Nota

Campana suena: agrotóxicos en aguas y cuerpos de Pioneros

Publicada

hace 4 años

02/11/2021

Glifosato en el agua y en la gente; pesticidas en campos, escuelas, jardines. Con evidencias científicas que certifican sospechas históricas, vecinas y vecinos del barrio Pioneros, de Campana, se organizaron, lograron una ordenanza y están rompiendo el pacto de silencio que une a productores y políticos. Las preguntas, las incertidumbres, las enfermedades, la niñez. El sueño de una vida alejada de la ciudad y cuál es el objetivo vecinal. La “inquietud” oficial ante la presencia de MU y las no-respuestas de los funcionarios. La voz de un médico y de quienes buscan cambiar el modelo contaminante. Por Francisco Pandolfi.

Campana suena: agrotóxicos en aguas y cuerpos de Pioneros — Con máscara y oso, Vicente, 9 años, alumno de una escuela fumigada. Fotos: Nacho Yuchark

Viernes 4 de junio de 2021. Se enciende la alarma en el partido bonaerense de Campana. Suena. Suena. Y ya no para. Un consultorio. Una pediatra. Una nena de 2 años con todo el cuerpo brotado. Llena de granos. Una madre que vaticina alergia al trigo o al chocolate. Se equivoca. Ni se imagina el proceso que está iniciándose. “Es la reacción a un tóxico. ¿Dónde vivís?”, asevera y pregunta la médica. Al conocer la geografía rodeada de soja, sentencia: “Puede ser glifosato en el agua”.

La cabeza de Verónica Betti explota. No sabe qué hacer. Piensa, repiensa. Y dos días después escribe un mensaje de WhatsApp contando la situación al grupo de vecinas y vecinos de los barrios Pioneros y Jardín de los Pioneros. Ambos están emplazados en zona rural, a 12 km del centro de Campana. En total viven aproximadamente 1.500 personas. Lucía Orlando asimila la información y la gravedad. Ambas toman la posta. Leen y leen a toda hora. Agrotóxicos, venenos, contaminación. Palabras que empiezan a ser cotidianas. Sin buscarlo se convierten en referentes de una lucha que jamás presagiaron.

Cranean los pasos a seguir. Juntan plata para analizar muestras de agua en la Facultad de Agronomía de la UBA, que solo determina la presencia del herbicida glifosato y uno de sus productos degradados: AMPA (ácido aminometilfosfónico). El 24 de junio resuena la segunda alarma. Llegan los resultados: de los seis pozos de los que se extrajo, en todos da positivo de glifosato y cinco en AMPA. Fundan la organización Pioneros por el Agua. La pelea recién comienza.

GLIFOSATO EN EL CUERPO

Mientras, se tejen lazos con otros pueblos fumigados; se hacen dos notas para que los reciba el intendente y exigen información pública sobre las fumigaciones; se hacen rifas y colectas para enviar pruebas de agua y suelo al INTA Balcarce; una decena de vecinos lleva al laboratorio Fares Taie de Mar del Plata muestras de orina. El 7 de septiembre suena la tercera alarma: tres casos positivos con presencia de glifosato en el cuerpo humano. Entre ellos, Carmela, una nena de 4 años recién cumplidos.

“Lo que me pasa a mí lo relativizo. Me da miedo lo que le puede pasar a mi hija porque su sistema inmunológico se formó con glifosato. Nos mudamos acá cuando ella tenía tres meses y todo el líquido que tomó contiene veneno”, descarga Esteban Sánchez, una de las personas con glifosato. Lucía es su pareja y la mamá de Carmela: “Así como están las cosas ni en pedo tendría otro hijo”. Viven a 500 metros del campo fumigado más cercano. Cada verano se brotan y el aire se torna irrespirable. Pensaban que podía ser la alergia. O el estrés. O las flores de los árboles. Pero no.

Carmela tiene pelo corto, rubio y está llena de vitalidad. Lleva un short blanco con dibujos de sandías y una remera gris con un corazón dorado en el pecho. Su casa está repleta de colores. De plantas. De verde esperanza, pese a todo. Corretea descalza sobre el porcelanato simil madera. “Cuando llegaron los primeros resultados estaba comprando el piso que estamos pisando ahora, tras cobrar un crédito Procrear. Pensé en ese momento: ‘¿para qué comprar el piso si nos tenemos que ir ya de acá?’”, rememora Lucía. Agrega su compañero de ruta: “Al enterarme estuve desolado, como si nada tuviera sentido. Vinimos acá para proponerle a Carme una vida de producción y cuidado, no de consumo. Y el agua era la clave en la producción y el cuidado. Ahora, hasta para darle una manzana me pregunto, ‘la lavo o no la lavo’”.

A Carmela, su mamá y su papá le contaron lo que sucede en esta localidad a 80 km al noroeste de la ciudad de Buenos Aires, para que no tome más agua de la canilla. “La otra vez la enganché regando las plantas con agua mineral, ‘y sí, ma, no podemos regar las plantas con veneno’, me dijo”, cuenta ella. “El otro día me preguntó: ‘¿En Córdoba hay veneno también?’, luego de escuchar una conversación. Sí, le respondí, y me tiró: ‘Entonces mami va a tener que ir a hacer las reuniones’. La tiene re clara”, cuenta él.

