Nota
Según un correo parte de los “Monsanto Papers”, la filial argentina de Monsanto también sabía que el Roundup no es seguro
Cómo impacta el fallo que condenó a Monsanto en Estados Unidos en nuestro país y en el mundo. Por qué el SENASA debe tomar nota y actuar en consecuencia. Los correos que revelan que la empresa oculta información sobre la toxicidad de sus productos.
Por Anabel Pomar para www.monsantopapers.lavaca.org
El fallo condenatorio del pasado 10 de agosto, en el caso Dewayne Johnson v. Monsanto Company, marca un duro revés para la compañía ahora propiedad de Bayer. Es un antecedente judicial sin precedentes que alerta sobre la peligrosidad del Roundup arrojando luz – apoyada en sólidos documentos probatorios- sobre el modo en que esa empresa ocultó información e influyó sobre agencias regulatorias para mantener su producto en el mercado.
En Argentina es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) -, dependiente de la cartera de Agroindustria- quien autoriza estos productos químicos, basado en los estudios de seguridad de las propias empresas que los producen. Distintas investigaciones demuestran que esas agencias de regulación actúan en connivencia con las empresas y no cumplen su rol de proteger la salud pública. Después del fallo de EEUU, ¿es válido seguir manteniendo la etiqueta de “inocuidad” con la que se comercializa el RoundUp en nuestro país?
Argentina ostenta el triste récord de usar 350millones de litros por año de esa sustancia, que ya está presente en alimentos, ríos y hasta en el agua de lluvia. T
En el texto del veredicto del reciente juicio, Monsanto fue hallado culpable de actuar de manera premeditada o abusiva en ocultar el riesgo en el diseño de dos de sus herbicidas a base de Glifosato. “El Roundup Pro® o Ranger Pro® suponían posibles riesgos que se conocían o podían saberse a la luz del conocimiento científico generalmente aceptado en la comunidad científica al momento de su producción, distribución o venta”, afirmó el jurado sosteniendo su veredicto en las pruebas presentadas por la defensa y respaldada en los documentos internos de la propia Monsanto.
Muchas de esas pruebas forman parte de lo que se conoce como Monsanto Papers: miles y miles de documentos conseguidos por la ONG USRTK, a través de pedidos de información pública y por abogados de distintos casos contra el Roundup en los más de 4000 litigios que esperan su turno en corte. Documentos que lavaca.org pone a disposición desde un sitio en especial monsantopapers.lavaca.org por el derecho a la información.
“No se puede decir que Roundup no sea carcinógeno”, escribió la toxicóloga de Monsanto, Donna Farmer en un email el 22/11/2003. “No hemos hecho las pruebas necesarias en la formulación para hacer esa declaración”, concluye.
Monsanto Argentina asegura en su página “que el glifosato, cuando es utilizado de manera correcta, no presenta riesgos para la salud humana, vida silvestre o medio ambiente”. Tras el fallo, además de adelantar que apelarían la decisión del jurado, volvieron a asegurar mediáticamente que sus productos son seguros.
El glifosato fue clasificado en 2015 por la IARC (Agencia Internacional de Cáncer de la OMS) como genotóxico, cancerígeno en animales y probablemente cancerígeno en humanos. Como está documentado en los monsanto papers, la EPA deberá explicar la relación con la empresa, sospechas de influir en negociaciones de la EFSA (si bien la agencia regulatoria europea lo desmintió en un comunicado ) y en otras agencias como la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, ASTDR, una agencia federal de salud pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, para evitar que ese nuevo status de peligrosidad cancerígena avanzara en otros lugares.
Brent Wisner, el abogado que representa a muchas de las víctimas del cáncer que están demandando a Monsanto, dijo que los documentos ofrecen pruebas contundentes de vínculos inapropiados entre la EPA y la compañía química en esfuerzos por evitar nuevas revisiones de seguridad tras la re categorización de la IARC. “Creo que es muy claro que los funcionarios de la EPA y los empleados de Monsanto trabajaron juntos para lograr el objetivo de detener un análisis en la ATSDR”, dijo Wisner. La ASTDR planeaba actualizar una revisión de seguridad del glifosato que se intuía estaría en línea con la decisión de la IARC. El estudio “fue cajoneado” tras conversaciones de empleados de Monsanto y el empleado de la EPA, Jess Rowland, quien ofreció abiertamente en un mail, en abril de 2015, su disposición para frenar la revisión de la ATSDR. Rowland, que se jubiló en 2016, fue el subdirector de división dentro de la división de efectos de salud de la Oficina de Programas de Pesticidas (OPP) de la EPA. La sospechosa e íntima relación entre Rowland y Monsanto ha provocado una investigación de la Oficina del Inspector General de la EPA en EE.UU.
Documentos internos de esa agencia muestran que la EPA en marzo y abril de 2016 estaba “luchando” internamente para lograr reunir datos sobre los ingredientes que Monsanto ha utilizado comúnmente para formular sus productos herbicidas. A pesar de que Monsanto ha estado vendiendo herbicidas Roundup por más de 40 años, los documentos internos de la agencia indican que la EPA tenía información, suelta, parcial y desordenada sobre esas formulaciones.
