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Colores desunidos de Benetton, otra vez, contra los pueblos originarios: tranqueras en tiempos de cuarentena

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La Compañía de Tierras del Sur, nombre con el que el grupo Benetton opera en Argentina, tiene cerrado un camino vecinal y se niega a permitir que mapuches circulen por el lugar. El celebrado “derecho a transitar libremente”, burlado por una corporación que permite que otros vecinos pasen, pero no los mapuche, obligándolos a dar grandes rodeos para acceder a la ruta que va a Esquel. El conflicto se generó tras la recuperación que integrantes de pueblos originarios realizaron en la zona de El Mayoco a unos 50 kilómetros de Esquel. La zona en la que están viviendo no es propiedad de Benetton, que sí está ocupando territorio mapuche. No es la primera vez que la empresa se enfrenta con los pueblos originarios: ya lo hizo con la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque y con el Lof en Resistencia Cushamen. Una crónica patagónica, para comprender un conflicto de siempre. Desde Trevelin, Chubut, por Pablo Quintana para lavaca.org.

Colores desunidos de Benetton, otra vez, contra los pueblos originarios: tranqueras en tiempos de cuarentena
Maira Antieco y María Luisa Hincaleo acompañan a Matilde Jofre en el territorio recuperado por los mapuches el año pasado.

“Nos vinimos porque ya no teníamos leña, estábamos quemando bosta de vaca para calefaccionar la casa”, dice Matilde Jofré a horas de llegar a Esquel. De nada valieron los pedidos para que sean asistidos por el plan calor desde el cercano municipio de Gualjaina porque los municipales no tienen forma de acceder por algún sendero que sea transitable para los camiones.

Matilde y su familia volvieron al territorio que habitaban sus ancestros el pasado 13 de julio del 2019. Fue cuando un grupo de mapuches hizo posesión de las tierras que antaño ocupara don Serafín Jofré, abuelo de Matilde. Es sólo una porción del territorio que formaba parte de una de las grandes extensiones de reserva mapuche que hayan existido en la región y que, cómo siempre aconteció en estos casos, lo que el Estado otorgó el privado se lo adueño. Pero siempre con el  consentimiento de las diversas gestiones gubernamentales.

La madre de Matilde, doña Isabel Carmen, nació y se crió en ese campo, en una casa de adobe que aún sigue en pie como testimonio mudo de una historia que va desde el despojo hasta la reivindicación. Ayer fue la pérdida del territorio, hoy es el regreso a sus orígenes.

El retorno al terruño que la vio nacer, con sus más de setenta años, no es sencillo. El camino natural que históricamente fue utilizado por los pobladores de la región, lo que hoy se conoce como la ex Ruta 40-25, está cerrado con tranquera y candado. Es parte de la vieja traza que unía Gualjaina con toda la Comarca Andina.

Ponele candado

Colores desunidos de Benetton, otra vez, contra los pueblos originarios: tranqueras en tiempos de cuarentena
Matilde Jofre junto a su hijo Amín Flores, el día que se llevó a cabo el nguillatun,
la rogativa ancestral para celebrar lo sucedido y agradecer por lo que vendrá.

Desde que se hizo el nuevo trayecto de la ruta para llegar a Gualjaina y se dividió el camino, al que ya había sido construido por el Estado y quedó en desuso, se lo apropió Benetton. Colocó tranquera y selecciona quien puede transitar por él. Ese viejo recorrido además tenía como propósito unir asentamientos por donde pasaba el tren. Allí, cerquita nomás, está la estación de El Mayoco.

Si los mapuches pudieran transitar libremente por el lugar, sólo 20 kilómetros los separarían del camino pavimentado que conduce a Esquel. Pero la tranquera y su candado con llave, que están en mano de la Compañía Tierras del Sur, impiden ese atajo. Entonces la travesía se transforma en tres horas de caminata o un poco menos en caso de conseguir los caballos que les ceden Zoila y Victoria, vecinas del lugar. La cabalgata conduce a Matilde y los suyos hasta dar con el Renault 9 que suele quedar en Costa de Lepá. Una vez en ese poblado, en auto podrá conducirse finalmente hasta Esquel. Claro que ese periplo suma un total de 50 kilómetros de más en el recorrido y una interminable vuelta que podría evitarse.

Doña Carmen Isabel fue operada recientemente de sus rodillas y las dolencias se suman a su diabetes. Ya no tiene esos 8 años que la vieron correr por ese mismo campo de pequeña. En este retorno, además de su familia, se suman sus 73 años.

Matilde, su hija, sufre de artritis reumatoide. Una enfermedad que le causas dolores, inflamación, rigidez y pérdida de la función en sus articulaciones. Ambas necesitan de compañía para trasladarse. Es por esto que diversas gestiones se realizaron y muchos actores tomaron intervención sin que una simple solución pusiera fin al conflicto.

En la Patagonia la colocación de tranqueras en caminos vecinales, en este caso, no es una salvedad. La tendencia a cercenar el libre tránsito bien podría entenderse como el resguardo que algunos propietarios pretenden hacer de sus respectivos animales o simplemente sus propiedades. Pero se torna incomprensible cuando de espacios públicos o cuestiones humanitarias se trata.

El caso más emblemático quizás sea el pretendido acceso a Lago Escondido en Rio Negro.  Desde los “90 el octogenario poseedor de la sexta fortuna del Reino Unido, Joseph Lewis -como lo presenta Gonzalo Sánchez en el libro “La Patagonia Vendida”-, se niega a permitir la circulación por el camino que conduce hasta el espejo de agua. Ni los fallos judiciales han podido con esa negativa.

