Pese al acuerdo Macri-Ibarra, la movilización de la sociedad civil logró ya seis postergaciones –ahora hasta el 7 de julio- del tratamiento de la reforma al Código Contravencional porteño que busca penar piquetes, bajar la edad de imputabilidad, marcar zonas rojas para travestis y prostitutas y crear delitos inexistentes. ¿Cómo se construyó la resistencia al proyecto? Silvia Delfino, profesora y activista, explica cómo la acción lleva al consenso (y no al revés), y analiza por qué el gobierno de Ibarra se equivoca con respecto a la clase media.

Cuarenta organizaciones totalmente dispares lograron trabajar en conjunto para luchar contra la reforma. Se oponen a políticas de represión y de restricción de espacios públicos.
A partir de la acción, llegaron a acuerdos sobre contenidos. Analizaron los proyectos, golpearon despachos, realizaron manifestaciones y coparon la audiencia pública.
Dice la profesora Silvia Delfino: «Los códigos contravencionales son inconstitucionales. Sólo sirven para dar lugar a arbitrariedades y para la caja chica policial».
«Ibarra tiene una falsa caracterización de la clase media porteña que, si bien pide orden, no acepta la represión».
La experiencias constituye un tipo de articulación inédita, donde la acción de resistencia concreta lleva al consenso, y no al revés.

A pesar del acuerdo entre el jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra y el empresario y político Mauricio Macri para reformar el Código Contravencional porteño, el proyecto no logra llegar al recinto legislativo. La postergación esta vez es hasta el 29 de junio. Silvia Delfino, miembro del Área Queer del Centro Cultural Ricardo Rojas, docente e investigadora de las universidades de Buenos Aires y Entre Ríos, y una de las principales activistas contra la reforma, explica las claves para comprender en qué punto está el conflicto.

-¿Cómo se construyó la resistencia política a la reforma del Código de Convivencia de la Ciudad?

-La mayoría de las 40 organizaciones trabajamos juntas desde el año 94, cuando comenzó a discutirse el código actual y la derogación de los edictos policiales. Son muchas luchas distintas que se articularon transversalmente. Todas tienen en común la denuncia de políticas de represión y de medidas restrictivas al uso del espacio público. No sólo trabajamos contra el Código Contravencional de la Ciudad, sino también contra edictos y códigos de todo el país. Son la herencia de la dictadura. La Constitución Nacional los prohibe, porque tipifican delitos que no están previstos en el Código Penal. Por eso decimos que estos códigos son inconstitucionales. Sólo sirven para dar lugar a arbitrariedades, para la caja chica policial y para el autoritarismo: por ejemplo, castigan con arresto la vagancia, la mendicidad, el desorden público, el merodeo. Son todas figuras del siglo XIX.

-¿Qué tipo de organizaciones confluyeron en este espacio?

-Son organizaciones que levantan la bandera de la antirepresión y la antisdiscriminación. Pero a su vez, son grupos que en los últimos años sumaron reclamos concretos que vinculan la represión a la situación de pobreza. Entre otros, están Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S., las asambleas barriales, movimientos de gays, travestis, lesbianas y transexuales, artistas callejeros, cartoneros, asentamientos populares, piqueteros, estudiantes. Todas, además, se oponen a las restricciones al uso del espacio público. Empezamos trabajando en el local de H.I.J.O.S., que tuvo un rol importante al permitir hace unos años que encabezaran sus marchas los grupos de travestis, gays y lesbianas. Después nos reunimos en el de la Liga por los Derechos Humanos, y también en varias asambleas.

-En un momento de tanta fragmentación de los movimientos sociales, ¿cómo se consiguió el consenso?

-Uno puede pensar la fragmentación de los movimientos desde la diferencia de los contenidos. Pero por otro lado puede pensar esto desde las modalidades de acción. Muchas veces, aunque los contenidos sean distintos, las prácticas son similares. Y a partir de la coincidencia de la acción, llegamos al consenso del contenido: no es posible la vida democrática con represión. En eso estamos todos de acuerdo.

-¿Cuáles son esas modalidades en común?

-La acción directa y ocupación del espacio público. La democracia abrió el espacio público a la ciudadanía pero inmediatamente lo cerró, puso restricciones porque empezó a definir al conflicto como desestabilizador del sistema. Y muchos organismos de derechos humanos también cayeron en esta trampa y se autolimitaron. La Legislatura porteña es una muestra de lo menos dinámico de la democracia: concibe al conflicto como un desequilibrio, en vez de verlo como parte de la discusión propia y esencial en una democracia. Nuestro acuerdo también consiste en oponernos a toda política pública que tipifique delitos de autor: esto es portación de cara, color, condición social, apariencia física. Todo eso es discriminatorio.

-¿Qué acciones concretas realizaron para detener la sanción de la reforma del Código?

-Leímos los proyectos, hicimos un análisis e involucramos a todos los organismos que podían realizar informes técnicos: el CELS, la CORREPI, el SERPAJ (Centro de Estudios Legales y Sociales, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Servicio de Paz y Justicia). Después tratamos de hacer públicos los proyectos y también realizamos una tarea propia de la acción ciudadana: pedir argumentos a los legisladores, visitando despacho por despacho. Trabajamos en forma conjunta con quienes podían acompañarnos. Por ejemplo, la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, que realizó un informe condenando la baja de la edad de imputabilidad que alienta el proyecto de reforma. Además, hubo un aprendizaje mutuo de las distintas luchas, que permitió acciones conjuntas, por ejemplo, de vendedores ambulantes, artistas callejeros, etcétera. Y seguimos atentamente el tratamiento de la ley, como se hace en las democracias más activas. Por eso nos encontrábamos semanalmente.

