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Las presas y presos en Caleta: voces sin libertad

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Después de la feroz represión del fin de semana, lavaca viajó a Caleta como parte de una delegación de la organización de derechos humanos Alerta Argentina y entrevistó a las tres mujeres y los tres hombres que contínuan presos. Están encerrados desde hace más de un mes en los pequeños calabozos de las comisarías del pueblo. Todos tienen menos de 35 años, varios hijos y varios años de desocupados. En esta nota, cada uno narra cómo fueron a reclamar sus derechos, cómo los detuvieron y qué esperan de una justicia que los pretende encerrar durante 16 años por haber pedido trabajo. Estos son sus rostros y sus voces.

31 días, 744 horas, 44640 minutos, 2.678.400 segundos. Cuando, el lunes 4 de octubre, fueron realizadas las entrevistas con Elsa Orozco, Selva Sánchez, Marcela Constancio, Mauricio Perancho, Hugo Iglesias y Federico Mansilla los seis cumplían un mes privados de su libertad en tres de las cuatro comisarías de Caleta Olivia, una localidad que no tiene cárceles ni lugares de detención especiales para mujeres o para menores.
En voz alta, frente al grabador, cada uno trata de armar el rompecabezas de estos tiempos que se les hacen interminables: la manifestación, la detención, el encarcelamiento, la familia y los hijos…
Entre el 19 y el 26 de agosto más 200 manifestantes ocuparon la Municipalidad y la playa de tanques del consorcio petrolero Terminales Marítimas Patagónicas (TERMAP) con un único reclamo: trabajo genuino. Las dos protestas se levantaron luego de un acuerdo con las autoridades, que se comprometieron a crear 250 puestos laborales, (de 840 pesos más salarios familiares y otros derechos garantizados por ley) y a implementar un plan de obra pública que incluye la creación de mil puestos de trabajos por tres años y una inversión de la Provincia de 10 millones de pesos.
El acta, que nunca se cumplió, lleva seis firmas: las de Constancio, Perancho, Orozco y Sánchez -los cuatro ahora están presos-; otra corresponde a María Elena Osses -actualmente procesada-; la última es del intendente Fernando Cotillo, en libertad.

El juez de Caleta Olivia, Marcelo Bailaque, procesó a 44 personas luego de las ocupaciones y -una semana después de terminadas las protestas- ordenó la detención de 21, en una causa que desestimó los testimonios de los implicados -incluso de los que como Iglesias o Mansilla, que ni siquiera estuvieron en las ocupaciones- y tomó como pruebas valederas artículos de los diarios Crónica y La prensa e informes de inteligencia con fotos que no son in situ, sino escaneadas de otros lados.
Así, dictó la prisión preventiva a los tres hombres y las tres mujeres por su “rol determinante y de conducción” en los sucesos. Se los acusa, en el dictamen, de “usurpación, impedimento de funciones publicas, privación ilegítima de la libertad y entorpecimiento de actividad económica”. El 14 de octubre el juez Bailaque deberá confirmar o revocar la prisión. Si les niega la libertad y se suman todas las figuras -en lo que los especialistas y los organismos de derechos humanos consideran un forzamiento inaceptable del Código Penal- los detenidos pueden llegar a pasar 16 años en prisión.

A los 6 hombres y mujeres presos les cuesta entender esa insensatez que se empeña en enmarañarles la vida. Se les nota en la cara, en la incredulidad de ciertos gestos, en los rasgos -mínimos- con que intentan salvar la profunda ruptura de su cotidianidad. Y también en la convicción, mamada en una Argentina lejana, de que el trabajo dignifica.
Todos, en algún momento de los quince minutos que duró cada entrevista, sintieron que se les acababan las palabras. Entonces, callaron y lloraron. Mujeres y hombres que lloran, como dice Iglesias, “no por debilidad, sino por impotencia”.
Estas son sus voces y sus silencios.