La necesidad de revisar con qué papeles y en qué certificaciones se basa el permiso de ingreso a nuestro país es imperiosa. El fallo y las revelaciones de los Monsanto Papers muestran que cuando Monsanto asegura que sus productos están autorizados desde hace 40 años por no poseer peligro, oculta información. Los propios investigadores de la empresa admiten en correos internos que no hicieron los estudios suficiente para hacer esa afirmación.
Las estrategias de Monsanto para defender al Roundup se han revelado en correos electrónicos internos, presentaciones y memos. Peor aún, estos documentos sugieren que la compañía ni siquiera pareciera saber si Roundup es inofensivo para la salud de las personas. “No se puede decir que Roundup no sea carcinógeno”, escribió la toxicóloga de Monsanto, Donna Farmer en uno de los correos electrónicos. “No hemos hecho las pruebas necesarias en la formulación para hacer esa declaración”. El correo electrónico, enviado el 22 de noviembre de 2003, es una de las pruebas utilizadas en el caso de Dewayne Johnson.
Esa misma afirmación, que no había suficientes estudios para decir que el Roundup no es cancerígeno, fue leída por varios empleados de Monsanto Argentina, hace ocho años, el 14 de diciembre de 2010. El intercambio de correos, – en algunos de los cuales participa o está en copia, el Presidente de Monsanto Argentina, Juan Farinati-, finaliza admitiendo la falta de estudios. En esa copia final figuran como destinatarios por la filial Argentina, Martín Lasarte y Diego Kavanas, entre otras personas vinculadas a la compañía.
Con el ASUNTO: Re: Response Need – Re: Glyphosate Questions (Argentina); FW: publicaciones CASAFE, el último mail responde, entre otras, a estas preguntas: “Porque las fórmulas de Roundup no son cancerígenas? Cualés son sus metabolitos más relevantes y que estudios demuestran no lo son (cancerígenos)?
El mail responde, entre otras preguntas de Casafe y Monsanto Argentina: “¿Por qué las fórmulas de Roundup no son cancerígenas? ¿Cualés son sus metabolitos más relevantes y que estudios demuestran no lo son (cancerígenos)?
Stephen Adams, Chemistry Regulatory Affairs Manager de Monsanto Company, confirma en la respuesta la misma información que Donna Farmer. La fórmula de su producto estrella nunca fue testeada. Solo sus componentes por separados pero nunca la formulación final qué es lo que venden.
Stephen Adams, Chemistry Regulatory Affairs Manager de Monsanto Company, confirma en la respuesta la misma información que Donna Farmer (también en copia en este mail): la fórmula de su producto estrella nunca fue testeada; sólo sus componentes por separados pero nunca la formulación final qué es lo que comercializan. Textualmente en español: “Con respecto a la carcinogenicidad de nuestras formulaciones, no tenemos realizados esa clase de testeos directamente sobre ellas, pero tenemos tales pruebas en el componente de glifosato y algunas pruebas de toxicidad extensivas en el surfactante”.
Hoy 8 años después de ese correo, de contar con esa información, el discurso público de la empresa sigue siendo el mismo. “Sólo salen al mercado aquellos que fueron certificados como seguros para el medio ambiente y la salud humana.”, se lee en el sitio de Monsanto Argentina sin informar sobre lo que la empresa sabe según el texto del email interno consignado más arriba.
Las primeras declaraciones del SENASA tras el veredicto, en nota publicada el 17 de agosto por iprofesional, desestimaron la gravedad de la conclusión que arrojó el litigio y que se resolvió en contra de la compañía. “Se trata de un juicio entre particulares. El usuario de un producto va contra la empresa. Y lo que ocurrió es un fallo de primera instancia. Hasta acá, con los documentos y estudios que tienen todas las agencias de gobierno, incluso el SENASA, no hay motivos para cambiar la situación del glifosato”, informaron fuentes del organismo a Patricio Eleisegui, autor del artículo mencionado.
“Para nosotros la seguridad de nuestros productos es fundamental. Ni una sola agencia normativa considera al glifosato cancerígeno. Las evaluaciones realizadas por autoridades reguladoras en todo el mundo durante más de 40 años lo confirman”, aseguran desde Monsanto en las cinco preguntas más habituales sobre el Glifosato en su sitio web.
Los papeles de la propia compañía publicados en MonsantoPapers desmienten esa afirmación y la declaración de Donna Farmer, en la décima jornada del juicio realizado en San Francisco y que encontró a Monsanto culpable de todos los cargos. A eso se le suman las demostradas campañas para interferir o desprestigiar a la ciencia que contradiga lo que Monsanto sigue repitiendo y los estudios “científicos” sobre toxicidad escrito de modo fantasma por los propios empleados de la empresa, que respaldan la inocuidad, y son usados como “ciencia independiente”.
