Sigamos en contacto

Nota

Qué hay detrás de la campaña antimapuche

Publicada

el

Las presiones de terratenientes y empresas. La operación de los medios. El rol del modelo económico. Y un genocidio que no termina. Darío Aranda explica en esta nota el marco de la avanzada del gobierno contra los mapuches.
   Por Darío Aranda
El modelo extractivo: petrolero, minero, agropecuario, forestal.
Una multinacional (Benetton) con directa influencia en el poder político y judicial.
Políticas de Estado de despojo y sometimiento.
Un genocidio que jamás tuvo su “nunca más”.
Sólo algunos de los elementos detrás de la campaña que pide represión para el Pueblo Mapuche.

   Extractivo

Durante el menemismo se aprobó la ingeniería legal que dio pie a la profundización del extractivismo en Argentina: leyes mineras, privatización de YPF, ley forestal, aprobación de transgénicos con uso de agrotóxicos. Pero la implementación en los territorios se dio durante el kirchnerismo. Dos ejemplos: se pasó de 40 proyectos mineros en estudios (en 2003) a 800 proyectos (en 2015); de 12 millones de hectáreas con soja transgénica se pasó a 20 millones (22 en la actualidad).
El macrismo continúa esa línea: quite de retenciones a la minería, baja de retenciones al agro, flexibilización laboral para  trabajadores petroleros. Más extractivismo, más avance sobre territorios rurales, donde viven pueblos indígenas y campesinos.
Amnistía Internacional contabilizó un piso de 250 casos conflictivos, entre los que detectó un punto en común: detrás siempre hay empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos.
Cómo sucedió con la Campaña del Desierto, que tenía como fin económico incluir tierras al mercado capitalista, la Argentina del Siglo XXI repite la historia de avanzar sobre los pueblos indígenas.

   Preexistente

“Mapuche” significa en mapuzungun “gente de la tierra”. Los mapuches, como todos los pueblos indígenas del continente, son a partir del vínculo con el territorio. De allí proviene su historia, su cultura, su filosofía, su vida y de ese territorio dependen sus hijos, nietos y su futuro como pueblo.
Un argumento falaz para atacar a los indígenas del sur es que decir que son chilenos. Los pueblos indígenas tienen miles de años de historia, y el Pueblo Mapuche en particular existe desde muchos antes de la conformación de los Estado-nación. Es decir, son previos a la existencia de Argentina y Chile. El artículo 75 de la Constitución Nacional lo reconoce: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano (…). Asegurar la participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.
Ante cada campaña mediática de ataque a los mapuches, académicos repudian las falsedades de sectores periodísticos. En enero pasado, investigadores del Conicet escribieron un texto que resume cientos de estudios académicos: “Afirmamos que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches (…) Los mapuches no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina”.

