Nota
¿Qué pasa en Capilla del Monte? Marchas, una pregunta y el pedido de justicia a un año del crimen de Cecilia Basaldúa

El 25 de abril de 2020 fue encontrado el cuerpo sin vida de Cecilia Basaldúa, que llevaba un mes desaparecida, en Capilla del Monte, Córdoba. Desde entonces, la familia viajó e investigó junto a la comunidad local. Pudo así determinar que la causa judicial que se lleva adelante no incorpora elementos clave, como testimonios, pericias y complicidades manifiestas que llegan hasta la policía provincial. Ayer en el pueblo cordobés y este lunes en Plaza de Mayo, sus padres encabezaron dos marchas para reclamar que se desplace a la fiscal y se investigue realmente qué pasó, lo cual involucra a al menos a tres personas sospechadas. En qué está la causa y lo que pide la familia de la joven, siguiendo el lema que sus compañeras artesanas plantaron hoy frente a la Casa Rosada: “Nos matan por ser libres”.

“Ayer estuvimos en Capilla del Monte, donde se hizo una marcha muy importante con la gente del pueblo: queríamos estar presentes ahí. Y hoy con la gente de Fuerza Mestiza organizamos la marcha acá”.
Ahí, acá. La madre de Cecilia Basaldúa, Susana, señala así los cientos de kilómetros que recorrió en menos de 24 horas.
Ese movimiento enorme que hizo junto a Daniel Basaldúa, padre de Cecilia, describe parte de lo que debe hacer una familia que reclama justicia por el femicidio de su hija.
Hoy, acá, en Plaza de Mayo, el recuerdo de Cecilia Basaldúa llena el espacio de una plaza vacía frente a la misma Casa Rosada donde hace apenas días estos mismos padres llegaron junto a otras familias sobrevivientes de femicidios para pedirle por séptima vez una reunión al presidente Alberto Fernández.
Hoy, acá, frente a la misma Pirámide de Mayo donde marchan las Madres y Abuelas, el pequeño cuerpo de Susana se recorta contra las rejas que ahora llevan una bandera que pide memoria, verdad y justicia por su hija.
Y ella que dice: “Estamos pidiendo justicia, que se investigue bien la causa, que la fiscal de Casquín se haga un lado porque desestimó todos los reclamos nuestros, todo lo que nosotros investigamos estando en Capilla, hablando con la gente, con todas las testimoniales que hay. Estamos peleando por todo eso”.

El caso
Cecilia Basaldúa tenía 36 años y se encontraba de viaje cuando su familia tomó contacto con ella por última vez desde Capilla del Monte. Estuvo desaparecida durante veinte días, hasta que su cuerpo sin vida apareció en ese lugar el 25 de abril de 2020. La encontró un adolescente de 17 años al que habían mandado a buscar animales, hijastro de un tal Walter Luna, un hombre que alquila a pocos metros de donde encontraron el cuerpo y que justo el día que apareció no estaba en su vivienda.
Su cuerpo habló: Cecilia fue asesinada tras ser abusada y asfixiada.
Cecilia jugaba al hockey sobre patines, era cinturón negro de taekwondo, daba clases en el club Platense y entrenaba con el equipo nacional de hockey sobre hielo, con el que viajó a México en 2015: sacó un pasaje solo de ida e inició ahí su viaje por Latinoamérica.
Durante cinco años recorrió diferentes ciudades de América Latina; según su madre, ahora de vuelta en Argentina quería escribir un libro sobre esos viajes. El 19 de marzo de 2020 viajó a Córdoba. La última vez que habló con su familia fue el sábado 4 de abril.
Sus papás Susana Reyes y Daniel Basaldúa llevan 36 años de casados, y además de Cecilia, tienen otros tres hijos. Daniel es cuentapropista: hace trabajos de electricidad, plomería, albañilería. Susana trabaja como oficinista. La familia vive en Nuñez, en Capital Federal, ahí donde sus amigas hicieron un mural que exige verdad y justicia.