Pero no hace falta cruzar el distrito provincial. Chubut tiene lo suyo. La metodología tiene claros ejemplos en esta parte de la Patagonia.

En febrero del 2001 el diario El Chubut publicó una serie de notas que tenía como eje la explotación irracional que se llevó a cabo a mediados de los ‘90 en el paraje conocido como Rincón del Aceite en el corazón de la cordillera. Uno de los artículos rezaba en su título “Candado y tranquera para un puente sobre el río Hielo”. La crónica relata cómo el puente que fue edificado por Vialidad Provincial a unos 10 kilómetros de la ruta que une Trevelin con Corcovado y que era una demanda de pobladores de la zona, se concretó finalmente por gestiones de la empresa forestal del empresario Sánchez Cabezudo y que realizó desastres en esa zona boscosas. El puente de unos 64 metros de largo fue construido entre 1996 y 1997 sobre él único camino que conduce al lugar y contaba no sólo con tranquera sino con candado en uno de sus extremos. Es el mismo lugar que hoy conduce, no sólo a donde se realizó una de las explotaciones forestales más espantosas de los últimos tiempos, sino a la propiedad que se hizo el ex vicegobernador Mario Vargas bajo la gestión del fallecido Mario Das Neves. Un título de propiedad que generó diversas polémicas por tratarse de una zona de frontera.

La ocupación de espacios públicos viene de hace tiempo y cada vez han ido cercenando más lugares claves para pobladores y lugareños.

En su ambición por marcar territorio, el alambrado y las tranqueras de Benetton no han tenido límite. A la polémica en la zona de El Mayoco hay que sumar varias tranqueras que impiden la circulación de quienes transiten por la región. Hay una en cercanía del arroyo La Cancha, a unos pocos kilómetros del cruce a Gualjaina, que impide llegar a esa estación si se quisiera acceder desde la ruta que hoy une Esquel con El Bolsón. En esa misma dirección esta la que le cierra el paso a la gente, con la excepción de a quienes la Compañía les clava el visto bueno. Si se sigue la ruta hacia Leleque (desde Esquel hacia El Bolsón), se puede observar hacia mano derecha al cruzar el puente El Mayoco.

Pero el dato más insólito son los portones de campo sobre los rieles del ferrocarril. Una serie de tranqueras cruzan las estrechas vías del Viejo Expreso Patagónico La Trochita, algunas de las cuales fueron quitadas después que quedaran en evidencia. Hoy la atracción turística que en otros tiempos sirvió como transporte para unir los más de 400 kilómetros que separan Esquel de Ingeniero Jaccobacci, realiza un recorrido que sólo llega hasta el Nahuelpan. Pero en algunas oportunidades suele ir hasta El Maitén, donde están los talleres del ferrocarril o bien cuando se realizan viajes turísticos extraordinarios. En esos caso el tren de trocha angosta más austral del mundo, aún en funcionamiento, debe sortear las tranqueras que estuvieron en cada una de las estaciones: La Cancha, Montoso, Mayoco, Lepa y Leleque.

A lo largo del territorio ocupado por Benetton las vías cruzaban históricamente los denominados guardaganados o barrera canadiense, esos vallados que sirven como confinamiento de animales en sus respectivos cuadros o parcela. Pero desde hace un tiempo no bastó con los guardaganados sino que se impusieron las tranqueras de hierro y con candados.

El legendario maquinista del tren, Carlos Agüero recordó cómo el 15 de agosto del año pasado el ferrocarril se “terminó llevando puesta una de las tranqueras”. En ese momento el tren llegó hasta Lepá, cruzaron dos, una a la altura del aeropuerto de Esquel y otra en el km 3,5, aproximadamente. A la restante no la chocaron porque estaba abierta. Era un recorrido para verificar el estado de los carriles previo al charter que el tren iba a realizar días después con turistas que visitaban la región.

Es curioso pero de acuerdo a las normas técnicas de transporte ferroviario y su reglamento interno, las inspecciones a la que es sometido el histórico tren de Esquel se realizan cada año. Los inspectores controlan el estado del ferrocarril, el de las vías, la cartelería, etc. Sin embargo, algunas de las tranqueras de Benetton continúan obstruyendo ese recorrido.

En el 2016 cuando se produjo la recuperación territorial del Pu Lof en Resistencia Cushamen, los medios y funcionarios pusieron el grito en el cielo en el momento en que los mapuches cortaron las vías del ferrocarril y exigían una mesa de diálogo para encontrar una solución al conflicto. Sólo hubo dos encuentros que parecían prometedores. Uno en la Unidad Penitenciaria 14 de Esquel, donde estaba detenido el lonko Facundo Jones Huala y otra en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Las negociaciones tuvieron un abrupto desenlace después que el gobierno provincial de Mario Das Neves pusiera punto final a las negociaciones. Tras esa medida se produjo una importante represión por parte de Gendarmería Nacional ordenada por el juez federal Guido Otranto. Una de las tantas que fueron el presagio de lo que más tarde sucedería con la desaparición de Santiago Maldonado.

En ese momento primaba la importancia del tren, la disponibilidad del libre tránsito de un camino que es público y propiedad del Estado.