Elsa

Elsa Orozco tiene 32 años, dos hijos, estudios secundarios completos y una tecnicatura en Seguridad e Higiene a medio cursar. Es el único sostén de su hogar y está desocupada desde que la despidieron de la empresa pesquera Barillari por reclamar condiciones laborales de mínima humanidad. Es la primera entrevistada de las tres presas mujeres, detenidas en la comisaría cuarta de Caleta, la misma seccional donde Gabriela Chelme -detenida el sábado 2 de octubre, luego del desalojo de una segunda toma de Termap- identificó detrás del mostrador al suboficial ayudante Pablo Méndez como quien “la encapuchó, la golpeó, la esposó y la amenazó con violarla”. Elsa tiene un cigarrillo entre los dedos, y las manos -que le tiemblan por los nervios- contrastan con su discurso claro y firme.
La manifestación. ” Yo soy una de las personas que está detenida por manifestar delante del Municipio; peticionábamos trabajo, una fuente laboral genuina. Estuvimos ocho días frente al Municipio, sin ninguna clase de respuesta ni de parte del Municipio ni de la Provincia. El mismo intendente nos dijo que la única forma de conseguir trabajo, hoy por hoy, era que lo dieran las empresas, que era a quienes nosotros teníamos que peticionar. Y fue lo que hicimos. Los 250 compañeros que éramos fuimos a Termap y nos instalamos ahí, pacíficamente, porque en ningún momento hubo ninguna clase de violencia, ninguno de nosotros rompió nada ni agredió a nadie. Nosotros no nos levantamos contra la Gendarmería: fuimos acordonados por los gendarmes que impedían pasar alimentos y abrigos. La gente de Seguridad de Termap nos mojaba con las bombas de agua, y los 250 manifestantes quedamos empapados, de los pies a la cabeza. Y estuvimos así hasta el otro día, cuando se les permitió a nuestros familiares y amigos que nos dieran alguna ropa y bolsas de alimentos. Y fueron ellos los que sufrieron la mayor represión de la Gendarmería; no fuimos los 250 manifestantes sino un grupo de personas que se acercó a solidarizarse: las golpearon, las patearon en el piso, les hicieron de todo, de todo. De ahí en más la represión fue muchísimo más dura, parecía un batalla campal”.
La detención. “A mí me detienen en la calle, el viernes a la noche. Yo andaba con mis compañeras, con Selva, que también está detenida. Después de las manifestaciones y la firma del acta de acuerdo, todas nosotras estuvimos una semana libres, lo cual también es llamativo, porque de última si uno comete un delito que es de público conocimiento la detención tendría que hacerse en el momento, en la Municipalidad o en la planta. Pero no. Yo ya había vuelto a mi casa y estaba a la espera del trabajo, porque según la palabra del intendente íbamos a empezar a cobrar desde el 1º de septiembre y se nos iba a insertar en la fuente laboral lo más rápido que se pudiera”.
La indagatoria. “El sábado me llevan a declarar y el lunes me citan de nuevo y me anuncian una nueva causa, también por el reclamo de trabajo genuino, iniciada por Pedro Ortiz, gerente de la empresa Barillari, por una protesta ocurrida un año antes. Antes de quedar desocupada yo trabajaba en esa pesquera, que hoy por hoy tiene 600 personas trabajando en negro y en condiciones infrahumanas. Me despidieron por peticionar, en esa empresa donde la mayoría éramos mujeres. Yo he visto cómo hacían trabajar a mujeres con embarazos de ocho o nueve meses, en cámaras frigoríficas, a seis grados bajo cero, sin que le dieran ni siquiera la ropa adecuada”.
La comisaría. “Es increíble como un gobierno que dice ser democrático ha llegado a tratarnos como le pasó a tanta gente en aquel tiempo de la última dictadura militar. Si ustedes hubieran escuchado los gritos que nosotras escuchamos en la madrugada del domingo cuando trajeron detenidas a nuevas mujeres, luego de la segunda toma de tanques: compañeras que son madres, que no tienen para darle un pedazo de pan a sus hijos en sus casas y que eran insultadas, agredidas, y nosotras que no podíamos hacer nada. Parecería que la sociedad no termina de darse cuenta de lo que nos está pasando. Nosotras no nos robamos este país, nosotras pedimos una fuente laboral para criar a nuestros hijos, para que nuestros hijos a los 11 años no tengan que salir del colegio porque sus padres no les pueden pagar un estudio, ni siquiera la primaria, porque no pueden costear los libros, porque no pueden comprar un guardapolvo. Por eso peleamos nosotras, ¿entienden?”
Los hijos ” Mis chicos están con una amiga mía, Laura, que los está cuidando. Tengo al más chiquito en un estado depresivo. Estaba mal cuando yo caí, vino a verme, había mejorado, pero de pronto al ver que pasan los días y que no hay respuesta tiene una actitud mucho más cerrada, llora todo el tiempo. Por suerte vi ayer a mi otro hijo, el más grande, que tiene 14, y es obvio que también está mal… Toda la vida hemos estado juntos, y esta es la primera vez que nos separamos, así que no es fácil ni para ellos, ni para mí …Pero confío en que todo se termine, pero no sólo por mí, sino por todos los obreros”.