La familia realizó la denuncia por su desaparición en Buenos Aires y Córdoba; la causa recayó en la Fiscalía de Cosquín, a cargo de la fiscal Paula Kelm. Desde entonces la familia reclama que la fiscal esconde más de lo que investiga. Un ejemplo: “El informe sobre el perfil de Cecilia lo elaboraron basándose en prejuicios sobre sus creencias y filosofía de vida, que refuerzan la versión del brote psicótico presentada”, una de las teorías que intentó instalar uno de los últimos hombres con los que estuvo.
Otro ejemplo tétrico: el cuerpo de Cecilia continúa hoy a un año del femicidio en la morgue, y nunca fue entregado a la familia.
La investigación judicial del femicidio de Cecilia Basaldúa se encuentra hoy en un punto cero: no avanzó más después de la detención de Lucas Bustos, un joven peón de albañil de 23 años sobre el que los organismos de derechos humanos locales denuncian que es un perejil. La teoría es que se habría autoincriminado por presión policial.
Bustos está con prisión preventiva, pero para la familia los principales sospechosos siguen libres. Es que ellos mismos se encargaron de realizar una investigación, recorriendo los lugares y hablando con las últimas personas que la vieron con vida. Desde esa reconstrucción, aportan la propia versión:
“El último lugar donde estuvo Cecilia fue la casa de Mario Mainardi. Antes había estado en la casa del ex boxeador Wenceslao Falcón, apodado “Negro Niga”, que vive en El Rincón de San Marcos Sierra. La conexión entre ellos es una mujer llamada Viviana Juárez, que encontró a Cecilia en la Plaza San Martín sin lugar donde quedarse en plena pandemia y le ofreció tanto la casilla de Niga como luego la vivienda de Mainardi. Juárez se apoda “Vivir rasta”, se dice artesana, pero en el pueblo la señalan como parte de una trama de oficios más pesados. Hace algunos meses se viralizó un audio a través de WhatsApp en el que una presunta testigo relataba lo ocurrido la noche del asesinato: involucraba a policías y a una mujer como autores del crimen, junto a Mainardi. Hay que investigar de mínima a los tres: a Mainardi, a Falcón y a Viviana Juárez”.
Además, desde que accedió a la denuncia, la familia apunta contra la policía y la fiscalía por encubrimiento. “Luchamos contra algo grande, por eso pienso que está tardando pero se va a descubrir. Estamos con mucha fuerza”, asegura Susana, la madre. “En Capilla conocimos gente buenísima, gente que sabe, gente que tiene miedo. Sabemos que la policía amenaza a la gente. Pero no nos van a callar”.

Las pruebas y los pedidos
Mientras los poderes locales intentan dar la causa por cerrada, para la familia Basaldúa el pedido de justicia está intacto. Para decir que los verdaderos responsables están libres, Susana se aseguró de realizar una investigación que no solo divulga a la prensa, sino que presentó ante la fiscal. Algunas de ellas:
-“Mainardi (el dueño de la casa que la hospedaba) nos llama por teléfono el día 8 de abril del 2020 diciendo que mi hija el 5 de abril se había ido con un brote psicótico. El mismo día hicimos la denuncia y le preguntamos por qué él avisa después de tres días y nos dice que él se había ido a la casa de la novia el día domingo y que vuelve el día miércoles, por eso es que nos llama el día miércoles porque dice que ella todavía no había venido. Nosotros cuando viajamos a Capilla vamos a verlo apenas llegamos, porque ya desconfiamos. Mi hija jamás en su vida tuvo un brote psicótico, mi hija era una persona sana, normal. Y cuando hablamos con él nos dice: “sí, estuvo acá, yo la eché, se puso loquita y le dije que así no la quería. La eche y dejó el celular, la computadora”. Ella nunca puede dejar sus pertenencias e irse así. Ahí ya nos dimos cuenta que este hombre mentía, era la primera mentira comprobable. Habíamos hablado por teléfono y personalmente y había cambiado”.