Al parecer en la actualidad, ni siquiera valdría su designación como Monumento Histórico Nacional que fue impuesto por decreto presidencial, tras la iniciativa de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos el Viejo Expreso Patagónico. La medida establece que, en teoría, el tren estaría protegido de manera especial, tanto su infraestructura como su material rodante y sus estaciones. En la práctica, las tranqueras de la multinacional desestiman esas medidas.

En nuestro país hace tiempo que estancieros y chacareros pusieron alambres a sus campos para delimitar sus propiedades. En los inicios fueron alentados por Domingo Sarmiento -el mismo que sentía una repugnancia por los salvajes de estas tierras-. Los alambrados se remontan al año 1845 cuando Ricardo Newton lo introdujo y Francisco Halbach se convirtió en el primero en alambrar todo el perímetro de su estancia “Los Remedios”. Eran la contracara de lo que vivían los pueblos originarios, que como los definiera fray Félix de Amberga “los mapuches vivían en un estado de “comunismo primitivo”“. Según se puede leer en el libro “Los mapuche y el proceso que los convirtió en indios. Psicología de la discriminación”, del biólogo y psicólogo Julio Paillalef.

Lo que pareciera estar claro es que la lógica de la propiedad privada no sabe de cuestiones humanitarias, que como en el caso de Matilde, una persona con discapacidad, necesita de una rápida comunicación con Esquel que, sin afectar la actividad productiva de la multinacional, hace aún más inexplicable la cerrazón frente a la demanda.

El bis de Mac Donald

“Hablé personalmente con MacDonald en su casa de Esquel”, recuerda Matilde. Pero el hombre que lleva nombre de bufón contestó lacónicamente: “No voy a responder nada de manera verbal, envíe una nota”. La negativa era un hecho.

Matilde, desde que logró habitar la tierra que heredara de su bisabuelo Don Serafín Jofre, hizo  cuanto pedido estuviera a su alcance. De puño y letra redactó una nota para que le permitieran acceder a una llave de la tranquera y poder transitar libremente por el camino público y asegurar un regreso a Esquel rápido y seguro.

El pedido para transitar tiene visos de ruego. “Hay veces que salimos con urgencia por nuestras inyecciones y también tengo una nieta de seis meses y de vez en cuando me visita y si por casualidad o de imprevisto o se llegase a enfermar tenemos hasta Costa de Lepa 6 horas caminando (sic)”, expresa la misiva.

“Es por ese motivo que necesitaría, tenga la amabilidad, de facilitarme una copia para poder usar ese camino vecinal, – y añade- también me comprometo a mantener cerrada la tranquera y también a respetar los requisitos que usted ponga”. Para finalmente expresar: “Sólo le pido que contemple el pedido que le estoy haciendo”.

La respuesta fue tan sucinta como previsible. El caporal de Benetton en el corazón de la Patagonia Argentina, el mismo que lleva el nombre del payaso de una importante cadena de comida chatarra, Ronald Mac Donald escribió: “en relación a su requerimiento de llave para ingresar y transitar por el establecimiento de propiedad de Compañía de Tierras (…) informar sobre la imposibilidad de acceder a lo peticionado”.

Por el contrario, la respuesta más efectiva fue la persecución judicial. La multinacional la denunció por presunto hechos de abigeato. Y volvía a cumplirse aquello de “se pierde un animal, fueron los mapuches”. Es cierto que se intentaron diversos medios para poder circular a través del camino público, como colocar una tranquera paralela, que inmediatamente fue desmantelada por la Compañía. Tiraron los postes y fueron colocados nuevos alambres. Nada resultó para hacer más corto el camino. Según relata la propia Matilde hasta en la propia policía les advirtieron que si eran “reprimidos” por el “personal” de la firma Benetton al intentar transitar por el camino vedado, “estarían en todo su derecho”.

Frente a la denuncia montada por la multinacional, el accionar del estado fue efectivo y sin demasiadas vueltas. El allanamiento que realizaron miembros de la policía provincial se cumplió de manera inmediata y en el que probablemente usaron la ex ruta 25-40, para acceder a la propiedad de la familia Jofré. Del procedimiento, llevado a cabo por los hombres de azul, se llevaron herramientas e inclusive cubiertos de la vivienda, que hasta el momento de escribir esta crónica no pudieron ser recuperadas.

Sin embargo, diálogo no ha faltado, o al menos ese ha sido el intento. En setiembre del año pasado se organizó un encuentro al que concurrieron diversos actores. Tuvo lugar en el Ministerio Público Fiscal de Esquel. Estuvieron todos o casi todos. Desde Soledad Amigorena, la jueza de paz de Gualjaina; Rubén Saihueque de la Dirección de Asuntos Indígenas Provinciales; Julián Fernández por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); Humberto Galván por el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento (IAC); integrantes de la Defensoría Pública; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y pobladores de las comunidad indígena de la región, entre otros. Pero a los encuentros le faltaban personajes importantes. El terrateniente italiano o algunos de sus séquitos no estuvieron en ese cónclave desde donde surgió la necesidad imperiosa de la construcción de mesas de diálogos con la intervención de organismos competentes.

Lo cierto es que no hay entidad gubernamental que no esté al tanto de esta situación de aislamiento. Que no es por Covid-19 ni cuestión semejante. Sino como medida arbitraria y deshumanizada por parte del grupo italiano.

En febrero de este año una nota llegó al despacho de Magdalena Odarda, la actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Eusebio Antieco, kona de la comunidad Newentuaiñ Iñchiñ de Costa de Lepa, firma la misiva. El motivo era informar sobre la situación que están viviendo familias de la zona “por el cierre de la ruta nacional 40 alternativa (camino vecinal). Este cierre de paso se llevó a cabo por la compañía de tierras del sur (Benetton) y resulta perjudicial para la comunidad”, según reza la nota.