-¿Qué acogida tuvieron cuando golpeaban despachos?

-Allí apareció el gran problema de esta Legislatura. Los proyectos se aprueban sin discusiones, porque responden a acuerdos preelectorales. Cuando fuimos a las comisiones descubrimos que no se debate, hay legisladores que ni saben cuál es su función. Esto es lo grave. Sólo se discuten los espacios de poder dentro de la Legislatura.

-Pero hubo debates en las audiencias públicas…

-El Código se iba a tratar por primera vez el 19 de febrero en sesión extraordinaria, junto a un código procesal penal improvisado, especial para la ciudad, que incluía barbaridades como la detención sin orden judicial previa. Se la conocía como la Ley Parche e iba a regir hasta que la Ciudad se diera un código definitivo. Cuando los organismos de derechos humanos comenzaban a plantear los inconvenientes de esa ley, aparece la audiencia pública del 22 de marzo. Se usó la sala Martín Coronado del Teatro San Martín, se gastó muchísimo dinero en publicitarla, y resulta que el vicejefe de Gobierno sólo se queda media hora, no asiste ningún legislador de los que proponen la reforma y de los involucrados sólo participa el secretario de seguridad. Se trataba de un fraude, una puesta en escena para cumplir un requisito. De hecho, el 95 por ciento de las intervenciones se opuso a las reformas del Código: la que sanciona la obstrucción de la vía pública, la que determina la baja de la imputabilidad a los 16 años y la que establece una zona roja que sólo sirve para que recauden la policía y las mafias. Sin embargo, los medios sólo reflejaron que hubo caos y desorden. No hay estado público del debate, porque los medios viven de la publicidad oficial y no informan.

-En su momento, Aníbal Ibarra impulsó el actual Código y subrayaba que era propio de una ciudad progresista. ¿Por qué cree que ahora él mismo alienta una reforma en otra dirección?

-Ibarra, y resto del Frepaso, tienen una mala caracterización de la ciudadanía. Creen que tendrán mayor popularidad cerrando los parques -como el Rivadavia o ahora la plaza Flores- y desalojando viviendas y asambleas. Es el proyecto político de un centro izquierda alejada de la calle, dirigentes que sólo leen los reclamos del periodismo, que por otra parte refleja las operaciones de prensa de esos mismos dirigentes. O sea, terminan leyendo como una verdad lo que ellos mismos hacen publicar. No entienden a la clase media, que si bien reclama orden, repudia cualquier intento represivo. Ibarra tiene una política de alta exposición publicitaria pero de bajo vínculo con la calle. Ahora empezaron las discusiones mediáticas de las elecciones del 2005 y 2007, eso no tiene ningún vínculo con los movimientos sociales. Mientras tanto, esta Legislatura todavía no pudo cumplir con su promesa de una ley para las empresas recuperadas por sus trabajadores. Evidentemente, no comprendieron el mensaje del 19 y 20 de diciembre de 2001.

-¿No lo comprendieron o actúan así precisamente porque lo comprendieron y buscan neutralizarlo?

-Uno podría pensar que el proyecto de que se vayan todos, participación democrática y pública en la toma de decisiones fracasó y retrocedió. Pero otra forma de verlo es pensar que todo eso se transformó en mecanismos de reclamo de opinión pública. En las listas, efectivamente, están todos. Pero esos sujetos hoy tienen que dar cuenta de las decisiones que toman y también del modo en que las toman. Ese fue el verdadero reclamo: no fue contra la democracia, sino contra una democracia que toma decisiones a puertas cerradas. Eso terminó. Pero el gobierno de la Ciudad parece que no lo comprendió. Piensa que puede ocultarse detrás de los carteles publicitarios de la caca de los perros, la bolsita de los cartoneros o el presupuesto participativo. Pero la crisis de legitimidad le llega a todas las instituciones.

-En la Legislatura hay 16 bloques distintos, ¿cuánto influye la desaparición de los partidos tradicionales en las dificultades para reformar el Código?

-Los partidos no existen desde el punto de vista formal, pero mantienen las prácticas de la vieja tradición. Hoy son los intereses personales los que rompen la disciplina partidaria, porque ya están pensando sus próximas elecciones. Además, no cambió la rutina de toma de decisiones. El ibarrista Julio De Giovanni, por ejemplo, nos dice que le gustaría poner una excepción en la reforma para garantizar que no se penalice el uso del espacio público cuando se reclama por un derecho constitucional. Pero asegura que no sería aprobado por la comisión y entonces no da el debate ideológico.

-¿Qué piensa que pasará el 29 con el Código?

-Dependerá en buena parte de los acuerdos a nivel nacional para próximas elecciones. Nosotros no somos exitistas, no pensamos que fueron nuestras acciones la que dilataron el tratamiento de la reforma. Lo que sí logramos fue obstaculizar el tratamiento en secreto. Creo que ahora hay un debate ideológico inédito, que incluye al Estado como actor.

-Sin embargo, el Gobierno prometió una ley de amnistía para los procesados por la protesta social y finalmente nunca la impulsó.

-Eso tiene que ver con el estado de los acuerdos políticos, pero la evidencia de que el delito está vinculado a la policía y a la exclusión ya está en boca de todos, aún de los conservadores. Y a nivel nacional se ha instalado otro debate crucial: con exclusión no hay vía democrática posible.