Nueva jornada de incendios en Córdoba mientras el gobierno nacional alardea de su rechazo a la agenda contra la crisis climática y la ministra Bullrich le manda whatsapps a una periodista afectada. El presupuesto incendiado: de enero a julio de este año se registraron 1.425 incendios forestales en todo el país, 764 más que en el mismo período de 2023. Sin embargo, el presupuesto nacional para enfrentar estos desastres es un 43,8% menor al del año pasado. La situación actual, los reclamos para que Nación al menos abandone la indiferencia frente al desastre y la contracara: las sugerencias de brigadistas forestales que plantean cuidarse de la “infoxicación” y “conectar con la grupalidad comunitaria para accionar en tareas o actividades colaborativas que surgen de la necesidad colectiva”.

Por Bernardina Rosini, desde Córdoba

Es lunes y la actividad se reinicia para la mayoría de los habitantes en Córdoba Capital como si la provincia no estuviera asomada el infierno. Como si kilómetros más allá los vecinos de las localidades de Villa Berna, San Esteban, Los Cocos, Capilla del Monte y demás pueblos aledaños no estuvieran rogando que el fuego ceda y pueda ser aplacado.

Que el viento sur se mantenga, que baje la temperatura. Y quienes ejercitan más la fe ruegan para que alguna lluvia sorprenda. 

Es el sexto día de este dragón de fuego en el territorio cordobés. En este momento se contabilizan cuatro focos activos: San Marcos Sierras, Villa Berna, Chancaní y Ascochinga. 

El incendio que se inició el miércoles 18 en San Esteban y que luego llegó a Capilla del Monte, ahora está anclado en el margen norte del Río La Granja y los esfuerzos se concentran en proteger esta localidad. Por ahora el fuego no avanza hacia zonas pobladas gracias a los esfuerzos de brigadistas y bomberos.

16.000 hectáreas quemadas

Este lunes en Ascochinga y La Granja no hay clases “por salud y seguridad de la comunidad educativa pero también para dar prioridad de tránsito de vehículos de emergencia por las rutas” informaron autoridades locales. El intendente de la municipalidad de Córdoba Daniel Passerini instruyó al gabinete municipal para que se ponga a disposición del Ministerio de Seguridad y quienes dirigen el operativo de lucha contra el fuego. “Desde el Municipio se han enviado varios camiones cisterna de apoyo logístico, mientras que a través del Ente Municipal BioCórdoba se concretó el traslado de profesionales para el resguardo y atención de animales de las zonas afectadas, con equipos y medicamentos” anuncian los canales oficiales de la capital. 

El panorama es trágico: al domingo se contabilizan 16.000 hectáreas quemadas a pesar de los 700 bomberos y bomberas movilizados, la acción de las brigadas forestales, los 7 aviones hidrantes y los 6 helicópteros que actúan sin descanso.

En las declaraciones del fin de semana el gobernador Martín Llaryora –sin dar mayores detalles– mencionó el “apoyo de aeronaves y pilotos provenientes de la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero”. Chubut anunció que 32 miembros de la Brigada Nacional Sur de Las Golondrinas partieron desde esa localidad para sumarse a la lucha contra el fuego en la provincia mediterránea.

No hay pacto para el futuro

Por otra parte, el silencio del gobierno nacional se quebró con las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que desde Estados Unidos y mediante un audio de whatsapp enviado a la periodista Mercedes Ninci expresó: “El fuego está fuerte y estamos haciendo todo lo posible”. Y completó: “Lo que sucede es que tenemos el pasto muy seco que se convierte en basura y eso se quema y genera chispas muy grandes, enormes. Y hay viento y mucho calor” sintetizando el reporte de situación en la mención de estos componentes y dirigiéndose no a la ciudadanía sino a una periodista afectada.

En cuanto al presidente Javier Milei, se prepara para hablar este martes 24 en la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Sin embargo la canciller cordobesa Diana Mondino anticipó la posición argentina y confirmó que el país no firmará el denominado Pacto por el Futuro 2045, que se trata de la continuidad cronológica de la Agenda 2030 para el Desarrollo planteada por las Naciones Unidas.

La extensión al año 2045 de las líneas maestras en seguridad, cambio climático y derechos humanos logró la adhesión de la mayoría de los 193 Estados miembro de la ONU, entre ellos EEUU, Brasil, India, Israel y la Unión Europea y la Argentina está en el reducido grupo de países que rechazaron el proyecto, junto a Irán, El Salvador, Venezuela y Corea del Norte.

