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Travesticidio de Diana Sacayán: comenzó un juicio clave

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Por primera vez bajo la figura de “travesticidio”, comenzó un juicio histórico por el crimen de Diana Sacayán a salla llena y con una calle que clamó justicia. Quiénes son los acusados, los cargos que enfrentan por un crimen «triplemente agravado por haber sido ejecutado mediante violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía».  La historia para comprender lo que está en juego. 
Por Florencia Paz para www.lavaca.dream.press
Es lunes 12 de marzo y, aunque no parezca, en Argentina es un día histórico. Hoy se iniciaron las audiencias por el asesinato de la militante trans Amancay Diana Sacayán y, por primera vez en el país, se juzga un crimen bajo la carátula de “travesticidio”.
Por este crimen de odio, está acusado Gabriel Marino, imputado del delito “homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediando violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía, en concurso ideal por robo”, según reza en la carátula.
Las audiencias son ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Adolfo Calvete, Ivana Bloch y Julio César Báez. Por el Ministerio Público Fiscal participa Ariel Yapur. Frente a los Tribunales, desde las 8 de la mañana, hay una radio abierta y un escenario empapelado con fotos de Diana y carteles exigiendo justicia por su asesinato. Decenas de personas comienzan a rodear a los y las integrantes de la “Comisión de Familiares y Compañerxs de Justicia por Diana Sacayán – Basta de Travesticidios”, entre quienes se encuentra el hermano de Diana y querellante en la causa, Say Sacayán. A las 10:30 se inicia la audiencia y tanto la sala adentro como la plaza afuera están llenas.
Dos horas más tarde, la Comisión baja por las escalinatas y se funde en un abrazo con quienes esperan afuera, con las banderas en alto. Desde el escenario, recuerdan la importancia de este juicio y de la figura de travesticidio, sobre todo porque con frecuencia estos crímenes de odio no se investigan. Desde 2015, hubo solo cuatro condenas por asesinatos de personas trans y nunca bajo esa categoría. Say toma la palabra y desde el micrófono comparte:
– Esta primera audiencia fue la presentación formal, bastante duro para nosotros como familia, ver por primera vez a este tipo. No dejan de pasarnos millones de cosas, de sensaciones por el cuerpo. Me quedo con una sensación extraña, de tener ganas de llorar, de tener ganas de vomitar, de tener ganas de gritar, de tener ganas de decir un montón de cosas. Y a la vez, mantengo la calma, cierro los ojos y pienso en Diana y en todo el trabajo que ella ha hecho y el legado que nos ha dejado. Me fortalece. Vamos a estar acá la semana que viene, voy a declarar. Esperamos, al menos, cuatro audiencias más.

La vida de Diana

Hace ya dos años y medio que Amancay Diana Sacayán engrosa la estadística que indica que la expectativa de vida de las personas trans en Argentina no supera los 40 años. Un dato contra el que luchó cada día, con militancia barrial – en su amado Gregorio de Laferrére –, con su participación en espacios de activismo nacionales e internacionales, con su trabajo en el Área de Diversidad Sexual del INADI, con su liderazgo en el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), con su periodismo en El Teje y el suplemento Soy, con la irreverencia con que ocupaba cada espacio por el que transitaba. Lucha incansable motivada por vivir en carne propia transfobia, como también por la vivida por todas sus compañeras, en especial por sus travas matanceras, por las que golpeó (y pateó) cada puerta del Estado para construir políticas para una población históricamente excluida y subordinada, cuando no directamente asesinada. La suya.

Diana Sacayán: Hasta la victoria siempre


Diana aprendió el lenguaje de la política cuando tuvo que convencer a diputados y senadores para que aprobaran la Ley de Identidad de Género o la de Cupo Laboral Trans en la Provincia de Buenos Aires. Aprendió el lenguaje académico para no ser “objeto” de ningún estudio o producción universitaria. Aprendió el lenguaje de los medios para poder discutirles (y enseñarles) a los periodistas cómo tratar respetuosamente los temas de la población trans. Todos lenguajes que tuvo que aprender para hacer escuchar su propia voz – trava, conurbana, originaria – y no ser hablada por otros. Por un conjunto de otros heterogéneo, oscilante entre la admiración, la incomodidad, la compasión rancia y el más llano prejuicio discriminatorio. Un otros que, en última instancia, no pudo tenderle puentes sólidos para que saliera de las tramas de exclusión, marginalidad y violencia que atraviesan la vida de toda travesti en el país y la región. Pero también hubo otres compañeros, que son quienes hoy se paran frente a Tribunales para exigir justicia por su travesticidio.

