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Travesticidio de Diana Sacayán: comenzó un juicio clave

Publicada

hace 8 años

12/03/2018

Por primera vez bajo la figura de “travesticidio”, comenzó un juicio histórico por el crimen de Diana Sacayán a salla llena y con una calle que clamó justicia. Quiénes son los acusados, los cargos que enfrentan por un crimen «triplemente agravado por haber sido ejecutado mediante violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía». La historia para comprender lo que está en juego.
Por Florencia Paz para www.lavaca.org
Es lunes 12 de marzo y, aunque no parezca, en Argentina es un día histórico. Hoy se iniciaron las audiencias por el asesinato de la militante trans Amancay Diana Sacayán y, por primera vez en el país, se juzga un crimen bajo la carátula de “travesticidio”.
Por este crimen de odio, está acusado Gabriel Marino, imputado del delito “homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediando violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía, en concurso ideal por robo”, según reza en la carátula.
Las audiencias son ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Adolfo Calvete, Ivana Bloch y Julio César Báez. Por el Ministerio Público Fiscal participa Ariel Yapur. Frente a los Tribunales, desde las 8 de la mañana, hay una radio abierta y un escenario empapelado con fotos de Diana y carteles exigiendo justicia por su asesinato. Decenas de personas comienzan a rodear a los y las integrantes de la “Comisión de Familiares y Compañerxs de Justicia por Diana Sacayán – Basta de Travesticidios”, entre quienes se encuentra el hermano de Diana y querellante en la causa, Say Sacayán. A las 10:30 se inicia la audiencia y tanto la sala adentro como la plaza afuera están llenas.
Dos horas más tarde, la Comisión baja por las escalinatas y se funde en un abrazo con quienes esperan afuera, con las banderas en alto. Desde el escenario, recuerdan la importancia de este juicio y de la figura de travesticidio, sobre todo porque con frecuencia estos crímenes de odio no se investigan. Desde 2015, hubo solo cuatro condenas por asesinatos de personas trans y nunca bajo esa categoría. Say toma la palabra y desde el micrófono comparte:
– Esta primera audiencia fue la presentación formal, bastante duro para nosotros como familia, ver por primera vez a este tipo. No dejan de pasarnos millones de cosas, de sensaciones por el cuerpo. Me quedo con una sensación extraña, de tener ganas de llorar, de tener ganas de vomitar, de tener ganas de gritar, de tener ganas de decir un montón de cosas. Y a la vez, mantengo la calma, cierro los ojos y pienso en Diana y en todo el trabajo que ella ha hecho y el legado que nos ha dejado. Me fortalece. Vamos a estar acá la semana que viene, voy a declarar. Esperamos, al menos, cuatro audiencias más.

La vida de Diana

Hace ya dos años y medio que Amancay Diana Sacayán engrosa la estadística que indica que la expectativa de vida de las personas trans en Argentina no supera los 40 años. Un dato contra el que luchó cada día, con militancia barrial – en su amado Gregorio de Laferrére –, con su participación en espacios de activismo nacionales e internacionales, con su trabajo en el Área de Diversidad Sexual del INADI, con su liderazgo en el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), con su periodismo en El Teje y el suplemento Soy, con la irreverencia con que ocupaba cada espacio por el que transitaba. Lucha incansable motivada por vivir en carne propia transfobia, como también por la vivida por todas sus compañeras, en especial por sus travas matanceras, por las que golpeó (y pateó) cada puerta del Estado para construir políticas para una población históricamente excluida y subordinada, cuando no directamente asesinada. La suya.