-“Mi hijo habló con mi hija estando allá en Capilla. Y mi hija le decía: averíguame quién es Mario Gabriel Mainardi porque me está volviendo loca. Y por ejemplo esta conversación la aportamos pero no figura en el expediente. Como muchas otras conversaciones”.
Ante la negativa de Kelm de incorporar estas y muchas otras pruebas recabadas refuerzan el pedido de que el problema de la injusticia es el Poder Judicial local. Remata Susana: “Queremos una investigación federal, porque si llega a comprobarse que hubo secuestro, trata, ahí pasa al fuero federal. Nos gustaría también que nos escuche el gobernado Schiaretti que podría hacer mucho también. Ellos ponen propaganda: visiten Córdoba, ¿para qué, para que te maten? La policía te maltrata. En Capilla son muy violentos con la gente. Mi hija era turista, tenía su dinero, iba para poder escribir su libro. Después de 4 años y medio viajando había experimentado mucho, tenía mucho conocimiento, fue a vivenciar todo lo que había leído, a tratar con la gente, estuvo en comunidades, le enseñaba defensa personal a las mujeres que eran maltratadas por los maridos, pintaba a los niños, las caritas, hacia artesanías. Era artesana, diseñadora web, hacia taekwondo. Viajaba a dedo. Le decía a la gente que tenía que animarse a ser feliz, a hacer lo que pensaba. Ella era libre, nosotros la dejamos que haga lo que sienta, que sea feliz. Cada hijo tiene que hacer lo que siente y lo que quiere, uno trae al hijo a la vida, son de la vida, no son nuestros. Nosotros la preparamos para la vida y lo hemos hecho muy bien_ era muy buena, solidaria, ayudaba a la gente, siempre con una sonrisa. Era una divina, era un ser maravilloso. Habrá despertado mucha envidia en esta gente basura. Todo esto va a servir para algo, tiene que acabar todo este maltrato, toda esta impunidad. Y ojalá Alberto nos reciba porque estas cosas pasan no solo en Córdoba, sino en todo Argentina”.

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57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.
El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».
Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.
A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.
Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.
Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:





Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.
Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.
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Trabajadores de Morvillo toman la fábrica tras el anuncio del cierre de la planta, que implica 200 despidos

Una histórica empresa gráfica de Avellaneda -donde se imprimen títulos de la editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias– anunció su cierre dejando a 200 trabajadores en la calle. Se enteraron por un comunicado pasadas las once de la noche del martes y la respuesta fue unánime: ingresaron a la imprenta e iniciaron una permanencia pacífica en defensa de los puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la firma faltó a la audiencia. Los argumentos empresariales de caída de la producción y los argumentos obreros: “Somos las principales víctimas de esta situación”.
Por Lucas Pedulla
El obrero gráfico Enrique Andina terminó su jornada de trabajo en Anselmo Morvillo SRL a las 22 horas y se marchó a su casa, como todos sus compañeros, como todos los días. Muchos estaban llegando a sus hogares cuando pasadas las 23 horas les llegó un comunicado de la histórica imprenta, que terminaba de la siguiente manera:
“Con una tristeza difícil de describir tenemos que contarles que ya no podemos seguir adelante. Sabemos acerca del impacto, no sólo económico, sino emocional que tiene para cada uno dejar parte de nuestra historia en el recuerdo, y los relatos que hemos compartido siempre con nuestras familias. Le dejamos a cada uno de ustedes, nuestra gratitud por su invaluable esfuerzo y el deseo de que todos puedan superar este trago amargo con la capacidad de levantarse que los caracteriza”.
El texto cerraba con esta firma: “La Dirección”.
Así como llegaron a sus casas, los obreros volvieron a la gráfica, ubicada en Avellaneda, municipio al sur del conurbano bonaerense. Andina contextualiza: “Somos 200 compañeros; yo tengo 17 años de trabajo y muchos tienen más de 30 y 40 años de antigüedad. En la pandemia vivimos una situación similar pero logramos mantener nuestras conquistas. Somos la gráfica que más cobraba dentro del gremio, pero esto fue imprevisto”.