El gobierno nacional ratifica su descreimiento sobre la agenda climática ante la comunidad internacional mientras la provincia de Córdoba arde por quinto año consecutivo y más de 150 organizaciones civiles se movilizan por la declaración de emergencia nacional bajo el lema #FuegoCero “ante la catástrofe de dimensiones históricas y daños irreparables por los incendios, sumados a las condiciones intensificadas por el cambio climático, consideramos que se debe solicitar mayor colaboración de la Nación” según señala el comunicado de la organización.

Derogaciones y confusiones

En el marco de los incendios, fueron publicados varios análisis de las normativas ambientales y del manejo del fuego, sin embargo es importante aclarar que la Ley de Manejo del Fuego (N° 26.815/12 y su modificatoria N° 27.604/20) no fue derogada ni por el mega DNU ni por la Ley Bases. Si bien la derogación estaba contemplada en la primera versión del proyecto de ley, no logró pasar por el Congreso. 

En cuanto a la segunda versión de la Ley Bases, se excluyó todo el capítulo ambiental debido a que todos los dictámenes en disidencia o minoría de la primera versión rechazaban las derogaciones o modificaciones de las regulaciones ambientales.

Con respecto al  fideicomiso para la administración del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, tampoco fue eliminado, de hecho el pasado 13 de septiembre fue publicado en el Boletín Oficial que la “Subsecretaría de Ambiente será la autoridad de aplicación del Fideicomiso Financiero y de Administración para la administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, cuyo Comité Ejecutivo estará integrado por el Vicejefe de Gabinete del Interior, el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes y el Secretario de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Incendiando el territorio y el presupuesto

Mientras los incendios continúan arrasando el territorio cordobés, los números evidencian una cruda realidad: la falta de recursos destinados a prevenir y combatir estas catástrofes es alarmante.

De enero a julio de este año se registraron 1.425 incendios forestales en todo el país, 764 más que en el mismo período de 2023. Sin embargo, el presupuesto nacional para enfrentar estos desastres es un 43,8% menor al del año pasado. El ajuste a las partidas de Manejo del Fuego y Servicio Nacional de Manejo del Fuego se tradujo en una drástica reducción de las horas de vuelo previstas para las tareas de control y combate del fuego, pasando de 5.100 a 3.100 horas, en base a previsiones meteorológicas optimistas que no contemplan la realidad local.

Pero si las partidas son reflejo del ajuste, la ejecución del presupuesto asignado al manejo del fuego es reflejo de la indiferencia oficial. Durante el primer semestre de 2024, solo se ejecutó el 26,7% de los recursos destinados a esta área, muy lejos del 78% registrado en el mismo período de 2023. Los costos de la inacción se miden en vidas, biodiversidad y comunidades devastadas. El Estado es responsable.

La contracara: el cuidado

Se abrazan en ronda, se agradecen y se animan en grupo: “¡Hoy le vamos a dar, vamos que hoy lo cerramos!”. Las jornadas son extenuantes.

No olvidan la importancia de mantenerse en contacto, pero en el sentido profundo de la palabra. La brigada forestal de La Granja comparte en sus redes recomendaciones para el cuidado de la salud mental y emocional ante la cercanía del fuego:

1. ESTAR CERCA. ¿De quién? Primero de nosotros mismos, de nuestras sensaciones, sentimientos, pensamientos y emociones. Y estar cerca de otras personas, acudir a nuestras redes de sostén y vínculos (familiares y/o comunitarios) No quedarse en la emoción individual sino intentar encontrarnos y compartir!
2. OBSERVAR Y CHEQUEAR a las infancias, adolescencias y también a personas mayores. Para contener y acompañar. Preguntarnos y preguntar ¿Cómo estamos? ¿Qué necesitamos?
3. Recordar que no somos héroes ni heroínas por lo que no es necesario forzar fortaleza y SÍ ES NECESARIO abrazar y abrazarnos en la sensibilidad.
4. Cuidar y cuidarnos de “INFOXICACION” (exceso de información) Informarse sí, desde fuentes seguras. Evitar la sobre exposición a; * Imágenes, sobre todo en redes sociales (que tienen un fuerte impacto emocional) *Mensajes confusos (que puedan generar o aumentar la angustia).
5. PRESTAR ATENCIÓN cuidando de no entrar en desesperación. Conectar con la GRUPALIDAD COMUNITARIA para accionar en tareas o actividades COLABORATIVAS que surgen de la necesidad colectiva ante la situación presente.