Diana Sacayán: Hasta la victoria siempre

Diana aprendió el lenguaje de la política cuando tuvo que convencer a diputados y senadores para que aprobaran la Ley de Identidad de Género o la de Cupo Laboral Trans en la Provincia de Buenos Aires. Aprendió el lenguaje académico para no ser “objeto” de ningún estudio o producción universitaria. Aprendió el lenguaje de los medios para poder discutirles (y enseñarles) a los periodistas cómo tratar respetuosamente los temas de la población trans. Todos lenguajes que tuvo que aprender para hacer escuchar su propia voz – trava, conurbana, originaria – y no ser hablada por otros. Por un conjunto de otros heterogéneo, oscilante entre la admiración, la incomodidad, la compasión rancia y el más llano prejuicio discriminatorio. Un otros que, en última instancia, no pudo tenderle puentes sólidos para que saliera de las tramas de exclusión, marginalidad y violencia que atraviesan la vida de toda travesti en el país y la región. Pero también hubo otres compañeros, que son quienes hoy se paran frente a Tribunales para exigir justicia por su travesticidio.

Travesticidio de Diana Sacayán: comenzó un juicio clave

Susy Shock, en la puerta de Tribunales en la primera audiencia por el travesticidio de Diana.

Diana entendió a la fuerza que su cuerpo era un territorio de batalla, mucho antes de que fuera una consigna masiva. Allí llevaba las marcas de las perdidas y de las ganadas. En ese cuerpo que por su mera existencia generaba un odio transfóbico capaz de matar. Como también generaba placeres y deseos silenciosos, hasta indecibles. Un continuo de violencias sistemáticas ancladas en la discriminación por identidad de género cuyo último eslabón es el «travesticidio social», como lo llama su hermano Say. A Diana la mataron en su departamento en Flores el mismo fin de semana que la policía bonaerense reprimía el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. Dos días después, cuando su amigo Martín encontró el cuerpo atado de pies y manos y con 27 lesiones, comenzó el duelo, pero también, comenzó otra lucha.

La lucha en la Justicia

Desde un primer momento en la causa se habló de crimen de odio, por tratarse de una activista por los derechos de las personas trans, y también, de acuerdo a los fiscales en la etapa de instrucción, Di Lello y Labozzetta (Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº4), por “los signos de ensañamiento que exceden claramente la mera intención de matar”. Los tres imputados en la causa son Federico Cardozo, Félix Alberto Ruiz y Marino, este último preso desde el 28 de octubre de 2015. La causa está dividida en dos partes:

por un lado continúa la instrucción sobre los primeros dos imputados.
y por otro lado, el juicio oral que comenzó hoy con Marino como acusado.

“Hay muchísimas pruebas que comprometen a Marino; sus propios testimonios, pruebas de ADN y de huellas digitales, y videos de cámaras de seguridad”, señaló Darío Arias de la Comisión de Familiares y Compañerxs de Diana.

Desde el inicio el hermano de Diana, Say, se constituyó como uno de los querellantes. De igual modo lo hizo el INADI, que por primera vez asume ese rol en una causa judicial. También se implicó en el proceso la Ufem – unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI) del Ministerio Público Fiscal– para velar por la perspectiva de género durante la investigación y el juicio. Sin embargo, aún con todos estos actores involucrados y suficientes pruebas para imputar a Marino, el camino hasta las audiencias requirió de organización, trabajo y militancia.
La Comisión de Familiares y Compañerxs de Diana logró que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal rechazara la decisión del juez Gustavo Pierreti, quien pretendía cerrar la etapa de instrucción cuando sólo había certezas acerca de la participación de Marino en el travesticidio. A raíz de esa demanda, el proceso avanzó hasta llegar a la etapa preparatoria del juicio oral en su contra. Mientras, la Justicia continúa investigando la responsabilidad de Ruiz y Cardozo. La investigación para identificar a por lo menos un segundo asesino está a cargo de la Dra. Cristina Caamaño.

Say Sacayán.