Periodismo represivo

“Denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, tituló el diario Perfil el domingo 8 de enero en un extenso artículo, referido al conflicto del Lof (comunidad) Resistencia Cushamen con la empresa Benetton. La nota, firmada por Cecilia Moncalvo, acusó: “A medida que aparecen más datos, la acción de (Facundo) Huala y su grupo puede ser leída como el germen de una forma violenta de protestar y de hacer política. Hay datos, como que en zonas limítrofes la Gendarmería envió más personal, mientras que diputados chilenos y periodistas y productores argentinos mencionan a las FARC colombianas como parte de la financiación del grupo (…). Abre interrogantes sobre una zona liberada previamente y de tráfico de armas de Argentina a Chile. Facundo Jones Huala sería el nexo”.
Dos días después, el martes 10 de enero, hubo feroces represiones sobre el Lof Mapuche. Una por la mañana (Gendarmería Nacional). Otra por la tarde (policía de Chubut). El miércoles se produjo un tercer operativo violento. Tres represiones en dos días. Una cacería de mapuches. Una decena de presos. Otro tanto de heridos. Dos de gravedad. La imagen de Fausto Jones Huala, con un balazo en el cuello, recorrió el país.
A la campaña anti-indígena se sumó el diario Clarín, con un extenso artículo anunciado en tapa el domingo 22 de enero y doble página interna. “Facundo Jones Huala, el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y Chile”, fue el título, firmado por Gonzalo Sánchez. Citó en seis oportunidades voces oficiales del Ministerio de Seguridad de Nación, Cancillería y Secretaría de Seguridad. Todas voces en “off”, sin nombre ni apellido, que acusan al Lof Cushamen de hechos tan insólitos como ajenos a la realidad. Según Clarín:
-Los mapuches están vinculados a grupos kurdos y a la ETA del país Vasco.
-Recibieron financiamiento del kirchnerismo.
-Afirma que el Lof Cushamen ocasionó incendios, secuestro de personas e intento de asesinatos, entre otros hechos.
No se aporta ninguna prueba de todos estos hechos. Sólo la opinión del gobernador Mario Das Neves y voces en off.
Gonzalo Sánchez, autor de la nota y editor del diario, repite lo de Cecilia Moncalvo en Perfil: vincula al Lof Cushamen (y a Jones Huala) con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuando la comunidad nunca ha declarado ser parte de esa organización. Segunda coincidencia: Sánchez no otorga ni una línea a la voz del Lof Cushamen, ni de sus abogados, ni de las organizaciones de derechos humanos que acompañan.
Infobae no se quedó atrás. “Violencia, anarquía y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuches que tienen en vilo a Chile y la Argentina”, tituló el 9 de agosto un artículo de Martín Dinatale, con todas voces en off y ninguna entrevista a mapuches. Un artículo que podría haber sido escrito por Patricia Bullrich.
Insólita la nota de Claudia Peiró en Infobae. Acusó a los mapuches de estar financiados por ingleses. “The Mapuche Nation, el pueblo originario con sede en Bristol, Inglaterra”. No aporta una sola prueba que acredite esa relación.
Clarín retrucó. “Jones Huala redobla la apuesta: llamó a la rebelión y la lucha armada. Desde el penal donde está detenido, el referente mapuche convocó abiertamente a la acción violenta”. Firmada por el corresponsal el Bariloche, Claudio Andrade, conocido de las organizaciones mapuches por sus continuas que rozan el racismo.
Por otro lado, también sobresalen comunicadores, intelectuales, artistas y políticos no dudaban en echar sospechas sobre el líder qom Félix Díaz de Formosa y, al mismo tiempo, silenciar las atrocidades del gobierno feudal de Gildo Insfrán. Figuras radiales afines al kirchnerismo relativizaban el reclamo qom y hasta hacían entrevistas condescendientes a Insfrán. En el “mejor de los casos”, se llamaban a silencio ante la violación de derechos. El periodismo afín al kirchnerismo apoyó fervientemente la explotación petrolera en Vaca Muerta, aunque allí se violaban derechos indígenas y también se reprimía (y se reprime). Con el macrismo en el poder, esos mismos periodistas, intelectuales y artistas se horrorizan y repudian la violencia que sufren los mapuches.
Periodistas de uno y otro lado tienen una coincidencia: escriben sobre un hecho sin recorrer el territorio. No visitan (ni visitarán) las comunidades indígenas. Son periodistas de escritorio. Y sus mentiras repercuten de la peor manera: legitiman represiones.

   Genocidio

Robo de bebés. Desaparición de personas. Torturas. Campos de concentración. Asesinatos.
Lo sufrió la sociedad argentina en manos de la última dictadura cívico-militar.
Lo sufrió el pueblo judío en manos del nazismo.
El Pueblo Mapuche también padeció robó de bebés, desaparición de personas, torturas, campos de concentración, asesinatos. Pero no hubo jamás pedido de perdón, tampoco reparación ni justicia. No hubo un “nunca más” para lo sufrido por los pueblos indígenas.
Diana Lenton, doctora en antropología y docente de la UBA, lo resume así: «El Estado se construyó sobre un genocidio. Se requirió que no hubiera más diversidad interna. Se anulan los tratados con los indígenas, el Estado se garantizó que no iban a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado».

   Recuperaciones

“Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu” significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios volver a parcelas que les fueron arrebatadas en el pasado. En los últimos quince años, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el Pueblo Mapuche recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes.
Los pequeños burgueses urbanos deben permanecer tranquilos: los indígenas no ocuparán los departamentos en Palermo o Recoleta, ni les interesan las mansiones de Nordelta. Sólo vuelven a las tierras de sus antepasados que hoy están en manos de grandes empresas.
Los legalistas también deben estar conformes: las recuperaciones territoriales están respaldadas por tratados internacionales, que tienen rango superior a las leyes locales.
“Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”, detalla el artículo 16 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango superior a las leyes nacionales. El artículo 14 también apunta: “Deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
La Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, remarca en su artículo 10 “la opción del regreso” frente a los desplazamientos forzados y, en su artículo 28, legisla que “tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución (…) por los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados”.
“Las comunidades indígenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” es el título del trabajo sobre Derecho internacional de Rolando Gialdino, ex secretario de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país. Al analizar la acción de la CIDH, abordó la posesión ancestral: “Los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad”.
La recuperación territorial implica mucho más que hectáreas: instala una concepción diferente de la tierra, que interpela el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”, imprescindible para el desarrollo como pueblo originario.