La prohibición de palabras que intenta el INTA, que se agrega al ocultamiento del informe internacional SPRINT, que detectó 100% de casos estudiados en el país con decenas de pesticidas en sangre, orina y materia fecal. La denuncia del gremio con respecto al “adoctrinamiento” propiciado por la Vocería del actual gobierno. La agroecología como posibilidad que se intenta invisibilizar para favorecer a las corporaciones. (Foto de portada: grupos de productores recorriendo campos agroecológicos en Guaminí, provincia de Buenos Aires).

La principal organización gremial dentro del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) denunció entre otras cosas: “La censura impuesta sobre la divulgación de conceptos relacionados al Plan Estratégico Institucional 2015-2030, por ejemplo: cambio climático, sustentabilidad, agroecología, género, biodiversidad, huella de carbono y prohuerta, entre otros”.

APINTA (Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) lanzó en junio el documento (que reproducimos aquí en su totalidad) con la firma de todas sus autoridades. Desde el gremio aclararon a lavaca que la censura no responde a una circular escrita, sino a una orden verbal surgida del presidente de la institución, un reconocido impulsor de los agronegocios: Juan Cruz Molina Hafford.

La prohibición busca anular actividades del propio INTA (el programa Prohuerta, por ejemplo) y avanza además sobre emprendimientos como la REDAE (Red Agroecológica del INTA). Pero fundamentalmente se inscribe en lo que el gobierno en curso llama “batalla cultural” que busca censurar, agredir y cancelar a quienes no actúen con obediencia debida, como intento, de paso, de distraer la atención sobre sus propias fallas, ineptitudes y escándalos.

El ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá plantea a lavaca una pregunta que resulta una curiosidad de época: “¿Cómo una institución científica censura una parte de los conocimientos que permiten una mayor y mejor producción?” en referencia al crecimiento de la agroecología como producción sana y sustentable de alimentos, que combate naturalmente el cambio climático, y favorece la biodiversidad.      

La prohibición parece una declaración de principios: el INTA busca censurar en el lenguaje interno y hacia la sociedad términos como agroecología, biodiversidad, cambio climático, huella de carbono o sustentabilidad. Una especie de fumigación de palabras que evidencia una mirada –o no mirada– de las autoridades de la institución respecto de lo que el ambiente científico internacional alerta frente a la crisis a la que están siendo sometidos el planeta y la humanidad por modelos de producción fundamentados en la destrucción de la naturaleza y la ceguera frente a sus efectos.

No se privaron de incluir “género” entre lo que no se debe decir. O “cambio climático” o “biodiversidad. El trasfondo mental de esa actitud se basa en la idea de que lo que no se nombra, o no aparece, no existe. En el país se aplicó durante décadas en el siglo pasado. No se podían nombrar ni escribir palabras como Perón o Evita. La dictadura de 1976 prohibió no solo palabras sino escritores, artistas, canciones, manuales de matemáticas, películas libros infantiles y hasta El Principito.  

El documento gremial fue firmado por el secretario general de la organización Mario Alberto Romero, el adjunto Luis Ceballos y unos 140 representantes del INTA de todo el país.

Adoctrinamiento oficialista

El gremio denuncia –además de la censura– la utilización de bots y trolls oficiales que descalifican las publicaciones institucionales en redes sociales, y además las agresiones, insultos y difamaciones contra el INTA y otros organismos científicos “por parte de personajes que posteriormente pasan a ser funcionarios del gobierno actual”.

Repudia también la recepción de correos de “propaganda política / adoctrinamiento desde la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno (Secretaría General de la Presidencia) utilizando las cuentas de correo electrónico institucionales”. Esas áreas son encabezadas por Manuel Adorni (SVC) y Karina Milei (SGP).

El Plan Estratégico Institucional 2015-2030 que APINTA da a entender que es el blanco de esta censura, está destinado a un desarrollo sostenible del sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, “inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente”. El Plan resalta la intención de contribuir a la  “soberanía científico-tecnológica, a la seguridad y soberanía alimentaria”.

Juan Kiehr, fallecido en junio, durante una producción para la revista MU en su campo La Aurora, de Benito Juárez, catalogado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) como establecimiento emblemático de la agroecología, la palabra que el INTA busca desterrar.