El texto agrega que “se ha pedido por escrito a esta misma compañía por la libre circulación de este camino y los señores Ronal Macdonald y Gustavo Eduardo Rigiani han manifestado su negativa (sic)”.

Flojo de papeles

La impresionante extensión que posee la multinacional italiana, superando las 900 mil hectáreas en la Patagonia y parte de la provincia de Buenos Aires, tiene su origen en la donación de título que en 1896 realizará el por entonces presidente José Evaristo Uriburu cuando cedió todo ese territorio a diez estancieros ingleses y se conoció como La Compañía.

El 27 de mayo 2004 el abogado Gustavo Macayo en su alegado durante el juicio que la multinacional le inició a los integrantes de la comunidad Santa Rosa Leleque expuso “lo flojo” de papeles que estaba Benetton.

Macayo describió cómo el Estado argentino cedió, vendió y transfirió diez estancias, entre las cuales estaban incluida la estancia Leleque, la de El Maiten, la de Lepa, entre otras, hasta llegar a siete en territorio chubutense. Su totalidad suman entre sí la impactante cifra de 630 mil hectáreas, sólo en esta provincia. Las restantes se encuentran en Neuquén y otra en Río Negro.

En el marco de ese juicio Macayo puso en evidencia los certificados del registro de la propiedad inmueble de la provincia de Chubut que poseía la multinacional. En uno, por la estancia denominada Leleque, y otro, por la estancia denominada Lepa (con 96 mil y 86 mil hectáreas, aproximadamente y de manera respectiva), el certificado de dominio esgrimía que estaría sujeto a la obligación de mensurar. Es decir, territorios que nunca fueron mensurados, eso sí, bien alambrados.

Es necesario recordar que el imperio territorial de Luciano Benetton se terminó por constituir entre 1991 y 1997, después que esa inmensa porción de tierra pasara por otra mano, como la firma “Great Western”, perteneciente a terratenientes de la burguesía argentina.

Los pesares de Matilde llegaron hasta el despacho del actual presidente Alberto Fernández. En una nota que también lleva la firma de Antieco se explica la situación al primer mandatario. Allí se detallan los derroteros que han tenido los pueblos originarios en la región. “Las tierras fueron arrebatas a nuestro pueblo mapuche-tehuelche por el estado nacional a partir de 1897, después de la mal llamada campaña del desierto de Julio Argentino Roca, iniciando un período de despojo que aún continua. Los reclamos formales por las usurpaciones de nuestros territorios comenzaron en 1948 a través de una nota al Director de Protección Aborigen de la Nación (18 de noviembre de 1948). Dicha nota inició una larga lista de reclamos formales en los niveles provincial y nacional que nunca fueron respondidos”.

Pero aclara, poniendo nombre y apellido al despojo, que “entre quienes han usurpado nuestro

territorio la Compañía Tierras del Sur Argentino SA es la que más extensión ha ocupado, clausurando caminos vecinales que impiden la circulación necesaria para nuestra subsistencia y buen vivir. Esta compañía se ha negado sistemáticamente a dialogar para establecer acuerdos con la comunidad, desconociendo nuestra preexistencia”.

El primer kona Lof Newentuaiñ Iñchiñ remata la misiva aclarando que “para garantizar la vida en nuestros territorios es fundamental el cuidado del agua, la tierra y la biodiversidad. En ese sentido, le solicitamos que asuma políticas que defiendan nuestros territorios y bienes comunes del saqueo y la contaminación y que implemente la Consulta libre, previa e informada a nuestros pueblos. En la meseta estamos en resistencia, por el No a la megaminería y el sí a la vida”.

Celebrar lo sucedido y lo que sucederá

A pocos meses de haber recuperado el lugar, se iniciaron todos los preparativos para celebrar lo sucedido y lo que fuera a suceder. Apenas comenzó el mes de mayo se ultimaron detalles y fieles a su cultura, se fueron trazando los preparativos para iniciar una rogativa ancestral. Matilde y los suyos agradecieron y pidieron que las fuerzas de la naturaleza les asistieran. Antes del amanecer del 2 de mayo pasado, en ese recóndito lugar de la meseta chubutense, los protagonistas de la recuperación iniciaron el nguillatun para recibir el newen (fuerzas de la naturaleza), todos en semicírculos alrededor del rewe (lugar sagrado). Agradeciendo, a través de la ceremonia, lo sucedido y por lo que vaya a acontecer.

El campo donde está Matilde es parte de una recuperación aún mayor que comenzó enCosta del Lepa el 13 de julio de 2019, más precisamente a orilla de la Escuela N° 99. El edificio escolar lleva por nombre “Manuel y Zenón Antieco” en memoria de los dos hermanos que sobrevivieron a la matanza de Roca y la llamada Campaña del Desierto, que luego cobijaron en esos territorios a diversas familias mapuches.

Un mes más tarde, el 14 de agosto se desarrolló la recuperación en la zona de El Mayoco, allí donde Matilde y los suyos se reencuentran con sus ancestros.

Volver a ocupar el territorio no fue un acto que se efectuó de la noche a la mañana. Eusebio Antieco había notificado y advertido al particular que explotaba ese campo de las irregularidades que afrontaba su posesión. Pero los planteos nunca fueron respondidos. Entonces llegó la recuperación.

