Nota
Un año sin Santiago: por qué el Estado es responsable
Hoy se cumple un año de la desaparición de Santiago Maldonado y su familia convocó a una movilización a las 17 en Plaza de Mayo para exigir verdad y justicia, también, por los desaparecidos en dictadura y democracia. Lavaca repasa algunos ejes de la causa que tramita como desaparición forzada. La violencia de la Gendarmería y la irrupción ilegal sin orden judicial al territorio mapuche. Cómo el Estado negó y ocultó información. Las operaciones de prensa. Las duras críticas de la ONU a los funcionarios argentinos. El Poder Judicial espiando a la familia. La movilización como motor de condena social para conseguir justicia. Por qué se exige una investigación imparcial. Qué debe resolver la Corte Suprema. Y por qué la abogada de la familia, Verónica Heredia, dice a lavaca que la investigación aún no empezó. Hechos y testimonios a un año del crimen de Estado que conmovió el país.
-Hace 365 días Santiago iba a la Pu Lof de Cushamen a solidarizarse con la causa mapuche, que él creía justa, por defender sus tierras. Llevamos un año en esta lucha y se nos hace difícil. Parece una eternidad.
Las palabras de Sergio Maldonado, a un año de la desaparición de su hermano, resuenan en el edificio de la agencia Télam, en la avenida Belgrano, donde aún permanecen pacíficamente trabajadoras y trabajadores en reclamo por los 357 despidos. A su lado, como siempre, está su compañera, Andrea Antico. Los rodean organismos de derechos humanos. Y, desde aquí, mientras por los ojos de Sergio pasa un año de marchas, de operaciones, de mentiras, de ninguneos y de injusticias, convocan a movilizar hoy a las 17 en Plaza de Mayo.

Foto: Nacho Yuchark
La consigna es una: “El Estado es responsable. Santiago es solidaridad”.
¿Por qué?
“Cuando decimos que el Estado es responsable no son solo palabras: es el único que tiene todo el aparato político, judicial y mediático para pasarnos por arriba”, agregó. Y convocó a Plaza de Mayo no sólo para exigir verdad y justicia por Santiago, sino por todos los desaparecidos en dictadura y democracia. “No creemos en el Estado, por eso pedimos un grupo de expertos independientes. ¿En qué contexto ocurrió su desaparición? En una represión ilegal en la que entraron 130 gendarmes a los tiros. ¿Y quién generó eso? El Estado”.
Aquí compartimos los principales hechos de una causa todavía impune.
1) La violencia del operativo
A Santiago Maldonado lo vieron por última vez con vida huyendo de una violenta represión de Gendarmería en el marco de una irrupción ilegal sin orden judicial a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel, el 1 de agosto de 2017. Había llegado un día antes, el 31 de julio al mediodía, para sumarse al corte de ruta de la comunidad mapuche en reclamo de la libertad del lonko Facundo Jones Huala, que había sido detenido el 27 de junio. Santiago, que había cumplido 28 años cuatro días antes, iba a continuar su viaje a 25 de Mayo, su pueblo natal en la provincia de Buenos Aires, porque extrañaba a su mamá y a su abuela.
El juez federal Guido Otranto ordenó despejar la ruta. La Gendarmería llegó a las 3:30 de la madrugada del 1 de agosto, según informó el primer alférez Daniel Gómez en las actas de la fuerza. Horas después, entre 8 y 10 personas regresaron a la ruta para continuar el reclamo y los gendarmes los reprimieron con violencia pese a que, según las propias actas de la fuerza, a las 11:15 la ruta ya estaba liberada. Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las querellas de la investigación, subrayó que ningún gendarme al momento fue siquiera sancionado por las ilegalidades del operativo, que duró hasta las 17 horas:
- Ingresar al territorio sin orden judicial.
- Arrojar piedras a los manifestantes.
- Quemar las pertenencias de la comunidad en una hoguera.
