Fabián Fernández Garello es investigado por secuestros y torturas a militantes durante la última dictadura militar, como ex agente de inteligencia de la Bonaerense en el partido de San Martín. Ahora, actual fiscal general de Mar del Plata, presionó al Tribunal que juzga el femicidio de Lucía Pérez. ¿Por qué lo hizo? Sus antecedentes, la investigación de la Comisión Provincial de la Memoria sobre su rol en dictadura, y los pedidos de juicio político que sufren dilaciones y trabas para que no se lo corra de su puesto, mientras sigue en funciones.

El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, fue agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) durante la última dictadura militar y se encuentran en proceso causas que investigan su rol en el secuestro y tortura a distintos militantes. Es el mismo que días atrás presionó al Tribunal que debe fallar sobre el femicidio de Lucía Pérez el próximo 17 de marzo, enviando una nota desautorizando al fiscal Leandro Arévalo, en una jugada que por innecesaria habla de su interés por meter la cola en un proceso que pone nervioso a las altas esferas del poder marplatense.

La DIPPBA, desde su creación en 1956, tuvo una constante tarea vinculada a la producción de información y acción de inteligencia. Es por ello que desde hace años la Comisión Provincial por la Memoria junto a organismos de derechos humanos denuncian la participación del fiscal Fernández Garello en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Según los archivos cedidos a la CPM, documentos originales, se demuestra la evidencia de los operativos en los que participó el fiscal general marplatense en el marco de terrorismo de Estado. 

Sin embargo, a pesar de la cantidad de pruebas, el fiscal logra dilatar constantemente las instancias que pretenden investigarlo. Federico Schmeigel, Director del Programa de control de corrupción e inteligencia ilegal de la CPM, dice a lavaca: “Evidentemente hay un esquema de protección que no se puede definir de otra forma que ésta: es un escándalo”. 

El secuestro y tortura de tres militantes comunistas

En agosto de 2020 la titular del Juzgado Federal en lo criminal y correccional N 2 de San Martín, Alicia Vence, elevó a juicio oral y público la causa por el secuestro y torturas de tres militantes comunistas, Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor, el 23 de julio de 1981.

Entre los imputados estaba el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, dado que según consta en los documentos del archivo de la DIPPBA presentados por la Comisión Provincial por la Memoria la planificación del procedimiento se originó a partir de una reunión encarada por el jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, Jorge Apa, donde se conformó una “comisión conjunta” con personal “idóneo” de la DIPPBA San Martín, de la Brigada de Investigaciones III de Caseros y personal militar de Campo de Mayo. Garello sería uno de esos «idóneos».

Los grupos de tareas conjuntas secuestraron a las víctimas en sus domicilios y las trasladaron luego a la Brigada de Investigaciones de Caseros, que funcionaba como centro clandestino de detención.

Solamente restaba conocer la fecha de inicio del juicio cuando la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el procesamiento, anuló todo lo actuado, retrotrajo la causa a la instancia de instrucción y apartó a los jueces de la Cámara Federal. El fallo contó con los votos de los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci.

La Comisión Provincial por la Memoria apeló esa resolución; el recurso fue rechazado por la Cámara Federal de Casación Penal y entonces presentaron una queja ante la Corte Suprema de la Nación. Sucedió hace más de dos años, pero aún no hay respuesta.  

Los pedidos de juicio político

El actual fiscal general de Mar del Plata fue denunciado en 2016 por la Comisión Provincial por la Memoria y una decena de organismos de derechos humanos. El motivo: según consta en propios archivos de la Bonaerense, entre 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.

En 2018 logró sortear el juicio político: se archivó el trámite sin abrir la investigación. “En el caso del juicio político la protección es sobre todo por parte del Procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte-Grand, a pesar de toda la cantidad de pruebas que entregamos”, explica Schmeigel, dado que fue el mismísimo jefe de los fiscales bonaerense quien decidió archivar el trámite disciplinario contra el funcionario.

Pero luego de que Fernández Garello fuera imputado por el secuestro y torturas de tres militantes comunistas, Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor, la Comisión entendió que había nuevas pruebas para el pedido del juicio político y reiteró a la Corte provincial y al Procurador General su pedido de apartamiento del cargo de Fernández Garello y la continuidad de jury. “Dado que había novedades procesales solicitamos que se reactive”, explica Federico Schmeigel. Fue en 2019: más de dos años después, aún no hubo novedades. 

Dos audiencias fracasaron por falta de quórum, en claras maniobras dilatorias. Ejemplo: el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires debía volver a reunirse para decidir si abre el jury contra el fiscal pero todavía no lo hizo. Pasaron casi cuatro años de ello.

Explica Schmeigel de la CPM: “El jury ha quedado paralizado desde fines de 2019. Las dos audiencias no tuvieron éxito porque no se presentaban los legisladores ni los conjueces, que son parte del tribunal de enjuiciamiento. A partir de allí no se convocó más, aunque nosotros lo hayamos solicitado reiteradamente”. 

El crimen de Ana María Martínez 

Ana María Martínez, militante política y delegada sindical, fue secuestrada y asesinada por un grupo de tareas de la dictadura en febrero de 1982. Tenía 31 años y trabajaba en la fábrica de autopartes DEA ubicada en el partido de Vicente López; estaba embarazada de tres meses y formaba parte del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 

El actual fiscal general de Mar del Plata había realizado tareas de espionaje político e infiltración en agrupaciones sindicales y organismos de derechos humanos entre 1981 y 1982. Por ello se reclama que se investigue el rol que pudo haber tenido en ese hecho dado que era oficial subinspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). 

Por el crimen de Ana María fueron condenados a perpetua los represores Jorge Norberto Apa, Jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, y Guillermo Raúl Pascual Muñoz, jefe del Departamento Personal (G-1) del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares que operaban en Campo de Mayo.

“Lo que sucedió es que en 2018 el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín dictó condena a perpetua a los imputados que eran miembros del Ejército, y queda acreditado que en el proceso que en el secuestro se había dado un proceso de inteligencia, lo que establece es que debía investigarse cuál había sido el rol de la DIPPBA. Pero al igual que los otros procesos quedó frizado, no se avanzó en la investigación del personal de inteligencia, entre ellos Fernández Garello, aunque quedó demostrado cómo se coordinaban las operaciones con el área de inteligencia de la Provincia de Buenos Aires”. 

¿Estos procesos no son suficientes para pedir la suspensión del fiscal Garello? Responde Federico Schmeigel, Director del Programa de control de corrupción e inteligencia ilegal de la CPM: “Absolutamente, la hemos pedido, la Corte Suprema tiene facultades que habilitarían la suspensión, para que luego sea tratado por el jurado. Existen pruebas y elementos suficientes, pero Fernández Garello sigue siendo fiscal general porque goza de protección”.