La historia de la región habla del despojo y la persecución a la que fueron sometidos los mapuches. Los reclamos tienen registro que vienen desde 1948, a pesar que desde el ’42 en la región se creó lo que se denominó la reserva indígena de la Colonia Gualjaina, que junto a la Colonia Cushamen fueron dos de los asentamientos más grandes de la región. Los reclamos por la restitución territorial figuran en expedientes de la Dirección de Tierras del Ministerio de Agricultura de la Nación.

Un territorio al que fueron a parar inclusive los desalojados de la reserva Nahuelpan en 1937, en cercanías de Esquel. El trabajo realizado por la doctora María Alma Tozzini (CONICET), permite reconstruir parte de esa historia negada. Convocada en el 2008 por la Oficina de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Ministerio Público de la Defensa de Esquel Tozzini coordinó una pericia interdisciplinaria en el marco del juicio por usurpación que un particular le seguía a un poblador indígena. Su trabajo fue clave.

Además de reconstruir el linaje de los Antieco, Tozzini puso en evidencia la presencia de los mapuches en ese corazón de la meseta. En el repaso de la documentación queda también en claro, por ejemplo, cómo por entonces (década del “40), la Compañía de Tierras del Sud Argentino operaba en Buenos Aires para que las personas desalojadas de Nahuelpan fueran reubicadas en Colonia Gualjaina y no en Colonia Cushamen. La Compañía temía que esas personas, ante la falta de tierras suficientes pusiera en juego las generosas extensiones que le había otorgado el Estado.

Lo cierto es que el 18 de mayo de 1942 el vicepresidente en ejercicio de la presidencia Ramón Antonio Castillo mediante decreto ordenó la reserva “con fines de utilidad pública con destino a la concentración de indígenas argentinos”. Así lo señala, de manera textual. Para ese fin se destinaron 74.432 hectáreas. “Hoy no llegan a 6 mil hectáreas las que son usufructuada por los mapuches. Hay un robo que se fue cobijando a lo largo del tiempo”, nos aclara Eusebio Antieco.

Ni siquiera la constitución del estado provincial trajo soluciones en ese sentido. Más bien las profundizó. La ausencia de políticas desde 1954 fueron una constante hasta nuestros días, teniendo al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento (IAC) como un actor fundamental en el despilfarro de tierras. Lo que ayer eran reservas o colonias indígenas, comenzaron a transformarse en tierras fiscales y luego en propiedades privadas.

Bajo el primer gobierno del fallecido Mario Das Neves hubo un intento de desalojo por parte del estado chubutese. La iniciativa allá por el 2003 del ex gobernador justicialista, que negaba la pre-existencia del pueblo mapuche en la zona de Costa de Lepa, no prosperó.

“Hemos gestionado ante todas las autoridades. Inclusive hasta con el actual gobernador Mariano Arcioni que anduvo por la zona inaugurando una parada de colectivo”, añade Eusebio Antieco. Es entonces cuando lanza un presagio y vaticina que “si el Estado no se pone los pantalones y empieza a impartir verdadera justicia esto será un descontrol cada vez más”.

El hombre, por cuyo ADN corren las guías genéticas que lo conducen hasta su bisabuelo Manuel Antieco, sostiene que “las comunidades somos olvidadas porque el mismo Estado nos tiene olvidado”.

Don Serafín Jofré se ahorcó y puso fin a su vida en el campo donde vio crecer parte de su familia. En esas mismas tierras descansan sus restos. Los terratenientes del lugar comenzaron una serie de aprietes por presuntas deudas que habría adquirido a partir de los pastajes (un término que ni siguiera figura en el diccionario de la RAE), pero que quizás explique la incapacidad para comprender que podían tener los paisanos frente al avance de foráneos que comenzaban a disputar el territorio a integrantes de los pueblos originarios. Así como las deudas generadas en los boliches por la compra de mercaderías, incluido el alcohol, se transformaron en posesiones de tierras por parte de los presuntos acreedores, “la deuda de pastaje”, fue en la misma sintonía. Al día de hoy existe, por ejemplo, confusión en cuanto a los contratos de pastaje o pastoreo. Lo acorralaron exigiéndoles animales y hectáreas. “Eran personas indigentes que no se sabían explicar”, rememora hoy su bisnieta Matilde.

El territorio de Don Serafín se extendía por más de 1200 hectáreas que se fueron perdiendo a partir del reclamo de aquellas presuntas deudas.

En el 2001 se había extendido un “Permiso Precario de Ocupación” a Oscar Bestene de las 650 hectáreas que formaban parte del territorio del mapuche que años atrás se había quitado la vida. Son esas tierras las que hoy vuelven a recuperar sus descendientes. El mismo terruño donde hoy descansan sus restos.

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

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La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años. 

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio  de contundencia, ignorado

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas
Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión. 

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”. 

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”. 

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género. 

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”. 

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló. 

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”. 

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder. 

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

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Séptima entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa de lavaca Lina Etchesuri.

Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

Ese jueves hacía 38 grados de calor pero parecían 43. El calor quemaba y picaba.

Faltaba el aire, el que había estaba caliente y la humedad pegoteaba.