Otra de las conquistas de la querella encabezada por Say Sacayán fue que el fiscal Marcelo Saint Jean se autoexcluyera de la investigación luego de interponer un recurso ante la Secretaría Técnica, Disciplinaria y Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación remitiendo información del archivo del CELS y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que lo apuntaba como defensor de genocidas en la causa “Circuito Camps” y de policías acusados por gatillo fácil. En su lugar fue designado Ariel Yapur como fiscal del juicio.
Pero la lucha central giró en torno a que el asesinato de Diana fuera caratulado como “travesticidio”. “A mí no me da lo mismo que los asesinos de Diana vayan presos por femicidio que por travesticidio porque sobre el cuerpo de Diana y el ataque que sufrió están las violencias contra la comunidad trans y travesti. La muerte de Diana es una muerte política y por eso queremos convertirla en un hecho político porque la Justicia tiene la oportunidad de resarcirse por la invisibilización que ha operado desde siempre sobre el colectivo. Queremos una condena ejemplar por travesticidio”, dijo Say. Finalmente, gracias al trabajo de los fiscales Di Lello y , el fiscal Yapur dio lugar a caratular la causa como “travesticidio”. Y en la acusación contra Marino, se incluyen dos agravantes de homicidio de acuerdo al artículo 80 del Código Penal: el inciso 4, que habla de crímenes de odio “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión” y el inciso 11, que se aplica en femicidios y refiere a violencia de género.

El juicio de todas las travas

Según el Observatorio de Crímenes de Odio hacia la comunidad LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la FALGBT en 2017 hubo denuncias de 61 casos de violencia o ataques callejeros por orientación sexual o identidad de género y 11 asesinatos (9 a mujeres trans y travestis; uno a un varón trans y uno a un varón cis gay). Entre la multitud que se agrupa en la plaza, las protagonistas son todas las personas trans que vinieron a acompañar a la familia pero que, fundamentalmente, viven este juicio como una causa propia. A continuación, algunas de sus palabras para sintetizar este día.
Florencia Guimaraes: Este día para mí es un día más de revolución travesti, de revolución trava. Estamos acá muchas compañeras de diversos espacios abrazándonos en este comienzo de juicio histórico. Es histórico que el juicio de una trava llegue acá a los Tribunales de esta manera, con tantos medios alrededor, con tanta visibilidad. Es por lo que luchamos. Para que el juicio de nuestra compañera Diana Sacayán sea visible. Porque el juicio de Diana es el juicio de todas las travas. En su figura están todas nuestras compañeras muertas y asesinadas. Y lo digo así porque hay que separar los travesticidios de las otras muertes de compañeras que ocurren todos los días antes de los 35 años de edad por las condiciones de vida a las que nos someten. La sociedad tiene que preguntarse ¿por qué las travestis no están atendiendo un kiosko, un almacén, no están en la escuela, pero sí están todas las noches en una esquina? ¿Por qué mi vecina travesti que vive en el piso de arriba, en el rancho de al lado, en la casa de atrás de un día para el otro desaparece y nadie se entera? Hay que empezar a visibilizar eso. Parte de este juicio para eso. Diana es la cara de todas nosotras, es la cara de todas las travas pobres, villeras, negras, putas. Por eso tenemos que seguir sumando compañeros para abrazar esta causa y a gritar junto a nosotras ¡Justicia por Diana Sacayán!

La bandera colgada en Tribunales sintetiza qué esperan familiares y amigxs de cara al juicio que recién comienza: Justicia.

Susy Shock. – Este día significa todo. Desde lo íntimo, sentirse parte de un colectivo que está atravesado todo el tiempo estos crímenes de odio. Nos parece vital poner la figura de travesticidio, que la comunicación pueda empezar a plantearse esa figura. También significa la necesidad de encontrar esa tranquilidad que significa un acto de justicia, que este semejante edificio pueda acariciar a este colectivo que viene perdiéndola toda, después de haberle entregado todo a este país. Me parece que hay que acompañar a la familia de Diana, abrazarnos como colectivo, en esta coyuntura espantosa. Siempre elegí recordar a Diana desde su costado más divertido, con esa chispa, nuestras risas, que fuera de los activismos, de la calle, de pensar leyes, también era juntarnos a cantar. Ella, junto con Lohana y Marlene, siempre fue una gran abrazadora de quienes hacemos arte, por eso nuestro vínculo fue a partir de ahí. Estar en ese otro tiempo fuera de la lucha, conocer otra parte de las Dianas, de las Lohanas, que es un universo. Somos un montón de cosas, nos atraviesa no solo el género, la clase, la raza, sino también las bellezas, el arte, la necesidad de que te acune una canción porque te lleva a tu origen. Diana venía de Tucumán, entonces también había un vínculo con la copla y con el folklore muy intenso. Porque tenía que ver con esa niña llena de sueños, que es lo que tenemos que recuperar. Eso también lo podemos llamar justicia.
Gabriela Abreliano: – Es un día histórico por todo lo que significó Diana y por cómo se logró incorporar a la Justicia la perspectiva de las identidades trans dentro del sistema judicial. Que se reconozca la identidad de Diana como una persona trans en un proceso judicial es algo que nunca sucedió en Argentina. Estamos hoy acá visibilizando esto, queremos que se haga justicia, para equiparar a las personas trans como ciudadanas argentinas, que nos reconozcan. Estamos en una situación muy grave del país, donde no solo los derechos de la población trans se están vulnerando, sino de todos los ciudadanos, pero en esta población tiene un impacto mucho más fuerte, mucho más violento. Si el sistema judicial no se pronuncia con responsabilidad sobre este caso da libertad a que toda la transfobia siga creciendo.