   Benetton

   En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque volvió al territorio indígena: recuperó 625 hectáreas dentro de lo que entonces era parte de la estancia Leleque de Compañía de Tierras Sud Argentino (Grupo Benetton), ubicada entre Esquel y El Bolsón. El caso tomó repercusión nacional e internacional. Rosa Rúa Nahuelquir y Atilio Curiñanco, autoridades de la comunidad, viajaron a Roma junto al Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Se entrevistaron con la familia Benetton, que prometió la donación de tierras dentro de Chubut. Pero la compañía sólo ofreció parcelas que eran improductivas.
La comunidad no aceptó y aclaró que los pueblos indígenas no aceptaban “donación” sino “restitución” por tierras que habían sido robados por privados. La causa avanzó en tribunales, hubo intento de desalojos, pero la comunidad permaneció en el lugar. Benetton nunca aceptó la derrota entre otras cosas porque habilitaría que otras comunidades repitieran la acción.
En noviembre de 2014, el Estado (provincial y nacional) finalizó el relevamiento territorial de la comunidad Santa Rosa Leleque. En el marco de la Ley Nacional 26.160 reconoció la posesión y uso de las 625 hectáreas por parte del Pueblo Mapuche. La comunidad siempre denunció las irregularidades en el título que adquirió la compañía Benetton (explicadas en detalle en el libro “Ese ajeno sur”, del investigador Ramón Minieri).
El 13 de marzo de 2015 se produjo una nueva recuperación territorial en la estancia Leleque de Benetton. “Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”, explicó como fundamento de la acción el comunicado firmado por Lof en Resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP).
Ya no era un sólo mal ejemplo. Ya eran dos. Y pueden ser más.
Benetton descargó todo su maquinaria legal contra los mapuches y contrató una agencia internacional de prensa y lobby (JeffreyGroup) para una campaña mediática, tanto a nivel provincial como nacional. El responsable en Argentina de JeffreyGroup es Diego Campal, que se presenta como “especialista en resolución de conflictos y gestión de crisis”.
Periódicamente llegaban las gacetillas de prensa y fotos en alta definición de los “atentados” que sufría la estancia  Benetton. Sus principales destinatarios: el diario Jornada (Chubut), Río Negro (el más leído de la Patagonia), Clarín y La Nación. Los mismos comunicados llegaban al despacho del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y sus ministros.
La campaña mediático daba sus primeros pasos y vinculaba a los mapuches con grupos paramilitares (ETA, FARC).

Mapuche vs. Benetton: la corte no reconoce derechos originarios

   Enemigo interno

En diciembre de 2016, el gobernador Das Neves pidió juicio político para el juez Guido Otranto por no haber condenado a Facundo Jones Huala (lonko del Lof en Resistencia de Cushamen). “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, refirió en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó en un informe interno de agosto de 2016 a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba. El informe interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconocía que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales y catalogaba los reclamos como “amenazas para la seguridad social”. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”, cuestionó al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.
El 21 de junio pasado, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta, Neuquén), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.
La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.

   Peligro

“Ser indígena hoy es ser subversivo”, resumió con simpleza en una mateada Jeremías Chauque, mapuche, músico, productor de alimentos sanos (sin agrotóxicos). Y amplió: “Los indígenas no aceptamos el extractivismo. Nunca lo aceptaremos. Y vamos a morir luchando contra las mineras, petroleras, empresas transgénicas. Por eso nos consideran un peligro”.
Facundo Jones Huala, desde la cárcel de Esquel, fue en línea similar: “El Pueblo Mapuche impulsa la reconstrucción de nuestro mundo, y la expulsión de extractivas del territorio. Como mapuches no podemos ser en tierras desbastadas, no podemos ser mapuche con pozos petroleros o con mineras. Necesitamos nuestra tierra sana, en equilibrio y armonía. Restablecer ese equilibrio es hoy revolucionario, es alterar el orden actual del capitalismo extractivo. Por eso los mapuches somos un problema para el poder”.