El día que acompañé a la Ronda haciendo fotos para este proyecto, fui descubriendo imágenes a medida que los pasos y las sillas de ruedas daban vuelta como siempre, hace 2392 jueves.
La ronda siempre me emociona. Mucho. Las miro a las madres y veo proyectada las fotos de sus hijxs en su mirada, hacia delante, repitiendo Presente como un mantra de presencia y resistencia. Lxs veo a ellxs en imagen, mirando de frente en su juventud detenida. Veía a Elia, que ronda en silla de ruedas, con la foto de su hijo Hugo Meidan, desaparecido el 18 de febrero de 1977, hace 47 años, y pensaba si ese día hizo tanto calor, si la luz tenía esta misma inclemencia.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

En las rondas transcurre un tiempo extraño, persistente y atemporal. Las hermanas abrazan las fotos de sus desaparecidxs, gritan sus nombres con contundencia, caminan junto a las madres, junto a nosotrxs.

Transforman el tiempo y la imagen en un futuro posible.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Sobre Lina

Soy Lina Etchesuri. Fotógrafa, editora y docente

Soy parte de la cooperativa Lavaca desde hace más de 12 años donde hago todo lo que me describe y más. Me hace sentir muy orgullosa y feliz.

Estudié con Filiberto Muganini en el Rojas durante los 90s. Hice la carrera de fotógrafa en la Escuela de foto y artes visuales de Avellaneda, durante el 2001 y los años siguientes. 

Me seguí formando en talleres visuales con mi querida Julieta Escardó y muchxs más.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Viajé haciendo fotos durante algunos años: conocí al subcomandante Marcos y le saqué una foto en la que se está riendo. Estuve en Cisjordania, Palestina, durante 3 meses, viviendo retratando la vida bajo la ocupación. 

Junto con algunas personas y amigxs fundamos MAFIA en 2012, un colectivo de fotógrafxs que sigue hasta hoy.

Coordino talleres de foto e imagen.

Soy mamá de Fermin.

Y me encanta hacer todo lo que hago.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

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Nota

Un abrazo contra la motosierra

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Sin presupuesto actualizado (“cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2” informa el rector de la UBA) las universidades y los hospitales en “modo ahorro” deben cortar la luz, los ascensores, reducen cirugías, no tienen insumos. La imagen del Clínicas, uno de los más importantes del país: “Los pacientes se están quedando sin comida”. Hoy una gran concentración frente a ese hospital escuela simbolizó un abrazo en defensa de la salud y la educación pública, mientras el gobierno nacional juega a pelearse con las prepagas, y el de la Ciudad a subvencionar a quienes mandan a sus hijxs a colegios privados. ¿Qué pasa con lo público? ¿Cuándo comenzó el desastre? Distintas voces (directores de hospitales, rectores de universidades, trabajadorxs) relatan la realidad y los datos motosierra; la organización como única salida; y el canto “la UBA no se vende”, mientras la realidad, o los números, parecen indicar otra cosa.

Por Francisco Pandolfi

Un abrazo contra la motosierra

“Se defiende, la UBA se defiende”, fue uno de los hits / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Clarisa y Caetana acaban de salir de cursar dermatología. Clarisa tiene 24 años y lleva puesto un ambo azul marino. Caetana, de 23, uno verde oscuro. Son alumnas desde hace seis años de la Facultad de Medicina y hace tres caminan por los pasillos del Hospital de Clínicas, ya en la etapa de las prácticas. “Hace un rato terminamos una clase en la que no teníamos vendas”, dice Clarisa. Su compañera agrega: “El otro día, en un práctico, nos faltaba vaselina para curar las úlceras; sí, vaselina, probablemente el producto más básico y barato que se necesita”.

Alrededor de ellas hay una multitud, con ansias de visibilizar la gravedad de la situación.

Clarisa, Caetana y la marea contra el ajuste / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“Estamos funcionando al 30%”, comparte Marta, médica desde hace 38 años en el Clínicas.

“Los pacientes se están quedando sin comida”, cuenta Susana, auditora. 

“Soy empleado de limpieza del hospital, monotributista, trabajo cinco días por semana, siete horas por día y mi sueldo no supera los 150 mil pesos”, confiesa Diego Ruiz.

“Ya debimos reducir las cirugías y no atender a algunos pacientes”, expresa Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas.

“Estamos económicamente por debajo de un 80% sobre el presupuesto que deberíamos tener. Cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2”, precisa Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Un abrazo contra la motosierra

Susana Dionisio, y la esperanza que genera el juntarse / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tiempos de abrazos

“La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestro ejército”.

José de San Martín.

Al libertador de la patria se lo homenajea con su nombre en calles y avenidas; clubes deportivos, teatros y centros culturales; plazas y parques; hospitales y universidades.

Y también en un hospital-escuela: el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y dedicado a tres ejes clave para el desarrollo de cualquier sociedad: la asistencia, la docencia y la investigación.

Son tiempos de clases abiertas; de paros y movilizaciones; de una marcha nacional universitaria a realizarse el próximo martes 23 de abril. Son tiempos de contar en cuántos meses y en cuántos días las universidades se quedarían sin presupuesto hasta cerrar sus puertas.

Son tiempos de abrazos.

Uno de ellos se forma con un montón de brazos, este jueves por la mañana, en la puerta del Hospital de Clínicas. Médicos, docentes y no docentes, estudiantes, le brindan un espaldarazo simbólico al Hospital de Clínicas, ubicado en el límite de los barrios porteños de Recoleta y Balvanera. Sobre la Avenida Córdoba, miles de personas se reúnen en la puerta principal para reclamar por el recorte presupuestario en todas las universidades del país, y en particular de las universidades escuelas.

