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Tras del veto de Vidal: por la segunda expropiación

Los trabajadores de Acoplados del Oeste habían logrado la expropiación de la fábrica luego de una larga batalla que incluyó acampes, desalojos y campañas mediáticas, pero la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal la vetó. Hoy están impulsando la ley nuevamente en el Congreso. La historia de 100 obreros que crearon su futuro.

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Los trabajadores de Acoplados del Oeste habían logrado la expropiación de la fábrica luego de una larga batalla que incluyó acampes, desalojos y campañas mediáticas, pero la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal la vetó. Hoy están impulsando la ley nuevamente en el Congreso. La historia de 100 obreros que crearon su futuro.

Petinari
Los trabajadores cuentan que este había una vez arrancó en 2012. Nada de lo que vino después era siquiera un sueño. Tampoco un deseo. Lo que vino después lo construyeron.
Los trabajadores cuentan que eran 189 cuando todavía la fábrica era Pedro Petinari e Hijos, pero cuando decidieron entrar por primera vez para mantener las fuentes de trabajo sólo había 30.
En el medio, el cuento: retiros voluntarios, suspensiones sin goce de sueldo, despidos y una alianza entre la gerencia de la fábrica y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). “De a poquito la fueron tirando abajo. La idea era hacer un cierre fraudulento”.
Las deudas se extendieron a los aguinaldos y a las vacaciones. Que hasta cortaron la obra social a obreros que estaban en tratamiento por cáncer. Y que comenzaban clases y los trabajadores no tenían dinero para comprarles los útiles a sus hijos.
Para reclamar lo que les debían hicieron paro.
Nada.
El 25 de febrero de 2015 lo pasaron literalmente a la calle. Durante meses estuvieron acampando en la ruta N° 200 de Merlo, al oeste del conurbano bonaerense.
Meses.
Días enteros sin ver a sus familias, de pelearse con sus compañeras, de explicarles a sus hijos que papá iba a dormir en la calle otra vez.
Días enteros de cortar parcialmente la ruta para difundir entre los automovilistas los que les pasaba y pedirles colaboración.
Días enteros de hacer un guiso con lo que se pudiera y revolverlo con maderas.
Días enteros.
Meses.
Todo tiene un límite.
Tomaron la fábrica y, como querían seguir trabajando, debatieron en asamblea la posibilidad de formar una cooperativa y trabajar sin patrón.
Se aprobó.
Estaban comenzando a producir cuando 50 policías y un fiscal sitiaron la fábrica y los desalojaron con una orden judicial en la mano. No fue gratis: Negro, el perro negrísimo que los acompañó durante el largo acampe en la ruta y la toma de la empresa, mordió a uno de los oficiales bonaerenses que los desalojó.
“Vamos a volver”, dijeron entonces los trabajadores.
Y volvieron.
Hombres de manos curtidas, espaldas doloridas, pero con voluntad metalúrgica, ingresaron nuevamente a la empresa y redoblaron la apuesta: consiguieron que la Cámara de Diputados bonaerense aprobara la media sanción a la ley de expropiación. Las amenazas de desalojo no cesaron y los patrones vaciadores comenzaron a presionarlos con otra arma: la prensa.
Los trabajadores cuentan que hacían guardia por las noches. Que se fueron sumando compañeros: de 30 pasaron a ser 60. La posibilidad estaba ahí. Casi que la tocaban con la punta de los dedos, sólo había que seguir… Para ellos pelear para trabajar era un trabajo.
El sueño se transformó en certeza cuando pudieron acoplarla metalúrgicamente: el 22 de marzo, entre las noticias de la aprobación del acuerdo buitre y las banderas estadounidenses en Plaza de Mayo por la visita del presidente Obama, el Senado bonaerense sancionó la ley de expropiación que adjudica “por venta directa” los inmuebles, maquinarias, instalaciones y bienes muebles de lo que hoy ya es Acoplados del Oeste (ADO). Pero la gobernadora María Eugenia Vidal la vetó. La norma también lleva la firma de Roberto Jorge Gigante, ministro secretario en el Departament de Coordinación y Gestión Pública.
El veto esgrime que el Ministerio de Trabajo aconsejó el rechazo a la expropiación porque “se encuentra latente un conflicto laboral entre la empresa propietaria de los inmuebles y los trabajadores de la misma, habiéndose observado a lo largo de las audiencias desarrolladas la voluntad de parte de la empresa de abonar las sumas adeudadas e intentar otras vías de solución al conflicto”. El Ministerio de Economía, por su parte, apunta que el proyecto provoca “un nuevo gasto” en la ley de Presupuesto. Además, el Gobierno también pone en duda el concepto de “utilidad pública” que cruza la historia de las fábricas recuperadas, ya que el veto considera que se expropió “para darlo a un particular en proyecto propio o de un grupo”.
Pero todo tiene un límite.
“Lo del Ministerio de Trabajo es una vergüenza porque fuimos a todas las audiencias y siempre la propuesta era que sólo los compañeros no despedidos vuelvan y, con lo se fuera generando en ganancia, destinarlo al pago de indemnizaciones en cuotas”, describe Luis Becerra, obrero. “Pero lo que más lamentamos es que, a pesar de haber ido a La Plata tantas veces, no se nos diera la oportunidad de hablar con la Gobernadora, de explicarle cuáles eran nuestros planes, a dónde queremos llegar con la empresa. Somos más de 90 trabajadores que ya arrancamos el proceso productivo. Si tuviésemos la facilidad de definir un marco legal, nos daría la capacidad de aumentar los niveles de producción para sacar los productos que no podemos sacar, y eso generaría nuevos puestos de trabajo”.
Por eso los obreros están impulsando la ley nuevamente en el Congreso.
“Necesitamos el acompañamiento de todos”, dicen. “Nosotros queremos trabajar. Queremos demostrarles a los diputados, a los senadores, a la Gobernadora y al Gobierno que nosotros podemos mantener esta fábrica. Tuvimos que salir a la ruta a pedir comida mientras la empresa acumuló una deuda de 40 millones de pesos con nosotros y otra de más de 100 millones con el Estado, sindicatos y proveedores. Estamos cada vez más unidos: esto es una familia”.
Becerra: “Y apuntamos también a la gestión: recuperar una empresa es la solución a los conflictos como los que pasamos nosotros. Es posible: no solo recuperarla y no dejar que se caiga a pedazos, sino gestionarla mejor que los antiguos dueños. No queremos que nadie nos regale nada, pero sí que nos den las posibilidades de demostrar lo que podemos hacer”.
Hoy son casi 100 obreros demostrando lo que pueden hacer.
Poner en marcha un futuro que al Gobierno no le implicó ningún costo: son 100 trabajadores que no están despedidos, sino poniendo en marcha su deseo.
Trabajar.
“Ahora es cuando comienza la lucha”, dicen estos trabajadores de cuento.

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.

Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:

  • “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
  • “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.

Por Francisco Pandolfi

Madres fumigadas: Silvana, Erika, Paola, Juana, Natalia. Fotos: Nacho Yuchark.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.

El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Paola, su nieto con sobrepeso, su nieta con déficit de crecimiento, parte de los efectos en la salud de las fumigaciones masivas para cultivos transgénicos. Fotos: Nacho Yuchark.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Pedro y Guido, dos de los agricultores que descubrieron que se puede producir de modo sano en las zonas en las que se prohíben los agroquímicos. Fotos Nacho Yuchark

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.


https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

Salud humana y de la naturaleza: lo que está en juego en Pergamino, como caso testigo de tantos lugares del país.
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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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