Susy Shock, en la puerta de Tribunales en la primera audiencia por el travesticidio de Diana.


Diana entendió a la fuerza que su cuerpo era un territorio de batalla, mucho antes de que fuera una consigna masiva. Allí llevaba las marcas de las perdidas y de las ganadas. En ese cuerpo que por su mera existencia generaba un odio transfóbico capaz de matar. Como también generaba placeres y deseos silenciosos, hasta indecibles. Un continuo de violencias sistemáticas ancladas en la discriminación por identidad de género cuyo último eslabón es el «travesticidio social», como lo llama su hermano Say. A Diana la mataron en su departamento en Flores el mismo fin de semana que la policía bonaerense reprimía el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. Dos días después, cuando su amigo Martín encontró el cuerpo atado de pies y manos y con 27 lesiones, comenzó el duelo, pero también, comenzó otra lucha.

La lucha en la Justicia

Desde un primer momento en la causa se habló de crimen de odio, por tratarse de una activista por los derechos de las personas trans, y también, de acuerdo a los fiscales en la etapa de instrucción, Di Lello y Labozzetta (Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº4), por “los signos de ensañamiento que exceden claramente la mera intención de matar”. Los tres imputados en la causa son Federico Cardozo, Félix Alberto Ruiz y Marino, este último preso desde el 28 de octubre de 2015. La causa está dividida en dos partes:

  • por un lado continúa la instrucción sobre los primeros dos imputados.
  • y por otro lado, el juicio oral que comenzó hoy con Marino como acusado.

“Hay muchísimas pruebas que comprometen a Marino; sus propios testimonios, pruebas de ADN y de huellas digitales, y videos de cámaras de seguridad”, señaló Darío Arias de la Comisión de Familiares y Compañerxs de Diana.

Desde el inicio el hermano de Diana, Say, se constituyó como uno de los querellantes. De igual modo lo hizo el INADI, que por primera vez asume ese rol en una causa judicial. También se implicó en el proceso la Ufem – unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI) del Ministerio Público Fiscal– para velar por la perspectiva de género durante la investigación y el juicio. Sin embargo, aún con todos estos actores involucrados y suficientes pruebas para imputar a Marino, el camino hasta las audiencias requirió de organización, trabajo y militancia.
La Comisión de Familiares y Compañerxs de Diana logró que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal rechazara la decisión del juez Gustavo Pierreti, quien pretendía cerrar la etapa de instrucción cuando sólo había certezas acerca de la participación de Marino en el travesticidio. A raíz de esa demanda, el proceso avanzó hasta llegar a la etapa preparatoria del juicio oral en su contra. Mientras, la Justicia continúa investigando la responsabilidad de Ruiz y Cardozo. La investigación para identificar a por lo menos un segundo asesino está a cargo de la Dra. Cristina Caamaño.

Say Sacayán.


Otra de las conquistas de la querella encabezada por Say Sacayán fue que el fiscal Marcelo Saint Jean se autoexcluyera de la investigación luego de interponer un recurso ante la Secretaría Técnica, Disciplinaria y Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación remitiendo información del archivo del CELS y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que lo apuntaba como defensor de genocidas en la causa “Circuito Camps” y de policías acusados por gatillo fácil. En su lugar fue designado Ariel Yapur como fiscal del juicio.
Pero la lucha central giró en torno a que el asesinato de Diana fuera caratulado como “travesticidio”. “A mí no me da lo mismo que los asesinos de Diana vayan presos por femicidio que por travesticidio porque sobre el cuerpo de Diana y el ataque que sufrió están las violencias contra la comunidad trans y travesti. La muerte de Diana es una muerte política y por eso queremos convertirla en un hecho político porque la Justicia tiene la oportunidad de resarcirse por la invisibilización que ha operado desde siempre sobre el colectivo. Queremos una condena ejemplar por travesticidio”, dijo Say. Finalmente, gracias al trabajo de los fiscales Di Lello y , el fiscal Yapur dio lugar a caratular la causa como “travesticidio”. Y en la acusación contra Marino, se incluyen dos agravantes de homicidio de acuerdo al artículo 80 del Código Penal: el inciso 4, que habla de crímenes de odio “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión” y el inciso 11, que se aplica en femicidios y refiere a violencia de género.