   Disparen

Ante la desaparición de Santiago Maldonado, en el marco de una represión de Gendarmería Nacional el 1 de agosto, la ministra Patricia Bullrich apuntó contra las comunidades indígenas: «No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. Esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista».
La Sociedad Rural Argentina, impulsora de la Campaña del Desierto y parte de la última dictadura cívico-militar, aportó un comunicado: “Tiene que terminar la impunidad para los grupos delictivos y violentos del Sur” (en referencia a los mapuches).
La Confederación Mapuche de Neuquén le contestó a la Ministra de Seguridad: “La funcionaria Patricia Bullrich en sus declaraciones cargadas de desprecio racial e ignorancia, construye una verdadera ensalada de conceptos errados. Desconoce conceptos básicos de estados modernos y evolucionados que se asumen como Estados Plurinacionales. Nuestra condición de Nación Mapuche está basada en la preexistencia milenaria que reconoce la propia Constitución Argentina. Negar esta realidad es propia de los estados autoritarios y colonialistas que desconocen la diversidad”.
“Un estado prlurinacional no depende del permiso de una funcionaria. Está relacionado a una existencia de miles de años, ante un estado moderno de solo dos siglos de existencia”, explicó la Confederación Mapuche y afirmó: “La plurinacionalidad no es una propuesta separatista ni excluyente. Por el contrario, es una herramienta para la unidad en la diversidad. Si los mapuches no asumiéramos nuestra nacionalidad, seríamos un pueblo sin historia y peor aún, seríamos un pueblo sin futuro”.
El Consejo Asesor Indígena (CAI), histórica organización mapuche de la Patagonia, también emitió un documento: “Repudiamos el accionar del Estado frente los hechos que han sucedidos (el Cushamen) y manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia estatal y sus familias. Exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado y responsabilizamos al Estado Nacional por la actual situación de militarización que sufren los pueblos originarios”.
“No queremos que la actitud de Estado y la sociedad frente a nosotros sea de represión, discriminación y racismo”, precisó la organización indígena. Recordó que el Pueblo Mapuche ha sufrido incendios, persecuciones judiciales y policiales, amenazas de muerte, acosos, allanamientos e intentos de desalojo. Y el CAI dejó una aclaración: “Mantenemos nuestros reclamo y la firmeza en nuestra lucha”.

   ¿Solución?

Una pregunta recurrente es por dónde pasa la solución. Y la respuesta indígena suele ser simple: “Que se respete la ley”.
Argentina tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Ley 26160 (freno a los desalojos), Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. La legislación vigente establece que los pueblos indígenas deben contar con “tierras aptas y suficientes” y que se debe realizar la “consulta libre, previa e informada” ante cualquier hecho que los pudiera afectar. Traducido: ninguna empresa extractiva puede ingresar a territorio indígena sin antes realizar todo un proceso de consulta (que puede llevar hasta años) con la comunidad.
De la mano de jueces y fiscales, esas leyes no se cumplen.
¿Por qué el incumplimiento? Porque es una política de Estado que atraviesa a todos los gobiernos: violar los derechos indígenas y beneficiar a petroleras, grandes estancieros, empresas del agronegocio y mineras.

La otra campaña: cómo es el plan contra los pueblos originarios

Nota

«No estamos todes porque aún falta Tehuel»

Publicada

el

La 7º Marcha Plurinacional contra Travesticidios, Transfemicidios y Transhomicidios cruzó el microcentro porteño desde Plaza de Mayo a Congreso con exigencias bien concretas, como el cumplimiento de la Ley de Cupo, el reclamo de basta de violencia y la pregunta que nos interpela hace 474 días: ¿dónde está Tehuel? La voz de jóvenes, madres y el recuerdo de las Madres de Plaza de Mayo, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.

La Plaza de Mayo se fue poblando de personas que con cánticos, selfies, banderas y abrazos aguardaron hasta pasadas las seis, cuando la 7° Marcha Plurinacional contra Travesticidios, Transfemicidios y Transhomicidios arrancó hacia el Congreso de la Nación, en el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. La exigencia del cumplimiento de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, de la sanción de una ley que incluya en el Código Penal las figuras de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios, el reclamo de basta de violencia y de odio hacia la comunidad LGBTIQ+, la prohibición en CABA del lenguaje inclusivo, y a 474 días la desaparición de Tehuel, fueron las consignas de la Marcha de este año.