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Del dicho al hecho: Los crímenes de odio baten récords

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hace 4 días

09/06/2026

En 2025 se produjeron 227 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGTBIQ+: 60% más que el año anterior. En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. El combustible: la violencia y discriminación desde el gobierno, empezando por el Presidente, y el desmantelamiento de políticas públicas. La precarización de la vida privada y lo que ocurre cuando el Estado se retira.

Por Evangelina Bucari

En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. En Cañuelas, un hombre le prendió fuego a la casa de una pareja de lesbianas. En Recoleta, dos mujeres, de 26 y 24 años, caminaban de la mano cuando un hombre las frenó y las increpó: una terminó con la nariz fracturada; la otra, con lesiones en la mano. En Palermo, un joven gay fue brutalmente golpeado y le rompieron la mandíbula. En Neuquén, Azul Mía Natasha Semeñenko fue asesinada, sin haber podido “ser Azul del todo” porque no recibió su hormonización.

Ninguno de estos hechos violentos de 2025 fue excepcional. El año pasado se registraron 227 crímenes de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans (travestis, transexuales y transgéneros) y otras identidades disidentes. Según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, fue el año más violento desde la creación de este organismo, con un crecimiento de más del 60% respecto de 2024, cuando se habían registrado 140 casos. Se trata, dice el relevamiento, de un aumento “abrupto, excepcional y cualitativamente distinto a la progresión observada en los años anteriores”.

La violencia por odio hacia el colectivo LGBT+ se intensificó en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas, vaciamiento de organismos de protección, paralización de la agenda legislativa en materia de derechos y consolidación de discursos fascistas que estigmatizan a la diversidad.

Para María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), el drástico aumento de estos crímenes en Argentina no puede separarse de los discursos de odio que provienen del gobierno nacional. “Tanto el presidente como funcionarios y allegados se expresan de manera violenta y discriminatoria hacia la comunidad LGBT en general y, principalmente, hacia la comunidad trans”, describe Rachid. “Y eso –agrega– genera mayor violencia y discriminación en la vida cotidiana. Esos discursos terminan legitimando, avalando y fomentando la violencia hacia nuestra comunidad”.

Esa realidad se percibe en lo cotidiano. Ayito Cabrera, director y fundador de la organización Espacio Tolomocho –que nuclea a personas trans con discapacidad–, advierte que el aumento no se limita a los casos visibles, sino que se expresa en formas más silenciosas y estructurales de violencia, atravesadas por la precarización económica y el desfinanciamiento.

“Los pedidos de ‘apañe’ de personas trans se multiplicaron considerablemente”, resume. Ese crecimiento, explica, tiene directa vinculación con la dificultad de acceder a un trabajo que permita sostener condiciones básicas de vida: comer cuatro veces al día, estudiar y alquilar. Cientos de personas travestis, trans y no binarias perdieron sus empleos en ámbitos estatales y muchas se quedaron sin acceder a medicamentos o tratamientos.

RADIOGRAFÍA

El informe elaborado por la FALGBT y las Defensorías del Pueblo de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires permite visibilizar la violencia cotidiana y su naturaleza.