Esteban luce rastas finas y palabras fuertes: “Se te va un poco a la mierda la filosofía que encaramos para su crianza. Esto nos pateó el tablero y te vas quedando sin alternativa”. Añade: “Pensé en la posibilidad de irnos a vivir a Italia porque tengo la ciudadanía, pero quiero luchar en mi país. Sin embargo, si tu hija está tomando agua envenenada ese deseo se relativiza, porque, ¿qué hago si en un futuro le salen tumores? Es difícil vivir con eso en la cabeza”. La contaminación interior no le hace perder lucidez ni humanidad: “Dejamos de consumir el agua corriente, así que quiero esperar cómo salen los próximos estudios. Pero supongamos que nos mudamos. Acá no pagamos alquiler y si tuviéramos que pagarlo no llegaríamos a fin de mes. Aunque si es por su salud, lo firmo. ¿Pero qué hacemos con esta casa? ¿La alquilo, para yo poder alquilar en otro lado? ¿Permitís que venga una familia al lugar del que vos te estás yendo para no envenenarte? ¿Qué le decís cuando se la alquilás o se la vendés: ‘disfrutala’?”.

La otra víctima con glifosato en orina se llama Jimena Martínez, tiene 37 años, una hija y un hijo recién nacido. Recibe a MU en su casa que comparte con Jorge Llaguno, su marido mexicano. “Tenía mucho miedo de seguir amamantando, así que lo primero fue llamar al pediatra Medardo Ávila, de Médicos de Pueblos Fumigados. Me dijo que no deje de darle la teta, que es lo menos peor; aunque la leche tenga glifosato”. Se toca la nariz y parece recordar las “memorables” fragancias: “Muchos días no se podía respirar. Horrible, fuertísimo. Olor a zorrino muerto, no sabíamos de qué podía ser. Ahora ya sabemos”. Y plantea una serie de preguntas sin respuestas: “¿Con qué nos bañamos? ¿Meto al bebé en la bañera? Teníamos plantas de tomate y murieron de repente. ¿Sigo haciendo la huerta? ¿Con el agua contaminada? ¿Cuál es la salida?”.

El bebé se llama Fidel y hace una semana tiene un hongo en la papada. “Estoy desesperada porque no mejora”, confiesa Jimena. Y complementa Jorge: “Es una incertidumbre total. No sabemos cuándo nos podemos enfermar. Sabíamos lo que hace el modelo extractivista, también de la existencia de pueblos fumigados, pero no habíamos hecho el clic que sí hicimos ahora”.

EL DESCONTROL

El 19 de octubre retumbó la cuarta alarma: el Laboratorio de Plaguicidas del INTA Balcarce, a cargo de la doctora en Ciencias Agropecuarias Virginia Aparicio, dio a conocer el informe de las siete muestras (5 de agua y 2 de suelo) tomadas de los barrios Pioneros, Jardín de los Pioneros y Alto Los Cardales. ¿Los resultados? 13 pesticidas diferentes a profundidades de 30 a 60 metros. Dos muestras de agua subterránea para beber no aptas para consumo. El patio de una vecina con altos niveles de glifosato y AMPA.

La vecina se llama Carolina Denaday, tiene 30 años y vive, literalmente, frente de un campo donde se ha fumigado ilegalmente en los últimos ocho. “Nunca imaginé lo que pasaba. Veía que sembraban y cosechaban cruzando la calle, pero no asocié que era veneno lo que tiraban ante nuestros ojos. Hace dos años estoy ahí y empecé a sentir olores asquerosos. En verano, con un calor húmedo, se levanta como un vapor y tengo que encerrarme en mi casa”. Continúa: “Siempre viví en la ciudad y me mudé pensando que vendría a un pulmón, pero es todo lo contrario. Después de conocer los resultados tengo miedo, la incertidumbre de no saber si irme de acá, de qué va a pasar con esta gente que al tener plata hace lo que quiere”.

Un poco de historia: en 2011, se aprueba en Campana una ordenanza que prohíbe fumigar a menos de mil metros de la zona urbana. En 2012, tras la apelación de los grandes productores de la zona, Hugo Antonio Zocca y Normando y Tomás Rossiter, la jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1, Mónica Edith Ayerbe, emite una medida cautelar que deja sin efecto la restricción de los mil metros y se vuelve al estado anterior: 30 metros. “Consideró que los productos que se iban a utilizar y las prácticas no afectarían a nadie”, sintetiza Marcela Ramallo, la abogada que representa a las y los vecinos de Pioneros.

En 2013, tras la queja de la comunidad, la jueza anula la cautelar en algunas parcelas cercanas a las casas, y allí vuelve a tomar vigencia la ordenanza. “Pero se siguió fumigando en todos lados. Los predios de la familia Rossiter estaban favorecidos con la medida cautelar, pero no todos los de Zocca. La Municipalidad, que tenía el deber de controlar, lo que hizo fue certificar las fumigaciones y dejar asentado que los productores estaban favorecidos por la medida cautelar, cuando no era así”, precisa la letrada, que completa: “La Municipalidad durmió. En un momento apeló la cautelar judicial, pero luego el recurso quedó desierto, que significa que no trabajaron los fundamentos para probar la importancia de la ordenanza. Estamos evaluando qué acciones legales efectuar, pero vamos a dejar sentado que el municipio, el Concejo Deliberante y los productores estaban notificados. Y que la Intendencia era la encargada de certificar para que se pudiera fumigar”.

Al respecto, Lucía explica un detalle significativo: “En la información pública que nos da la misma Municipalidad, un mes después de que la solicitamos, hay fumigaciones avaladas por ellos en parcelas donde estaba prohibido hacerlo. O sea, avalando un delito”.