Marcela

Marcela Sandra Constancio -32 años, 6 hijos- recibe planes sociales desde hace siete temporadas y ya no los quiere más: “yo quiero que den trabajo genuino, que no existan los planes”, dice y sabe que, de todas formas, ya no los tiene. Renunció a ellos cuando firmó el acta de acuerdo que prometía puestos laborales. Antes de la entrevista, el abogado que defiende a los seis presos, Ramón Amaya, le avisó que ya pidió que les pusieran un televisor. Ella no ve la tele desde que la encerraron, pero lleva puesta una remera de Canal 2, la emisora local que -voluntariamente- puso a disposición de las autoridades las filmaciones, en las que ahora se basa la justicia para incriminar a los presos.
La manifestación. “Yo tengo un nene que tiene 9 años, con una discapacidad motriz, y está haciendo integración en una escuela común hace cuatro años. Todo esto implica unos costos que nosotros no podemos cubrir. Las cosas están cada vez más caras y tuvimos que dejar de hacerle algunos tratamientos, porque -además- vivimos lejos del centro. Todos los tratamientos (fonoaudiología, gimnasia, terapia ocupacional) se los hacíamos en Comodoro Rivadavia porque me ayudaba mi familia, pero después mis hermanos se fueron quedando sin trabajo. Además, claro, ellos lo hacían por el sobrino y está todo bien, pero la verdad es que soy yo la que tengo que poder darle esas cosas al chico. Esto fue lo que me hizo movilizarme y el hecho de que con los planes nunca voy a poder tener una jubilación”.
La detención. “Me fueron a buscar a mi casa, donde yo estaba sola, con los chicos. Llegan, no me muestran ninguna orden de detención, quieren a toda costa que me suba al patrullero. Yo agarré el teléfono y traté de comunicarme con alguien que me dijera qué tenía que hacer. Llegó entonces mi hermano y vinieron también mis vecinos, porque la casa se había llenado de policías. Cuando yo decido venirme a la comisaría, mis vecinos dicen que me van a venir a acompañar. `Vaya con los chicos, señora, allá le dicen lo que tienen que hacer y después se vuelven todos a su casa´. Empezamos entonces a subir a una trafic y ahí se desató el caos: empezaron a pegarle a todo el mundo. Acá en la comisaría recién me notificaron que tenía que quedar detenida”.
La comisaría. “Nosotras estamos en una habitación chica, con mucha humedad, encima están las calderas, pero se ve que no andan bien, porque nosotras a veces pedimos que las prendan, y los muchachos que están al lado dicen que las apaguen, porque ellos se mueren de calor y nosotras estamos muertas de frío. Los primeros días fueron los peores porque ellos venían de muy mala manera. Pero después de una denuncia que hicimos, ya el trato cambió, vienen y, por lo menos, cierran las puertas con más suavidad. Recién hace unos días que nos dejan salir una hora al patio. Pero ayer no salimos, como había tanta gente afuera, dijeron que por una cuestión de seguridad no nos dejaban salir”.

