Considerando el período 1993-1999, las 200 firmas más grandes del país generaron, en conjunto, una masa acumulada de utilidades superior a los 25.900 millones de dólares. Aproximadamente el 54% de dicho total (cerca de 14.000 millones de dólares) correspondió a apenas 26 firmas privatizadas (es decir, el 13% del total). Esto indica que este conjunto reducido -aunque sumamente privilegiado- de empresas ganó 2.000 millones de dólares por año; casi 6 millones de dólares por día; 227 mil dólares por hora; y cerca de 3.800 dólares por minuto. En otras palabras, durante la década pasada, este núcleo selecto de grandes firmas obtuvo, por minuto, el equivalente a casi diez salarios medios de la economía argentina.

Por las propias características de muchos de esos servicios (mono u oligopólicos, baja elasticidad de la demanda, la justicia y razonabilidad de las tarifas y de los beneficios que las mismas llevan aparejadas), y tal como lo demuestra la experiencia internacional, las tasas de ganancias -lejos de alcanzar la exorbitancia que lograron- deberían haber sido inferiores a las predominantes en la mayor parte de los restantes sectores de la economía.

Durante la década de los años noventa, la rentabilidad media del conjunto de las empresas privatizadas fue entre siete u ocho veces superior a las de, incluso, el resto de las mayores firmas del país.

Las empresas privatizadas se han apropiado de beneficios extraordinarios que han superado, hasta fines de 2000, los 9.000 millones de dólares.

Su exitoso desempeño económico funcionó de manera disociada del ciclo económico interno (es decir, se trata de firmas que han crecido tanto en las fases expansivas como en las recesivas). Como resultado de estos patrones de comportamiento se puede inferir un significativo incremento en la concentración económica del conjunto de la economía argentina en torno a este reducido -pero privilegiado- número de grandes empresas prestatarias de servicios públicos. Las empresas privatizadas las que han venido internalizando -sistemáticamente- los mayores márgenes de beneficio, fuera de toda razonabilidad vinculada al riesgo empresario implícito.

La cuantiosa masa beneficios que internalizaron las firmas privatizadas durante los años noventa no sólo le permitió a estos actores registrar exorbitantes tasas de ganancia, sino que también le brindó a los propietarios de las mismas la posibilidad de recuperar los montos invertidos originalmente en un lapso de tiempo sumamente breve. Algunas de las empresas tardaron menos de cuatro años en recuperar el monto de inversión. Son plazos de recuperación de la inversión original sumamente reducidos, muy difíciles de encontrar en otras actividades económicas de carácter no especulativo.

La licuación de sus pasivos con el sistema financiero local. Entre los 50 mayores deudores que recientemente vieron licuados sus pasivos, pueden reconocerse 25 empresas privatizadas que, por ese medio, obtuvieron un beneficio -2.000 millones de pesos- equivalente al de las ganancias internalizadas por las mismas en el año 2000)

El Estado se hizo cargo de una parte importante del endeudamiento de las empresas que vendió (alrededor de 20 mil millones de dólares)

La suspensión y/o la reducción de los ya poco exigentes compromisos de inversión y de expansión y universalización de los servicios, al igual que con respecto a los índices de calidad comprometidos contractualmente. Según ciertas estimaciones, la inversión agregada de las privatizadas equivaldría a poco más del 2% del PBI hasta mediados del decenio de los noventa, para luego estabilizarse en torno del 1,5% hasta fines de la década. Tales montos de inversión representan sólo las dos terceras partes de la formación de capital realizada por las empresas públicas a principios de los años ochenta y poco más de la mitad de la correspondiente al trienio 1986-1988.

La prórroga de los plazos de concesión;

El otorgamiento de un seguro de cambio para las deudas empresarias con el exterior

La instrumentación de mecanismos de subsidio estatal a la creciente cartera de morosos de las empresas (como podría ser una tarifa de interés social pero costeada con recursos fiscales).

Una parte importante de las compras en el exterior de insumos y/o maquinarias y equipos de las privatizadas se vinculó con transacciones con empresas relacionadas societariamente (lo cual no sólo trajo aparejado el desmantelamiento del entramado local de proveedores, en el marco de una absoluta despreocupación oficial por hacer cumplir las leyes de «compre argentino» y de «contrate nacional», sino que también conllevó la recurrencia a precios de transferencia y a la sobrefacturación de sus importaciones intracorporativas);

El no cumplimiento de las metas de expansión o de universalización de los servicios que, naturalmente, afectó a los hogares y a las regiones del país de menores ingresos.