Frente a la vivienda de Carolina se ubican algunos de los campos que ostenta el productor agropecuario Hugo Zocca. “Son parcelas donde estaba prohibido fumigar y aun así lo hacían. Tengo mucha angustia e impotencia”, se lamenta, mientras hacia el horizonte yacen decenas de hectáreas fumigadas fuera de la ley. En medio de un territorio que parece inagotable, la sobrina de Zocca sale desde su casa para recibir a MU. A simple vista se observa la afectación en su piel; la cara parece evidenciar la rosácea. Dice que su tío no vive ahí y que lo va a llamar en ese momento y, si acepta, nos pasa el teléfono. Eso hace. Zocca parece aceptar, y este cronista llega a intercambiar mensajes para coordinar el encuentro. Sin embargo, minutos más tarde, Hugo Zocca se excusaría de no poder hablar ese día. Ya no responderá ningún llamado ni mensaje.

No será el único que dará marcha atrás.

EL RECUERDO DE CHERNÓBIL

Lindante a la ruta provincial 6, a pocas cuadras de Pioneros, se erige la escuela rural primaria y secundaria José Hernández. A la parte inferior de su fachada la resaltan los colores de la whipala. Está netamente rodeada de campos sembrados. El 15 de septiembre a la noche, un video se viraliza raudamente de celular a celular. Un mosquito terrestre fumiga plantaciones de trigo en un terreno de la familia Rossiter, a escasos metros del colegio. La conmoción aumenta. Lucía y Verónica, a la vanguardia del reclamo, no se detienen. Y el 28 de septiembre, la presión crea efecto: la jueza Ayerbe, de oficio, deja sin efecto la cautelar que ella misma dictó en 2012 y la ordenanza pasa a cobrar vigencia en todo el territorio de Campana. Al cierre de esta edición, los Rossiter habían apelado la medida.

Una docente de la escuela que tiene un cargo directivo se muestra predispuesta a dialogar. Está muy preocupada. Cita a MU al día siguiente. Un par de horas después, pide los datos del cronista y el fotógrafo.

Unas horas más tarde llega un mensaje: “Mirá, la presencia de ustedes en la zona está generando algunas inquietudes. Tuve que elevar los datos que te pedí hace un ratito para que ‘autoricen’ la llegada a la escuela. Dame un ratito y te confirmo un horario tranqui”. Finalmente avisa que sin “autorización” corre riesgo de sanción. Y ya no responderá más mensajes ni llamadas.

Al día siguiente, al terminar su jornada laboral, varias docentes se despiden entre sí ya fuera del ámbito escolar. Escuchan sobre el tema de la nota. Agradecen que se hable. Piden no dar nombres. “Esto pasa hace años”, arranca una y le deja paso a otra: “Sentí mucha bronca e impotencia cuando vi el video, también cuando me enteré de que una nena del barrio tiene glifosato. Más no podemos hacer. A mis superiores les informé en agosto de lo que estaba pasando y todavía esperamos que se hagan los análisis en la escuela, pero el municipio no se mueve. Me preocupa la salud de los chicos y los docentes, quiero saber qué pasa acá. Si la intendencia no lo hace buscaremos otras alternativas”. Sigue: “El consejo escolar nos trae bidones de agua para la merienda y usamos el agua de la canilla solo para la limpieza. La Municipalidad prometió que vendría el camión cisterna con agua todos los días, pero viene día por medio”. Ve una luz: “Estoy contenta de que estamos trabajando con la comunidad. Es el principio de un largo camino”.

El hijo de Verónica estudia en ese colegio, se llama Vicente, tiene 9 años y le encantan los animés japoneses. Dice que quiere estudiar ese idioma para entender mejor los dibujitos y las películas. También dice que no entiende “para qué fumigan”. Hace un silencio y suelta: “Sé que es para mantener las plantas vivas, pero esa no es la única manera que existe”. La noche de la fumigación a pasos de su escuela, su mamá y su papá Nicolás decidieron no mandarlo a clase al otro día. Le mostraron el video. “Eso que vuela es veneno y queda en el aire”.

Yaco es uno de los mejores amigos de Vicente y vive en el barrio Alto Los Cardales. En su familia, el video generaría otra determinación: el cambio de establecimiento educativo. Diego es su papá: “Tengo una nena de 6 y Yaco de 8; estaban yendo a esa escuelita rural que nos gustaba, con la bandera de los pueblos originarios, con actos donde se baila folclore. Pero con la certeza de que fumigan de noche para que no se vea, y a treinta metros, ¿qué más tengo que pensar? Sobre todo teniendo los antecedentes de otras escuelas, como acá cerca, en Exaltación de la Cruz, donde hay chicos y docentes con cáncer. O conocer amigos que negociaban con el productor para que no los rocíe con la avioneta”.

Afirma: “No tengo otra opción, porque no sé qué tan expuestos están los chicos. La nueva escuela por lo menos está a más de mil metros de los campos, aunque nadie está seguro en ningún lado. El glifosato está en el río Paraná, en los peces que comemos, en la comida del agro, en la lluvia, así que en las ciudades tampoco están a salvo: nos están envenenando desde hace tiempo… esto es como Chernóbil. Pueden aparecer después los síntomas, no sabemos qué grado de exposición tenemos en el ambiente. ¿Cuánto es nocivo? ¿Cuánto es tolerable? ¿Cuándo aparece el cáncer? ¿Cómo sobrevivirán las próximas generaciones si el ADN se distorsiona? Son todas incertidumbres”.

