Ambiente
Gobierno y agrotóxicos: Caputo baja aranceles para beneficiar el uso de pesticidas que afectan la salud y el ambiente

Glifosato, atrazina y 2-4,D son los tres venenos cuyos aranceles bajarán a menos de la mitad. Es un intento del gobierno de Javier Milei y su ministro Luis Caputo de beneficiar a las corporaciones de agrotóxicos y a los productores que los utilizan principalmente para productos transgénicos, en dosis cada vez mayores, y más patológicas. Detalles de otra medida regresiva para el medio ambiente, que busca favorece un sistema de producción contaminante, dañino y que beneficia principalmente a las grandes corporaciones del agronegocio.
Texto: Anabel Pomar
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a través de un mensaje en la red social X, anticipó medidas para “favorecer al agro”. El mensaje publicado éste lunes 8 de abril por la tarde, anunció que se producirá este mes la “baja de aranceles de herbicidas” y una “mejora de aprobaciones de los permisos de Senasa”.
“Los herbicidas a base de atrazina, glifosato y 2-4,D bajarán del 35% al 12.6% (que es el Arancel Común vigente para el Mercosur). A su vez reduciremos el arancel de la Atrazina primaria, desde el 24% actual al 10.8%”, dice textualmente.
La medida, en un contexto de profunda inseguridad alimentaria y hambre, y décadas de afectaciones producto del uso de ese tipo de peligrosos agrotóxicos, pinta un escenario distópico. “El gobierno busca reducir los costos de producción de los productores individuales con el claro objetivo de incrementar la siembra de los cultivos dedicados a la exportación (maíz, soja, trigo), con ello incrementar los saldos exportables para desde allí obtener más ingresos relacionados con las retenciones a la exportación. En términos estrictamente económicos, al bajar el precio de estos herbicidas cambia la relación entre el costo del insumo y su productividad marginal. Lo que producirá un incremento en la utilización de estos insumos. Claro está, todo ello, a costa de la salud socio ambiental”, dijo a lavaca el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho. El gesto de Caputo parece responder a una realidad: no funciona la liquidación de la cosecha, lo cual es una de las patas, entre tantas, que amenazan desnudar al esquema económico del gobierno. Liberar estos precios, aunque sea a costa de la salud y de menor recaudación para el propio Estado, implica la idea de facilitar la producción de agricultores y pooles de siembra sumergidos en la creencia sobre su propia incapacidad (falsa) de cultivar sin agrotóxicos.
“El herbicida atrazina, muy soluble en el agua, es capaz de contaminar las napas y con ello el agua de bebida de todos los seres vivos. Por su parte el 2, 4 D es capaz de ser arrastrado por el viento (deriva) afectando a los cultivos circundantes de donde es aplicado. El glifosato, utilizado en la mayoría de las actividades agrícolas incluida la producción de frutas y hortalizas, contamina los alimentos, el agua y el aire que respiramos. Los tres herbicidas, parte del listado de plaguicidas altamente peligrosos, pueden producir alteraciones severas en la salud socioambiental, alteraciones endocrinas en los humanos alteraciones en el sistema nervioso, cáncer, linfoma de hodking”, resume a lavaca Souza Casadinho, que además es Coordinador Regional de la Red de Acción en plaguicidas sus Alternativas de América Latina (RAPAL)
Según estadísticas oficiales – últimos datos públicos – de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos, Dirección Nacional de Protección Vegetal del SENASA, en 2022, Argentina importó:
ATRAZINA 21.007.820,00 (TOTAL DE KG – AÑO) desde China y USA.
GLIFOSATO 63.099.000,00 (TOTAL DE KG – AÑO) desde China y USA.
2,4 D 16.322.428,70 (TOTAL DE KG – AÑO) desde USA, China, México, Japón e India.
En un informe sectorial sobre Agroquímicos y Bioinsumos elaborado por el Ministerio de Economía de la Nación, de noviembre de 2023, puede leerse: “Si se consideran parámetros internacionales, Argentina se ubica entre los países que más uso intensivo hacen de los agroquímicos 7,4 (Kg/Ha arable) en el año 2020”. El consumo en nuestro país, según esa fuente y para el mismo año, fue por USD 2.920 millones. El 76% de ese dinero, corresponde al rubro Herbicidas.
Uno x uno
Atrazina
La atrazina es un herbicida disruptor endocrino (químico capaz de dañar nuestras hormonas) que, aun en dosis muy bajas, puede causar defectos de nacimiento y daños reproductivos. También es un posible carcinógeno, con mayor evidencia en cáncer de mama y próstata.
Prohibida en cuarenta países (Fuente Rapal-dato de 2021), la atrazina (ATZ) es uno de los tres plaguicidas más utilizados de Argentina. Según un informe del 25 de septiembre de 2021 del Ministerio de Ambiente, “se han detectado desvíos del uso permitido, como, por ejemplo, su aplicación en barbechos y cultivos de soja, papa, algodón, trigo y girasol”.