La respuesta fue unánime: los trabajadores votaron la permanencia.
Avon, papel & toma
Anselmo Morvillo SRL inició sus actividades en 1974 desarrollando folletos cosméticos. En su página web cuentan que en 1988 incorporó la primera rotativa de tecnología de punta, “única en el país en esa época”, y sumó la segunda tres años después. Cuentan que crecieron más del 70% en la segunda década de los noventa y que hoy, en su planta de 13500 metros cuadrados de Avellaneda, los folletos comerciales representan un 70% de la producción, mientras que los trabajos editoriales significan el 30% restante. Andina cuenta que, entre las publicaciones, se encuentran títulos de la Editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias.
En el comunicado que “la Dirección” les mandó a los obreros, a quienes se refirió como “queridos compañeros de tantos años”, la empresa expresó su posición:
- “Hemos atravesado las reiteradas crisis económicas de nuestro país, los cambios en el mercado gráfico con la marcada implosión por el avance tecnológico y el comportamiento poco ético de algunos de nuestros colegas competidores”.
- “Fuimos golpeados por la Presentación en Concurso de algunos de nuestros clientes y por la Quiebra de nuestro cliente número dos, ARCA Distribuidores. Luego, a la escalada de precios internacionales de la mayoría de los insumos y repuestos, se le sumó la exigencia de pago anticipado del papel y la desaparición del crédito internacional. Todas situaciones que enfrentamos con mejor éxito que muchos de nuestros colegas”.
- “En el año 2014 RR Donelley cerró su planta de Argentina, en enero de 2016 AGR también cerró sus puertas, y en enero de 2020 IPESA cerró la mayor parte de su operación”. Una aclaración: tras el abandono empresarial, Donelley fue recuperada por sus trabajadores y trabajadoras y, hoy, es una cooperativa gestionada sin patrón.
La empresa describe un contexto “tan negativo” en el que inscribió la caída del 63% del volúmen de producción: “Avon, que como bien saben representa más de la mitad de nuestro trabajo, dejó de imprimir catálogos y mudó su comercialización a internet. Esto nos dejó en una situación económica y financiera terminal”.
Los trabajadores respondieron con la permanencia pacífica y otro comunicado que respondía los argumentos de la empresa: “Todos factores ajenos a la responsabilidad de los trabajadores, que somos las principales víctimas de esta situación”.
Gris de espera
Enrique Andina integra la Comisión Interna y explica: “Estamos en permanencia pacífica para preservar las fuentes de laburo. A lo largo del día se hizo presente el sindicato. Exigimos una presentación en el Ministerio de Trabajo y también hicimos un pedido de plenario de delegados para discutir con todos los delegados los pasos a seguir”.
El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no se presentó a la audiencia. “Está incumpliendo -dice Andina-. Mientras tanto, nosotros seguimos sin tener comunicación de la empresa. Tampoco atienden los teléfonos. La última comunicación oficial fue el comunicado de anoche. Eso deja un gris, porque estamos en la calle sin un mango, pero no hay un telegrama de despido ni nada”.
Los trabajadores tienen sólo rumores, desde un cierre definitivo hasta la posibilidad de la llegada de inversionistas “que reclaman despidos masivos”, según denuncian. “Se olfateaba que la situación venía rara, pero nadie pensó que todo fuera de esta manera -dice-. La convocatoria acá fue masiva, y agradecemos también que se acercaron de otras ramas, como médicos del Garrahan. La intención es difundir el conflicto y rodearlo de solidaridad para lograr lo que necesitamos, que es que la patronal se siente a discutir”.
Mientras esperan, en las próximas asambleas decidirán los pasos a seguir: “Es un golpe fuerte, pero uno tiene que estar fuerte, también, por la familia. La mayoría de los compañeros son sostén de hogar. Estamos dispuestas a lucharla hasta el final y no aflojarle hasta encontrar una solución, que es sostener las fuentes de trabajo con las mismas condiciones que teníamos hasta ayer antes de recibir el comunicado”.