“La de hoy es una fecha internacional por lo sucedido en Estados Unidos: en cada parte del mundo toma sus propias reivindicaciones y acá en Argentina se reivindica y fortalece la organización de la comunidad en base a la exigencia de políticas públicas, que no sea un slogan de los gobiernos de turno”, afirma Mavi. Su amiga Agustina agrega: “Hoy venimos por los travesticidios, los transfemicidios y los transhomicidios, la esperanza de vida sigue siendo muy baja para todes les compañeres y me parece que es la principal bandera.  Después nosotres tenemos el día del Orgullo en noviembre, pero hoy es principalmente por eso que estamos acá”. 

Un grupo de chiques charla mientras aguarda el inicio de la caminata, vinieron desde Tres de febrero y es la tercera vez que participan de la Marcha 28 J. “Es muy angustiante lo que está pasando —dice Luciano—. Tehuel no aparece, esto no puede pasar y tenemos que seguir reclamando. También por la Ley Integral Trans, con la misma energía que les compañeres en Stonewall y también que el Frente de Liberación Homosexual y el Grupo Nuestro Mundo, que fue la primera organización LGBT acá en Argentina”.  Alanis vence su timidez y suma: “Vinimos a apoyar a las disidencias de una manera que se note, si bien la lucha es día a día, estas concentraciones nos ayudan a dar más visibilidad de la que no nos da, por ejemplo, el gobierno”.

Según la información del Observatorio Lucía Pérez, en lo que va del año, los travesticidios registrados son:

  • Aldana Lorens, 35 años, asesinada a golpes el 3 de enero en el Barrio Yapeyú, Santa Fe. Aldana agonizó 10 días en el hospital. No hay ningún detenido.
  • Giaccobi, 46 años, apuñalada el 13 de enero en Beccar, provincia de Buenos Aires. Fueron los vecinos los que alertaron a la policía porque hacía días no la veían. No hay ningún detenido.
  • Fernanda López Sommer, 33 años, apuñalada el 30 de marzo en Concordía, Entre Ríos. Hay un sospechoso.

Viviana González, conocida como “La Karateka”, es la presidenta del Centro de Estudiantes del Bachillerato Mocha Celis, ubicado en el barrio de Chacarita. Llegó a la plaza junto a varies estudiantes del Mocha y comentó: “Si bien estamos gozando de nuestra identidad y de poder estar llevando nuestros nombres en nuestros documentos, para quienes hicimos los cambios registrales, todavía hay deudas que saldar como el derecho a la identidad, lo tenemos, ahora vamos por la ley integral. Todavía hay deudas que con el nombre solamente no se saldaron”.

Natanael, de Morón, suma: “Estoy acá porque creo que todavía no se han garantizado ciertos derechos. Como persona no binaria particularmente todavía me veo vulnerade en algunos ámbitos públicos y privados. Se nos ha inculcado no sentir orgullo por algo tan básico como ser quien sos”. Con respecto a la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas de la CABA por parte del Gobierno de la Ciudad, Natanael dice: “Como persona no binaria me enerva que adolescencias, niñeces y profesionales que trabajan en la educación, que no se identifican dentro del binomio hombre-mujer no puedan ser mencionades. Lo que no se nombra, no existe. El hecho de haber conseguido gracias a la ESI el poder ser nombrades, poder ganar legitimidad como identidad, me parece que es algo que está siendo vulnerado por parte de esta medida”. 

Foto: Seba Smok

A partir de contar con su DNI X, surgieron un montón de inconvenientes a la hora de presentarlo en distintos lugares públicos y privados, como acceder al boleto estudiantil, ya que el sistema SUBE reconoce el DNI solo en femenino o masculino. Natanael describe: “Ni hablar de AFIP, ANSES, los procesos de incorporación de campos de géneros no binarios y la modificación de nombres, como es mi caso, avanza muy lento en sistemas sobre todo bancarios. Sacar un turno es un calvario para las personas no binarias, a la hora de comprar algo tenés que presentar el DNI junto con la tarjeta, te dicen que tu tarjeta no dice lo mismo que tu DNI y además nos enfrentamos a la falta de capacitación del personal público y  privado porque no se hace respetar la Ley Micaela”.