Selva

Selva Sánchez cobra un plan Jefes de Jefas de hogar de 150 pesos y su marido tiene meses de trabajo temporario, algunos en lo que hace changas y otros en los que no consigue nada de nada. Ella habla de hambre, pero también de salud y de educación. Porque tiene 28 años, tres hijos y algo que no le quitaron ni las miserias económicas ni el encarcelamiento: la dignidad.
La manifestación. “Yo salí a protestar por no poder llegar a pagarles los estudios a mis hijos, por no poder anotarlos en club porque les faltan las zapatillas o el buzo o plata para la cuota, por no poder llegar a fin de mes con el pan en la mesa… La mayoría de las veces terminamos dándole una taza de té sin leche por comida.
Los chicos míos tienen una enfermedad de la piel y a veces tenemos que decidir si compramos los medicamentos o les damos de comer”.
La detención. “Estaba con Elsa y con otra compañera cuando nos arrestan en la calle, casi llegando a la comisaría. Nos dicen que estábamos demoradas pero no nos explican nada. Lo único que hacían era gritarnos y decirnos barbaridades. Yo les preguntaba:´¿por qué motivo me venís a decir que tengo que ir a la comisaría?, ¿a dónde decís que estoy demorada? Pero no sabían explicarme nada. Me respondieron: ‘ bueno, ahora te van a elevar un acta¨, y yo en ese momento pensé que en un rato íbamos a volver a casa. Pero cuando la sacan a Elsa dicen: “no, esta chica va a la cuarta”. Es decir, que nos trasladaban a esta comisaría. Desde el momento en que llegamos acá nos tuvieron horas sin saber por qué motivo estábamos demoradas. Después de tres horas nos dijeron que estábamos detenidas e incomunicadas. Yo exigí un abogado y un llamado telefónico, que no me permitían. Les tuve que decir: ´yo no te hago la ficha si vos no me permitís llamar a mi marido y decirle que estoy detenida, porque a mis hijos ya van ocho horas que no los veo, tengo una beba de un año, y no sé cómo están, ni con quién´. Mi marido se vino a enterar a las diez de la noche que yo estaba detenida. Vino acá con un tío, les dijeron que yo estaba detenida e incomunicada, así que lo único que pudieron hacer fue pasarme una manta para taparme. Y a partir de ahí fue una primera semana horrible, con maltratos, golpes a la puerta, insultos todo el tiempo, carcajadas… Los policías se reían y nos gritaban barbaridades, desde el pasillo”.
La comisaría. “En las visitas hacen las requisas, sin pudor, no les importa nada. Incluso a los chicos, los desnudan. Les saca la ropa gente extraña que no son ni su papá ni su mamá. Yo le dije a mi marido que si para verme le quieren quitar la ropa a los chicos, prefiero que no vengan. Durante todos estos años hemos tratado de hacer lo mejor para ellos, de cuidarlos física y psicológicamente, para que hoy por hoy nos tiren todo por la borda”.
Los hijos. “Estoy dándole el pecho a la bebé, me la traen todas las tardes… Es muy doloroso verla porque por ahí se va llorando, por ahí se va dormida. Tengo un nene de de 10 años que no quiere venir y cuando lo hace se va llorando angustiado, quiere que yo me vaya a casa con él o se quiere quedar conmigo. Y el de 11 está con tratamiento psicológico, muy mal. Dice que vio en la tele la gente arriba de los tanques y las nuevas detenciones, que él escuchó que había gente a que la habían golpeado mucho y que la policía le quitaba cosas… Están al tanto de todo”.