Más de un tercio de los casos corresponde a ataques contra el derecho a la vida, que incluyen asesinatos, suicidios o muertes vinculadas a condiciones estructurales, mientras que casi dos tercios son agresiones físicas que no terminaron en muerte. Rachid aclara que hay un subregistro, “porque hay casos donde no se desarrolla ninguna línea de investigación relacionada a la posibilidad de un crimen de odio”.

En ese punto aparece uno de los datos más significativos del período: las agresiones físicas se duplicaron en un año y pasaron de 73 a 147 casos, un incremento del 101,4%.

Las muertes vinculadas a crímenes de odio se mantienen altas y con un patrón sostenido. En 2024 se registraron 67 casos (17 asesinatos, 44 muertes por violencia estructural y 6 suicidios), mientras que en 2025 la cifra ascendió a 80 (16 asesinatos, 53 muertes por violencia estructural y 11 suicidios), es decir, un aumento del 19,4%. Ese crecimiento incluye un dato especialmente preocupante: los suicidios casi se duplicaron en un año.

Las mujeres trans siguen siendo las más afectadas y concentran el 62,56% de los casos registrados. En segundo lugar se ubican los varones gays (22,03%), seguidos por varones trans (7,93%), lesbianas (5,73 %) y personas no binarias (1,76%).

Pero el documento advierte algo más: es un fenómeno que se expande. Entre 2024 y 2025, los ataques contra varones trans pasaron de 5 a 18 casos. Y las agresiones contra personas no binarias, que ni siquiera aparecían en registros anteriores, se duplicaron.

Ayito Cabrera describe con crudeza cuando además hay intersección de violencias. “Quienes somos personas trans con discapacidad vivimos una doble vulnerabilidad y una discriminación estructural histórica”, advierte. En ese contexto, señala, la falta de políticas públicas agrava condiciones ya precarias y profundiza el abandono.

Para el fundador de Espacio Tolomocho, las identidades trans –en especial, las transmasculinidades– se convirtieron en blanco de discursos que buscan deslegitimar derechos conquistados. “En esta intersección, nuestra identidad se ha convertido en chivo expiatorio de una campaña internacional de las derechas globales. En nuestro territorio, eso se traduce en necesidades básicas –salud, vivienda, trabajo– gravemente afectadas: las hormonas se han vuelto prácticamente inaccesibles, la atención sanitaria se deteriora y la falta de empleo impide sostener una vivienda”, detalla Ayito.

En este sentido, las cifras no pueden interpretarse de forma aislada, sino como parte de un entramado de violencias estructurales, simbólicas e institucionales que impactan de lleno en las condiciones de vida.

Otro tema preocupante es un crecimiento sostenido de agresiones en comisarías y establecimientos penitenciarios, junto con un dato que marca un punto de quiebre: la participación de fuerzas de seguridad pasó de 17 casos en 2024 a 64 en 2025. Esto consolida a la violencia institucional como uno de los principales vectores de agresión, en especial contra la población trans y, en particular, contra las mujeres trans.

Rachid señala que esto no resulta sorpresivo. “Cuando aparecen o se instalan gobiernos de derecha, las fuerzas de seguridad se sienten más avaladas para ejercer su violencia hacia los grupos vulnerados en general y la población LGBT en particular”, explica.

LA ANTIAGENDA

El hecho de que el registro más alto de toda la serie histórica del Observatorio se produzca durante el gobierno de Javier Milei es un dato cargado de sentido. Desde que comenzó su mandato, siguiendo la agenda de ultraderecha de su amigo Donald Trump, el presidente argentino promovió discursos que cuestionan derechos, deslegitiman identidades de género diversas y contribuyen a habilitar formas más intensas de violencia contra las personas LGBT+, como quedó demostrado durante su intervención en Davos en enero de 2025.

Esa violencia simbólica vino acompañada de la eliminación de programas, organismos y dispositivos estatales que cumplían funciones centrales en la prevención de la violencia y el acompañamiento de las víctimas. La disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por ejemplo, dejó a la población LGBT+ sin un canal institucional específico para denunciar actos discriminatorios. El informe lo sintetiza en una frase que funciona como advertencia: “Allí donde el Estado se retira, el odio encuentra condiciones para expandirse”.

