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Informe Alerta Argentina. La política de seguridad ciudadana. Caso testigo: la ciudad de Córdoba

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La ciudad de Córdoba constituye un espacio en el cual, al igual que en el resto del país, la problemática de la seguridad ocupa un lugar central en el debate público. La política de seguridad puede ser leída como uno de los ejes de planificación de la política pública del gobernador José Manuel De la Sota: la criminalización de la pobreza y la limpieza de la ciudad, a través de la relocalización de villas (presentados como creación de viviendas), el aumento exponencial del presupuesto policial y la creación del cuerpo especial de la Policía denominado Comando de Acción Preventiva.
Este informe se concentra en el accionar de las dos fuerzas de seguridad de la Provincia, la Policía y el Servicio Penitenciario a través de la presentación de dos líneas de trabajo que se vienen desarrollando en la ciudad por un conjunto de organizaciones sociales: la situación carcelaria en Córdoba, a través del caso del Motín en el Penal de San Martín en febrero de 2005; y la multiplicación de detenciones arbi-trarias a partir del uso de un Código de Faltas que vulnera derechos constitucionales básicos y permite un uso discrecional por parte de la policía de la provincia en función de la política de Seguridad. El importante aumento de presupuesto policial y de la implementación de una política fuer-temente represiva sobre los pobres, culmina en la elaboración de una Nueva ley de Seguridad que no contempla derechos básicos de los ciudadanos y profundiza la represión, marginación y estigmatización sobre los pobres, naturalizando la relación entre pobreza y delito.
La política de seguridad, elaborada con el asesoramiento del Manhattan Institute, sigue las pautas de la doctrina de la Tolerancia 0: una política que apunta al delito callejero, entendido como reflejo de la “corrupción moral” de una sociedad. De allí que reclame la intensificación del castigo al pequeño delito y a las infracciones menores. Estas políticas profundizan la selectividad del sistema penal, es decir, el hecho de que son los pobres quienes hoy llenan las cárceles de Córdoba. Al disociarse las causas estructurales que originan el delito, son los pobres quienes permanentemente son clientes de la Justicia por delitos menores.
La traducción de esta política a la política policial quedó clara en las denuncias publicadas por el diario La Mañana de Córdoba, donde aparecen las detenciones arbitrarias como condición para demostrar la “eficiencia” de la institución policial. “Por primera vez, policías admiten que hay órdenes expresas de “levantar a gente en las calles para abultar las estadísticas internas. La exigencia mínima es lograr de cinco a siete “contraventores” por patrulla y por turnos. Los que no cumplen, son sancionados con más horas de trabajo” . Las cifras de las estadísticas policiales hablan de la multiplicación de las detenciones por contravención en los últimos 3 años. Durante la primer mitad del año 2005 se realizaron 8.978 detenciones a través del Código de Faltas, mientras que en el año anterior, completo, se registraron 5.201 .
Esta situación, que multiplica el número de personas detenidas, junto al desen-tendimiento del Estado respecto de su responsabilidad sobre las condiciones y situación de quienes están presos -como parte de la sistemática política de implementación del neoliberalismo durante los ´90- ha sido clave para comprender el estallido que significó la rebelión del Penal de San Martín durante el mes de febrero de este año. Las condiciones de extremo hacinamiento , la vulneración de derechos básicos de quienes están presos a través del incumplimiento de la Ley Nº 24660, entre otras causas, desencadenaron uno de los hechos más importantes en la historia de la institución penitenciaria en la provincia.
En este marco, la respuesta del Gobernador de la Provincia dejó planteada con claridad su idea respecto de los problemas vinculados a la situación carcelaria y al lugar de la cárcel en la sociedad. En declaraciones del 10 de febrero, a horas de iniciado el motín, dijo: “El que va preso en Estados Unidos no tiene ningún derecho. Los presos son presos, no tienen visitas sexuales como en Argentina, o teléfonos públicos que algunos utilizan para hacer secuestros virtuales. Esa no es la rigurosidad que hay en Argentina en virtud de que nuestro país adhirió al Pacto de San José de Costa Rica”, y remató: “El Pacto de San José de Costa Rica les concede algunos derechos que les dan algún margen de maniobra.” De este modo, el respeto de los derechos humanos es un problema para la política penal en la provincia, derechos que a su parecer son sólo para algunos: “Soy el Gobernador de todos los cordobeses, y lo soy para garantizar los derechos humanos de los que trabajan, de las familias, de los decentes.”
El Motín del 10 de febrero en el Penal de San Martín:
Las imágenes del Motín recorrieron el país, sin que existan demasiadas claves para comprender cuáles fueron los hechos, las causas y las consecuencias de la toma del Penal por más de 24 horas, en la que los presos tuvieron el control del establecimiento, de las armas del Servicio Penitenciario y donde las muertes que se registraron se produjeron afuera del Penal por parte de la Policía .
La situación previa: superpoblación carcelaria, condiciones de vida en el Penal e incumplimiento de la Ley Nacional Nº 24660.
Teniendo en cuenta la población penitenciaria del país en Diciembre de 2004, la Provincia de Córdoba ocupaba el tercer puesto con respecto a la cantidad de personas presas: 5.661. Superada sólo por el Servicio Peniten-ciario de la Provincia de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal.
Según las estadísticas del propio Servicio Penitenciario Córdoba (SPC) en mayo de 2005 había en toda la provincia una población penitenciaria total de 5.823 personas alojadas en estable-cimientos que tenían una capacidad total para albergar a 3.432 detenidos. En el caso del establecimiento penitenciario N° 2 de San Martín (Condenados, varones mayores de la capital) había 1.621 personas en un establecimiento que el SPC declara que tiene una capacidad real para alojar 850 personas . Esto representa para este establecimiento una sobrepoblación del 91%.
Según estos datos, en Córdoba existían en 2005, 5.823 presos alojados en cárceles que tienen una capacidad real de 3.432 plazas, existiendo en consecuencia una sobrepoblación de 2.391 internos. Los datos oficiales señalan que la situación de hacinamiento varía según el establecimiento, pero en general se puede observar una sobrepoblación del 70%. Las diferencias entre establecimientos también mere-cerían una lectura más profunda. Aquí no intentaremos realizar esta lectura, sólo nos limitaremos a señalar que los dos únicos establecimientos donde no se verifica sobrepoblación, corresponden a las unidades con modalidades menos coercitivas de detención: el estable-cimiento de semilibertad (EP 9) y el establecimiento abierto (EP 4).
Ni siquiera la moderna cárcel de Bouwer (donde se alojan los procesados) escapa a los problemas de sobrepoblación: en esta cárcel “modelo” ya se han construido camas cuchetas en espacios diseñados para alojar una sola persona.
Es de destacar que la edad promedio de las personas detenidas en las cárceles de Córdoba es de entre 23 y 27 años. El 95% son hombres y el 90% tenía residencia urbana al momento de su detención. El 88% de estas personas estaba desocupada o era trabajador de tiempo parcial (la mayoría changas) al momento de su ingreso a prisión. Con relación al nivel de instrucción, el 6% de los presos de la provincia son anal-fabetos, el 30 % no han finalizado la escuela primaria y el 40 % sólo ha logrado completar el nivel primario de escolaridad.