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Juicio a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: absurdos sin pruebas

Empezó el segundo proceso judicial a integrantes de la lof mapuche, a quienes se les endilga el delito de usurpación en la localidad de Villa Mascardi, en Bariloche, Río Negro.
El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal de General Roca y que se realizará de manera virtual, tendrá 132 testigos que serán llamados a declarar y como mínimo, se espera que dure hasta abril. Expresan desde la comunidad: “Somos sometidos injustamente, acusados de usurpar nuestro propio territorio, el mismo que libremente caminaron nuestros kuifikecheiem (antepasados) cuando aún no existían alambrados, ni parques nacionales, ni ningún winka que con su ambición destructora mirara nuestra tierra”.
Para entender el conflicto hay que retroceder a 2017, cuando la lof inició la recuperación de su territorio a partir del levantamiento de una machi –guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche–, y la construcción del rewe –un sitio sagrado de conexión con otras energías del espacio en donde la machi atendía a quien fuera a curarse–. La respuesta del Estado fue de terror: un operativo de desalojo comandado por la vigente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, a manos del grupo Albatros de Prefectura, el 25 de noviembre de aquel 2017. Todo ese proceso derivó en el primer juicio contra la comunidad, donde fueron condenados siete mapuche.
Tiempo después del crimen de Rafita, la comunidad volvió al territorio hasta que en 2022, ya en el gobierno de Alberto Fernández, se ejecutó otro desalojo represivo.
En el juicio que arrancó hoy y continúa mañana, se juzga de la usurpación de distintos terrenos a Luciana Jaramillo, Yéssica Bonnefoi, Romina Rosas, Betiana Colhuan, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana. Se defienden desde la comunidad: “Nos encontramos frente a un contexto muy difícil alimentado por un sistema político y judicial perverso, que agudizó la persecución hacia el Mapuche con más violencia y encarcelamientos, con el fin de debilitarnos y quitarnos nuestro territorio”.
El juez a cargo se llama Alejandro Silva y es el mismo que presidió el proceso por el fusilamiento de Rafael Nahuel y que condenó a sus responsables con penas ínfimas.
Ataques
El contexto al que hacen referencia refiere a un gobierno que agudizó el hostigamiento preexistente hacia el pueblo mapuche, además de un avasallamiento de derechos a las 40 naciones originarias que habitan lo que hoy es Argentina. Algunos ejes de esa persecución: el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); el decreto que barrió a la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160) que mantenía la suspensión de los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios y que allanó el terreno para el desarraigo de la comunidad Paillako a principio de este año; y el señalamiento sin pruebas como causantes de los incendios en la Patagonia. Por citar un caso, Victoria Heredia Núñez, integrante de Lof Pillan Mahuiza, cumple arresto domiciliario desde el 12 de febrero acusada del incendio en la Estancia Amancay, en la localidad chubutense de Trevelin, pese a demostrar mediante georreferenciación que al iniciarse el fuego estaba a más de 90 kilómetros.

La gente de la comunidad frente a la policía durante una inspección ocular en octubre de 2023. Fotos: Jaime Carriqueo
Absurdos
La defensa de la comunidad está a cargo de la Gremial de Abogadas y Abogados. Uno de ellos, Gustavo Franquet, le dice a lavaca ni bien concluida la primera audiencia: “Esto comenzó en 2017 y estamos en 2025; llevamos más de 7 años donde se supone que juzgados de instrucción federal, fiscalías federales, fuerzas federales de investigación como Gendarmería, la Policía Federal y Prefectura investigaron a la comunidad y no pudieron conseguir elementos para acusarlos de otra cosa que no fuera usurpación, motivo por el que ni tendrían que estar en el banquillo. El Estado argentino, desde la Constitución de 1994, reconoce los derechos preexistentes de los pueblos originarios, por lo que no puede ni debe criminalizar el conflicto territorial; en una recuperación, no hay delito. Si esto fuera juzgado como corresponde, no pueden de ninguna manera condenar a nadie”.