Hugo

Cuando Hugo Iglesias supo que se había firmado el acta de acuerdo entre los manifestantes y las autoridades, creyó que en Caleta Olivia venía un tiempo de tranquilidad. Y que, como él, otros compañeros empezarían los cursos de capacitación -pagas por las empresas petroleras -que deben hacer en la Universidad antes de ingresar a las firmas a trabajar. Con lo que le dieron por el primer mes de capacitación iba a comprar unos muebles, justo cuando lo detuvieron. El segundo pago se lo alcanzaron a la comisaría donde está detenido.
Hugo hace esfuerzos y se mentaliza para pensar que por lo menos van a estar presos un año más, porque cree que fueron tomados como un caso aleccionador. Pero sigue con ansiedad y esperanza cada movilización que se organiza por los presos de Caleta. Es que tiene que salir cuanto antes: su nueva hija nace en un mes.
La manifestación. “Yo no fui parte de los piquetes; sí estaba para apoyar, llevar cosas, hablar con amigos… Pero no fui parte de la organización. Por esos días estaba con otros amigos haciendo el curso de capacitación porque, con un piquete anterior, habíamos conseguido entrar a trabajar en una empresa petrolera. Me acusan de ser instigador al delito y, según lo que figura en la causa, me han visto reunirme con los voceros individualmente y después con los voceros en su conjunto. Dicen que durante el día estaba como un ciudadano común y a la noche me ponía una capucha y estaba siempre con ellos. En el expediente hay una foto en la que yo estoy apoyado contra el Concejo Deliberante, que ni siquiera es la Municipalidad, hablando con una vocera: esa es la prueba que me incrimina de ser uno de los ideólogos de la protesta”.
La detención. “Me agarraron en la calle, yo iba con mi hijo de dos años al hombro y mi señora embarazada. Pasó un auto, tocó bocina y yo me dí vuelta porque acá nos conocemos todos. ´Te señalaron’, me dijo mi señora. E inmediatamente me rodeó la policía. Repetían: ´¿cómo te llamás, cómo te llamás?, no sabían ni quién era. Me dijeron “sacate el pibe de encima”, yo les dije que no me lo sacaba nada y que me dijeran que querían. ‘ No sabemos, pero te tenemos que llevar´. Finalmente, vino un oficial, le dí el chico a mi señora, la plata que había cobrado, mis cosas y le dije “avisá a los compañeros que estoy preso”. Y como todos los voceros estaban reunidos, se fueron juntos hasta la comisaría y también quedaron presos. Lo mismo Mansilla, que se acercó a ver qué pasaba. Fue una cacería, y así agarraron a muchos. El que zafaba ese día, zafaba porque al otro día no hubo más detenciones. A lo mejor si ese día yo no salía a la calle no me enganchaban, ni estaba preso. Aunque mi señora dice “vos caíste ahora, pero si no hubieras caído igual”, porque sabe que de no haber estado preso yo hubiera ido a apoyar la segunda toma”.
“Nosotros siempre sospechábamos que nos seguían, pero la detención me sorprendió, bah, no sé si me sorprendió dada mi trayectoria: soy dirigente del Fos, participé en un conflicto pesquero por trabajo en blanco y en la recuperación de una fábrica de harina de pescado que después perdimos y yo era uno de los voceros de esa fábrica. Y es justamente por mis antecedentes que me llevan”.
La comisaría. “A mí me trasladaron en condiciones infrahumanas, yo estuve 12 días en la comisaría primera en un cuarto de 2 x 2, con dos compañeros más, y dos colchonetas y media. Ahí no nos dejaban salir ni a tomar aire ni a nada, y la única respiración que había era una mirilla. Al sexto día recién nos dieron un balde de agua para que nos bañarámos. Eran condiciones como para quebrar a cualquiera, y encima veíamos que a los presos comunes estaban mucho mejor que nosotros. No nos dejaban una lapicera para escribir, ni una radio para escuchar lo que pasaba”.
“El día que me trasladaron estaban liberando a otros compañeros. A Carrizo lo largaron y a mí me dijeron ´agarrá tus cosas que nos vamos’ . Pero me trajeron para acá. En esta comisaría estamos mejor, por lo menos nos dieron hora de visita, nos dejan la puerta abierta, tenemos ducha, televisión, recibimos llamadas por teléfono directas. Eso ayuda a que se te haga un poco más llevadero. Si muchos de los policías nos dijeron que estaban de acuerdo con nuestra lucha y hasta los hijos de algunos de ellos fueron detenidos luego de la última represión”.