Pesticidas hasta en la sangre

La maniobra tiene antecedentes en la institución. A fines de 2022 el INTA de córdoba, entonces regenteado por Molina Hafford, apercibió al ingeniero agrónomo de la institución, César Gramaglia, por haber planteado en un programa radial algo evidente: que la agroecología permite producir cultivos sin aplicación de pesticidas agroquímicos.

Tal vez esa sea la clave del intento censor. la agroecología no perjudica en nada al modelo basado en insumos químicos y transgénicos (en realidad ocurre al revés, ya que la deriva contaminante en aire, agua y tierra sí puede dañar a los cultivos agroecológicos). Pero en lo que sí perjudica la agroecología al modelo que defiende el señor Molina Hartford es en que desnuda lo innecesario y lo insano del uso de esos insumos, más todavía en un país agobiado por la falta de dólares.

Más recientemente, en junio de 2023, la institución ordenó a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce omitir toda información pública sobre el proyecto SPRINT de la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Unión Europea. La rama argentina tuvo al INTA como referente y además intervinieron 28 universidades e instituciones del exterior.

Los resultados completos del proyecto Sprint, también ocultados por el INTA en 2023.

Tal vez el resultado explique la mordaza: el total (100%) de 73 participantes argentinos en la investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El estudio incluyó a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como “omnipresentes”. Se encontraron además los venenos en los alimentos (contaminados con hasta 22 agrotóxicos), el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.

Tapa de uno de los dos volúmenes que conforman un libro editado por lavaca.

La información que el INTA pretendía ocultar agregaba que los agrotóxicos encontrados fueron glifosato, su metabolito AMPA, Atrazina, Metolacloro, 2,4-D (Free), Clorpirifos (prohibido en el país). Insecticidas como Fipronil, Imidacloprid, Cipermetrina. Funguicidas como el Tebuconazol, entre otras peligrosas sustancias que representan un riesgo para la salud y el ambiente.

En declaraciones recientes el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, ex director nacional de Agroecología, planteó que la situación es muy triste y se preguntó: “¿Cómo una institución científica censura una parte de los conocimientos que permiten una mayor y mejor producción?”. Recordó también ante el medio Todo provincial, que “hay más de 100 municipios que fomentan la agroecología y más de 2 mil productores que encuentran en ella una alternativa a una forma de producir que está trayendo muchos problemas y está contaminando el aire, el agua y el suelo”.

Eduardo Cerdá en MU.

Esos municipios están reunidos en la RENAMA (Red Nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología). “Se ha producido una notable pérdida de biodiversidad. El 70% de la tierra del país están sembrados con soja y maíz. Está demostrado que hemos perdido el 50% de la fertilidad”, explicó Cerdá. “Las malezas son cada vez más resistentes por lo que aumentan cada vez más las dosis de agroquímicos generando problemas sanitarios y de contaminación a todo nivel”.

Remo Vénica, de la granja Naturaleza Viva, de Santa Fe, uno de los pioneros de la agroecología, que el INTA busca ocultar.

Eso lo ha llevado a plantear en la revista MU que los campos fertilizados y fumigados con pesticidas son “drogadictos”, ya que se precisa cada vez más veneno para lograr el mismo efecto.

La agroecología implica otro enfoque: “El que se lanza por este camino, no vuelve a lo anterior”. El argumento de Cerdá apunta a que quien produce agroecológicamente deja de invertir en la compra de agroquímicos valorizados, para colmo, según el dólar, y organiza por lo tanto un esquema productivo que además de la salud y el ambiente, implica también mejor rentabilidad.

Las autoridades del INTA siguen ejerciendo el silencio ante los temas de interés público aquí planteados.

Tapa del segundo volumen del libro que mejor no nombrar en el INTA.

El experimento nacional con el RIGI y la Ley Bases tuvo una escala previa en Jujuy. La mirada hoy sobre lo que ocurrió hace un año con el trasfondo previsible: abuso de la violencia, de la trampa política, de las facultades delegadas al Ejecutivo y de la voracidad para el remate de bienes comunes y recursos naturales. Por Francisco Pandolfi

Junio de 2023 quedará guardado en la memoria y en las retinas de todas y todos los jujeños.

Se aprobó una reforma constitucional de manera exprés y a espaldas del pueblo.

El pueblo salió a la calle a reclamar al gobierno.

El gobierno lo reprimió ferozmente.