En cuanto a cómo abrió el juicio, cuenta: “Sólo en un par de horas que duró, ya se cometieron varios despropósitos jurídicos, aunque estamos seguros que lo más horroroso de este juicio está por venir; vamos a escuchar cosas muchísimos más jodidas, hoy fue un precalentamiento”.
¿Qué despropósitos?
Entre las barbaridades que dijeron, hubo tres que no se pueden creer.
A una de las mujeres, Yéssica Bonefoi, la quisieron acusar de la usurpación de una cabaña, que cuando la fiscalía pidió la elevación a juicio, ni se mencionó. Fue algo insólito, porque no pueden inventar elementos nuevos. Pidieron un cuarto intermedio y cuando volvimos retiraron ese planteo porque obviamente estaba fuera de lugar. Es tanta la voluntad de persecución, de acusación gratuita, que ni se fijaron en eso.
Un segundo despropósito es que cuando se produce lo que llaman la usurpación del ex Hotel Mascardi, una de las acusadas (la machi Betiana) seguía siendo menor. Por ley de minoridad, hay todo un proceso que en este caso no se cumplió cuando se acusa a menores de entre 16 y 18 años y que ahora imposibilita al juez a dictar sentencia contra ella. Como una cuestión lógica le exigimos al juez que no la someta al juicio, y en vez de aceptarlo, dijo que lo va a decidir al final del proceso. Algo totalmente absurdo y re victimizante para la machi.
Y un tercer punto que es la pretensión de la fiscalía y de las querellas de que consideren a la usurpación como un delito continuado. Se denomina con esta tipificación a delitos como la desaparición forzada, o un secuestro, pero no a una usurpación, que es un tipo específico de hurto o de robo, en este caso de un inmueble. Si alguien comete un robo, el delito es en ese momento, no continúa en el tiempo. Ahí hay otro absurdo.
Truchos
En 2022, antes del segundo desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, se incendió un trailer y un remolque de Gendarmería. Desde los gobiernos provinciales y nacionales se acusó al pueblo mapuche, al igual que de usurpar una cabaña. Recuerda Gustavo: “Ahí empezó toda esta farsa. Esa zona está protegida por fuerzas federales, pero señalaron a la lof y así allanaron el camino para desalojarlos”.
Ese desalojo fue brutal, con más de 250 efectivos del Comando Unificado que irrumpieron en el territorio. Romina Rosas, una de las mapuche detenidas, estaba embarazada de ocho meses y fue golpeada y arrastrada por el piso; días después, parió a su bebé rodeada de policías. Celeste, decía esto de aquel 4 de octubre de 2022: “Me tiraron al suelo, a mí y a mi nena de 5 años. Nos apuntaron con el arma en la cabeza. Fue una cacería”.
Retoma Gustavo Franquet: “A las seis personas que están enfrentando el juicio jueces federales les dictaron su falta de mérito, porque no hay ningún elemento que los ligue a lo que se los acusa. Toda esta causa es trucha porque fue creada para criminalizar, para desalojar y para allanar a la comunidad. Y por ende, todo este juicio es trucho”.
Lafken, en mapudungún, significa espejo de agua. Winkul, espíritu guardián de la montaña. Y Mapu, tierra. Desde la lof Lafken Winkul Mapu, concluyen: “Seguimos llamando a la unión, a mantenernos fortalecidos en nuestro feientun (creencia) y esencia mapuche. A enfrentar al winka con nuestra verdad, por más que el aparato estatal utilice todos los medios a su alcance para difamarnos pretendiendo poner a la opinión pública en nuestra contra, con falsas acusaciones. Pero tenemos total confianza en la fortaleza de nuestro pueblo milenario que ha resistido y preservado el territorio a pesar de los atropellos”.

Matías Santana, la Machi Betiana, Luciana Jaramillo y Romina Rosas son cuatro de los seis acusados, durante la primera audiencia del juicio en su contra.
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