Mauricio
Mauricio Perancho es un artesano de 32 años, que hace trabajos en madera. Tiene siete hijos, que no lo van a visitar porque creen que él ya salió y anda de viaje. Comparte la prisión con Iglesias, que trata de darle apoyo, pero a Perancho el encierro se le está haciendo muy difícil de sostener.
La manifestación. “Dijeron que iba a haber un plan de vivienda, que iban a dar una solución, por eso fui. Y me acusan de ser el vocero. Pero el vocero no es más que el que va a hablar porque no van a entrar a las oficinas las doscientas personas, no es que son los dirigentes. Cuando estamos en la plaza, se pregunta ahí ´¿quién quiere ser, quién quiere ser?´y se elige “a vos, a vos, a vos”. Lo que pasa es que acá no manda Sergio Acevedo, el gobernador, acá mandan las petroleras y las petroleras dijeron: ´bueno, basta´, y por eso nos agarraron a nosotros. Pero, además, el quilombo que se armó ahora es culpa del gobierno, porque nosotros firmamos un acta donde ellos se comprometían a dar puestos de trabajo y no cumplieron. Por eso la gente empezó a protestar. Dicen que el acta no tiene validez, entonces una chica el otro día le preguntó a un funcionario por radio. ´Ah, entonces los 400 pesos que nos adelantaron -eran para descontar en los meses siguientes- no los tenemos que devolver´. Entonces el funcionario se corrigió y dijo que sí tenía validez. Lo que pasa es que ellos creen que tenemos que agarrar lo que nos tiran, un bolsón de alimentos y listo. Creen que con un bolsón te compran el voto, y Kirchner lo sabe, porque cuando estaba perdiendo las elecciones de gobernador mandó tres camiones con heladeras, televisores y electrodomésticos y si no es así, que lo desmienta… Ellos creían que iban a parar la protesta social en Caleta con la represión, pero mientras haya hambre, no lo van a parar”.
La detención. “Yo salía de La Anónima con mi señora y llegábamos a la plaza y pasó el patrullero delante nuestro y en forma de joda, ella me dice `uy, te van a buscar´. Después me quedé en mi casa y cuando la policía fue a la casa de Marcela Constancio fui a ver qué pasaba y me metieron de prepo en la Trafic y luego me bajaron a las piedras, me empezaron a golpear en el piso”.
Los hijos. “La familia más jodida es la mía, porque mi mujer no tiene trabajo. Ella estaba también en el padrón, así que perdió el plan y se quedó sin nada. A mí me vino a ver un comisario, un subcomisario para ver si los chicos necesitaban algo. Lo único que necesitan es a su padre en libertad. Yo estuve cinco días con huelga de hambre, bajé 6 kilos, mandé un hábeas corpus para ver si me sacaban y nada. Estoy preso yo y está presa mi familia, así que si tiene que pasarnos algo a los que estamos adentro para que reaccionen, no me importa… Tengo a mi nena asmática, si le pasa algo, ¿qué hago? Voy a esperar los quince días que tiene el juez para dictar nuestra excarcelación y si no la da, ya no me importa nada”.