El juicio de todas las travas

Según el Observatorio de Crímenes de Odio hacia la comunidad LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la FALGBT en 2017 hubo denuncias de 61 casos de violencia o ataques callejeros por orientación sexual o identidad de género y 11 asesinatos (9 a mujeres trans y travestis; uno a un varón trans y uno a un varón cis gay). Entre la multitud que se agrupa en la plaza, las protagonistas son todas las personas trans que vinieron a acompañar a la familia pero que, fundamentalmente, viven este juicio como una causa propia. A continuación, algunas de sus palabras para sintetizar este día.
Florencia Guimaraes: Este día para mí es un día más de revolución travesti, de revolución trava. Estamos acá muchas compañeras de diversos espacios abrazándonos en este comienzo de juicio histórico. Es histórico que el juicio de una trava llegue acá a los Tribunales de esta manera, con tantos medios alrededor, con tanta visibilidad. Es por lo que luchamos. Para que el juicio de nuestra compañera Diana Sacayán sea visible. Porque el juicio de Diana es el juicio de todas las travas. En su figura están todas nuestras compañeras muertas y asesinadas. Y lo digo así porque hay que separar los travesticidios de las otras muertes de compañeras que ocurren todos los días antes de los 35 años de edad por las condiciones de vida a las que nos someten. La sociedad tiene que preguntarse ¿por qué las travestis no están atendiendo un kiosko, un almacén, no están en la escuela, pero sí están todas las noches en una esquina? ¿Por qué mi vecina travesti que vive en el piso de arriba, en el rancho de al lado, en la casa de atrás de un día para el otro desaparece y nadie se entera? Hay que empezar a visibilizar eso. Parte de este juicio para eso. Diana es la cara de todas nosotras, es la cara de todas las travas pobres, villeras, negras, putas. Por eso tenemos que seguir sumando compañeros para abrazar esta causa y a gritar junto a nosotras ¡Justicia por Diana Sacayán!

La bandera colgada en Tribunales sintetiza qué esperan familiares y amigxs de cara al juicio que recién comienza: Justicia.


Susy Shock. – Este día significa todo. Desde lo íntimo, sentirse parte de un colectivo que está atravesado todo el tiempo estos crímenes de odio. Nos parece vital poner la figura de travesticidio, que la comunicación pueda empezar a plantearse esa figura. También significa la necesidad de encontrar esa tranquilidad que significa un acto de justicia, que este semejante edificio pueda acariciar a este colectivo que viene perdiéndola toda, después de haberle entregado todo a este país. Me parece que hay que acompañar a la familia de Diana, abrazarnos como colectivo, en esta coyuntura espantosa. Siempre elegí recordar a Diana desde su costado más divertido, con esa chispa, nuestras risas, que fuera de los activismos, de la calle, de pensar leyes, también era juntarnos a cantar. Ella, junto con Lohana y Marlene, siempre fue una gran abrazadora de quienes hacemos arte, por eso nuestro vínculo fue a partir de ahí. Estar en ese otro tiempo fuera de la lucha, conocer otra parte de las Dianas, de las Lohanas, que es un universo. Somos un montón de cosas, nos atraviesa no solo el género, la clase, la raza, sino también las bellezas, el arte, la necesidad de que te acune una canción porque te lleva a tu origen. Diana venía de Tucumán, entonces también había un vínculo con la copla y con el folklore muy intenso. Porque tenía que ver con esa niña llena de sueños, que es lo que tenemos que recuperar. Eso también lo podemos llamar justicia.
Gabriela Abreliano: – Es un día histórico por todo lo que significó Diana y por cómo se logró incorporar a la Justicia la perspectiva de las identidades trans dentro del sistema judicial. Que se reconozca la identidad de Diana como una persona trans en un proceso judicial es algo que nunca sucedió en Argentina. Estamos hoy acá visibilizando esto, queremos que se haga justicia, para equiparar a las personas trans como ciudadanas argentinas, que nos reconozcan. Estamos en una situación muy grave del país, donde no solo los derechos de la población trans se están vulnerando, sino de todos los ciudadanos, pero en esta población tiene un impacto mucho más fuerte, mucho más violento. Si el sistema judicial no se pronuncia con responsabilidad sobre este caso da libertad a que toda la transfobia siga creciendo.