El 52% está condenado y el 48% de los presos no ha recibido aún condena. Entre los condenados el 59% es al primera vez que cumplen una condena.
Sin embargo el problema del hacina-miento no es el único que existía en el penal antes de la revuelta de los presos. Es, sí, el más visible y el más obvio, pero quizá no el más grave. A la situación de hacinamiento y condiciones de inhabitabilidad absoluta de las instala-ciones de la cárcel, hay que sumar la situación de incumplimiento sistemático de la ley y por ende de violación sistemática de derechos de los presos.
– El derecho al trabajo: el régimen laboral del penal no garantiza lo establecido por la Ley de Ejecución Penal para el tratamiento criminológico. La retri-bución salarial se encontraba entre los $21 a $50 por trabajos que van de 10 a 40 horas semanales; sólo existían alrede-dor de 300 puestos de trabajo para 1.636 reclusos, relacionados en su mayoría con tareas direc-tamente vinculadas al funcionamiento del estableci-miento penal (fajina, manteni-miento, limpieza) o con la atención de empleados y jefes de unidad (casina y cantina de los jefes). Es necesario destacar que la mayoría de los puestos de trabajo no están relacionados con las posibilidades laborales posteriores a la liberación.
– Inexistencia de Jueces de Ejecución: en la provincia de Córdoba no se ha implementado hasta la fecha la figura del Juez de Ejecución, cuya tarea es el control judicial de las condiciones en que se ejecutan las penas privativas de la libertad, alegando razones presupuestarias. Esta situación favorece las condiciones de ilegalidad y violación de derechos fundamentales que se vivía en el Penal antes del 10 de febrero (y que continúa), y se agudiza por la ausencia de control judicial de la ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
– La inconstitucionalidad de la (in) adecuación de la legislación provincial a la Ley nacional: la legislación vigente en Córdoba – que corresponde a la reglamen-tación de la Ley nacional Nº24660 que debían realizar las provin-cias- a pesar de la declaración de intenciones se aparta sustancial-mente de la misma, violando la jerarquía de leyes contemplada en la Constitución Nacional. Es así que deroga los capítulos 7 y 16 de la Ley Nacional, referidos al Trabajo y al Personal Peniten-ciario respectivamente. Esta derogación se realiza a través de un decreto del Poder Ejecutivo Provincial (1293/00) que también en sus anexos excede lo legis-lado a nivel nacional en materia disciplinaria a través de la introducción de sanciones no establecidas en la Ley, estable-ciendo una correlación entre faltas y sanciones que viola de modo explícito el principio de legalidad establecido en la Constitución Nacional.
El Motín:
La lectura que se hace respecto de lo sucedido en el Penal de Barrio San Martín es que no fue un motín organizado por los presos. La rebelión del 10 de Febrero cobró fuerza como una forma de denuncia pública y un reclamo explícito a la sociedad en su conjunto para que, como sociedad, conozca lo que sucede en el interior de la cárcel y se haga cargo de su responsabilidad al respecto.
Fue, sin duda alguna, un auténtico caso de ejercicio del derecho de resistencia ante la violación sistemática de derechos humanos de un sector de la sociedad que cotidianamente se ve vulnerado en los derechos más fundamentales de cualquier ciudadano de un Estado democrático.
Queremos destacar que las 8 muertes provocadas (5 reclusos, 2 guardia- cárceles y 1 policía) durante el Motín, se produjeron afuera del Penal, situación que da cuenta de la respuesta del Gobierno provincial a la situación.
La respuesta del Estado provincial
“No vamos a responder críticas infundadas; tenemos en claro lo que debemos hacer y lo estamos haciendo. Por eso estamos construyendo más cárceles que nadie.”
José Manuel De la Sota, 15 de febrero de 2005
Una vez desatada la rebelión el gobierno de la Provincia manejó la situación con total hermetismo, que se manifestó en el silencio y la falta de apertura al diálogo y a los ofrecimientos de diversos sectores de la sociedad para mediar en el conflicto por parte del Comité de Crisis que se constituyó a los pocos minutos del estallido. Frente al intento de los presos y de quienes intentaban mediar en el conflicto para lograr una salida pacífica y evitar la muerte de personas, el Gobernador dio a la policía la orden de “Tirar a matar”- como él mismo confirmó en una entrevista con Cadena 3-, provocando la muerte de 5 reclusos, 2 guardiacárceles y 1 policía de la provincia de las que el Gobernador De la Sota es directamente responsable.
En esa misma entrevista radial el Gobernador hizo declaraciones que dan cuenta de lo peligroso de su concepción restrictiva de los derechos humanos y la ciudadanía, desconociendo y cuestionando el Pacto de San José de Costa Rica incorporado con jerarquía constitucional en la Reforma de1994. En esa oportunidad señaló: “Soy el Gobernador de todos los cordobeses, y lo soy para garantizar los derechos humanos de los que trabajan, de las familias, de los decentes.” “No vamos a responder críticas infundadas; tenemos en claro lo que debemos hacer y lo estamos haciendo. Por eso estamos construyendo más cárceles que nadie.”
Queda claro, a partir de las declara-ciones del gobernador que la respuesta del Estado frente al reclamo de los presos por el estado de ilegalidad y violación sistemática de sus derechos, es sólo más cárceles y la negación de su calidad de ciudadanos y sujetos portadores de derechos.
En el ámbito de la Legislatura Provincial, se solicitó la interpelación del Ministro de Seguridad Carlos Alessandri para que diera cuenta de lo sucedido en el penal. Esta interpelación no pudo realizarse por la decisión del bloque de Legisladores de Unión por Córdoba de no someter a ningún ministro del ejecutivo a un procedimiento de este tipo.
Por otro lado se apartó de sus cargos a la anterior Jefa del Servicio Penitenciario, Lic. Graciela Lucientes de Funes, y al anterior Director del Penal de Barrio San Martín, Daniel Corso. Además se decidió la intervención del SPC designando interventor del mismo al Crio. My. Ricardo Bonaldi . Hasta la fecha, no se conocen los alcances de la intervención. Sólo se hizo pública la efectivización de 787 empleados penitenciarios que se encontraban en situación de contratados.
En el interior de la Penitenciaría, la respuesta ha sido la instalación de más rejas y el aumento de las restricciones y los controles para las salidas del pabellón. Los talleres de industria no se han vuelto a abrir; la panadería ha sido desmantelada y algunas versiones indican que no volverá a ser puesta en funcionamiento.
La respuesta de la Justicia
La investigación está a cargo del fiscal de instrucción Javier Paradaude, quien públicamente ratificó su decisión de investigar primero las causas de las muertes de los agentes de seguridad para luego pasar a investigar las causas de las muertes de los presos. El resultado de la misma lleva a la fecha la suma de 160 presos imputados por privación ilegítima de la libertad y/o robo calificado.
No hay ningún agente de seguridad imputado, a pesar de que se ha comprobado que, al menos, el guardiacárcel que iba en el camión es asesinado por balas de la Policía de la Provincia, en un acto de represión inne-cesario y alevoso, ya que no era imprescindible tirar a matar para impedir una fuga.
Además queremos resaltar que aún no hay resultados de la investigación por la muerte de 5 presos. Por el contrario, cuando la fiscalía solicita el archivo de la causa por la muerte del guardiacárcel Abregú, pide que se archive “el suceso histórico”, suceso donde también murie-ron los reclusos. De este modo, queda clara su intención de no investigar la muerte de las otras 5 personas que murieron asesinadas en el mismo hecho.