Ángel tiene 11 años y sostiene un cartel con la bandera trans sobre la que escribió: “Las vidas trans importan”. Su mamá dice: “Yo vengo a acompañar a mi hijo para que haya más igualdad, justicia, para todes. Hoy recibió su DNI con su cambio de género, así que es una mezcla de lucha y celebración y estoy super orgullosa de él”.

Foto: Seba Smok

Julia es actriz —participó de la telenovela “Pequeña Victoria”— y junto a otras compañeras recorre Avenida de Mayo: “Es una maravillosa oportunidad como todos los años de poner en agenda nuestras vidas, nuestras presencias, nuestra impronta y nuestro orgullo, para seguir reivindicando derechos, para seguir preguntando ¿dónde está Tehuel?, para seguir exigiendo que se implemente la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans en todo el país y que también el sector privado se haga cargo. Es un granito de arena que podemos aportar para mejorar este mundo tan injusto, sobre todo en estos últimos tiempos que el avance de la derecha y del negacionismo y el mensaje violento avanza, en todos los sectores del mundo:  lo que pasa en Estados Unidos con el aborto, por ejemplo. Por eso y un montón de cosas que están pasando son por lo que hoy estamos en la calle”.

Foto: Seba Smok

Una de las integrantes del dúo “Carmelitas Clown” y de “Fakiiinh Señora”, Carmín Lupe, resalta que la participación en la marcha es fundamental “para hacernos visibles porque más allá de las leyes establecidas que conocemos todavia sigue habiendo transfemicidios, transhomicidios y travesticidios y estoy acá principalmente para eso”. Florencia, mamá de la Asociación Civil Infancias Libres, afirma que todavía “falta una mirada que no sea adultocéntrica, que no sea academicista, que no sea burguesa, con la infancia travesti trans, la infancia marrona, la infancia villera, la infancia gorda, la infancia conurbana, que desobedece a toda la heterocisnorma”.

Foto: Seba Smok

Un grupo de rugbiers caminan sonrientes: Caio tiene una bandera sobre sus espaldas, con los colores rosa y celeste que dice “Ciervo Pampa”: es el nombre del club de rugby al que pertenecen y con el que entrenan en el polideportivo de Parque Avellaneda. “Este es el primer club de rugby LGBT de América Latina. La experiencia existe hace diez años, como club estamos hace cinco, y estamos acá porque la lucha es colectiva, porque estar acá es luchar por el derecho al deporte para todes. Estamos acá para decir que otro deporte es posible”.

Foto: Seba Smok

Pocos minutos después de las siete de la tarde, el Congreso recibe a la multitud iluminado con los colores del arcoiris. El grupo de percusión Batuka ofrece el sonido de sus tambores y su danza, que hace disminuir el frio al compás de su ritmo. Desde el escenario, la actriz, directora y activista Daniela Ruiz decía: “Esta marcha es plurinacional, antirracista, es de todas nuestras hermanas que han muerto en esos pasillos de calabozo. Esta marcha es para reivindicar nuestra mirada sudaca, es para decir basta de matarnos”. La activista Alma Fernandez agregó: “Este es un grito contra todas las violencias, aguante Diana Sacayán, Lohana Berkins y toda la comunidad travesti trans de este país. ¡Furia Travesti!”. 

Hubo aplausos cuando se nombró a una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, y el grito unánime: “Madres de la Plaza las travas te abrazan”. Luego se armó la ballroom debajo del escenario, les bailarines mostraron su arte con tres categorías diferentes. “Algunos pasos vienen del trabajo sexual, otros de cuando la policia nos llevaba presas”.

Los movimientos despertaron aullidos y los tacos calentaron el asfalto. Para dejar en claro los postulados de la jornada, se leyó un comunicado. Say Sacayán arrancó con la lectura: “El 28 de junio de 2016 después de años se volvió a esta marcha en invierno, tomamos la calle y descolonizamos esta fecha llenándola de territorio, activismo y militancia popular”.

El cierre fue con la música cumbiera de Sudor Marika. “Olé olé, olé olá, no estamos todes porque aún falta Tehuel”, cantó la banda, cantaron todes.

Seguir leyendo

Nota

7ma marcha contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios, y una pregunta que es bandera: ¿Dónde está Tehuel?