En el reciente informe del INTA Balcarce, uno de los pozos donde se extrajo agua es el de la familia de Diego: “Mi pozo, a más de 60 metros, forma parte del Acuífero Puelche, que está contaminado hace rato. Estas concentraciones de los herbicidas glifosato, 2,4-D y varios más, están por encima de la norma europea. Ni bien recibí los resultados estuve muy angustiado. Me puse a pensar que para seguir viviendo debemos tomar agua mineral. Entonces agarré el bidón de una empresa de primera marca. Llamé al número que aparecía y una recepcionista me informó que sacaban el agua del Acuífero Puelche a 63 metros, ¡que me quedara tranquilo!”. ¿Esto qué significa? Que el agua que nos venden como mineral es la que está en la napa contaminada. Recién estamos entendiendo dónde estamos parados, pero no podemos aceptar que haya químicos en el Acuífero. Por eso la lucha”.

SILENCIO EN SPRINGFIELD

El partido de Campana tiene casi 100 mil habitantes. Se emplaza a orillas del Paraná y su parte insular representa más de dos tercios de la superficie Contiene un extenso Parque Industrial con decenas de empresas multinacionales, sobre todo petroquímicas, refinerías, destilerías, siderurgias, de electrodomésticos y del agro.

Esteban y Jorge coinciden en cómo catalogarla: “Springfield”, que en la tira animada Los Simpsons representa a la ciudad más contaminada de Estados Unidos. Dice Jorge: “Hay mucha producción de fertilizantes y semillas. A 8 kilómetros está Bayer-Monsanto. También Syngenta”. Dice Esteban: “Campana tiene barrancas aunque no se nota por la cantidad de empresas que hay. En la ciudad tomar agua es como tomar lavandina. Y a esto se suma lo que pasa en el campo. Por eso no es exagerado decir que somos Springfield”.

La intendencia la administra desde 2015 Sebastián Abella, de Juntos por el Cambio. Fue corredor de TC Pista, tiene 45 años y fue reelegido en 2019. En 2007 y 2009 fue candidato a concejal por el PRO. En 2013 se pasó al Frente Renovador y fue concejal. En 2015 volvió a saltar de partido y regresó a su espacio político de origen. Abella no respondió ninguno de los llamados ni mensajes para que se escuche su voz en esta crónica.

Quien sí atendió el teléfono fue Cecilia Acciardi, la secretaria de Salud. También aceptó la nota personalmente. También citó a MU en el Hospital Municipal para el día siguiente a las 9.30 de la mañana. También a diez minutos del horario pactado mandó un mensaje: “Bancame que estoy complicada”. También dijo que de la Secretaría de Comunicación nos llamarían y que en breve ella misma volvería a comunicarse.

Jamás se contactó. No volvió a contestar llamados ni mensajes.

Quien sí llamó fue Cecilia Novoa, de la Secretaría de Comunicación del Municipio. Preguntó sobre qué iba a ser la nota. “Contaminación en el ambiente y en la salud de Campana. Estamos en la puerta del hospital esperando la entrevista pactada con la Secretaria de Salud”. Dice que en unos minutos vuelve a llamar.

No llama. Ni ella ni nadie.

Quien sí atiende el teléfono horas después es Sergio Agostinelli, secretario de Planeamiento, Obras y Medio Ambiente. Se pide entrevistarlo. Contesta: “Te cuento cómo estamos organizados acá: yo atiendo periodistas que pasan el filtro de Prensa. Si ellos me dan el okey, sí. No tengo problema en darte el contacto”. Pasa el teléfono de Cecilia Novoa, quien no responde los llamados. Sí los mensajes, en primera instancia.

El diálogo:

–Hablamos con Sergio Agostinelli y nos dijo que usted debe autorizar la entrevista. ¿Podríamos hablar con él?

–No está en Campana.

–Sí está en Campana. Estuvimos en su lugar de trabajo hace unos minutos. Si no es personalmente, aunque sea por teléfono.

–Si te parece enviame un cuestionario por mail. Y vemos de responderlo.

–Para que se escuche la voz del municipio es importante dialogar en persona, o por lo menos por teléfono con algún funcionario.

–Seguramente te contacte con el secretario legal.

–Podemos hablar con él por lo legal, pero de manera complementaria quisiéramos hablar también con algún responsable político.

Cecilia Novoa deja de responder. Tras el informe elaborado por el INTA Balcarce, el intendente Sebastián Abella sigue sin atender. La secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, opta por el mismo silencio.

LA EXCEPCIÓN A LA REGLA

En la salita médica de Los Pioneros, el médico clínico Norberto Noel y la obstetra Carla Arias rompen el mutismo. Carla describe que históricamente esta era una zona de casas quintas, de poca gente estable, la mayoría con obra social. Y que hace cinco años se empezó a poblar mucho más. Va al hueso: “La lista de químicos que están usando es infinita y el glifosato es el más suave; lo peor son las combinaciones de los agroquímicos. Pueden producir cáncer, tiroides, enfermedades crónicas”. Norberto profundiza: “Ya se sabe que el agua está contaminada, que la gente está contaminada en la sangre, no se sabe qué puede pasar dentro de 10, 15, 20 años”. ¿Qué hacer entonces? “Vamos a estar alertas y apuntamos a la prevención. Esto significa llegar a que no haya más pacientes con sintomatologías. Pero para eso, deben prohibir el uso indebido de estos tóxicos; ese es el 99.9 por ciento del objetivo”.