Hasta ahora, la única causa donde se ha avanzado en la investigación tiene que ver con las denuncias concretas realizadas por vejaciones, tratos degradantes, apremios ilegales durante los sucesos de febrero en contra de los presos Esta es la única causa donde se ha avanzado en la investigación y la justicia estaría en condiciones de imputar por las torturas y vejaciones a que fueron sometidos los reclusos a un grupo de efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba (que cumplen funciones en la Alcaidía de Barrio Güemes) y del Servicio Penitenciario Córdoba.
Dentro de la justicia cordobesa el único magistrado que se hizo presente para verificar e interiorizarse del estado de los presos fue un camarista federal que se presentó en el penal para constatar la situación de los presos por causas federales. Al salir de la penitenciaría, el Dr. Pérez Villalobos realizó declara-ciones públicas absolutamente críticas y casi denunciantes sobre el estado deplorable en que se encontraban la población carcelaria y el propio edificio.
Recién dos meses después se presen-taron a requerimiento de los presos los jueces de cámara provincial, circuns-cribiéndose a sólo a recibir declaraciones testimoniales en oficinas sin ni siquiera recorrer algún pabellón para verificar el estado de los mismos, aduciendo causas de seguridad.
Nos interesa destacar cómo tanto las declaraciones del gobernador de la provincia, así como el ejercicio concreto del Poder Legislativo, su sostienen en una concepción de los presos como ciudadanos sin derechos, ya que para ellos no existe posibilidad de acceder a la Justicia.
Por otra parte, tal como se plante en la presentación del HABEAS CORPUS COLECTIVO CORRECTIVO el 11 de agosto de 2005 (Presentado por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), las condiciones de detención de los presos no sólo no han mejorado sino que han empeorado. A través de este recurso se solicita a la justicia que investigue si las condiciones de detención en las cárceles superpobladas de la provincia (4 o más personas en una celda de 2x3m, sin comida suficiente, sin asistencia médica, sin educación, sin trabajo, sin baños, en un ambiente de violencia cotidiana, entre otras cosas) son acordes a lo estable-cido por la legislación nacional e inter-nacional y los principios de dignidad y humanidad. Este recurso aún no ha sido resuelto por la justicia cordobesa a pesar de haber un antecedente directo en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para un recurso similar presentado por la situación de los detenidos en la Provincia de Buenos Aires.
Frente a la complejidad de la proble-mática, la única respuesta conseguida ha sido la duplicación de las rejas antimotines en el Penal de San Martín y la construcción de más cárceles.
Se ha solicitado a lo largo de todo el año 2005 que se permita el ingreso de organizaciones de la sociedad civil y organismos de Derechos Humanos a los lugares de detención de personas para verificar el estado de los mismos y poder conversar con los detenidos a cerca de las condiciones en que viven. El Gobierno de la Provincia de Córdoba se ha negado sistemáticamente a autorizar estas visitas, sin dar explicaciones del porqué de su negativa.
Criminalización de la pobreza: Detenciones Arbitrarias y uso discrecional del Código de Faltas.
“Te obligan a detener a cualquiera, a cinco personas por día y por patrulla. Nosotros sabemos que le estamos jodiendo la vida, pero de eso depende que te puedas ir a tu casa luego de hacer las 17 horas de guardia. Vos sabés que el tipo no hizo nada, pero en ese momento sólo pensás en que no te recarguen”, Raúl, cabo del Distrito 3 .
Tal como planteábamos al principio de este informe, el gobierno de la Provincia de Córdoba se adelantó a los reclamos por mayor seguridad que tomaron su punto cúlmine con las manifestaciones de J. C. Blumberg, ya que los lineamien-tos de esta política de seguridad están esbozados desde el principio del segun-do mandato del Gob. De la Sota con la creación de la denominada “Red Vida”. La erradicación de villas, el barrido de los sujetos potencialmente peligrosos de las zonas públicas simbólicamente recono-cidas (lugares céntricos, barrios cotizados, plazas o parques) supone a la vez el barrido de derechos civiles y de la tarea niveladora del Estado en lo que respecta a la tarea social con grupos sociales precarizados, mientras se trabaja para el reposicionamiento de intereses económicos ligados a sectores con importante capacidad de inversión de capital , especialmente vinculados al mercado inmobiliario.
Esta suerte de problematización (Castel, 1995) de lo delictual ha puesto su acento en la “seguridad ciudadana”, concibiendo a ésta “siempre y solamente en relación con los lugares públicos y de visibilidad pública o con relación a un pequeño número de delitos que entran en la así llamada criminalidad tradicional (sobre todo agresiones con violencia física a la persona y al patrimonio), que están en el sentido común y son dominantes en la alarma social y en el miedo a la criminalidad” . Esta afirmación, remite a reconocer cómo se fue abandonando una concepción de la seguridad que tenga en cuenta la provisión de garantías de derechos y de reaseguros sociales de toda la población, a toda persona que viva en un territorio, cualquiera sea, y por supuesto también la posibilidad de transitar sin riesgos de ser víctimas de diferentes presiones de la violencia en los espacios urbanos.
Es en este sentido en que nos interesa trabajar una lectura de la multiplicación de casos de detenciones arbitrarias que sufre en particular la población joven de los barrios periféricos de la ciudad de Córdoba a través de la aplicación del Código de Faltas; sobre todo, a través del uso de la figura del merodeo, que constituye un 78% de las detenciones por contravenciones.
La aplicación de esta figura del Código de Faltas de la mano de la política de seguridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba genera mayor cantidad de arrestos y privaciones de libertad que las detenciones por la imputación de delitos.
El antecedente inmediato es la Ley 6392, de 1980, dictada durante el gobierno de facto del Gral. de Brigada Adolfo Sigwald, en consulta con el entonces Ministro del Interior Gral. Albano Harguindegui. En particular, la figura del merodeo se establece en la ley provincial Nº 7462 del año 1987, como artículo 45 bis y encuentra su antecedente más remoto en un edicto policial dictado el 28 de enero de 1869 por el jefe de la Policía de Córdoba.
En los casos de aplicación del Código de Faltas provincial, la policía es la encargada tanto de efectuar la detención como de investigar, acusar, y juzgar la falta cometida. Esta facultad policial, constituye un importante dispositivo de control, ya que “en los hechos es el poder policial el que maneja y gestiona la (in)seguridad ciudadana (Ferrajoli, 1989) y no como se cree, esa institución subordinada a la Justicia” . Con esta práctica se desconoce un principio básico del Estado de Derecho, ya que al recaer sobre la misma persona e institución la potestad de acusar y juzgar, desaparece la división de funciones que se establece como una garantía para el ciudadano y como un límite para el ejercicio de poder por parte de los funcionarios.
Nos interesa destacar que las conductas tipificadas en el citado Código son sumamente difusas, vagas e imprecisas sin que se detalle en forma clara y precisa la acción ilícita, es decir, el daño concreto provocado. Esto implica una violación al principio de legalidad que exige una descripción precisa de las conductas que la ley prohíbe. La mayoría de las mismas se focalizan en la descripción de condiciones de vida de las personas, tales como la “vagancia”, la “mendicidad”, “la prostitución” o normas de civilidad tales como desórdenes en la vía pública, o falta de respeto a las mujeres .