Hay equipo en el Hospital de Clínicas /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Los cuerpos aplauden. Están vestidos con guardapolvo blanco; con ambos celestes y azules; con chaquetas bordós y verdes. De fondo, un telón negro enorme sirve de súplica para estos momentos. Es un ruego a la sociedad toda; y una exigencia, también, puertas adentro: “Defendamos la UBA”. Delante de la banderota se sostienen grandes letras blancas, hechas con cartulina, a mano, a pulmón, a necesidad de que el reclamo se vea un poco más. “La salud se defiende”, se lee, mientras se canta al unísono: “No se vende, la patria no se vende”. Minutos después, se cambia sólo una palabra: “No se vende, la UBA no se vende”.

Pero la realidad no parece indicar lo mismo. 

Problemas de fondos

Luego del abrazo, se rodea al hospital y en otra de las puertas de la institución, sobre la calle Paraguay, se lleva a cabo una conferencia de prensa. Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas, va al hueso: “Ya tuvimos que optimizar los recursos, que son insuficientes; no podemos comprar insumos, ni hacer transferencias porque no hay licitaciones de presupuesto que avalen las compras. Mientras, tenemos un montón de pacientes internados”. Sigue: “Es muy difícil no usar la luz en un hospital; no usar los ascensores cuando los pacientes necesitan usarlo… Lo mismo pasa con la calefacción. El año pasado estábamos orgullosos de haber comprado y cambiado la caldera, y este año no sabemos si va a funcionar, porque el modo de ahorro va a estar en el gas, en la luz, en todo”.

Le cambia la cara. Se tensa, aún más. “Poner a un hospital en modo ahorro es una agresión al médico. Es muy difícil mi lugar, el tener que decirle a mis colegas si pueden atender o no a alguien. No estamos haciendo una buena medicina con estas cosas”.

Un abrazo contra la motosierra

Marcelo Melo y Ricardo Gelpi en conferencia de prensa /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

A su lado está el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acompañado por el Secretario de Hacienda Matías Ruiz. Juntos, definen lo terrible: “La UBA tiene dos partes principales en las que se divide el presupuesto. Una es la salarial, que consume entre el 85% y el 90%; y después está el gasto de funcionamiento, que consume entre el 10 y el 15%”. Desmenuzan: “En lo salarial hubo un recorte en términos reales ajustado por inflación del 35%, lo que significa que si en noviembre un docente o un trabajador cobraba 100 pesos, hoy cobra 65”. 

Sobre los gastos para el funcionamiento: “Lo dividimos en salud y en educación. En educación este año las partidas arrancaron congeladas al presupuesto del año 2023; hubo una actualización parcial del 70% desde marzo; pero en términos interanuales eso significa un 58% de actualización, comparado con una inflación de casi un 300% interanual. Por el lado de la salud, empezamos el año sin presupuesto, ya que la partida devengada del año 2023 no había sido asignada hasta esta semana”.

Tomar la calle en defensa propia / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Peligro de cierre

¿La partida ya firmada –pero aún no depositada–, es un remedio? “No, para los hospitales universitarios será de la misma magnitud nominal del año pasado. O sea, no es una actualización, ni un incremento”. Subraya el rector: “Estas partidas no están ajustadas por inflación, lo que significa que sólo podrán estirar un tiempo esta situación, pero estamos lejos de estar conformes. Si se mantiene esa partida, podremos funcionar como venimos dos o tres meses más. Y después, así las cosas, la UBA cierra, porque si no hay plata, no hay plata”.

El Secretario de Hacienda suma un dato, que agudiza el cuadro: “El pago de la energía eléctrica en el último año se multiplicó por siete. Y si comparamos con febrero de este año, sólo los últimos dos meses, se multiplicó por cuatro”. Y ejemplifica con una cuenta que no cierra: “El crecimiento del gasto, sumado a las partidas congeladas, hace que crezca más rápido el gasto que tenemos la universidades y empeorando cada vez más el funcionamiento”. 

Un abrazo contra la motosierra

La educación, la salud y la ciencia, en juego; en venta / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“El mal funcionamiento es de hace años”

La falta de recursos no empezó en la era Milei. Marta, médica desde hace 38 abriles, describe: “El mal funcionamiento viene de años, como consecuencia de malas administraciones anteriores. Y ahora, este recorte presupuestario es el tiro de gracia”. ¿En qué se venía mal? “De 12 quirófanos funcionan 5 y hay numerosas salas cerradas; cada vez se va achicando más la estructura, deteriorando y no hay presupuesto para mantenerlo”. 

Clarisa, alumna, añade: “El edificio tiene un montón de falencias, es muchísima la cantidad de arreglos que harían falta y esto viene desde hace años. Con este recorte, el único futuro que veo es que se caigan las paredes… Me da mucho miedo e impotencia”.

Florencia trabaja hace 10 años y el amor que siente por la entidad viene de familia: “Mi mamá trabajó ahí; mis dos hijos fueron a ese jardín; le salvaron la vida dos veces a mi mejor amiga; curaron a mi papá, a mi abuela”.

Admite que el hospital “siempre tuvo pocos recursos; siempre hubo carencia de insumos”. Profundiza: “La situación no viene bien hace mucho; las personas que deben hacer el presupuesto no valoran la calidad humana ni la cantidad de atenciones que se realizan por día. El hospital siempre tuvo lo básico, y en muchas oportunidades debimos conseguir insumos por fuera, siempre tardó en llegar el material que se necesitaba”.