Federico

Cuando Hugo Iglesias fue trasladado de la comisaría primera a la tercera, Federico Mansilla se quedó -y se sintió- solo en la más estricta de las cuatro comisarías de Caleta: sin espacio, sin agua y rodeado de siete presos comunes, con los que no se habla. En una construcción sórdida, con pasillos, rejas y candados, donde hasta a las visitas las acompaña un policía si quieren ir al baño. Se supone que ya está dada la autorización para mudar a Mansilla con sus otros dos compañeros. Pero la orden aún no se ha efectivizado.
La manifestación. “Yo no participé de esta toma porque nosotros ya habíamos salido a manifestarnos una vez anterior y habíamos conseguido trabajo. De hecho estábamos en los cursos de capacitación, previos al ingreso a las petroleras -íbamos a la Universidad todos los días de 7 a 10 de la mañana- cuando nos encontramos con la sorpresa de que salieron a cazarnos. Primero lo agarraron a Hugo y después a mí. Lo que hicimos fue acercarnos a ver qué necesitaban porque nosotros sabíamos lo que es pasar días de hambres y de miseria y porque yo tenía mucha gente conocida y demasiado allegada en el grupo de los manifestantes. Una noche pasé frente a la Municipalidad y veo movimiento de policías que se acercaban a los manifestantes, pero no con intenciones de ir a dialogar. Me acerqué entonces y hablé con el subcomisario, y de manera prepotente me sacó de su lado, tuvimos un pequeño entredicho, y entonces traté de hablar con el comisario. Y, en ese momento, se llegó a parar un poco la cosa, porque iba a ser una locura: 300 personas, la mayoría mujeres, y ellos iban directamente con intención de pegar. Ese es el momento en que me sacaron una foto frente a la Municipalidad que ahora se usa como prueba en mi contra en la causa. En tanto, nosotros seguíamos en la nuestra con los cursos y pasábamos de vez en cuando para ver si necesitaban algo. Una de las veces nos acercamos a la Municipalidad y vimos que ya no había nadie: habían tomado de la planta. Al día siguiente, cuando salimos del curso, tomamos la decisión unánime de llevar alimentos y como vimos que la Policía no dejaba pasarlos, nos acercamos a hablar para que eso no se convirtiera en un enfrentamiento de pobres contra pobres. Al intentar llegar fuimos reprimidos por la Gendarmería, nos empezaron a dar palos, nos dieron mal, a mí me dieron en las costillas, a un compañero le pegaron con el garrote en la nariz, a otro compañero le pegaron en las manos, y después la Policía nos salió a dispersar con disparos, nos corrieron por los barrios, y ahí se llevaron a tres compañeros, largaron a dos y uno quedó hasta la tarde. Luego hicimos una nueva reunión y pensamos qué hubiese hecho esa gente para con nosotros: hubiera tratado de romper ese cordón policial y de Gendarmería. Entonces 300 personas decidimos por unanimidad que íbamos a volver a darles nuestra ayuda. Yo personalmente hice de intermediario entre la Policía, la Gendarmería y los que estaban adentro porque la cosa se ponía muy tensa, la gente de adentro ya no daba para más, estaba demasiado alterada y la misma Policía y la Gendarmería también estaban muy alteradas, amenazaban y querían ir al choque directamente. Así que iba de un lado al otro, diciendo lo que pedían. Eso fue lo que hice”.
La detención. “Podría decirse que lo mío fue medio gracioso. Yo estuve toda la tarde junto con Hugo. Habíamos cobrado, así que cuando salimos del curso, yo me fui a comprar una zapatillas y Hugo iba a buscar unos muebles. En un momento me llamó la señora de mi compañero y me dijo: ´mirá Negro, al Hugo lo vinieron a buscar recién, lo acaban de llevar a la cárcel´ Me fui a verlo y me metieron acá adentro, me metieron mal, no tenían mi nombre, una dirección que no me acuerdo cuál era y un documento que no era el mío, no tenían nada. A cada rato, me preguntaban el nombre otra vez, me pedían el documento, y después me metieron adentro, me tuvieron incomunicado hasta el sábado que fuimos a declarar”.
La comisaría “Después nos metieron a cuatro en un calabozo, luego a uno de los chicos le dieron la excarcelación, se fue, y quedamos tres ahí adentro, en una situación totalmente deprimente con tres colchones en el piso, sin agua. Si nos queríamos bañar teníamos que lograr conseguir un balde de agua y bañarnos con él. Una vez discutí con uno de ellos solicitándole agua y me dijo: ´no te voy a traer nada´. ´Bueno -le contesté- metete el agua en el …” y entonces se fue en busca de un oficial, que vino haciéndose el matón, volvimos a discutir y finalmente me trajeron el agua por orden del comisario. Pero después me negaron las visitas por una semana, así que no fue muy alentador tampoco”.
“Ahora estoy en un cuarto con siete personas que tienen antecedentes por robo, chicos que están en la droga y todo ese tipo de cosas, que lo único que tienen en la cabeza es salir, volverse a drogar, volver a robar. Y, la verdad, es que yo no estoy tranquilo. Ni siquiera puedo compartir una charla, porque para ellos nosotros somos locos porque salimos a buscar trabajo. A mí me gusta leer, me gusta escribir y no puedo hacer nada, sinceramente cada vez me siento con menos ánimo. No tengo ningún antecedente penal, jamás cometí ningún ilícito y si salir a pedir trabajo es ser delincuente, ese sería mi único delito”.
Los hijos. “De ven en cuando recibo visita, lo que pasa es que los horarios de trabajo de mi mujer no coinciden con los horarios de visita. Tengo una nena de 9 meses, va a cumplir 10 ahora. No quiero ni acordarme porque me pone re mal todo eso, sinceramente tengo demasiada bronca. Yo sé que quizás muchos no compartan nuestros métodos, pero nosotros hemos ocupado la planta para conseguir un trabajo, y cuando lo conseguimos, listo. No hemos matado a nadie, no le robamos nada a nadie, no hicimos volar la AMIA”.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases
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