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Quién es Garello, el jefe de los fiscales de Mar del Plata, juzgado por crímenes de lesa humanidad

Fabián Fernández Garello es investigado por secuestros y torturas a militantes durante la última dictadura militar, como ex agente de inteligencia de la Bonaerense en el partido de San Martín. Ahora, actual fiscal general de Mar del Plata, presionó al Tribunal que juzga el femicidio de Lucía Pérez. ¿Por qué lo hizo? Sus antecedentes, la investigación de la Comisión Provincial de la Memoria sobre su rol en dictadura, y los pedidos de juicio político que sufren dilaciones y trabas para que no se lo corra de su puesto, mientras sigue en funciones.
El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, fue agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) durante la última dictadura militar y se encuentran en proceso causas que investigan su rol en el secuestro y tortura a distintos militantes. Es el mismo que días atrás presionó al Tribunal que debe fallar sobre el femicidio de Lucía Pérez el próximo 17 de marzo, enviando una nota desautorizando al fiscal Leandro Arévalo, en una jugada que por innecesaria habla de su interés por meter la cola en un proceso que pone nervioso a las altas esferas del poder marplatense.
La DIPPBA, desde su creación en 1956, tuvo una constante tarea vinculada a la producción de información y acción de inteligencia. Es por ello que desde hace años la Comisión Provincial por la Memoria junto a organismos de derechos humanos denuncian la participación del fiscal Fernández Garello en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Según los archivos cedidos a la CPM, documentos originales, se demuestra la evidencia de los operativos en los que participó el fiscal general marplatense en el marco de terrorismo de Estado.
Sin embargo, a pesar de la cantidad de pruebas, el fiscal logra dilatar constantemente las instancias que pretenden investigarlo. Federico Schmeigel, Director del Programa de control de corrupción e inteligencia ilegal de la CPM, dice a lavaca: “Evidentemente hay un esquema de protección que no se puede definir de otra forma que ésta: es un escándalo”.
El secuestro y tortura de tres militantes comunistas
En agosto de 2020 la titular del Juzgado Federal en lo criminal y correccional N 2 de San Martín, Alicia Vence, elevó a juicio oral y público la causa por el secuestro y torturas de tres militantes comunistas, Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor, el 23 de julio de 1981.
Entre los imputados estaba el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, dado que según consta en los documentos del archivo de la DIPPBA presentados por la Comisión Provincial por la Memoria la planificación del procedimiento se originó a partir de una reunión encarada por el jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, Jorge Apa, donde se conformó una “comisión conjunta” con personal “idóneo” de la DIPPBA San Martín, de la Brigada de Investigaciones III de Caseros y personal militar de Campo de Mayo. Garello sería uno de esos «idóneos».
Los grupos de tareas conjuntas secuestraron a las víctimas en sus domicilios y las trasladaron luego a la Brigada de Investigaciones de Caseros, que funcionaba como centro clandestino de detención.
Solamente restaba conocer la fecha de inicio del juicio cuando la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el procesamiento, anuló todo lo actuado, retrotrajo la causa a la instancia de instrucción y apartó a los jueces de la Cámara Federal. El fallo contó con los votos de los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci.
La Comisión Provincial por la Memoria apeló esa resolución; el recurso fue rechazado por la Cámara Federal de Casación Penal y entonces presentaron una queja ante la Corte Suprema de la Nación. Sucedió hace más de dos años, pero aún no hay respuesta.
Los pedidos de juicio político
El actual fiscal general de Mar del Plata fue denunciado en 2016 por la Comisión Provincial por la Memoria y una decena de organismos de derechos humanos. El motivo: según consta en propios archivos de la Bonaerense, entre 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.
En 2018 logró sortear el juicio político: se archivó el trámite sin abrir la investigación. “En el caso del juicio político la protección es sobre todo por parte del Procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte-Grand, a pesar de toda la cantidad de pruebas que entregamos”, explica Schmeigel, dado que fue el mismísimo jefe de los fiscales bonaerense quien decidió archivar el trámite disciplinario contra el funcionario.
Pero luego de que Fernández Garello fuera imputado por el secuestro y torturas de tres militantes comunistas, Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor, la Comisión entendió que había nuevas pruebas para el pedido del juicio político y reiteró a la Corte provincial y al Procurador General su pedido de apartamiento del cargo de Fernández Garello y la continuidad de jury. “Dado que había novedades procesales solicitamos que se reactive”, explica Federico Schmeigel. Fue en 2019: más de dos años después, aún no hubo novedades.
Dos audiencias fracasaron por falta de quórum, en claras maniobras dilatorias. Ejemplo: el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires debía volver a reunirse para decidir si abre el jury contra el fiscal pero todavía no lo hizo. Pasaron casi cuatro años de ello.
Explica Schmeigel de la CPM: “El jury ha quedado paralizado desde fines de 2019. Las dos audiencias no tuvieron éxito porque no se presentaban los legisladores ni los conjueces, que son parte del tribunal de enjuiciamiento. A partir de allí no se convocó más, aunque nosotros lo hayamos solicitado reiteradamente”.
El crimen de Ana María Martínez
Ana María Martínez, militante política y delegada sindical, fue secuestrada y asesinada por un grupo de tareas de la dictadura en febrero de 1982. Tenía 31 años y trabajaba en la fábrica de autopartes DEA ubicada en el partido de Vicente López; estaba embarazada de tres meses y formaba parte del Partido Socialista de los Trabajadores (PST).
El actual fiscal general de Mar del Plata había realizado tareas de espionaje político e infiltración en agrupaciones sindicales y organismos de derechos humanos entre 1981 y 1982. Por ello se reclama que se investigue el rol que pudo haber tenido en ese hecho dado que era oficial subinspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
Por el crimen de Ana María fueron condenados a perpetua los represores Jorge Norberto Apa, Jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, y Guillermo Raúl Pascual Muñoz, jefe del Departamento Personal (G-1) del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares que operaban en Campo de Mayo.
“Lo que sucedió es que en 2018 el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín dictó condena a perpetua a los imputados que eran miembros del Ejército, y queda acreditado que en el proceso que en el secuestro se había dado un proceso de inteligencia, lo que establece es que debía investigarse cuál había sido el rol de la DIPPBA. Pero al igual que los otros procesos quedó frizado, no se avanzó en la investigación del personal de inteligencia, entre ellos Fernández Garello, aunque quedó demostrado cómo se coordinaban las operaciones con el área de inteligencia de la Provincia de Buenos Aires”.
¿Estos procesos no son suficientes para pedir la suspensión del fiscal Garello? Responde Federico Schmeigel, Director del Programa de control de corrupción e inteligencia ilegal de la CPM: “Absolutamente, la hemos pedido, la Corte Suprema tiene facultades que habilitarían la suspensión, para que luego sea tratado por el jurado. Existen pruebas y elementos suficientes, pero Fernández Garello sigue siendo fiscal general porque goza de protección”.
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Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
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Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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