#NiUnaTravaMenos: Manifiesto para el documento del #8M

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Alperovich fue procesado y embargado por abuso sexual

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La justicia procesó a José Alperovich por abuso sexual simple en tres oportunidades y abuso sexual agravado en seis oportunidades. Además lo embargó por 2,5 millones de pesos. «Hoy Alperovich se enfrenta a un juicio, algo que era impensable en 2019», celebra Leonor Cruz, Secretaria de Género de la CTAA Tucumán e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Tucumán. «Es un mensaje para todos los demás pero también sigue demostrando que mientras sos parte del poder sos impune, cuando dejás el poder te largan la mano», reflexiona. Las lecciones de esta demora en el avance judicial, y el contexto de violencia patriarcal que caracteriza a la provincia. Y un recuerdo imborrable: la desgarradora carta de la persona que denunció al ex gobernador.

El procesamiento, dictado por el juez Osvaldo Rappa, del Juzgado Criminal y Correccional 35, llega luego de la denuncia de su sobrina, y ex asesora, por abusos ocurridos entre 2017 y 2019 en la Ciudad de Buenos Aires. En una carta pública la víctima relató así los abusos: «Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él”.

La causa se había iniciado en la Ciudad de Buenos Aires y en Tucumán, en ambas jurisdicciones se declaraban incompetentes. En mayo del año pasado, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Nación, la causa pasó a CABA y fue impulsada por el fiscal Santiago Vismara, de la Fiscalía Criminal y Correccional 10, y la fiscala Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. 

Alperovich declaró el pasado 20 de abril, se aseguró inocente y luego tuiteó: “Realicé un extenso descargo de mi defensa, analizando todas las pruebas presentadas en la causa y demostrando que se trata de una falsa denuncia con fines de excluirme de la escena política”. 

Jardín de la impunidad

José Jorge Alperovich dio sus primeros pasos en la política como legislador provincial de Tucumán, integrando el bloque de la Unión Cívica Radical en 1995. Allí se desempeñó como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En ese periodo Antonio Bussi era el gobernador. 

Luego fue gobernador de la provincia de Tucumán durante tres periodos seguidos, entre 2003 y 2015, año en el que asume como senador nacional. Su esposa, Beatriz Rojkés, también es senadora y, además, preside el Partido Justicialista en la provincia.

El caso de Alperovich no es aislado: en la provincia de Tucumán son los seis hombres de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que fueron denunciados por casos de acoso, abuso sexual y de poder. Además de Alperovich ellos son: el legislador Ricardo Bussi, el ttular del Ministerio Publico de la Defensa Washington Navarro Dávila, Antonio Daniel Estofán vocal de la Corte Suprema de Tucumán, Carlos Najar intendente de Las Talitas, y Bruno Gabriel Romano Concejal de Juan Bautista Alberdi.

El festejo y lo que falta

“Lo de Alperovich, para el movimiento feminista, es un triunfo”, dice a lavaca Leonor Cruz, Secretaria de Género de la CTAA Tucumán e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Tucumán. “Decimos que hoy la justicia fue un poquito más justa, pero se demoró muchísimo. También es un mensaje, entendiendo otras cosas que vamos logrando, por ejemplo: hemos avanzado en la causa de Bussi pidiendo el desafuero, entendiendo que al juez Pisa el año pasado le pudimos hacer un juicio político”.

¿Qué quiere decir ese mensaje?