- Retener durante cuatro horas a dos mujeres y dos niños.
- Ocultar fotografías y videos del operativo.
- Portar escopetas, bastones, hachas, piedras.
- Ingresar a la comunidad con cuatro camionetas y un camión.
- Bajar hasta la vera del río en persecución de los manifestantes.

Foto: Lina Etchesuri
2) La respuesta del Estado
Tanto la familia de Santiago y el CELS denunciaron que en las primeras semanas, claves para toda investigación, el Poder Ejecutivo respondió de tres maneras:
- Plantear hipótesis infundadas que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión (la falsa hipótesis del puestero, que insumió recursos y tiempo clave en la pesquisa, fue introducida en el expediente de habeas corpus por el propio Ministerio de Seguridad).
- Ocultar cómo había actuado Gendarmería en el operativo.
- No buscar a Maldonado de manera eficiente.
La postura del Gobierno nacional no se modificó aun cuando se constatara que un participante de una protesta social había muerto durante una represión desatada por una fuerza federal. Tampoco hubo cambios respectos a la figura de “flagrancia”: la Gendarmería tenía orden de la justicia federal sólo para despejar la ruta, pero bajo esa figura promovida desde el Ejecutivo y, en particular, por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti –presente en el operativo el 1 de agosto-, la fuerza ingresó a la comunidad persiguiendo a los manifestantes.
Tampoco modificó su enfoque la certeza de que el Ministerio plantó y reprodujo falsedades aun cuando contaba con las actuaciones administrativas de la Gendarmería que, si bien fue cuestionada en duros términos por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por su nulo rigor jurídico, daban cuenta de, al menos, la irregularidad del operativo.
A través de un duro informe, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remarcó su preocupación por las falencias en el accionar del Estado en la búsqueda de Santiago y la investigación judicial por la responsabilidad en su desaparición. El informe, firmado por el jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, cuestionó la postura del Poder Ejecutivo que, en sus declaraciones públicas, rechazó “la hipótesis de involucramiento de las fuerzas federales en los hechos”. Los expertos enumeraron, en particular, algunas de las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich:
- El 7 de agosto, la ministra dijo que “no hay ningún indicio” del involucramiento de Gendarmería en la desaparición.
- El 27 de agosto, declaró a La Nación: “Estoy segura de que no fue Gendarmería porque investigamos mucho”.
- El 16 de agosto, la ministra dijo en su interpelación en el Senado que no había ningún testimonio que aseverara que Maldonado estuvo en la Pu Lof. Los expertos señalaron: “El Comité queda sorprendido con esta afirmación toda vez que ya existía una declaración incorporada a la investigación judicial en la que se ubicaba al señor Santiago Maldonado en el territorio”.
Por esa razón, concluyó: “El Comité está altamente preocupado porque estas posiciones e hipótesis fueron presentadas de forma pública antes de que se haya realizado una investigación integral y exhaustiva de los hechos y, en particular, del proceder de Gendarmería. Como resultado de esta situación, el posible involucramiento de la Gendarmería solamente fue integrado como hipótesis de investigación seria más de un mes después de la desaparición del señor Maldonado, tiempo en el cual no se ha cumplido con las acciones calificadas como urgentes dentro de los estándares básicos de personas desaparecidas”.

Foto: Nacho Yuchark
3) El rol del Poder Judicial
Como se marcó, la intervención de la Gendarmería comenzó con una orden judicial para despejar el corte de ruta pero luego utilizó el supuesto de flagrancia para ingresar con violencia a la comunidad. Ese mismo día, el defensor oficial Fernando Machado registró las irregularidades del operativo y que una persona estaba desaparecida. Fue el único actor judicial que intervino en persona y acorde a la gravedad del hecho el 1 de agosto. Así también lo denunció Julio Saquero, integrante de la Regional Noroeste de Chubut de la APDH, cuya denuncia abre la foja 1 del expediente que tramita como desaparición forzada. Sin embargo, ni el juez federal Otranto ni la fiscal federal Silvina Ávila dieron credibilidad a la denuncia sino que actuaron bajo la hipótesis de si Maldonado estuvo o no en el lugar y criminalizando a la comunidad mapuche. Un ejemplo: en la audiencia de habeas corpus del 4 de agosto, ni el juez ni la fiscal exigió explicación alguna a los representantes de la Gendarmería presentes.