De este modo, la aplicación de las normas contravencionales constituye en la práctica el ejercicio de una política de control, selectiva y arbitraria en manos de la agencia policial, de la mano de una política de seguridad represiva pensada y puesta en práctica desde la redacción misma del Código de Faltas y sus posteriores modificaciones. Cabe señalar que la última modificación fue realizada por pedido del Gobernador De la Sota, y prevé entre otras cosas, que la pena de arresto pueda extenderse hasta 90 días en algunos casos, ampliando el límite legal de detenciones por contraven- ciones.
Observaciones sobre el Código de Faltas de la Provincia de Córdoba.
En el Código de Faltas se encuentran vulnerados principios y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución, tanto Nacional como Provincial, así como en los tratados internacionales de Derechos Humanos.
– La inconstitucionalidad surge de la violación de las garantías básicas de la Constitución nacional previstas en el Art 18: privación de la libertad sólo con orden judicial, inviolabilidad de la defensa en juicio, condena de privación de libertad sólo como consecuencia de un juicio previo regular y legal con la intervención de un juez.
– El procedimiento Contravencional mutila la acción de la Justicia en el proceso de detención de una persona, ya que otorga al Jefe de Policía la autoridad de “dictar sentencia” contra un presunto contraventor y sólo interviene la justicia en el caso en que el detenido “conozca su derecho” a apelar ante el juez de faltas, para lo cual tiene un exiguo plazo de 48 horas. a quien no otorga el recurso de apelación a la Justicia.
– El Código de Faltas plantea una Justicia Contravencional que reproduce la lógica de la Justicia Penal, con la diferencia de que es implementada por personal policial sin ninguna formación jurídica. Así, su única respuesta es la sanción punitiva centrada en el arresto, cuando se supone que se caracteriza por ser una sanción que debe ser aplicada como último recurso o de estricta necesidad, recurriendo a este tipo de pena de manera discrecional e ilimitada.
– La prueba que demuestra la falta se limita por lo general a las declaraciones de los propios agentes que realizaron la deten-ción. Estas declaraciones debe-rían valorarse con particular cui-dado ya que los policías están obligados, en su propio interés, a justificar su conducta.
De este modo, el supuesto contraventor se enfrenta a un poder total que lo detiene, declara y reúne la prueba en su contra, sostiene la acusación y establece la pena. La suma de las funciones de acusar y juzgar en un mismo órgano vulnera de manera flagrante los princi-pios constitucionales de independencia e imparcialidad y viola, por ende, el derecho del contraventor de obtener una sentencia justa.
En particular, en lo que hace a la figura de merodeo, es necesario destacar que:
– La incorporación de una presunción de sospecha delictiva que autorice la intervención policial por un supuesto “estado de peligrosidad” del contraventor contradice la propia Constitución Nacional y diferentes Tratados Internacionales.
– A diferencia de lo que sucede en nuestro Código de Faltas, el comportamiento punible debe estar perfectamente determinado en forma previa y de manera válida general, de manera que la sanción no quede sólo en el arbitrio de los agentes estatales.
– El merodeo sin motivo -esto es, el simple ejercicio del derecho a la libertad ambulatoria- se plantea en los siguientes términos: “en forma susceptible de causar alarma o inquietud a quienes estuvieren en esos lugares” .
– Una característica común de muchas de las figuras contravenciones de la que el merodeo es ejemplificadora, consiste en sancionar compor-tamientos no por el peligro o daño que el comportamiento acarrea en sí mismo, sino por la impresión -el juicio subjetivo- que el comportamiento provoca en terceras personas.
La política policial: engrosar las estadísticas.
En una provincia en la que existe una estructura policial específicamente destinada a la vigilancia de las zonas más pobres y de menor acceso a derechos básicos, como el Comando de Acción Preventiva de la provincia de Córdoba, los términos en que se encuentra redactado el Código de Faltas constituye una herramienta eficaz. Tal como lo establece la Doctrina de Tolerancia Cero, se pretende generar una sensación tranquilidad, seguridad e imagen de orden para las clases medias y altas a través de la violación de derechos básicos de los sectores más desprotegidos de la población. Por ello mismo, cabe preguntarse de qué seguridad hablamos cuando gran parte de los ciudadanos de esta provincia se sienten amenazados por la aplicación de una normativa legal que permite seleccionar arbitrariamente quiénes pueden ser detenidos sin motivo fundado. En este sentido, es posible hablar de la traducción concreta de la Doctrina de Tolerancia O: “En la fuerza te van adoctrinando: por ser morocho y vivir en un barrio son potencialmente delincuentes. Hay mucho de portación de rostro: es la franja más débil y la más fácil de apremiar con detenciones”, admitió, de manera inaudita, Jorge, un suboficial del Comando de Acción Preventiva (CAP) . Por otra parte, también en declaraciones realizadas al mismo diario, otro de los policías afirmó “pide cinco detenidos todos los días, menos el sábado que quiere siete y los martes baja por es un dia “colados”. Entonces vos el domingo a la mañana le llenás la patrulla, pero son chicos que vienen de bailar”, en relación a las órdenes del Comisario del Precinto 3.
A modo de cierre.
Durante el año 2004, en la ciudad de Córdoba se realizaron 5.201 detenciones por aplicación del Código de Faltas, frente a 909 realizadas por imputaciones por hechos delictivos. Durante los primeros 6 meses del año 2005, las detenciones por contravenciones en los 5 distritos en que está dividida la ciudad fueron 8.968. Es decir que sólo en la primer mitad del año, casi se duplicaron las detenciones de todo el año anterior.
La multiplicación de las detenciones por contravenciones, el altísimo porcentaje de detenciones aplicando la figura del merodeo y las confirmaciones policiales de las órdenes de detener arbitra-riamente en función de llenar cupos diarios de detenciones como indicador de eficacia, constituyen una preocu-pación central de muchas de las organizaciones sociales, en particular, aquellas que trabajan con jóvenes de los barrios pobres de la ciudad de Córdoba.
Una política de seguridad que profundiza la exclusión, que se sostiene en una herramienta legal que viola garantías constitucionales básicas, que circuns-cribe la noción de seguridad a la defensa social contra el delito fundada en la violación de derechos de los sectores económicamente más desfavorecidos constituye una situación de violencia institucional permanente. Si a esto le sumamos que a quienes “se les pintan los dedos” se les disminuye aún más sus posibilidades de ingreso al mercado laboral (ya que las contravenciones aparecen en los certificados de buena conducta que emite la policía), la situación que describimos constituye una problemática que requiere del debate público y de medidas que tiendan a disminuir la discrecionalidad del aparato represivo estatal.
Contacto
Comisión Intersectorial de Observación y Seguimiento de la Situación Carcelaria en Córdoba
Casa del Liberado: 0351-4577205 / 155920620/ 155394147/ 155936616
Dr. Gustavo Cosacov, [email protected];
Dr. Jorge Perano, [email protected]
Prof. Mirta Antonelli, coordinadora [email protected]