Alicia Chalabe, abogada que asesora a las comunidades originarias de Salinas Grandes, epicentro donde las multinacionales y los gobiernos se relamen para la extracción del litio, recuerda el fondo de la cuestión: “La reforma incorporó artículos de exclusiva facultad del Poder Ejecutivo, con conformidad de la Legislatura donde el oficialismo jujeño tiene mayoría, como la regulación del agua, la atribución de las tierras fiscales, la decisión de cuál es productiva o no. La regulación de los bienes naturales queda sujeta a lo que disponga la provincia. La reforma no cumple los tratados y la legislación internacional a la cual adhiere el país”.

Noche de corte de ruta en Jujuy. La pueblada que salió a responderle al gobierno de la prepotencia. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Las comunidades originarias, uno de los sectores más damnificados con la enmienda de la carta magna provincial, gestó el Tercer Malón de la Paz, que primero caminó desde la localidad de Abra Pampa hasta San Salvador de Jujuy, para intentar frenar la reforma. Al no ser escuchados y ser recibidos a los tiros, viajaron a Buenos Aires para visibilizar la situación ante el gobierno nacional. Llegaron el 1º de agosto, Día de la Pachamama, y se fueron el 16 de diciembre.

Acamparon 137 días frente a la Corte Suprema de Justicia. Exigieron tres puntos:

1) Que la Corte se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución.

2) Solicitar al Ejecutivo y al Congreso de la Nación la intervención de Jujuy.

3) Que el Poder Legislativo elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

El Malón de la Paz en Buenos Aires. No los recibió la Corte, los ignoraron, volvieron a cada territorio para resistir cara a cara con el extractivismo.

Hicieron huelga de hambre, se encadenaron al Palacio Judicial y al Congreso; realizaron decenas de movilizaciones; tuvieron una reunión con el entonces presidente Alberto Fernández y con un puñado de legisladores que, en concreto, no sirvieron para nada.

Se volvieron a su tierra con toda la dignidad y sin ninguna respuesta de los tres poderes, más que el destrato.

Un año después, la reforma de la Constitución continúa vigente.

Un año después, el pueblo jujeño no olvida.

Laboratorio experimental

Mercedes Sosa es profesora y la secretaria general del CEDEMS, gremio docente de secundarios y terciarios. No olvida: “A un año del jujeñazo, a un año de una represión atroz, a un año de las mutilaciones, a un año de las detenciones arbitrarias y sospechadas, a un año de prácticas de montaje y de infiltración para justificar la represión brutal; a un año, la única reflexión posible es que Jujuy fue el laboratorio, la antesala de lo que hoy está pasando en nuestro país”.

Recuerda, cuando se ve por fuera y por dentro: “Todavía persisten los moretones, productos de la brutal golpiza a la que fue sometido el pueblo jujeño el año pasado; persisten los traumas, persiste el miedo a hablar. Todavía no terminamos de entender todo el aparato y el dispositivo con el que descargaron su furia represiva”.

La política del protocolo y la violencia, anticipada en Jujuy. Foto: Telam.

Enlaza lo que pasó, con lo que pasa: “Qué contradictorio que quienes defienden el territorio, que quienes defienden las formas ancestrales de la vida, el patrimonio natural y cultural, que quienes abogan por el derecho a la salud, a una vivienda, a la soberanía alimentaria, a un trabajo bien remunerado, sean en este momento considerados terroristas, mientras que el presidente, de manera jocosa y risueña, manifiesta en medios de comunicación internacionales que es un topo que viene a destruir al Estado… Qué contradictorio”.

Y sentencia: “La reforma constitucional de Jujuy fue la antesala de la Ley Bases, porque el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) sólo viene a devastarnos. A darle un marco jurídico a una política de saqueo. Acá estamos abatidos porque hace un año denunciamos lo que hoy está pasando en nuestro país”.

Mercedes Sosa, en su sindicato docente. De fondo, maestros desaparecidos por la dictadura y Carlos Fuentealba, asesinado en democracia. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Argentina es el cuarto productor mundial de litio, mineral no renovable que se extrae de rocas y salares de altura. Su demanda se caracteriza como un “boom mundial” al ser insumo para baterías de celulares y computadoras, así como para autos eléctricos. Por allí merodea el verdadero contenido de la flamante supuesta amistad del megamillonario norteamericano Elon Musk con Javier Milei.