Otras irregularidades descritas por el CELS:
- Las medidas de búsqueda fueron tardías.
- Las pericias sobre las camionetas se realizaron con demoras y los gendarmes habían sido avisados.
- El 15 de agosto –es decir, catorce días después de los hechos-, se allanaron los escuadrones para secuestrar elementos relevantes.
- Los rastrillajes en el territorio no dieron ningún resultado: el 18 de septiembre, un megaoperativo mantuvo precintado durante 12 horas a los principales testigos y no se dejó ingresar a la pesquisa ni a la familia ni a las querellas.
El juez Otranto fue apartado tras un pedido de recusación. Desde ese entonces, la causa la lleva el titular del Juzgado Federal de Rawson N°2, Gustavo Lleral.
4) La autopsia
El cuerpo apareció el 17 de octubre en el Río Chubut, a metros de donde fue visto con vida por última vez. La familia comunicó que la conclusión de los peritos fue unánime y que determinaron que la muerte de Santiago fue asfixia por sumersión coayuvada por hipotermia. La fecha de muerte no es exacta ya que se establecieron tres métodos: uno da una fecha mayor a 53 días, otro mayor a 60 y otro mayor a 73 días de fallecimiento. Las operaciones de prensa volvieron: el Gobierno buscó instalar que Santiago se ahogó solo porque no sabía “Tengo más dudas que antes”, dijo Sergio. “Lo que sí es que él no murió porque estaba de turista: estaba escapando de una represión ilegal de Gendarmería”.
En la conferencia en Télam, Sergio agregó: “En la autopsia no pudieron respondernos nada. Ni cómo, ni dónde, ni cuándo, o si estuvo 20 o 50 días en el agua. El Estado estuvo en el mismo lugar que aparece el cuerpo el 5 de agosto y el 18 de septiembre. Ellos no lo encontraron. Ellos dijeron que no estaba. Y ellos dijeron que es desaparición forzada: no lo inventamos nosotros”.
Las fotos del cuerpo de Santiago se filtraron a la prensa. La propia fiscal Ávila advirtió que tenía elementos que “permitirían acreditar” que las imágenes salieron del médico de la Policía Federal y comunicador ligado a la actividad minera en Esquel, Werther Augusto Aguiar, uno de los funcionarios que participó del procedimiento judicial en el río y acompañó el “resguardo” del cuerpo hasta la morgue de Esquel. La denuncia no hace más que confirmar el pedido de la familia Maldonado desde el minuto cero de la causa: la necesidad de un grupo de expertos independientes ya que los funcionarios del Estado no garantizan la búsqueda de verdad.
5) Las preguntas
La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, habló con lavaca en las horas previas a la movilización a Plaza de Mayo, luego de llegar de Comodoro Rivadavia de la audiencia de recusación de la fiscal Ávila por haber socilitado escuchas de las conversaciones telefónicas de Sergio Maldonado para usarlas en una causa paralela. La doctora Heredia le remarcó al presidente de la Cámara Federal de Comodoro, Javier Leal de Ibarra, que “lo que se está definiendo en esta causa es si consideran a Sergio como victima o a Ávila”.
-¿Cómo está la causa a un año de los hechos?