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La Ronda en la mirada de Alejandra López

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Octava entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa Alejandra López.

Toda la producción de La Ronda será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

Por Alejandra López

Cuando Claudia Acuña me propuso que fotografiáramos la Ronda de las Madres con un grupo de colegas, acepté sin dudar con gran alegría por varias razones. Por una lado, la urgencia del registro ahora que se nos van poniendo viejitas, y por otro, la necesidad de emprender un proyecto colectivo.

La Ronda en la mirada de Alejandra López

He ido muchas veces a la Ronda. Una de mis primeras veces, yo fotógrafa debutante, lloré durante toda la cobertura y una de las Madres (no sé quién fue) me retó con ternura: “Sin llorar”, me dijo, y repitió: “Sin llorar”. 

La Ronda en la mirada de Alejandra López

Siempre hay algo de esa primera vez: la emoción, la admiración sin límites, y,  sobre todo, el asombro ante esa capacidad increíble de sostener el ritual de lucha durante 47 años.

La Ronda en la mirada de Alejandra López

Hice mis fotos el jueves 21 de marzo, en la Ronda número 2397.

Hoy más que nunca #memoriaverdadyjusticia.

Mi humilde homenaje a estas mujeres que, junto con Abuelas, son nuestro faro.

La Ronda en la mirada de Alejandra López
La Ronda en la mirada de Alejandra López
La Ronda en la mirada de Alejandra López
La Ronda en la mirada de Alejandra López

Sobre Alejandra López

Retratista.

Empezó a trabajar profesionalmente en 1990 haciendo fotografía teatral y en la revista El Porteño.

Durante 14 años fue fotógrafa de staff de la revista Viva del diario Clarín, donde fotografió a innumerables personajes del espectáculo y ha publicado en revistas como Elle, La Nación Revista, Brando, Harper’s Bazaar, Le Figaro Magazine, Bacanal.

Actualmente se dedica a la fotografía para gráficas de teatro y cine, colabora con la revista L’Officiel y es reconocida además por sus retratos de escritor, algunos ya icónicos, para editoriales de libros como Penguin Random House y Planeta.

Ha realizado numerosas muestras: Retratos (2001), La máscara (en el Festival Internacional de Teatro), Retratos de la Memoria, (imágenes de sobrevivientes del Holocausto) en el Museo Judío de Frankfurt, Calendario FOE 2009 y en junio del 2011, la exposición Algunos escritores, en la Fotogalería del Teatro San Martín. En 2021, realizó Ese día, una serie de retratos de víctimas sobrevivientes del atentado a la Amia. En 2023, Belleza Marrón, en el Centro Cultural Borges, (ensayo en colaboración con la agrupación Identidad Marrón).

Para ver más: en Instagram @alejandralopezfotografa

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La historia de las Madres de Plaza de Mayo: Érase una vez 14 mujeres…

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Se cumplen hoy 47 años de la primera aparición de las Madres en la Plaza de Mayo. La fecha llega en un momento en el que lavaca ha puesto en marcha un registro fotográfico colaborativo sobre las actuales rondas de Madres: una forma de homenaje, sabiendo que la memoria no es hablar del pasado, sino comprenderlo para actuar en el presente y el futuro.

Esta es una recorrida entonces, con un resumen del antes, el durante y el después de la instauración del terrorismo de Estado. Cuenta el nacimiento de la organización de estas mujeres que salieron a reclamar por la vida y, frente al horror y la desaparición de sus hijos e hijas, y lograron lo que parecía inconcebible: transformar el dolor en acción. ¿Cómo lo hicieron? Un recorrido por las últimas décadas, y algunas cuestiones prácticas sobre los tejidos, los territorios, las brujas y los alumbramientos. El video que muestra parte de la historia.

Por Sergio Ciancaglini

La historia de las Madres de Plaza de Mayo: Érase una vez 14 mujeres…
La historia de las Madres de Plaza de Mayo.

Había una vez un país con nombre de mujer, donde la muerte andaba suelta persiguiendo a los sueños, acorralando a la vida. Y en ese país de nombre plateado, los sueños y la vida tuvieron que aprender cómo enfrentar a los verdugos.

La historia suele ser infinita, ¿cómo contarla?

Habría que hablar de un siglo XX Cambalache, que empezó con el país granero del mundo, con trabajo para pocos, democracia para pocos, dinero para menos, alguna ilusión de tiempos mejores, seguida de décadas infames. Surgió luego un gobierno que generó una expectativa de más justicia, y más democracia. La política empezaba a estar en las calles, en las plazas, en la cabeza y en el corazón de cada persona.

Ese gobierno fue tumbado en 1955 por los poderes económicos, políticos y militares de siempre. Poco antes los golpistas habían bombardeado con la aviación militar a transeúntes inocentes en plaza de Mayo. Más de 300 muertos. Que hubiera más igualdad de oportunidades, o mejor distribución de la riqueza, era una maldición que había que mutilar. Tierra extraña; aquí siempre hubo una envidia al revés. Los ricos envidiaron a los pobres, odiaron que los pobres pudiesen mejorar.

En 1956 aquella dictadura fue pionera: secuestró ilegalmente a decenas de personas acusándolas de planear una rebelión. Los militares ordenaron los fusilamientos en los basurales de José León Suárez. Fue la Operación Masacre, como la llamó Rodolfo Walsh en un libro inolvidable. Lo que nadie sabía, ni siquiera Walsh, es que la Operación Masacre apenas empezaba.

Poco después, en una pequeña isla del Caribe frente a las narices de los Estados Unidos, hubo una revolución que se proclamó socialista. Los militares argentinos temieron que esa revolución fuese contagiosa, y gatillaron sus armas junto a los de todo el continente.

Siguieron los tiempos de proscripción política, censura, gobiernos civiles derrocados, gobiernos militares que se iban tumbando entre ellos, mientras las fuerzas armadas actuaban como tropas de ocupación en su propio país, como trincheras contra la democracia, en nombre de la lucha contra el socialismo.

Frente a eso, crecía la resistencia de quienes que no se resignaban al silencio, la censura, ni al olvido. Resistían los mayores, con una especie de nostalgia por el pasado. Y resistían también los jóvenes, como añorando el futuro, pero un futuro que querían construir con sus propias manos.

El surgimiento de las Madres de Plaza de Mayo

Un argentino que había puesto la mente y el corazón para aquella revolución en la isla del Caribe, fue capturado y fusilado cuando quiso hacer algo parecido en Bolivia. Le decían Che. Los que lo mataron no sabían que lo estaban inmortalizando. El mundo se ponía violento. En todo el planeta oleadas de jóvenes salían a reclamar justicia, igualdad, rechazo a la guerra y la muerte, un mundo distinto.

En la Argentina las dictaduras seguían tropezando con las resistencias. Hubo un Cordobazo, un Rosariazo, la juventud se movilizaba pintando paredes y pintando proyectos. La democracia seguía presa. La violencia militar seguía libre. Nacieron las organizaciones guerrilleras, que quisieron agregarle armas a toda esa resistencia.

Tal vez esta historia haya que comenzarla, entonces, en 1972. El 22 de agosto en Trelew hubo una nueva versión de la Operación Masacre. Allí habían detenido a miembros de varias agrupaciones guerrilleras. Fueron acribillados a balazos, indefensos, con el falso pretexto de un intento fuga. Mataron a 16. Hubo tres que sobrevivieron por milagro, y contaron lo que había pasado. Tal vez en aquel momento, cuando el crimen fue evidente, los estrategas militares empezaron a diseñar la represión del futuro: matar sin evidencias.

Las movilizaciones protagonizadas fundamentalmente por la juventud, empezaban a ser gigantescas. La trinchera militar no soportó la correntada de tantos sueños, y en 1973 la vida pareció cambiar. Una multitud obligó a liberar a los presos políticos. La ilusión no duró demasiado.

Fue una danza alucinada.