En el territorio argentino actualmente existen 40 proyectos. Solo tres se encuentran en producción: uno en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, y dos en la puna jujeña, en el Salar de Olaroz. Varios de los 37 proyectos restantes están en las Salinas Grandes, que comparten Jujuy y Salta. Allí, en abril de este año ya empezó la exploración del litio en la Mina Agonic por parte de la empresa Lithos Minerales del Norte. La autorización la había firmado el ex gobernador Gerardo Morales, que sigue manejando los hilos de la provincia a través de su delfín Carlos Sadir.

Resistencia en el territorio y en la ruta, contra la reforma inconstitucional y el ninguneo a los pueblos indígenas. Foto Susy Maresca/Cítrica

¿Hay algún saldo positivo de todo esto para el pueblo jujeño? Plantea Mercedes: “A pesar del dolor, a pesar de darnos cuenta que cuando decíamos que lo que se venía para el futuro de nuestro país era este modelo extractivista, quedó una red solidaria consolidada y la certeza de que la soberanía hay que defenderla”.

¿Qué queda? “Seguir apostando por la reflexión, por la solidaridad, por el encuentro, por ayudarnos mutuamente, por sostenernos”.

Las calles jujeñas como anticipo de lo que se vendría. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Un arma letal

Octavio Colina es uno de los voceros de Potrero de la Puna, en la localidad Abra Pampa, al norte de la provincia. Con un frío extremo en el campo donde cría a sus animales, no olvida: “Además de que la reforma no se hizo mediante la consulta libre, previa e informada hacia las comunidades como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, su inconstitucionalidad también queda manifiesta porque los constituyentes que elaboraron los cambios fueron funcionarios del mismo poder Ejecutivo, algo que lógicamente está prohibido, porque vulnera la división de poderes. Uno de ellos fue el mismo gobernador de ese entonces, Gerardo Morales. La caradurez llegó a puntos extremos y una reforma ilegal, aprobada entre gallos y medianoche que debería haberse declarado nula, sigue vigente”.

¿Qué significa en concreto esa vigencia?

Que tenemos menos derechos; hoy por cualquier cosa nos hacen contravenciones. Le da más poder al poder del gobierno y de las corporaciones. Las constituciones deben servir para que el pueblo controle al gobierno, no al revés, para que el gobierno controle, humille y desaloje como está sucediendo hoy. La reforma constituye un arma letal, porque ya no reconoce los títulos comunitarios y deja a merced de intereses privados nuestros bienes, como el agua, ahora manejado por un ente controlador. Esto no es el futuro, ya es el presente: el gobierno provincial acaba de firmar un contrato con Mekorot, una empresa de Israel que dice que nos viene a enseñar cómo administrar el agua”.

Octavio Colina, comunero de la puna jujeña. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Colina plantea una mirada por fuera de las voces más radicales: “Nosotros no estamos en contra de que trabajen las mineras, pero sí que lo hagan responsablemente y que le quede al país lo que necesite, no lo que le conviene a las multinacionales como ahora, que pagan regalías de como máximo un 3%”. Agrega: “La reforma vino a profundizar un sistema: el gobierno provincial, junto al nacional y las multinacionales, entregan las riquezas minerales a cambio de nada. Es un saqueo que sólo deja pobreza y contaminación. Si verdaderamente pagaran lo que valen nuestros minerales, Argentina sería uno de los mejores países, sin deudas de ningún tipo, por ser tan rica en minerales, en agricultura, en ganadería. Somos un país empobrecido, con funcionarios y empresas que se llenan los bolsillos y un pueblo que recibe migajas”.

Las bases y la guerra

José Sajama es el presidente de la comunidad aborigen de Queta, del pueblo kolla. Es comunicador indígena y nieto de descendiente de abuela malonera. No olvida: “A un año de ser violentados jurídica y físicamente, se ha profundizado el accionar violento, represivo y anti derechos en nuestra provincia. Lo que querían lograr se simboliza en el acuerdo con Mekorot, en un convenio que hasta hoy se desconoce la letra chica. Sí sabemos que vienen por el agua; pero pese a los múltiples pedidos de información, el Gobierno se llama a silencio”.

Cierra: “De esta manera, van de la mano provincia y nación, que con la Ley Bases puede lograr en la práctica modificar puntos centrales de la Constitución Nacional. Se le ha declarado la guerra al pueblo; nos quieren ver pobres, sin derechos y de rodillas. Y eso no se lo vamos a permitir”.

Imágenes en San Salvador, Jujuy. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org