Esa relación entre discurso y violencia también aparece en la experiencia cotidiana de las organizaciones. Para María Rachid, los informes no solo marcan un aumento de los crímenes de odio, sino que evidencian su vínculo con los discursos que circulan desde el poder.

Agrega que, a partir de expresiones públicas de funcionarios y del propio Milei, se produjo un cambio perceptible: crecieron las denuncias, las consultas y también la violencia cotidiana. “Hay evidencia de esa relación directa. Lo muestran los informes, pero también se puede ver en las redes sociales de cualquier organización LGBT”, plantea Rachid.

Ocurre que cuando esos discursos provienen de una voz de autoridad como lo es el Poder Ejecutivo Nacional, el impacto es concreto. No solo habilitan la violencia, también la legitiman.

Desde el Espacio Tolomocho explican que lo que antes circulaba como insulto marginal hoy es retomado por funcionarios y medios, ampliando su alcance y su legitimidad social, y habilitando agresiones físicas, institucionales y discursivas con mayor impunidad.

Las consecuencias de ese proceso también se observan en el acceso a derechos básicos, como la ley de cupo laboral. Los despidos en la administración pública y la falta de implementación efectiva de estas normativas profundizaron la exclusión de la población trans y empujaron a muchas personas a situaciones de extrema precarización.

En este contexto, espacios como Tolomocho adquieren otro sentido y se transforman en redes de contención y cuidado, un recurso fundamental en tiempos hostiles. “Somos personas trans con discapacidad profesionales en nuestras áreas, editamos libros, hacemos muestras de arte, damos clases, trabajamos en accesibilidad. Apostamos a la educación y al arte como formas de construir otra sociedad”, explican.

En un clima social marcado por el ascenso de los discursos de odio, la discriminación y el individualismo, la respuesta vuelve a ser colectiva. La organización, la denuncia y la presencia en las calles se tornan fundamentales ante una avanzada antiderechos que tiene en el propio Estado nacional a uno de sus impulsores.

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Nota

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

Publicada

hace 1 semana

04/06/2026

Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.

Por Bernardina Rosini

El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.

Lo que no se puede creer

Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.

Varones

Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.

Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org

«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.

La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.

Dónde está Delicia

Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.

Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.

Justicia sin apellido

Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»

Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.

La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.

Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

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El 3J porteño: Vamos

Publicada

hace 1 semana

04/06/2026

Por Claudia Acuña

Fotos: Juan Valeiro

Muchas: eso fuimos. Muchísimas más que la última vez y ojalá que menos que la próxima, o mejor: que no sea necesario una próxima. Que al fin podamos descansar y dedicarnos a otra cosa en lugar de escribir con marcador en un cartón: “Ayer estaba viva. Hoy mi hermana es la foto de este cartel” o salir del trabajo donde estamos paradas ocho horas por dos pesos para sumarnos últimas, con lágrimas regando las mejillas y la convicción de exigir justicia por la compañera que acuchilló su novio hace dos días, en ese femicidio que en la tele informaron como resultado de “una infidelidad”. Con esa orfandad de sensibilidad y respeto, que abona el permiso social para carnear mujeres están hablando en los medios de Noelia, 30 años, de Temperley, la compañera de este grupo de chicas que no pueden decir dónde trabajan porque la firma se los prohibió. “Ella ya lo había denunciado porque sufría su violencia, se había separado y ese día iba a sacar sus cosas de la casa. Él le dijo que no iba a salir viva de ahí, la tomó de rehén y ella pidió ayuda al 911, la policía demoró y cuando llegó no supo cómo intervenir: fue peor”, cuentan temblando. Masacradas primero, criminalizadas luego, silenciadas después, lo que queda es estar ahí con los carteles escritos a las apuradas y el llanto incontenible, al final de la concentración que un grupo decidió que no sea marcha ni disponer de lugar donde el dolor de las familias descanse (aprendan de Córdoba, orgas porteñas), pero no importa porque no es lo importante.