Cámpora ganó las elecciones. Volvió Perón. En Ezeiza las patotas de la derecha peronista acribillaron a las columnas juveniles. Perón apoyó a esos grupos, contra la juventud. Cayó Cámpora. Asumió Lastiri que era el yerno de José López Rega. López Rega era ex policía, nazi militante, secretario privado de Perón, ministro de Bienestar Social, y astrólogo esotérico. Como si su brujería funcionara, concentró cada vez más poder. Lastiri llamó a nuevas elecciones que ganó Perón. Ocho meses después, murió Perón y asumió su esposa Isabel. La sociedad miraba aturdida, mientras el sistema de la muerte se instalaba alrededor de López Rega, que organizó a los matones policiales, militares y a las patotas de la derecha, para crear un monstruo al que llamaron Triple A. Alianza Anticomunista Argentina.

La Triple A era un escuadrón de la muerte, un grupo paramilitar con vía libre para salir a matar. Estudiantes, intelectuales, sacerdotes, artistas, sindicalistas, obreros: la sucesión de fusilamientos se hizo cotidiana, el terror empezó a ser la genética de cada día.
La lista es macabra. Cientos de víctimas. Por recordar algunos: Rodolfo Ortega Peña, diputado nacional y abogado de presos políticos. Carlos Mujica, sacerdote del Tercer Mundo, Silvio Frondizi, uno de los principales intelectuales que dio la izquierda argentina, Julio Troxler, que había sobrevivido a los fusilamientos de 1956. Atilio López, uno de los dirigentes del Cordobazo, que durante la breve etapa camporista fue vicegobernador de Córdoba.

Los bombardeos en Plaza de Mayo y la matanza en los basurales habían sido premoniciones.
Los fusilamientos de Trelew fueron una secuela.

La Triple A fue el perfeccionamiento del crimen mafioso.

El terrorismo de Estado y la desaparición forzada

Pero ahora imaginemos.

Imaginemos por un momento que hubiera miles de masacres como las de los basurales de José León Suárez. Imaginemos que hubiera de pronto miles de fusilamientos como los Trelew. Y miles de Triple A matando por las calles con absoluta impunidad.

Eso fue la dictadura militar, cuando los militares dieron el golpe de Estado para imponer la máquina de matar corregida y aumentada al infinito. Fue hace exactamente 30 años. Le pusieron un nombre que sería cómico, si no fuera tan patético. Proceso de Reorganización Nacional. El comunicado número uno que emitieron decía:

Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.

Más que nunca, la muerte andaba suelta persiguiendo a los sueños, acorralando a la vida. Pero esta vez, además, inventaron una especie de acto de magia superior a los de López Rega. La magia más perversa que alguien pueda imaginar.

No más bombardeos, ni basurales, ni fusilamientos en cárceles, ni homicidios mafiosos a la luz del día.

Los perseguidos, las víctimas, iban a desaparecer.

No iban a estar más: secuestrados y esfumados de la noche a la mañana.

Los militares creían que al no haber cuerpos, al no haber pruebas ni quedar en evidencia, nadie podría acusarlos de crimen alguno.

Eso es el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas se dedicaron a la muerte clandestina, mientras en público sus jefes iban a misa a ser bendecidos, a comulgar, y a la salida sonreían. En sus discursos hablaban de la ley, el orden, la paz y el progreso.

Empezó la cacería. Zonas liberadas, gritos en la noche, secuestros de gente indefensa, la absoluta desaparición de la justicia.

Hay bibliotecas enteras que podrían leerse para entender lo que pasó. Pero hay también una carta. Apenas un año después del golpe Rodolfo Walsh –otra vez- escribió en la clandestinidad su Carta abierta a la Junta Militar, donde explicó lo que nadie se atrevía a decir.

Hablaba de un lago cordobés convertido en cementerio lacustre. De personas arrojadas desde aviones militares al Río de la Plata, cuyos cadáveres afloraban en las costas uruguayas. Denunciaba un sistema de tortura absoluta, intemporal y metafísica, aplicada tanto con métodos medievales como el potro o el torno, como con la tecnología de la picana eléctrica, para machacar la sustancia humana. Hablaba de las guarniciones y comisarías convertidas en campos de concentración. De las mentes perturbadas de los militares que torturaban. Decía, apenas un año después del golpe y en medio de la censura y el terror: “Quince mil desaparecidos y desaparecidas, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror”.

Pero hay otro párrafo, que cada día se entiende mejor. Le decía a los militares:”Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Ahí estaba la clave para entender el crimen: la miseria planificada.

Walsh fechó esa carta el 24 de marzo de 1977, distribuyó varias copias, y un día después fue secuestrado por los militares.

Nunca más se supo de él.

Es otro desaparecido.

Érase una vez 14 mujeres: La historia de las Madres de Plaza de Mayo

En esa noche, hubo un parto.

En medio de la oscuridad, un alumbramiento.

Nació una historia.

Muchas madres y padres salieron a buscar a sus hijos. Salieron de sus casas, salieron del útero de su rutina habitual a enfrentar al aparato represivo más imponente de la historia del país. Llevaban impresas en la piel la desesperación y el amor, y de allí les nació el coraje. Recorrieron hospitales, caminaron juzgados, se atrevieron a ir a comisarías y cuarteles. Buscaron a las morgues. Nadie sabía nada. La ley del silencio. Cada día era la esperanza de una noticia. Cada noche era la frustración del silencio.

Los padres varones, de a poco, volvieron a sus trabajos.

La mayoría de las madres eran amas de casa: tenían intacto el tiempo y la sensación de que no había otra cosa que hacer que dedicar cada hora, cada minuto y cada segundo de vida a la búsqueda.

Estaban solas, moviéndose, preguntando inútilmente, aturdidas por tanto silencio. De a poco, empezaron a cruzarse por los mismos laberintos, a reconocerse y a descubrir que había otras que compartían esa especie de señal que cada una llevaba como un código secreto en la mirada: la desesperación y la incertidumbre.

Ese fue un primer triunfo contra el aislamiento. Comenzaron a encontrarse, reunirse, acompañarse. Estar juntas fue el modo de escaparle al terror de estar solas. Pero fue mucho más que eso.

Un día, esas mujeres se descubrieron a sí mismas en una iglesia militar, donde un cura psicópata les recomendaba santa paciencia y las confundía con rumores, insinuaciones y desinformaciones. Intuición femenina: les estaban mintiendo sistemáticamente, nadie hacía nada por salvar a sus hijos.

Una de esas mujeres dijo: Basta.

Y dijo: tenemos que ir a la Plaza de Mayo, tenemos que hacer ver y oír lo que nos pasa. Era una mujer con nombre de flor.

Y ese grupo de mujeres decidió que Azucena Villaflor tenía razón: su lugar sería la Plaza de Mayo.

La plaza sería el territorio de estas madres.

No tenían oficina, pero habían encontrado un lugar espacioso, aireado, iluminado y muy céntrico.

No tenían sillones mullidos, pero había bancos de plaza.

No había escritorios, pero tenían las faldas para apoyar allí las carpetas, expedientes, cuadernos o que hiciera falta.

No tenían alfombras, sólo baldosas y unas palomas revoloteando.

No tenían recepción, pero podían verse de lejos mientras iban llegando. No tenían teléfonos, pero se pasaban papelitos con mensajes, informes, o futuros puntos de encuentro.
Ocultaban esos mensajes en ovillos de lana, por si la policía o los militares se les cruzaban en el camino.

No querían que las descubrieran. Ya que tenían los ovillos, llevaban agujas y tejían en la plaza, mientras iban pasándose información, inventando qué hacer, cómo buscar, cómo evitar la impotencia de no hacer nada. Penélope tejía esperando el regreso de su marido. Ellas tejían juntas las acciones para buscar a sus hijos y denunciar lo que estaba pasando.