Carteles, ruido, sonrisas: estrategias contra el recorte / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Orgullo nacional 

El Hospital de Clínicas es considerado uno de los hospitales más importantes de la Argentina y de América Latina. Se fundó en 1881 y allí se realizaron varios procedimientos por primera vez. Algunos hitos que nacieron entre sus paredes que hoy yacen descascaradas: la aplicación de la insulina, el cateterismo cardíaco, las residencias médicas, las punciones de riñón, las operaciones filmadas. Dice la médica y hoy auditora Susana Dionisio: “En este hospital se formaron la mayor parte de los médicos de renombre que hay en toda la medicina prepaga”. Suma otro caso testigo: “Hay que acordarse de acontecimientos como el de la AMIA, cuando sucedió el atentado este hospital recibió a la mayoría de los heridos, y fue gracias a este hospital que se salvó a muchísima gente. Entonces, podés hacer un comité de crisis, pero si al mismo tiempo desfinanciás a la educación, está muy mal. El presidente se merece un juicio político y la oposición tiene que pararse y ser una oposición real, sino perdemos la democracia”.

Marta Cora Eliseht es médica de obstetricia del hospital de Clínicas y docente de la Facultad de Medicina. “El Clínicas es fundamental, un orgullo nacional; no sólo cumple funciones asistenciales, sino también de docencia en áreas de pregrado y postgrado; esta es la sede de infinidad de carreras. Somos especialistas en obstetricia y atendemos muchos embarazos de alto riesgo, casos que no se atienden en otros lados”. 

Un abrazo contra la motosierra

Marta es médica en el Clínicas desde hace 38 años /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

En el hospital trabajan más de 3.200 empleados y se atienden alrededor de 365 mil personas al año. En lo educacional, cursan por año cerca de 1500 alumnos. “Hay cinco cátedras y estudiamos 300 personas promedio en cada una. Este es el hospital escuela más grande del país”, explican Clarisa y Caetana, estudiantes de medicina. 

Las palabras de Sofía, que integra la comisión interna, laten: “El hospital-escuela literalmente es el corazón de la UBA, donde se retroalimenta la ciencia, la investigación, la educación, pero sobre todas las cosas la salud pública, con todo lo que conlleva ese concepto de gratuidad e inclusión. Queremos seguir brindando la atención de calidad a los y las pacientes, pero sobre todas las cosas contar con un financiamiento que nos permita que nuestra casa, como así consideramos al hospital, siga funcionando. No queremos tener el privilegio de pisar la UBA, sino el derecho de seguir en ella”.

Un abrazo contra la motosierra

Una que pedimos (casi) todxs /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Un dolor inenarrable

El hit se vuelve a cambiar: “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode se jode”, se vocifera con angustia y con firmeza, en un clamor popular que hiela la sangre. Las y los laburantes le dan magnitud al problema. La obstetra Marta Cora Eliseht dice: “En el sector no tenemos espéculos, vidrios para hacer papanicolaou, guantes, gasas, algodón, lo básico. Los profesionales de la salud estamos intentando conseguir donaciones de entidades privadas para suplir las faltas”. Sintetiza: “Estamos sufriendo un ataque artero a la universidad pública”.

Susana Dionisio es médica desde hace 49 años. Quince los trabajó en el Clínicas, donde ahora es auditora. “Sentimos un dolor que no se puede narrar. Los pacientes se están quedando sin comida y solidariamente se intenta ayudar entre sindicatos, médicos y administrativos, pero los insumos médicos no los podemos comprar. Ya se está cortando la luz a cierta hora, no se puede creer”. 

Un abrazo contra la motosierra

La potencia de Elsa Carrizo, la potencia de lo colectivo /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Elsa Carrizo es delegada general de la comisión interna del Hospital de Clínicas. Tiene puesto un guardapolvo blanco, que lleva el logo de la institución. Se lee: “Fundado en 1881”. Dice: “Trabajamos con obras sociales, pero es impresionante la cantidad de gente sin obra social que viene, alcanza con ver las colas que se forman a la mañana. Ya no tenemos insumos ni para el mantenimiento, ¿con qué vamos a limpiar? Hay un combo de muchísimas necesidades en el hospital”.

“Últimamente no nos estuvieron entregando secadores”, detalla Diego Ruiz, empleado de maestranza. Cobra menos de 150 mil pesos por mes y sólo el monotributo para facturar (no está en planta permanente) le cuesta alrededor de 18 mil. “Estamos en una situación de mierda, personalmente para mí es imposible llegar a fin de mes”.

Un abrazo contra la motosierra

Diego cobra menos de $150 mil por mes. Y no es una joda / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tomás trabaja en el área de personal hace 5 años y es delegado de la comisión interna. “No hay paritarias y los sueldos quedan muy bajos. Tenemos poco más de 300 contratos que salen del bolsillo del hospital y son los que más corren peligro. Estamos hace un par de meses sin aumento y no hay respuesta del gobierno ni comunicación. Estamos estancados, no da para más”.

Carolina Nadal es empleada desde hace 30 años. Hoy es la jefa del departamento de Trabajo Social. “El presupuesto que se está ejecutando es el del año pasado y esto es inviable en términos de sostenimiento, de todo lo que se necesita para que funcione el hospital de manera integral. El gobierno va a tener que responder de una manera diferente a la que está respondiendo ahora. Siento mucha bronca e indignación, pero al mismo tiempo tengo la esperanza de que en las calles, con la resistencia, haya otro desenlace que no sea cerrar las puertas”.

“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

José de San Martín.

Clases abiertas, presupuestos cerrados / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

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