El doctor subraya: “Acá hacemos atención primaria de salud, pero están informadas la directora de Salud Comunitaria, la subsecretaria de Salud, la secretaria de Salud y el Intendente, todos saben lo que está pasando acá. Hace menos de un mes hubo una reunión por otra cosa y aproveché y se los dije: ‘En el barrio donde yo trabajo está pasando esto. Se tienen que hacer cargo porque es un tema de salud, hay diagnósticos en sangre, hay agrotóxicos, hagan algo’. ‘Sí, tenemos que hacer’, me dijeron. Y ahí quedó”. Sentencia: “La solución y prevención dependen del municipio. Desde acá podemos colaborar como profesionales pero no podemos ir al medio del campo y decir no fumiguen más. Deben hacerse cargo quienes corresponde”.

Carla aporta en su doble rol, como partera y vecina: “Hay una bajada de línea de no involucrarse. Traté que las autoridades se acerquen a las reuniones vecinales y no vinieron. No hay voluntad. No sé qué tipo de manejos hay entre el municipio y los dueños de los campos, pero sí noto falta de compromiso”. Y abre su corazón: “Me siento insegura, angustiada. La falta de respuestas es una desilusión. Cuando hablo con mis superiores, siento que la estamos remando solas. Estoy preocupada por la situación, cada vez leo más cosas y me doy cuenta de que el problema es gigante. Hay mucho compromiso entre los vecinos, sobre todo de Lu y de Vero, pero también la sensación que del otro lado hay mucho poder”.

CONTRA LA CORRIENTE

El 30 de julio, el intendente Sebastián Abella se reunió con Lucía y Verónica, como representantes de la comunidad. Recuerda Lucía: “El intendente nos recibió y no tenía idea de lo que estaba pasando. Dijo que próximamente llevarían agua corriente a Los Pioneros, tema que nada tenía que ver con la reunión. Además, si las napas están todas contaminadas, ¿de qué nos sirve? Le dijimos que no veníamos hablar de eso, le contamos la situación y respondió: ‘Para qué vienen a hablar acá si ya saben todo’. Me pareció terrible su respuesta. Desde ahí, nunca más se contactaron desde el Municipio”. Detalla Verónica: “Fuimos a reunirnos sin muchas expectativas, pero no me esperaba su actitud tan soberbia. Antes de irnos le regaló una taza a mi hija… Un cinismo. Como si eso mejorara las cosas. Sentimos un total desprecio de su parte”.

Richard Sanabria integra la organización ECO Campana surgida en septiembre de 2020 luego de varios incendios propagados en la ciudad. Aclara: “Esta lucha es de Pioneros por el Agua, nosotros estamos para lo que los vecinos necesiten. Lo resalto porque hace poco salió una concejal hablando sobre la importancia de la prohibición de las fumigaciones, como si eso fuera mérito del Concejo Deliberante, cuando nadie hizo absolutamente nada, ni en lo legal ni en lo económico, para ayudar a que se realicen los análisis físico químicos. Lo que se consiguió fue por una razón: la organización vecinal”.

Es esa comunidad la que no se cansa de denunciar: “Nosotros somos víctimas, sufrimos daños que pueden ser irreparables y tenemos la sensación de que debemos demostrarlo. Este sistema sostiene al modelo, porque acá nadie consume soja pero estamos rodeados de soja”, dice Verónica, 39 años, madre de Lucero, Ema y Vicente. “La posibilidad de irnos apareció muy fuerte, pero no quiero irme sin dar batalla. Además, si me voy, ¿qué pasa con mis vecinos? Tengo una sensación de fortaleza por lo que venimos haciendo: estamos aprendiendo un montón y en cuatro meses ya logramos que vuelva a regir la ordenanza”.

Es esta comunidad la que no se cansa de contagiar: “Hay un camino trazado que empezaron otros pueblos fumigados y acá en pocos meses ya tenemos el trabajo encaminado. Pero no es fácil, en el agronegocio no hay grieta; los partidos políticos más grandes están alineados”. Y manifiesta: “Cuesta entender la gravedad sin esperar a que el médico diagnostique cáncer o nazca un bebé con malformaciones. Esta es nuestra lucha, informar sobre el riesgo que ya existe hoy”, dice Lucía, 30 años, la mamá de Carmela, frente a un mural gigante y colorido, con un lema que no deja dudas: “Basta de fumigarnos”.

Es esta comunidad la que no se cansa de dar pelea: “La única manera de que esto se resuelva algún día es no dejar de luchar”, asegura Carolina.

“El camino que tenemos, pese a todos los obstáculos, es la acción colectiva”, plantea Jimena.

“Si algo podemos cambiar, es haciéndolo juntos”, coincide Esteban.

Es esta comunidad la que hizo sonar una, dos, tres, cuatro, múltiples alarmas.

Cada día resuenan más fuerte.

Y cada día les será más difícil a los responsables sostener el pacto de silencio.

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

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hace 4 horas

17/10/2025

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas — Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.

Misión imposible: la ¿increíble? historia de Sabrina Ortiz

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

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Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza

Publicada

hace 1 semana

09/10/2025

Al llegar al país luego de estar 8 días detenida (junto a otros tres argentinos, entre un total de 443 personas que conformaban la flotilla Global Sumud) la legisladora habló con lavaca.

Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza — Celeste Fierro al llegar a Ezeiza. Fue recibida por decenas de personas que se acercaron a apoyarla y recibirla.

Celeste Fierro durmió sólo algunas horas, y de manera intermitente, y apenas se levanta habla con lavaca. Llegó anoche de Jordania, donde fue trasladada desde la cárcel de Ktzi’ot. Allí estuvo presa del 3 al 7 de octubre, después de que el Estado israelí interceptara el barco en el que pretendía llegar a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. Del 1 al 2 tuvo dos días de traslados, y el día 7 la llevaron también a Jordania, desde donde partió el vuelo a Buenos Aires.

La historia es conocida: en aguas internacionales, el Estado de Israel interceptó todos los barcos de la flotilla, tomó su mando y los dirigió a tierra para detener a sus tripulantes. “Sabíamos que, lo más probable, era que pasara lo que pasó”, se sincera Fierro respecto a la misión humanitaria que buscaba 1) romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y 2) hacer visible la crisis humanitaria allí.

Lo primero no lo lograron. Lo segundo, sí.

Lavaca fue el único medio argentino presente en la masiva movilización en Roma que, tras conocerse la noticia de la detención de los tripulantes de esta flotilla, reunió a un millón de personas para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza y, entre otras cosas, la liberación inmediata de los recientes detenidos. Ese mismo día, por la noche, llegaron a la capital 26 personas italianas que habían sido detenidas, las primeras que largó el Estado de Israel.

Los cuatro argentinos (Ezequiel Peressini, Carlos Bertola, Nicolás Calabrese, y Celeste) fueron de los últimos.

Finalmente ayer, después de 8 días, volvieron a pisar su tierra.

Desde aquel 1 de octubre hasta ahora, Celeste no había vuelto a tomar mate. Está en eso mientras conversa y revela que su mate, al igual que todas sus pertenencias (a excepción del pasaporte) le fueron sustraídas por el Estado de Israel.

La primera pregunta es obvia: ¿Cómo estás?

Entera, lo cual es un montón. Y muy contenta de estar de nuevo acá. Eso es lo primero, pero también muy preocupada porque entiendo que todavía hay compañeros detenidos de la Global Sumud y que, además, interceptaron a la Freedom Flotilla (145 detenidos). Así que poniéndome en contacto con compas de otros países para estar a disposición.

Durante dos días no se supo nada de vos; luego lo que llegaba era casi nada. ¿Qué pasó en esos primeros momentos?

Lo que nos pasó no se compara con lo que pasan los presos palestinos en las cárceles de Israel; no se compara con lo que viven las familias palestinas en la franja de Gaza. Pero, en ese momento, lo que más preocupaba era que no supieran que estábamos vivos. Desde que nos detuvieron estuvimos 48 horas hasta que logramos ver a un abogado. Y después, la visita de la cancillería fue recién el viernes o el sábado, 3 días después de la intercepción. Lo único que yo quería que avisaran era que estábamos vivos.

¿Les iban informando qué harían con ustedes?

Los primeros que salen son los italianos. En las intercepciones preguntaron por los italianos, ya veíamos claramente que iban a liberarlos más rápido. Los que quedamos detenidos fuimos los del sur global, no solo América, Sudáfrica, Nueva Zelanda.

¿Por qué Italia primero?

Lo de Italia fue por la presión social hacia el propio gobierno italiano de ultraderecha. Hubo una huelga general una semana antes de la intercepción; eso hizo que Meloni mandara un barco, que fue directamente para responder a la huelga; y también para que los italianos desistan de esas misiones. No lo lograron.

¿Cómo fueron los días previos a que los interceptaran?

Ya habíamos tenido una situación previa el día anterior, donde rodearon dos de los barcos de la flotilla. Con alguna cosa magnética cortaron los radares, los teléfonos, como que esos barcos perdieron la comunicación. Y luego se retiraron. Ahí tuvimos el primer intento, ya antes habíamos tenido los ataques con los drones.

¿Cómo es un ataque con drones?

Los primeros dos ataques fueron en puerto de Túnez. Nosotros no habíamos llegado ahí todavía. Pero también entendimos que eran para intimidar, para amedrentar. Es un ejército muy preparado: si hubieran querido hundir un barco lo hacían. Lo que hicieron en el puerto dos días distintos a dos embarcaciones distintas fue tirar como unos explosivos. Y se logró contener ese fuego rápidamente y no pasó a mayores y lograron seguir esas embarcaciones.

En altamar también siguieron las intimidaciones

Todas las noches teníamos drones arriba. Una vigilancia permanente 24×7, fundamentalmente a la noche. Dos días antes de llegar a Creta, entre Sicilia y Creta, ya no eran algunos sino que eran decenas de drones que pasaban por todos los barcos. Y a las 11 de la noche empezamos a tener interferencia en las radios. Empezó a sonar ABBA a todo volumen, nos mirábamos porque no sabíamos qué estaba pasando… Y a los 15 minutos escuchamos la primera detonación… Tiraban esos explosivos que explotan cuando tocan algo; a uno de los barcos les tiraron uno de los mástiles… a otro directamente le rompieron una vela. A otros era solamente el sonido y veías una luz muy fuerte. Era sistemático: cada 15 minutos sentíamos una detonación. A otro le cayeron líquidos, que no sabemos qué eran. No los escuchábamos, veíamos luces, era mucho el miedo.