En ese informe del Ministerio de Ambiente se resumen hallazgos de atrazina en aguas de lagunas de llanura pampeana, en la lluvia, en suelos, en sedimentos, en aguas de pozo de escuelas rurales y de comunidades. También hay evidencia de que está presente en verduras, frutas, peces y en leche de vaca.
La atrazina es el compuesto detectado con mayor frecuencia en diferentes cuencas hidrográficas argentinas. Esto se debe a la alta presión de su uso, su alta movilidad y persistencia. (Aparicio, De Gerónimo et at., 2015). En el agua de red no se la monitorea.
Por estos días, ese herbicida tomó nuevamente un criminal protagonismo tras el incendio en Atanor de San Nicolás, en el sector de fabricación de atrazina provocando una nube tóxica e inconmensurables daños que se suman a la más de una década de denuncias por contaminación, enfermedades y muertes en los barrios linderos.
Glifosato
El herbicida glifosato es tal vez uno de los herbicidas más conocidos en nuestro país. La causa es sencilla. Es el más usado y también quizás el más denunciado por provocar afectaciones, no solo aquí sino en el mundo entero.
El glifosato [N-(phosphonomethyl)glycine] (GLY) es un herbicida (como indica la palabra que mata hierbas) no selectivo, de post-emergencia, de amplio espectro, ampliamente utilizado para el control de las “malas hierbas”. Introducido por Monsanto en la década de los 70 como principio activo del formulado Round Up, es posiblemente el herbicida más utilizado en la actualidad en todo el planeta.
En 2015, la IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, dependiente de la OMS), reclasificó al glifosato como clase IIA (Probable Cancerígeno en Humanos). El informe añade que hay fuertes evidencias de que la exposición a las formulaciones de base glifosato son genotóxicas; puede haber daños cromosómicos en las células sanguíneas; y que el glifosato y el ácido aminometilfosfónico (AMPA, producto de degradación del glifosato) inducen procesos de estrés oxidativo que pueden provocar muerte celular y disfunción tisular.
En nuestro país es posible encontrar residuos del herbicida con potencial carcinogénico en todo nuestro sistema ambiental. En diferentes concentraciones, en la lluvia que cae (el 80% tiene glifosato y el 34% su metabolito AMPA) en el algodón, gasas, (el 100% de todas las muestras de marcas que se venden en los comercios y supermercados dieron positivos para glifosato y AMPA). En el río Paraná y sus afluentes, tras un monitoreo en 23 puntos aparecen en los sedimentos (glifosato + AMPA) concentraciones de glifosato en proporciones tres veces mayor a la que se encuentra en un campo sembrado por soja, lo que daría a su vez cuenta de la movilidad de los componentes.
El pesticida ataca directamente también a comunidades, escuelas y personas. Por sólo mencionar un ejemplo, el 100% de participantes argentinos en la investigación internacional SPRINT sobre agrotóxicos dio positivo (glifosato en sangre). Todas las personas muestreadas tenían glifosato, aunque no lo usaran, inclusive aun viviendo lejos de los campos fumigados.
Lavaca ha cubierto las condenas y los numerosos juicios que se realizan en contra de Bayer/Monsanto, dueña del Roundup, la marca comercial más conocida del herbicida base de glifosato. Y también ha detallado cómo ese producto, pese a las evidencias que se siguen amontonando de su peligrosidad, continúa en el mercado a fuerza de lobby y fraude científico. Además de lo que representa como pérdida de dólares en un momento de crisis. Los productores quedan atrapados en un sistema presuntamente inevitable, reduciendo cada vez más sus ganancias. El detalle para todo esto: los proyectos agroecológicos han demostrado similar capacidad productiva, sin necesidad de esos gastos que afectan a quienes producen, y al país.
2,4 D
El herbicida 2,4 D, es célebremente famoso por ser uno de los componentes del “Agente Naranja” utilizado durante la Guerra de Vietnam por el ejército estadounidense. Fue clasificado en 2015 por la IARC como clase 2B, es decir, “posiblemente cancerígeno en humanos”. De altísimo riesgo, es neurotóxico, teratogénico (paladar hendido, malformaciones esqueléticas); genotóxico y disruptor endocrino.
Entre otros efectos reproductivos: disminuye el volumen de esperma y su movilidad y aumenta el porcentaje de espermatozoides anormales en trabajadores expuestos.
Asociado a la enfermedad de Parkinson, se señalan entre otros de sus efectos crónicos: bronquitis, peribronquitis, neumoesclerosis, nefrotóxico y hepatotóxico.
Es además altamente persistente. En 2014, en la ciudad santafesina de San José de la Esquina, un camión volcó 18.000 litros de ese herbicida. El Equipo Multidisciplinario de Interacción Ambiental (Emisa) de la Universidad Nacional de La Plata comprobó que los residuos del agrotóxico se registraban incluso a la vera del río Carcarañá y demostró que a casi dos años de ocurrido el derrame, la concentración del producto era hasta 100 veces más fuerte que “la tolerable”. Y aún se olía en el aire, síntoma obvio de su capacidad de seguir intoxicando sin degradarse.