La primera vez fue el sábado 30 de abril de 1977. Eran sólo 14 en la Plaza de Mayo. Como no había casi nadie, decidieron volver el viernes siguiente. Después, una de las madres avisó, como atajándose de los malos augurios: “Viernes es día de brujas”. A la semana siguiente empezaron a encontrarse los jueves, el día que nunca más abandonarían, para escaparle a las brujas.

La policía empezó a desconfiar. Por el Estado de Sitio, se impedía cualquier reunión de tres personas o más, por ser potencialmente subversiva.

Para decir la verdad, en este caso tenían razón: buscar la vida era subversivo. Como pájaros de uniforme, los policías empezaron a revolotear alrededor esas mujeres que hablaban y tejían de los asientos de la plaza. Ordenaron: “Caminen, circulen, no se pueden quedar acá”. Ellas se pusieron a caminar y a circular alrededor del monumento a Belgrano, en sentido contrario a las agujas del reloj: como rebelándose contra cada minuto sin sus hijos.

Marchaban, cada jueves, en las narices del gobierno dictatorial más temible. La plaza ya era el territorio de las Madres.

Algunos periodistas extranjeros descubrieron esas raras vueltas y vueltas. Consultaron a los militares. Les contestaron que eran unas mujeres trastornadas, unas Madres Locas que andaban buscando a gente que no estaba en ningún lado. Gran parte de la sociedad prefería no darse por enterada. La censura bloqueaba orejas, cerebros y corazones. Las madres locas eran las únicas que parecían cuerdas, tejiendo y circulando al revés que las agujas del reloj.

En octubre de 1977 se sumaron a la peregrinación a Luján, que congregaba a un millón de jóvenes. El problema era cómo encontrarse y reconocerse en la multitud. Alguien propuso que todas se pusieran un pañuelo del mismo color. Lo del color era un problema, pero entonces una de las madres tuvo una ocurrencia: ¿Por qué no nos ponemos un pañal de nuestros hijos? No existían los pañales descartables y la mayoría de las madres todavía guardaba los de tela, tal vez pensando en los nietos.

Frente a la Basílica, reclamaron y rezaron por los desaparecidos y desaparecidas. Todos los que estuvieron pudieron verlas, identificadas con los pañales blancos en sus cabezas. Poco después hubo una marcha de los organismos de derechos humanos, que terminó con 300 personas detenidas, incluidos –por error- varios periodistas extranjeros. Gracias a tanta eficiencia, el mundo empezaba a enterarse de lo que ocurría. En la comisaría las Madres rezaban Padrenuestros y Avemarías. Los policías no se atrevían a incomodar a mujeres tan devotas. Entre rezo y rezo, haciendo cruces, miraban a los uniformados, les decían “asesinos”, y seguían rezando. Amén.

El hecho de reunirse, romper el aislamiento, buscar a sus hijos, se convirtió en sí mismo en un delito. Diciembre de 1977, un oficial de la marina que se hacía pasar por hermano de un desaparecido organizó el secuestro y desaparición de tres de las madres, dos monjas francesas y otros familiares y amigos. Así era el coraje militar.

Las madres estaban organizando la colecta para publicar una solicitada el 10 de diciembre, denunciando las desapariciones.

El 8 de diciembre secuestraron a Esther Careaga y a Mary Ponce de Bianco en la Iglesia de Santa Cruz, junto a ocho personas más, incluida la monja francesa Alice Domon. Esther era paraguaya. Ya había encontrado a su hija adolescente, a la que los militares habían liberado. Las otras madres le habían pedido que volviera a su casa, que ya no se arriesgara más. Esther no les hizo caso, decidió seguir junto a ellas hasta que encontraran a cada uno de sus hijos.

Dos días después, desapareció la mujer con nombre de flor. El terror de aquellos tiempos superó todo lo imaginable. Desaparecían quienes buscaban a los desaparecidos y desaparecidas. Pero los militares habían sido selectivos: secuestraron a quienes todas siempre consideraron “las tres mejores madres”. Sin Azucena, había que elegir: seguir, esconderse, o volverse a casa. Para las madres no hubo demasiadas dudas: ahora no solo debían buscar a sus hijos e hijas, sino también a sus amigas y compañeras. Lograron sobreponerse a la parálisis y al terror, para seguir su marcha.

Azucena había parido la idea de que las madres se organizaran para nunca más estar solas en su lucha. Y había dicho algo: “Todos los desaparecidos son nuestros hijos”. Así estaba socializó la maternidad, potenció a cada madre y le dio grandeza a cada minuto de resistencia.

Llegó el Mundial 1978. El fútbol tapando de gritos y sonrisas la realidad, mientras a pocas cuadras de la cancha de River seguían torturando gente en la ESMA. El mundial fue oxígeno para los militares: para seguir matando y seguir castigando cada vez a más gente con la miseria planificada. Las madres cambiaron sus lugares y horarios de reunión. No todos los jueves iban a la Plaza, para evitar que las detectaran. Cuando iban, la policía les largaba los perros. Cada una llevaba un diario enroscado para sacarse a los perros de encima, una de las pocas cosas útiles para las que servían los diarios de esa época.

Muchas veces detenían o demoraban a alguna de ellas en las comisarías. Se les ocurrió una idea: cuando una iba presa, se presentaban todas y pedían ir presas ellas también. Los policías veían llegar a decenas y decenas de mujeres que exigían ser encarceladas junto a su compañera. Una vez fueron tantas las que exigieron ser detenidas, que tuvieron que llevarlas en un colectivo de la línea 60.

Madres locas, dirían los policías, que no sabían bien qué hacer: muchas veces las soltaban para sacárselas de encima.

Cuando en la Plaza le pedían documentos a una, todas las demás se acercaban a la policía a entregar también los suyos. Cientos de documentos, cédulas y libretas cívicas, que la policía tenía que verificar. De paso, las madres se quedaban más tiempo en la plaza.

En 1979 llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También el fútbol jugó en contra. El mundial juvenil tenía a todos pendientes de Maradona, y los militares aprovecharon para que relatores de fútbol y periodistas radiales llamaran a la gente a Plaza de Mayo, y que de paso repudiaran a quienes hacían cola para declarar ante la Comisión. Querían mostrar lo que llamaban “la verdadera imagen del país”. Decían: “los desaparecidos algo habrán hecho”, o “por algo será que se los llevaron”. Los hinchas, sin embargo, no molestaron a los que estaban esperando para hacer sus denuncias.

Ya era la época de la plata dulce, la fiesta de las multinacionales, el dólar barato, miles de argentinos gastando en el exterior lo que nunca habían sabido ganarse, gracias a la miseria planificada de millones.

Los diarios y las revistas no sólo censuraban la información para defender su negocio, sino que hacían campañas por los militares: “Los argentinos somos derechos y humanos”. Confirmado: nunca hay que subestimar la estupidez humana, la capacidad de negación, el tamaño de la crueldad.

En ese 1979 hubo otro parto, otro alumbramiento: las Madres decidieron crear la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Si todas estaban en peligro, esa era una forma de mantener la lucha viva. La casualidad, o el destino, determinaron que la asociación fuese creada en una fecha imposible de olvidar: 22 de agosto. Habían pasado siete años de la masacre de Trelew, aunque parecían siete siglos.