Publicada

el

En vísperas de una nueva marcha que exigirá el fin de los crímenes de odio y políticas efectivas para una comunidad históricamente vulnerada, lavaca habló con la fiscal del caso que sigue la desaparición del joven trans Tehuel de La Torre. Por qué está caratulada como homicidio agravado por odio, aun sin haber encontrado el cuerpo. En qué está la búsqueda. Qué (no) dijeron los acusados. El juicio sin fecha. El pedido de información al RENAPER. Los nuevos indicios. Los rastrillajes. La falta de apoyo del gobierno. Estas son sus respuestas:

Mañana, 28 de junio, cuando se marche desde Plaza de Mayo al Congreso por séptima vez contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios, Tehuel de la Torre llevará 474 desaparecido.

La última vez que se lo vio con vida fue el 11 de marzo de 2021, hace más de un año, cuando salió de su casa en San Vicente, provincia de Buenos Aires, a las 7 de la tarde, para encontrarse con Luis Alberto Ramos (37 años) quien, presuntamente, le había propuesto un trabajo de mozo para un evento.

Tehuel nunca volvió y Ramos está detenido junto a Oscar Alfredo Montes (46 años), quien se sospecha que el día de la desaparición estuvo también junto al joven. Una selfie encontrada en el celular de Montes avala esta hipótesis.

Recién ocho meses después de la desaparición, en noviembre de 2021, cuando encontraron una mancha de sangre en la pared de la casa de Ramos, la fiscal Karina Guyot, de la UFIJ-San Vicente pidió el cambio de carátula a “homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género”.  Cuatro meses después, en marzo de este año, el juez de Garantías N°8 de La Plata, Martín Rizzo, pidió la elevación a juicio. 

Cuando Rizzo resolvió la elevación a juicio también resolvió desdoblar el expediente para que la búsqueda continúe. “La causa principal fue elevada a juicio. Y lo que tengo es el desdoble de la búsqueda”, dice a lavaca la fiscal Guyot. “En el desdoble de la búsqueda estamos pidiendo información al Registro Nacional de las Personas (RENAPER), para que nos informen en toda la provincia qué datos hay de gente desaparecida que sean NN. Estamos con oficios con ese tema, para ver si podemos hacer cotejos de ADN con esas personas que no han sido identificadas por nadie”. 

¿Cree que se puede encontrar el cuerpo de esa manera?

Yo lo estoy buscando, si lo voy a encontrar o no ojalá lo supiera. La búsqueda no se va a desactivar hasta que no aparezca, hasta que no aparezca va a estar abierta esa causa, por tiempo indefinido. Dios quiera que podamos encontrar algo, es el deseo. Hay dos situaciones: por un lado la búsqueda de la verdad y la justicia, que es lo que se pretende con la causa elevada a juicio, y la búsqueda del cuerpo. Si lo vamos a encontrar yo no lo puedo garantizar, depende de lo que hayan hecho los imputados con el cuerpo, que no lo dijeron. 

Durante meses se negaron a declarar, ¿lo hicieron?

La primera vez se negaron a declarar, la segunda declararon pero por supuesto que nada dijeron al respecto. 

¿Están elevados a juicio por homicidio aun sin cuerpo?

Por supuesto. Homicidio agravado por odio. 

¿Hay fecha para el juicio?

No, termina la etapa de instrucción y pasa a la etapa intermedia, el fiscal de juicio ahora tiene que prepararlo. No puedo dar fecha porque la desconozco. 

¿Y en la causa de la búsqueda además del pedido de información al RENAPER, qué más se está haciendo?

Hay varias cuestiones, no podemos comentar todo. Estuvimos haciendo nuevos rastrillajes en sectores más pequeños porque se habían hecho en lugares muy amplios, estamos sectorizando la zona, porque es muy grande y de descampados. Estamos profundizando sectorizado. 

Con lo que se hizo, ¿hay nuevos indicios?

Quedó pendiente una información que surgió de la causa que detectó la antena del teléfono en cercanía a la casa de Ramos. Y estamos trabajando sobre eso, que fue la noche que desapareció Tehuel. Fue entre las 4 y las 6 de la mañana, la antena detecta el teléfono de Ramos. 

¿Se sabe a quién llamo?

No hubo una llamada, hubo apertura de antena, en una zona donde no se acostumbraba a abrir el teléfono de Ramos, menos a esa ahora. 

¿Y en esa zona se hicieron rastrillajes?