¿En algún momento temiste por tu vida?

Creo que todo el tiempo. Desde ese momento, hasta que logramos salir (por anteayer). En el momento de los drones, al día siguiente hablábamos: siguen intentando que no continuemos. Y la fuerza estaba puesta en continuar. Y a la noche siguiente estaba en la guardia y no hubo drones. Fue una guardia muy tranquila. Fue el primer día que dije: y mirá si llegamos… Había crecido la presión internacional. Pero no pasó.

Y el día en que los interceptan, ¿cómo fue?

Cuando nos interceptan –no me acuerdo la hora pero era de día, habrán sido las 7PM- nos llega un mensaje de uno de los barcos que en un radar habían visto que se acercaban 10 o 12 barcos. Ahí nos preparamos con los protocolos que veníamos manejando, y en menos de una hora y media ya habían llegado. Empezaron a rodearnos lanchas rápidas, no las veías porque era de noche. Nos tiraron primero agua a todos los barcos. Luego por un altoparlante decían que no teníamos que seguir navegando, que si nos quedábamos ahí iba a estar todo bien… Todo eso duró como una hora. Hasta que se subieron alrededor de 10 o 12 marines israelíes, con armas largas, caras tapadas. Lo primero que hicieron fue desactivar todas las conexiones de Internet. Y ahí efectivamente nos detuvieron, agarraron el mando de nuestro barco. Nos cachean, nos piden los pasaportes. Revuelven todo. Y nos metieron en los camarotes, éramos muchos más de los que entran en los camarotes, estábamos todos amontonados. Estuvimos 24 horas metidos ahí, sin comer nada. Hasta que llegamos al puerto, 24 horas más, y después a la cárcel, donde nunca nos dieron agua potable, estuvimos hacinados, con precintos; a compañeros les vendaron los ojos. Sufrimos maltrato físico. Y la mayor preocupación era que se sepa dónde estábamos.

¿Cómo se siente en el cuerpo esa impunidad?

Nosotros sabíamos que el escenario más probable era lo que nos terminó sucediendo. También hay que decir que lo que significó la flotilla en cuanto al impulso, a multiplicar las acciones, es muy fuerte. Es fuerte saberse parte de una acción internacional que hace lo que los Estados no hacen, dando una respuesta solidaria, humanitaria, a una causa que es de toda la humanidad; fue muy importante. A mí me recordaba a las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española, Nicaragua… Y creo que eso también fue lo que nos protegió, más allá de la violencia que se sufrió, que todos los ojos estén puestos en Gaza y en la flotilla hace que hoy estemos en casa. Esa firmeza de continuar a pesar de los ataques. Y repito: lo que a nosotros nos pasó, ni se comprara con lo que pasa Gaza. Eso es lo que nos daba más fuerza y firmeza para continuar y de estar juntos.

¿Qué pudiste compartir con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, respecto a lo que estaba pasando, a la situación de Gaza, a cómo articular el reclamo a nivel global?

Para mí fue muy importante. Como experiencia militante, como experiencia de vida. Quienes somos militantes, internacionalistas, lo vivimos de forma permanente, pero esto fue encontrarnos con gente que nunca habíamos tenido contacto, que hablamos distintos idiomas, que venimos de distintas historias. Había sindicalistas, periodistas, enfermeros, médicos, compañeras activistas, artistas. Eso es lo que fortaleció la misión y sobre todo el reclamo y le dio potencia. El internacionalismo, sabernos todos levantamos una misma causa logró potenciarlo y ver que en todos los rincones del mundo se esté denunciando el genocidio y levantando la causa palestina, porque la causa del pueblo palestino es hoy la causa de toda la humanidad. Ese fue el sentido de la flotilla.

¿En qué nivel ves que está el reclamo en Argentina?

En los últimos meses se ha multiplicado la participación. Nosotros lo venimos levantando desde hace décadas, pero creo que hubo un cambio grandísimo. Me acuerdo patente el domingo que fue el Día del Padre, que hubo una movilización gigante, había familias enteras. Desde ese día hasta ahora se ha multiplicado el acompañamiento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares inhóspitos del país. Se fue extendiendo y tenemos que ser cada vez más.

Ahora hay un supuesto nuevo “alto al fuego”. ¿Cómo lo interpretan?

No hay que conformarse hasta el alto el fuego que hay ahora, que no sea un nuevo invento. Lo que venga del imperialismo yanqui creo que es un nuevo acuerdo de ocupación colonial que no va a resolver de forma definitiva las necesidades del pueblo palestino. Acá una paz justa es una paz donde haya derecho al retorno, donde la Palestina sea única, del río al mar y no es lo que se está proponiendo. Hay que seguir multiplicando las acciones por eso, y en nuestro país seguir exigiendo: no en nuestro nombre. Tenemos que tomar lo que dicen nuestros compañeros judíos: que este Estado apoye a ese genocidio, a ese criminal de guerra como es Netanyahu, no es en nuestro nombre, cuando sabemos lo que significa un genocidio en nuestra historia. El genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura: tenemos que decir no en nuestro nombre y seguir reclamando la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy es un momento en el que Israel está aislado internacionalmente, así que hay que presionar.

El gobierno nacional también parece estar en ese mismo aislamiento…

Por eso, hay que seguir denunciando a este gobierno que no solo es cómplice de ese genocidio sino que viene llevando adelante un desastre en materia económica y social y que por eso está recibiendo fuertes golpes. Acá vamos a estar para plantear una alternativa.