Los militares asesinos argentinos inventaron un conflicto contra los militares asesinos de Chile, que a todos les servía para ganar tiempo en el poder. En esos días fue muy próspero el negociado de la fabricación de ataúdes, hasta que el Papa intervino. Secuestros clandestinos y desapariciones en la noche, permitían mirar para otro lado. Guerra abierta entre gobiernos tan vecinos y tan beatos era demasiado. Hasta para el Vaticano. Amén.

Seguían encontrándose en plazas y bares. Para que no las descubrieran cambiaban el nombre. Si iban a ir a Las Violetas, decían Las Rosas. Ellas mismas llevaban en sus carteras las carpetas, las denuncias, los expedientes.

Recién en 1980, gracias a los apoyos internacionales, las Madres pudieron tener una oficina. Pero también ese año decidieron volver a su territorio, la Plaza de Mayo, para nunca más abandonarla.

Fueron un jueves, al jueves siguiente las estaba esperando un escuadrón entero, con las armas gatilladas. Ellas cambiaban el horario, circulaban por donde no las veían. Poco a poco envolvieron a la Pirámide de Mayo con sus marchas que nadie podía detener. Llevaban diarios enroscados. Pronto aprendieron de sus hijos, y llevaban también botellitas de agua y bicarbonato por si las esperaban con gases lacrimógenos. No necesitaban gases para llorar. Pero habían decidido transformar el llanto en acciones.

Los militares eran la rigidez y la violencia. Las madres eran la fluidez y la energía. Los militares y la policía eran la muerte. Los verdugos. Las madres eran la vida.

Se editó el primer boletín de Madres, se iba ganando apoyo afuera y adentro. Los militares llamaron a los viejos políticos a dialogar, como abriendo el paraguas frente a la crisis económica y a su propio desgaste. Pero las Madres estaban simbolizando dónde estaba la verdadera política, y quiénes eran sus nuevos protagonistas. En 1981 lo demostraron retomando la Plaza y haciendo la primera Marcha de la Resistencia. Solas, pocas, pero juntas, resistiendo 24 horas seguidas.

Vinieron épocas de ayunos, de tomas de iglesias y catedrales. Los jóvenes, sobre todo, se conmovían. Nació la consigna “aparición con vida”.

El 30 de abril de 1982, hubo manifestaciones de protesta en Buenos Aires contra la situación económica, la miseria planificada, con la policía reprimiendo a todos. Dos días después, se llenó la Plaza de Mayo para aplaudir a los militares que habían invadido Malvinas, creyendo que así se iban a reciclar en el poder en una especie de brindis perpetuo.

Las Madres dijeron que la guerra era otra mentira. Los militares que secuestraban cobardemente, torturaban clandestinamente y asesinaban tirando cuerpos al río, no podían convertirse de un día para otro en patriotas impecables y valerosos guerreros. Por decir eso, acusaron a las Madres de antinacionales. Ellas inventaron un cartel: “Las Malvinas son argentinas. Los desaparecidos también”. Muchos que acompañaban a las Madres las criticaron: había que estar del lado de la guerra, del lado de los militares. El tiempo mostró quién tenía razón sobre los guerreros, entre ellos el mismo que había delatado a Azucena, Esther y Mary.

La derrota de los militares resucitó la posibilidad de la democracia. Se abrió la multipartidaria, formada por cantidad de partidos y políticos muchos de los cuales, durante los tiempos más duros de la represión, habían sido expertos en el arte de callar.

En 1983 hubo elecciones, Alfonsín llegó a la presidencia, y las madres hicieron la marcha de las siluetas para que nadie olvidara a los ausentes. En los afiches decían que esos hijos e desaparecidas habían luchado por la justicia, la libertad y la dignidad.

El gobierno formó la CONADEP, la comisión nacional para la desaparición de personas. Las madres desconfiaron, no quisieron integrarla. Siempre prefirieron la calle, y no las comisiones. Crearon un periódico, la Asociación iba creciendo y seguía reclamando aparición con vida y castigo a los culpables.

En 1985 Alfonsín las citó, pero luego no las atendió porque tenía que ir al Colón, según la explicación oficial. Las Madres tomaron la Casa Rosada, y se quedaron ahí instaladas como forma de resistencia pacífica. Esas acciones mostraban la grieta entre los discursos sobre los derechos humanos que hacía el gobierno, y la realidad. Y mostraban cómo el protagonismo político se desplazaba de los políticos de museo, a los movimientos generados en la sociedad para enfrentar los problemas tomando las riendas de sus propias decisiones.

Se hizo el juicio a las Juntas, pero sólo hubo dos condenas a prisión perpetua. Las de Videla y Massera. Los otros jefes militares recibieron penas bajas, o fueron absueltos. Las Madres opinaron del siguiente modo: se levantaron y se fueron de la sala de audiencias.

Seguían las acciones, marchas, escraches a los militares en sus casas, viajes y campañas en todo el mundo, la lucha contra las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, La lucha contra las rebeliones de Semana Santa y de los carapintadas, La marcha de las manos, La marcha de los Pañuelos, cuando taparon la casa de gobierno de pañuelos blancos, los premios internacionales.

El apoyo a los conflictos, a las huelgas, a los reprimidos y a los perseguidos.

Empezaban a hacer propia una idea: el otro soy yo.

Las Madres, además de denunciar lo que había ocurrido con sus hijos, hicieron otra cosa: comenzaron a levantar las mismas ideas y sueños por las que esos jóvenes habían luchado.
Por eso sintieron que aún sin estar, sus hijos las estaban pariendo.
Aquellas amas de casa desgarradas por la desesperación, habían logrado transformar el dolor en acción y en pensamiento.

Todas estas luchas se multiplicaron al infinito cuando Menem llegó a la presidencia para perfeccionar, en democracia, la miseria planificada: privatizó el país, regaló el Estado, masificó el desempleo, protegió a toda clase de mafiosos, asesinos y corruptos, y además los puso a gobernar con él. De paso indultó a todos los militares que habían sido condenados.

Hubo más de lo mismo cuando subió De la Rúa, y las madres estuvieron allí, nuevamente en la plaza, el 19 y 20 diciembre, cuando ese gobierno intentó imponer el Estado de Sitio y se dedicó a reprimir a miles y miles de personas hartas de tanta decadencia y de tanta mentira. Nuevamente las plazas se llenaron de balas, y de jóvenes muertos.

La historia reciente es más conocida, las Madres y su universidad llena de jóvenes, de movimiento, de conferencias, de proyectos. Las Madres y su flamante radio, para que se escuche cada cosa que hay que decir. La intervención en cada lucha contra las mafias, contra la miseria, contra la muerte.

Y cada jueves, como siempre, las madres circulando, tejiendo solidaridad, construyendo este territorio de la Plaza para que sea el espacio de todos.

Había una vez un país con nombre de mujer, donde la muerte andaba suelta persiguiendo a los sueños, acorralando a la vida. Y en ese país de nombre plateado, los sueños y la vida tuvieron que aprender cómo enfrentar a los verdugos. Las madres están dejando esa herencia.

Cómo convertir al dolor, en acción.

La parálisis y el miedo, en lucha.

La desesperación, en coraje.

Las lágrimas, en acciones.

Para acorralar a la muerte, como el primer día:

tejiendo luchas,
haciendo circular los sueños,
y alumbrando la vida.

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Nota

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

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La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años. 

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio  de contundencia, ignorado

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas
Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión. 

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”. 

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”. 

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género. 

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”. 

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló. 

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”. 

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder. 

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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