Ya los hicimos y ahora los estamos profundizando más sectorizado. Yo tengo que agotar todos los recursos y hago lo que me gustaría que hagan si fuera un familiar mio: que sigan buscando. 

¿Es posible la desaparición durante más de un año sin complicidades territoriales? ¿Sin entramados en el barrio que lo permita?

Hay cosas que no puedo comentar. 

¿Se está recibiendo apoyo del Gobierno provincial en la búsqueda?

Si me pedis opinión te diría que no: en el rastrillaje último vinieron menos personas de las que esperaba, como los últimos rastrillajes. Esperaba más participación del Ministerio de Seguridad y la verdad es que es bastante escueto, más allá de que sigue en pie lo de la recompensa. Se debería enfatizar un poco más en la recompensa y en la búsqueda.

Seguir leyendo

Nota

Darío y Maxi: 20 años es todo (video)

Publicada

el

Se cumple este 26 de junio el vigésimo aniversario del asesinato de Darío Santillán (foto de portada, tenía 21 años) y Maximiliano Kostecki (22), producto de la represión oficial del gobierno encabezado por Eduardo Duhalde al creciente movimiento de trabajadores desocupados: los piqueteros.

Aquel oscuro día, las organizaciones movilizadas reclamaban no solo planes sociales (se exigía pasar de 150 a 300 pesos) sino que reivindicaban el apoyo para sus propios proyectos en los barrios: productivos, educativos y de salud. Por eso en ese momento no se hablaba de “planes sociales” sino de “planes de trabajo”.

En muchos sectores del movimiento piquetero (y Santillán era un claro referente), lo que se buscaba lograr era generar una situación de autonomía para evitar la cooptación –por parte del Estado y/o partidos políticos– de esa potencia social que planteaba el trabajo y el cambio social como foco de sus reivindicaciones. Ya no eran el peronismo ni el sindicalismo ni la izquierda quienes expresaban los reclamos, sino un sector social por nadie tenido en cuenta, que intentaba encontrar su propio camino, su propia voz.

La responsabilidad política por los homicidios sigue sin juzgarse, pese a que (o debido a que) incluye nombres como Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Alberto Atanasof (ex jefe de gabinete) y todo un oscuro entramado de funcionarios y –como es habitual– servicios de inteligencia.

Los dos condenados a perpetua fueron los autores materiales de los homicidios, los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta. Aquel 26 J hubo además cientos de detenidos y heridos con balas de goma, y 32 heridos con balas de plomo que por casualidad no llegaron a elevar la nómina de muertes.    

Aquellos crímenes, las cooptaciones que finalmente han sido obvias, la inercia de un sistema laboral cada vez más precarizador y expulsivo, el desempleo, la desigualdad, la masificación del asistencialismo, entre otras ciénagas, le han ido dando forma, cristalización y a veces descomposición, al actual escenario.

A 20 años de esa tragedia habrá actos en el lugar del crimen (la antigua estación Avellaneda del Roca) el sábado desde las 10.30, con el objetivo de reclamar justicia completa: el juzgamiento de los responsables políticos. El domingo realizará grupos encolumnados en la izquierda harán su propio acto.

Pero el propio sábado por la tarde, en la vigilia habitual antes de cada 26 J, el director Patricio Escobar hará una presentación de media hora de lo que será la segunda parte de su notable documental La crisis causó 2 nuevas muertes. En esta secuela Escobar busca describir el tema de las responsabilidades políticas, y logró entrevistar a Eduardo Duhalde (ex presidente), Felipe Solá (entonces gobernador bonaerense), Juan José Álvarez (ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos) y Jorge Matzkin (era Ministro del Interior).

Como antecedente, y para quien quiera conocer o recordar la realidad de lo ocurrido, volvemos a incluir La crisis causó 2 nuevas muertes, que refleja no solo los sucesos, sino también las trampas a las que está sometida una sociedad que se presume democrática por parte de los llamados “medios de comunicación” que en realidad (y el 26 J fue un fiel reflejo) se han convertido sistemáticamente en plataformas de operaciones políticas, económicas y de inteligencia. El título del documental es el mismo del diario Clarín aquella vez, cuando culpaba a “la crisis” (como han aprendido a hacerlo diferentes gobiernos) por desastres y crímenes cometidos por personas y sistemas institucionales concretos.

Para ver La crisis causó 2 nuevas muertes:

Seguir leyendo

La última Mu: Tenete fe

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.

0:00
0:00