-Estamos en la impunidad, porque estamos ante un hecho en el que el protagonista imprescindible es el Estado que debe investigar al propio Estado. En junio, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito de México dictó una histórica sentencia por el amparo por los 43 normalistas desaparecidos, en Ayotzinapa, donde estableció que el Estado es incapaz de investigarse a sí mismo. Dijo lo mismo que decimos nosotros: que la investigación “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”. Y estableció que es imprescindible que las víctimas sean quienes deban llevar adelante la investigación cuando se denuncian desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado. Entonces, hasta la fecha no hemos que se realice nada de lo que la familia pidió.
-¿Cómo sigue la pericia respecto del DNI de Santiago?
-El juez Lleral, en una entrevista en La Nación, dijo que se está realizando la pericia “que pidió la familia”. Es cierto que la familia pidió el 24 de noviembre, cuando fuimos a la Morgue y los peritos de la Corte nos informaron de la autopsia, los resultados que arrojaron las pericias en los elementos encontrados junto al cuerpo: la ropa, el DNI, la plata. Dijeron que todavía no se había realizado y que debería hacerse por orden del juez. Pedimos que todo quedara a resguardo de futuras pericias, pero ese mismo día se rompió la cadena de custodia: a Sergio le entregaron el DNI en mano cuando fue a retirar el cuerpo. Por eso consideramos que el resultado va a ser falaz. Ni siquiera conocen las condiciones bajo las que estuvo y mantuvo el DNI durante 78 días. Estamos como el primer día.
-¿Cuál es la medida que aún está pendiente de resolución en la Corte Suprema?
-Pedimos a la Justicia que garantice una investigación imparcial e independiente. Se lo pedimos a Otranto, que fue separado por imparcial. Luego, el 1 de noviembre, después de que se encuentra el cuerpo, le pido a a Lleral que para garantizar esta investigación, que a la fecha no existía, se conforme un Grupo de Expertos Independientes. Según sus declaraciones, Lleral decidió hacer un nuevo rastrillaje a pedido de Prefectura, pero no pueden responder por qué antes no pudieron encontrar el cuerpo siendo que ya habían pasado por el lugar. Era un pedido para que se inicie una investigación que tenga en cuenta no solo lo que pasó el 1 de agosto, sino cómo llegamos al 1 y qué es lo que pasa del 1 al 17 de octubre. Esto fue rechazado y desde el 26 de abril está en la Corte Suprema. Cada día sin respuesta se garantiza la impunidad. Así se diluyen pruebas y testimonios. El paso del tiempo atenta contra la verdad.
–¿De esa forma también es imposible establecer una reconstrucción de los hechos?
-Lleral sostiene que hay que tener paciencia para la reconstrucción de los hechos. No, no hay que tener paciencia, hay que tener una investigación. Y eso no lo está haciendo el juez. Ni la fiscal: nunca quiso investigar a los funcionarios públicos, y eso quedó plasmado cuando ella pide la invesitgación telefónica de Sergio y los testigos. No quiso investigar nunca a los funcionarios. Pero la familia no está resignada. Está todo el tiempo trabajando, esforzándose para lograr una resolución judicial.
-¿Qué lectura hace a un año?
-A diferencia de lo que vi en los casos de Iván Torres, de César Monsalve y de Julián Antillanca, dos desapariciones forzadas y una ejecución extrajudicial, es la gente. Es la movilización. No nos resignamos a lo que tenemos, al Poder Ejecutivo, a la falta de decisión de los legisladores que también miran para otro lado. No, nos aferramos a que la impunidad no sea una cuestión de resignación. Y a la necesidad de la gente de manifestarse en las calles para tener justicia.
Nota
Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos
La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi
El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.
¿Qué es lo “insustancial”?
La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.
El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.
¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.
En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.
Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).
“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.
Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?
–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.
¿Docentes centinelas?
El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.
Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.
¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.
Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.
Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.
–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?
–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.
La Corte y el lobby sojero
En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.
La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años
Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.
Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.
Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.
El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.
Lorenzetti y Bordet no responden
En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.
Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).
La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.
Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.
“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.
Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.
Denuncia en la CIDH
¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?
Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.
Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.
Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
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