¿Cómo se comportó el gobierno nacional con ustedes los detenidos?

Cancillería hizo… el trabajo administrativo para saber que estábamos ahí, y comunicarse con nuestra familia. Nos lo dijeron con claridad: estuvo el cónsul, pero no fue el embajador. Y esa es una decisión política. Hubo una decisión política de no exigir nuestra inmediata libertad y eso fue lo que sucedió. Estuvimos en Jordania con los diplomáticos de Uruguay, que fueron quienes nos buscaron y acompañaron en el proceso de volver a casa.

Llegaste. Y ahora, ¿qué vas a hacer?

Hoy pretendo quedarme un rato en mi casa. Ayer no me despegué de mi hija desde que llegué al aeropuerto… Y después que la logré dormir me fui a Aeroparque a recibir a Cascote, el compañero que llegó de madrugada. Volví, dormí unas horitas, y acá estoy.

¿Qué edad tiene tu hija?

9 años.

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9 años sin Lucía Pérez

Publicada

hace 1 semana

09/10/2025

La familia de la joven realizó una marcha en Mar del Plata a nueve años del crimen. Lucia tenía 16 años al ser víctima de un narcofemicidio. El aniversario llega en el marco de un nuevo proceso que tiene a sus padres, Marta y Guillermo, otra vez en los laberintos de una justicia que no resuelve el caso y hasta descartó que se haya tratado de un femicidio. «Hoy es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama estamos luchando por todos», dijo Marta (en la foto de portada, rodeada por Guillermo y su hijo Matías). Recordó que hace nueve años habla de «narcofemicidio», figura que hoy se pone de relieve con los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Por eso, la familia pidió: «Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos».

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, agarró el micrófono durante la marcha en Mar del Plata y lo primero que hizo fue agradecer: “Gracias por estar juntos una vez más, por esta lucha que llevamos todos, por ustedes, nuestros padres y abuelos”. Después, mirando a la marcha de jubilados y jubiladas que había llegado hasta el monumento a San Martin en Mar del Plata, unió agendas y resistencias: «Hoy ustedes cumplen 2 años de su lucha”. Y, finalmente, abrazó: “Hoy se cumplen 9 años del femicidio de Lucía. Para nosotros es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama, estamos luchando por todos”.

Marta Montero pronunció estas palabras en un aniversario que tiene a la causa sumida en un laberinto que la justicia no resuelve hace nueve años. Primero, fue un juicio que absolvió a los acusados de femicidio: los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale dictaminaron que no hubo femicidio ni abuso sexual sino que condenaron a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por comercialización de estupefacientes.

Imágenes del acto en las calles marplatenses. Foto: Florencia Ferioli.

La familia logró iniciar un jury político a los jueces Urso y Viñas (Carnevale consiguió la jubilación anticipada en tiempos de María Eugenia Vidal en la gobernación), pero resultaron absueltos. El proceso sentó un precedente sobre el control social y político a nivel judicial.

En 2023, la lucha de la familia, apoyada por todo una red de organizaciones nucleadas en la Campaña Somos Lucía, logró tirar abajo ese primer juicio y realizar otro que terminó condenando a perpetua a Farías por «abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio«. En el caso de Offidani, le dieron 8 años de condena como partícipe secundario del femicidio que, sumados a la condena previa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, le significan 15 años de prisión.

Foto: Florencia Ferioli.

Sin embargo, este año la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, integrada por los jueces Víctor Violini y María Florencia Budiño, descartó que haya sido un femicidio y remitió las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata para que establezca una nueva pena para Farías, pero sólo por el delito abuso sexual con acceso carnal agravado, cuya pena máxima es de 15 años. La instancia judicial de «cesura», como es llamada, reveló las contradicciones de un sistema judicial que expone a la familia nuevamente ante el dolor de tener que explicarlo todo otra vez. Así, entre instancias de apelación a la Corte Suprema, en un país cuyo presidente y ministro de Justicia niegan la figura de femicidio, con la sociedad conmovida ante otro triple narcofemicidio bonaerense, llega el noveno aniversario de Lucía.

Foto: Florencia Ferioli.

En Mar del Plata, las columnas caminaron por las calles de la ciudad hasta llegar a la Municipalidad donde se gritó “Presente” cada vez que se nombró a Lucía y a larga lista de víctimas de femicidios que sacuden nuestro país: según el Observatorio Lucía Pérez son 203 los femicidios y travesticidios solamente en lo que va del año. La marcha fue una de las más de 170 que recorrió calles de todo el país exigiendo justicia durante el 2025.

“Hace 9 años cuando mataron a Lucia hablábamos del narco, del dealer, y hoy desgraciadamente lo vemos con el triple femicidio y con cada una de las mujeres que nos matan”, dijo Marta. Y se preguntó: “Lucía era la hija que cualquiera tiene, eso era Lucía. Nuestra lucha es por nuestras hijas, por nuestros hijos. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué país queremos dejar? Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos”.

En diálogo con lavaca Marta mandó un video que termina en una pregunta. Mirando a cámara interpeló: “Hoy se cumplen los 9 años del narcofemicidio. Esto era lo que nosotros hablábamos hace 9 años. Lo que estábamos viendo. Lo que hoy nos está pasando con nuestras pibas. El tríple femicidio, narcofemicidio quedó muy al descubierto. Esto nos pasa en los barrios. Esto es lo que nos está pasando hoy. ¿Qué hacemos?”