Toda esta información debe ser analizada y no puede obviarse para decidir la utilización de esos agrotóxicos en Argentina. Es hora de que el SENASA tome nota y cumpla su rol en proteger a la sociedad argentina, y garantizar el derecho a la información y a la salud.
INFORME ENERO-FEBRERO 2026 DEL OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ DE VIOLENCIA PATRIARCAL
Temporada de femicidios
Por el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal (https://observatorioluciaperez.org/)
Durante el verano de este 2026 sufrimos un femicidio y una tentativa de femicidio cada día y medio. Un promedio alarmante que, además costó la vida de cuatro criaturas; tres de ellas apenas superaban el año.
Las víctimas tienen un rango etáreo que va de los 78 a los 17 años y dejaron a 16 infancias huérfanas.
Los datos: enero y febrero suman 43 femicidios y 43 tentativas de femicidio.
No son cifras. Son vidas, como la de Natalia Cruz (foto principal), en Campo Quijano, Salta: su hermana también fue víctima de femicidio años atrás. Hubo marchas para exigir justicia durante casi todos los días desde el día del crimen en que se fugó su asesino –17 de febrero– hasta ayer, cuando finalmente lo atraparon, consecuencia de haber logrado con estos reclamos que la fiscalía ofrezca una importante suma de recompensa por información sobre su paradero.
Lo que deja este verano también es la condena a perpetua por los femicidios territoriales de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en Rosario, Santa Fe, la ciudad más castigada con este tipo de asesinatos.
Estefanía y Mariela Gorosito, dos femicidios territoriales en Rosario.
Así el Poder Judicial reconoció por primera vez y explícitamente la relación entre la violencia del narcotráfico y la de género. Tal como expuso claramente el fiscal Patricio Saldutti “Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”.
El condenado es Pablo Nicolás Camino, de 31 años, jefe de una cédula de la banda narco Los Monos, quien ya acumula 40 años de prisión por delitos de homicidio, balaceras y asociación ilícita y está procesado, entre otras causas, por el ataque al supermercado que pertenece a la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.
Pablo Nicolás Camino, condenado por el femicidio de las hermanas Gorosito.
Pablo Camino ordenó la ejecución de las hermanas desde el penal donde cumple condena. Es decir: estaba bajo la responsabilidad de las autoridades penitenciarias en el momento de organizar el crimen. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Sus cuerpos fueron encontrados en un basural al día siguiente de la ejecución.
Ley de explotación laboral
Conste en actas
lavaca.org
Fotos: Lina Etchesuri y Tadeo Bourbon /lavaca.org
A las 12 del mediodía el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) hizo su ingreso a la Plaza de los Dos Congresos con una columna poderosa con mix de gremios de la CTA y los más combativos de la CGT.
A las 12:50 se fueron.
El Congreso desde la plaza. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
En ese momento las columnas de movimientos sociales –Libres del Sur, Movimiento Evita, UTEP, MTE– se adelantaron para ocupar el lugar, sobre Yrigoyen pasando Solís, frente al vallado.
A las 13:40 las banderas del Evita comenzaron el éxodo.
En ese momento comenzaron a oírse más los megáfonos de los partidos de izquierda que se agolpaban sobre Rivadavia, casi esquina Callao, frente al vallado.
La izquierda llegó y se fue, para esquivar a los clásicos Encapuchados con Mochilas Nuevas. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
A las 14 irrumpió la banda Cuatro Encapuchados con Mochilas Nuevas que no formaban parte de la movilización. Tiraron unas piedras, quemaron unos cartones.
A las 14:07 el camión hidrante empezó a rociar todo lo que tenía delante.
A las 14:11, los partidos y las organizaciones de izquierda comenzaron la retirada.
A las 15 sólo quedaba un pequeño grupo, algunos jubilados y mucha –mucha– policía, que no dejaba transitar ni a vecinas del barrio que iban a comprar remedios.
Foto: Lina Etchesuri /lavaca.orgi
A las 17 la plaza estaba desolada, a excepción de un pequeñísimo grupo cantando Ska-P.
“Somos los obreros, la base de este juego
en el que siempre pierde el mismo.
Un juego bien pensado en el que nos tienen callados
y te joden si no quieres jugar. Baila hermano el vals del obrero.”
Memorias de la Ley Banelco. Esta vez las transferencias se realizaron con éxito. Foto: tadeo Bourbon /lavaca.org
A las 22.35 el proyecto de explotación laboral se convirtió en ley.
Hasta Dios tuvo un mal día: fue este.
PD) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó 122 personas heridas y cuatro detenidas, la gran mayoría reprimida cuando se manifestaba en el Obelisco, a las 10.30 de la mañana, contra los despedidos de la fábrica de neumáticos FATE.
Al irse la gente, nuestra fotógrafa Lina Etchesuri saca fotos de los volantes. Abajo el resultado.
Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
Nota
MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
Crónicas del más acá: Al trote
POR CARLOS MELONE
El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini
Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel
Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini
Sin protección: Ley contra el Acoso y después
Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari
Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes
Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel
Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa
A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo
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