericano, causa de este otro Informe – y que se redondea con las sucesivas represiones en el conflicto por la Sala Alberdi y la intromisión en el Hospital Borda.
Tras la represión a los jóvenes que reclamaban la autogestión de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín, y que terminó con tres periodistas heridos con balas de plomo en pleno centro porteño, lavaca y el CELS intercambiaron sensaciones acerca de las características del accionar de la Metropolitana y la perspectiva de una fuerza que crecía interviniendo violentamente para desplazar conflictos que provocaban otras carteras del Gobierno de la Ciudad: Espacio Urbano en el caso del Parque Centenario, Cultura en Sala Alberdi y el Ministerio de Salud en el Borda.
Las conclusiones de esa charla fueron enriquecidas a través de testimonios de expertos en seguridad, ministros, antropólogos y las víctimas de esas represiones para la nota de la Mu de abril llamada “La Macricana” que adelantaba la historia, las prácticas y la tendencia de esta nueva fuerza que están profundizadas en el Informe del CELS. (La nota puede buscarse en www.lavaca.org clickeando la Mu de abril).

Gestión violenta

El Informe elabora la conclusión al principio en el encabezado principal: “La gestión violenta de los conflictos sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. No sólo se demuestra en qué consiste esa “violencia”, sino por qué razón se la asocia justamente a un modo de gestión: “Una serie de episodios mostraron modos violentos de actuación de la Policía Metropolitana (PM) en diferentes conflictos en el espacio público, privilegiando la represión por sobre la gestión no violenta a través de instancias políticas de negociación y diálogo. Estas prácticas no pueden atribuirse a errores o excesos de agentes puntuales, sino que responden a decisiones políticas del gobierno porteño orientadas a reafirmar el perfil de fuerza de choque de la nueva policía, al mismo tiempo que tolera el uso abusivo de la fuerza como respuesta a los conflictos relacionados con el uso del espacio público”, dice el informe. Esta intención se evidencia en una serie de acciones:
Ausencia de investigaciones internas y medidas de prevención.

• Protección institucional.
• Utilización y compra de armamento de guerra.
• Ataques a la prensa.
• Gatillo fácil y violencia.

A esta combinación que vuelve impenetrable a la fuerza, el Informe agrega que la Metropolitana funciona como brazo armado de otras carteras del Gobierno de la Ciudad. La investigación muestra que la Metropolitana actúa del mismo modo ante un hecho delictivo corriente que ante una situación de protesta social que se enmarca dentro de la toma de decisiones de funcionarios porteños: “Son precisamente las autoridades políticas de la ciudad de Buenos Aires las que plantean las respuestas represivas y criminalizantes. La Policía Metropolitana no es, en este sentido, una policía autonomizada. Por el contrario, sus operativos contaron con el respaldo de las autoridades aún cuando los procedimientos contradecían los principios rectores del accionar policial estipulados en la misma ley de seguridad pública de la Ciudad”.

Imputados al ataque

El Informe repasa varios de casos emblemáticos:

• Parque Indoamericano: “El accionar los efectivos de la PM incumplió totalmente los principios de razonabilidad y proporcionalidad del uso de la fuerza según la ley”),
• La represión a vecinos de la Villa 31: “En el operativo montado para evitar el corte de la Autopista Illia y reprimir a los manifestantes que realizaron el piquete en la avenida Castillo participaron efectivos imputados por la causa Indoamericano”.
• La del enrejamiento del Parque Centenario: “participación de personal de la PM de civil y sin identificación, traslado de los detenidos en móviles no identificados, agresiones a periodistas que cubrían lo que estaba sucediendo”.
• Sala Alberdi: “La Metropolitana utilizó balas de plomo y de goma, un carro hidrante, gases lacrimógenos y desplegó más de 130 efectivos protegidos con barita, casco, chaleco antibalas y escudo ante unas 70 personas que no agredían a los policías ni poseían armas”.
• Hospital Borda: “El jefe de Gobierno y el resto de los funcionarios involucrados conocían el estado del proceso y sabían que proceder como lo hicieron implicaba desobedecer una orden judicial”.

En este apartado el Informe comprueba la inexistencia de un protocolo de actuación policial para situaciones de protesta o conflicto social, por lo cual se interpeló al ministro Guillermo Montenegro en la Legislatura tras la represión en el Borda: respondió que la fuerza que comandaba responde al “protocolo de actuación general”, que el CELS define como “no más que una guía rápida de información para los agentes”. En cambio, Buenos Aires es uno de los pocos distritos del país que no adhirió al Acuerdo de “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas” elaborada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Agredir sin discriminar

El CELS también recala en las agresiones a los periodistas en estas manifestaciones. Si en el conflicto de Parque Centenario el ataque con balas de goma a Julieta Egul de la TV Pública pareció mala puntería, las represiones siguientes de Sala Alberdi y el Hospital Borda parecen demostrar un accionar sistemático contra quienes registran los hechos. Esteban Ruffa, fotógrafo de la agencia AnRed y Darío de Los Santos, de la agencia DTL fueron heridos con balas de plomo en pleno Corrientes y Paraná tras la represión en la Sala Alberdi; y entre otros detenidos se llevaron al fotógrafo de Clarín Pepe Mateos el día de la demolición del taller 19 en el Borda. La Metropolitana, en este rubro, no discrimina a nadie: informadores de medios tan diversos como C5N, Fm La Tribu, Canal 13 y el Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes fueron también atacados con balas de goma.
Marca el Informe: “El hecho de que los reiterados ataques a trabajadores de prensa se hayan cometido disparando a muy corta distancia y hayan tenido como objetivo a personas que tenían en sus manos de manera visible micrófonos o cámaras, sugiere la intención de impedir el registro de las acciones violentas de la policía”.

De dónde vienen

La Metropolitana se presenta curiosamente como una fuerza nueva, aunque al revisar su constitución se comprueba que el 60% de sus integrantes proviene de otras fuerzas, porcentaje que se incrementa a la totalidad de los altos cargos. El CELS define esta constitución como “problemática”. Detalla: “De los 52 cargos jerárquicos (superintendentes, comisionados generales, mayores y simples), 43 están ocupados por ex policías federales, 4 por ex integrantes de Gendarmería Nacional, 3 por ex miembros de la Policía Bonaerense y 2 por ex funcionarios de la Policía de la Provincia de Santa Fe. De los 52 altos mandos de la fuerza, 38 tuvieron actuación en fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar”.
Dos policías (Jorge Palacios (a) El fino y Osvaldo Chamorro) y un civil (Eugenio Burzaco) fueron los tres primeros jefes de la Metropolitana que fueron desplazados por denuncias en su contra, o por el accionar irregular de la fuerza que comandaban.
Por último, el informe compila una serie de casos de gatillo fácil por parte de agentes de la Metropolitana que describen las prácticas violentas en la calle: Francisco Nilda, Rodrigo Alfredo Romero, Jesús Ariel Marchioni y Bruno Pappa son algunos de los jóvenes muertos por la fuerza en situaciones arbitrarias, confusas e impunes.
También sobre el manejo de la calle se recuerda las historias de violencia en los desalojos y allanamientos en el Barrio Mitre, en La Boca, en la Villa 21-24 y a los manteros desplazados de la calle Florida.