El no cobro del canon, establecido por contrato, por el «uso» privado de servicios públicos.

Triple Alianza. Casi todos los consorcios empresarios adjudicatarios de estos beneficiosos contratos de concesión están conformados como una suerte de «triple alianza», al decir de los investigadores de Flacso:

Aportaron capacidad gerencial, administrativa y, fundamentalmente, de lobbying doméstico, así como su conocimiento de la infraestructura nacional.

Muchos de ellos integraron la famosa «patria contratista»: beneficiarios de los cuantiosos sobreprecios pagados por el Estado al adquirir sus bienes y servicios. -Justamente por resultar proveedores del Estado, fueron, en una proporción no despreciable, responsables del creciente desfinanciamiento que aquejó a las firmas de servicios públicos durante la década de los ochenta, deterioro utilizado luego como uno de los argumentos centrales en favor de su privatización.

Aportaron buena parte de los títulos de la deuda pública argentina -externa y/o interna- que serían capitalizados

Aportaron capacidad y experiencia tecnológica y de gestión (se trata, por lo general, de operadoras internacionales de los servicios públicos privatizados)

Son justamente en nombre de las cuales llegó la misión del FMI

Ilegal. Los investigadores no tienen dudas: el aumento de las tarifas de los servicios privatizados es ilegal. La afirmación no es arbitraria; se apoya en diversos fallos judiciales, en las consideraciones de la Procuración del Tesoro, enlas cláusulas contractuales y en la propia Ley de Convertibilidad, que pohibe explícitamente la aplicación de ajustes periódicos de precios.

Todos los usuarios saben que las modificaciones tarifarias no tienen nada de novedosas. De hecho durante toda la década del 90, las empresas aumentaron el precio de los servicios, con argumentos de todo calibre:

Como privilegio adicional, los precios estadounidenses han crecido muy por encima de sus similares en el ámbito local. En efecto, por ejemplo, entre el mes de enero de 1995 y junio de 2001, en la Argentina, el Indice de Precios al Consumidor registró una disminución acumulada de 1,1%, al tiempo que los precios mayoristas se incrementaron apenas el 1,6%. En idéntico período, el índice de precios al consumidor (CPI) de los EE.UU. registró un incremento acumulado del 18,4%, al tiempo que los precios mayoristas (PPI) lo hicieron en un 9,8%.

Pero, incluso antes de las privatizaciones, el gobierno menemista había tomado a su cargo el «trabajo sucio» de dejar la cancha «limpia». Tal como enumeran los autores del trabajo:

A lo largo de los diez meses previos a la venta de Entel, el valor del pulso telefónico aumentó, medido en dólares estadounidenses, más de siete veces.

Mientras la demanda de gas natural por redes aumentó, entre 1992 y 1993, un 5%, la facturación agregada de las ocho distribuidoras creció, en 1993, un 23% respecto a la correspondiente a Gas del Estado en el año anterior, al tiempo que el precio promedio se incrementó un 17%,

En febrero de 1991 Obras Sanitarias dispuso un aumento del 25% en la tarifa promedio; en abril de ese mismo año (ya en el marco de la Ley de Convertibilidad) se aprobó otro aumento del 29%; en abril de 1992 se incluyó la aplicación del IVA (18%) a las tarifas; y, finalmente, poco antes de la transferencia de la empresa se subió otro 8%.

Es evidente que, de este modo, los beneficios estaban asegurados desde primer momento. La política era clara. Como en otras áreas de la economía también aquí hubo un corrimiento de los beneficios: de los usuarios residenciales a los no residenciales y de los pequeños y medianos usuarios hacia los grandes consumidores industriales. «En otras palabras -sugieren los autores-, parecería reflejar lo acontecido en la Argentina de los noventa desde una perspectiva más general: la transferencia de recursos, en primer lugar, desde los sectores asalariados y de bajos ingresos a los sectores empresarios, y, en segundo lugar, dentro de estos últimos, de las pequeñas y medianas empresas hacia las grandes».

De ahí la pulseada: las tarifas son parte de la agenda del mundo.