Que a la larga esta tozudez que tenemos el movimiento feminista en plantar bandera, en salir a decir, en tomar las calles, en no dejar que se invisibilice y desaparezca el tema; a la larga, tiene estos resultados. Hoy Alperovich se enfrenta a un juicio, algo que era impensable en 2019. Es un mensaje para todos los demás pero también sigue demostrando que mientras sos parte del poder sos impune, cuando dejás el poder te largan la mano. Esa es la primera reflexión que hago cuando veo la noticia.

¿Qué falta? 

Falta mucho, falta que la justicia se reforme con mirada feminista, lo que significa que hay que poner se a discutir, hoy más que nunca, qué es esta reforma judicial. Pero hoy estamos contentas, porque es un mensaje para una provincia como Tucumán, donde la impunidad camina tranquila por la calle. 

La carta de su sobrina

A la luz del procesamiento, leer completa la carta abierta que su sobrina difundió en noviembre de 2019 es una forma clara de contextualizar esta noticia. Dice:

“Estoy segura que ninguna persona que haya sufrido violencia sexual quisiera estar en este lugar, desnudando la intimidad más dolorosa de su vida. Pero nos obligan a encontrar en esta manera la posibilidad de ser escuchadas. Ya no nos callamos más, pero tampoco queremos hablar por lo bajo de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que nos hicieron y de cómo hacemos para volver a la vida después de que hechos tan traumáticos nos la cambiaron para siempre.

No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe.

El mío se llama Jose Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quién fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él.

No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mi. Ya se cansaría de mi, de que no quiera, de que sea “asexuada” como me llamaba. Pero su fijación no cesaba, durante mucho tiempo quiso más y más seguido, con más ganas, con más fuerza, con más violencia por mi resistencia.

La sensación de que nunca nadie iba a salvarme, de que no iba a haber una interrupción o algo que me sacara de esos lugares. Era expresamente su voluntad. Yo no podía salir sola del encierro porque sabía que tras la primera puerta había caseros, y policías y custodios armados. Todos sabiendo lo que estaba pasando adentro y cuidando las fronteras de él. Estaba completamente atrapada.

Yo nunca elegí estar ahí de esa manera. Se lo decía en cada no. Pero mis no para él nunca fueron suficientes. No se trataba del ímpetu ni de la cantidad de veces que se lo decía ni de como se lo explicaba ni de como mezquinaba mi cuerpo ni de como intentaba defenderme ni si lloraba o no. Nunca en mi vida lloré tanto.

Durante todo ese tiempo no tuve ni un respiro. Trabajé sin parar, sin vacaciones, sin feriados. Solo me liberaba cuando él viajaba. Pero cuando regresaba, volvía también la pesadilla. Hasta que se detuvo, hasta que las situaciones en las que el disponía quedarse solo conmigo para tocarme y penetrarme se volvieron situaciones ya de violencia y maltrato público, delante de personas. Pero ya no más por dentro, ya no más al hueso, ya no más solos.

Pensar en quién era yo antes, sin miedo, con deseo de desarrollarme, de aprender, de vivir. Si me conocías pensarías que era una mujer a la que jamás le podría pasar algo así. El peligro cayó sobre mí todo junto, encubierto en el afecto familiar y en la seriedad de lo laboral. Quedé atrapada y atravesada para siempre.

A mí esto me cuesta desde el día que empezó a pasar y en todos los sentidos. Solo quiero justicia. Recuperar mi vida. Tengo 29 años, soy libre, soy joven. Quiero volver a empezar poniendo cada cosa en su lugar. Responsabilidad de acciones, consecuencias para quien corresponde. Hasta ahora, sólo las cargo yo. Sacarme esta mochila que ya no puedo sostener más y entregársela a su dueño.

No miento, no busco fama. Nadie quiere hacerse famosa por contar el horror que vivió. No quiero dinero ni hay un trasfondo político detrás de mi denuncia. Soy mucho más que todo eso que se pueda especular. Esto es por mí. El motivo más importante de mi vida es mi renacimiento, mi sanación y la búsqueda de justicia. ¿Qué motivo más importante que el valor de mi propia vida puedo tener?

Estoy acá contando lo que viví por mi seguridad pero también para que otras mujeres se animen a hablar. Esto no me mato, me puedo proclamar y me puedo defender. Me puedo recuperar, me puedo cuidar, me puedo elegir. Hoy elijo no callarme nunca más. A pesar de que me decía, en pleno horror: ‘cállate, ¿no ves como estoy?’, para tapar todos mis no. No me callo nunca más. Este es mi nunca más. Ojalá también sea el nunca más de todas aquellas que queremos dejar de callar.

Elijo cerrar con estas palabras de Zuleika Esnal: “A las que denunciaron. A las que no. A las que pudieron salir. A las que no. A las que me escriben pidiendo que escriba. A las que me escriben pidiendo que no, que solo quieren probar qué se siente que alguien más sepa su infierno. A las todavía no. A las ahora sí. A las no puedo. A las sin nombre ni apellido. A las no pongas mi ciudad, por si me encuentra. A las mi vieja sabía y no hizo nada. A las de huesos rotos. A las que ya no están para contar su historia. A las que están acá pero no pueden contarla. A las que escriben paredes. A las que no. A las que salen a la calle. A las que no. A las que me va a sacar el nene si denuncio. A la memoria de todas. A sus mamás. A todas las mamás. (…) A las callate y aguantá. A las no aguanto más. A las me quiero morir. A las de sexo anal para no quedar embarazada de mi viejo en sexto grado. A las viajeras que no vuelven. A las que vuelven y es un lujo. A las te escribo ahora que duerme. A las te dejo que volvió. A las me mata si se entera. A las no sé a quién recurrir. A las te escribo porque yo no tengo a nadie””.

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La familia de Carla Soggiu denuncia a Larreta y Santilli por las fallas en el sistema de GPS que debió protegerla

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A 3 años y 3 meses sin Carla Soggiu, y sin culpables por su femicidio, su familia apunta contra el sistema que debió protegerla: el botón antipánico concesionado por el Gobierno de la Ciudad. Carla lo apretó 5 veces antes de morir. La denuncia apunta sin vueltas contra el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el entonces vicejefe, Diego Santilli, quien dijo que el sistema funcionaba cuando las pruebas, y los hechos, indican lo contrario.  Cómo se desprotegio no solo a Carla sino a las 3 mil mujeres que contaban con el botón en la Ciudad. Y la necesidad de empujar justicia, cuando la impunidad de los femicidios es lo único que sigue funcionando.

5 veces.

Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces.

5 veces apretó el botón antipánico, antes de dejar de responder. Llegó a hablar con dos operarios de la empresa Coradir S.A., concesionaria del servicio licitado por el Gobierno de la Ciudad. Y pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. La pregunta es: ¿por qué?

4 días.

4 días Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero la encontró, ya fallecida, en el riachuelo. Según la autopsia, Carla murió por “asfixia mecánica por sumersión”.

La justicia le había otorgado el botón antipánico tras haber denunciado a su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, por torturas y violación ante la Oficina de Violencia Doméstica.

La lesión por la golpiza en el cráneo, según sus padres, derivó en una desestabilización y desorientación que terminó desencadenando en su muerte. Sin embargo, la causa judicial que investiga el caso no conectó esos dos hechos: Fuentes fue condenado por violación, pero no por femicidio.

Tampoco la causa investigó por qué a pesar de que Carla Soggiu pidió ayuda, el GPS del botón antipánico no funcionó.

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Declaraciones versus pruebas

La familia asegura que no la encontraron porque el GPS del botón antipánico que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le había entregado, evidentemente, no funcionaba. Alfredo Barrera: “Escuchando los audios de mi hija no te queda ninguna duda de que no funciona nada. Cuando mi hija se comunicó, a los 5 minutos tenía que haber un patrullero: le dieron un aparato especialmente para eso”. En cambio, los patrulleros fueron enviados al domicilio de Carla, donde no había nadie.

“En programas de radio (Diego) Santilli dijo que el sistema funcionaba y que la contuvieron. Nunca nada más alejado de la realidad: él se refiere a que habló con los operadores pero ese no es el tema. Ella estaba hablando con alguien que no le podía solucionar nada, porque no funcionaba el GPS. Si funcionaba, a los 5 minutos ya le hubiesen mandado un móvil. Dicen que mandaron para su casa, y en la casa no estaba: no tenían ni idea donde estaba. Les reportaba por todos lados, pero en realidad no funcionaba”.

La investigación de por qué el botón no funcionó no la realizó la justicia penal sino la periodista María Miranda para el medio El Destape: la misma comprueba que el servicio de geolocalización de la empresa Coradir S.A. se encontraba caído porque el Gobierno de la Ciudad no había renovado el contrato. El 31 de diciembre de 2018 Coradir habría dejado de brindar el servicio de soporte; las últimas llamadas de Carla datan del 15 de enero. Según El Destape, el último “Informe de evento” de la Policía de la Ciudad, arrojó “Ubicación GPS aproximada: No encontrado”.

En la denuncia Alfredo detalla: “A raíz de lo sucedido en el caso de mi hija que tomamos conocimiento de que se produjo un cambio de empresa tercerizada prestadora del servicio de botón antipánico, y durante veinte días ninguna de las personas asistida por el sistema tuvo cobertura de ubicación por GPS”. Esto significa que el sistema no funcionaba ni para Carla ni para cerca de tres mil mujeres en situación de riesgo, de manera simultánea. 

Por esta razón Alfredo Barrera acaba de firmar y presentar una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad, puntualmente contra su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, y su vicejefe al momento de la muerte de Carla, Diego Santilli. En la misma se los cita a declarar junto a los dos operarios que hablaron con Carla, como al dueño de la empresa, y la periodista de El Destape.

La denuncia es clara: “El Gobierno de la Ciudad es culpable”. Y remata: “Es claro por qué: no funcionaba el GPS. Si hubiese funcionado, mi hija estaría. No hay mucha vuelta que darle”. 

Lo que no funciona

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión. “El fallo es vergonzoso. Nosotros ni estábamos de querellantes”, cuenta Alfredo sobre el proceso de injusticia.

La familia Soggiu denunció que esta condena no contempló la relación con la muerte de Carla, con graves secuelas tras la golpiza de Fuentes, y por eso abrió otra causa por femicidio. La misma fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. “Nos enteramos en noviembre de 2021 que estaba archivada. Ese mismo día habíamos ido a hablar con el abogado, que nos dijo que seguía todo parado, pero ¡no nos dijo que estaba archivada! Nos enteramos después. Ahí nosotros caímos de que estaba todo armado, de que este tipo habrá hecho su negocio o no sé, pero a nosotros nos iba a dejar sin nada”.

Que no exista una condena por “femicidio” implica, entre muchas otras cosas, que los padres de Carla hayan quedado a cargo de sus hijos sin poder obtener la asistencia que brinda la Ley Brisa a familiares víctimas de femicidios.

Sin culpables por la muerte de Carla, ahora la familia apunta al sistema que debió protegerla: el provisto por la Corte Suprema de Justicia y controlado por el Gobierno de la Ciudad. Cómo lo lograron: “Tuvimos que andar a las corridas, moviéndonos nosotros. Desde la Defensoría General de la Nación me consiguieron una audiencia con Defensoría de la Ciudad que de mala gana y porque yo les preguntó si podían hacer un papel para prorrogar la prescripción, me lo hicieron. Después de eso teníamos que encontrar un abogado que quisiera ir contra la ciudad. Y también pudimos”.

Alfredo subraya lo que no funciona: “Ni el GPS, ni la justicia”. Y describe este nuevo round judicial contra un rival difícil, de esta manera: “Pudimos subirnos al ring de nuevo; nos habían bajado violentamente. Después faltan un montón de cosas pero, simplemente, es tener la chance de poder pelear. Ahí estamos”.

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Crimen perpetuo: el caso de Paula Martínez

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Denunció a sus violadores, ocho hombres, hace seis años. Desde entonces sufrió amenazas por parte de ellos y sus familiares. Encaró una lucha para “que no le pase a ninguna piba más”, pero en diciembre de 2021, agobiada, sin justicia ni contención estatal, se quitó la vida. Su familia sostiene el reclamo de justicia. Por Delfina Pedelacq.

Foto: Agustina Olivera
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La última Mu: ¿Dónde hay un mango?

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