La política del veneno
El biólogo, filósofo e investigador del CONICET, Guillermo Folguera, consultado por lavaca, señaló que este anuncio de reducción de aranceles para la importación tiene que ser comprendido en el contexto del “conjunto de medidas neoliberales que promueve el gobierno nacional actual pero también en cuanto a la genealogía e historia de nuestro país”. A punto de publicar el libro Veneno en coautoría con la investigadora Paula Blois, en el que indagan sobre las políticas públicas y las relaciones de complicidad con las empresas extractivas, Folguera entiende que las políticas de los que se jactan de despreciar las políticas y el estado, no son nuevas. “En lo personal considero que se muestra un ciclo histórico muy marcado entre lo que ha significado la dictadura militar de la década del 70 y el intento por avanzar hacia el capitalismo en esta fase particular neoliberal, con un actor muy claro y muy evidente que tiene que ver con los grupos de especulación financiera, que se han metido muy fuerte en el agro, cosa que siguen profundizando”.
“Los cambios institucionales que se dieron en el gobierno de Carlos Saúl Menem promovieron los transgénicos pero también alteraron instituciones de control como SENASA. Omitieron cualquier política de prevención y ubicaron en un lugar muy secundario los cuidados ambientales y de salud. Los años siguientes han presentado a mi entender cierto carácter voluntarista en cuanto a la alternativa a los agronegocios sin meterse en el corazón, en el núcleo de este sistema que promueve la mercantilización de todo, de territorios, de cuerpos, de naturaleza, sin otra finalidad que es que cierto sectores del agro, de la especulación financiera y de las corporaciones se vean beneficiados”, concluye.
El gobierno, en el mismo mensaje de Caputo, anuncio una “mejora” en los permisos del SENASA. ¿Que implica esto?, se pregunta Casadinho y agrega: “¿Seremos más severos para aprobar el registro de un plaguicida?”. La respuesta parece obvia.
Además, incluyendo estudios de afectación a la salud donde pueda participar la sociedad civil, ¿la categorización de los plaguicidas será más exhaustiva? ¿Incluirá estudios sobre enfermedades crónicas?. Los representantes del ministerio de salud podrán participar de los estudios y en categorización toxicológica. ¿Esta mejora incluirá la prohibición de los 140 productos químicos prohibidos en otros países? ¿O será más de lo mismo? Es decir: aprobar el registro de plaguicidas sin realizar estudios en el país sobre su efecto tóxico, seguir aprobando plaguicidas altamente peligrosos, seguir aprobando plaguicidas manteniendo criterios de confidencialidad sin que la sociedad pueda conocer a fondo como se aprueban los plaguicidas, las investigaciones realizadas, así como su constitución. No estamos condenados a los plaguicidas. Es posible producir de manera rentable para los productores y generar ingresos para el país a partir de la producción agroecológica”.
Ambiente
Contaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

Los signos de un colapso sistémico y de un ecocidio silencioso: el biólogo, docente de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet, Rafael Lajmanovich, presentó en el VIII Congreso de Salud Socioambiental realizado en Rosario su investigación validada por publicaciones científicas internacionales. Allí revela la presencia del mayor nivel histórico del pesticida glifosato en toda Sudamérica (5.002 microgramos por kilo de sedimento), concentrado en distintos arroyos de Entre Ríos que desembocan en el Río Paraná. Los efectos nocivos y mortales en especies anfibias como correlato con los vertebrados superiores (mamíferos, que incluyen a los humanos): “Las muestras puras determinaron una mortalidad del 100%. O sea, nosotros poníamos un organismo ahí y directamente moría, como si el agua en vez de agua fuera un veneno”. Además se encontró atrazina, metolacloro, leoxilifop y cipermetrina. “Notamos que hay una total falta de gestión estatal. Si hay normas, nadie las cumple. Si hay multas, probablemente se pagan pero se sigue contaminando”, dijo el científico.
Los daños genéticos en los organismos. La falta de gestión estatal y la inviabilidad de la vida entre agrotóxicos, desechos cloacales y factorías de chanchos, cerdos y pollos.
Desde Rosario, por Francisco Pandolfi
Fotos: Pedro Rinaldi
En el VIII Congreso de Salud Socioambiental de la ciencia crítica, que se llevó a cabo en Rosario entre el 10 y el 12 de junio, hubo una docena de paneles enfocados en la amplia variedad de extractivismos y el deterioro de los cuerpos y territorios. Solo uno no se presentaba como una “mesa redonda” compuesta por varios disertantes, sino que ya desde el nombre vaticinaba algo diferente: Presentación del Trabajo de Rafael Lajmanovich.
Lajmanovich es doctor de Ciencias Naturales, profesor de ecotoxicología en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) –en Santa Fe– e investigador independiente del Conicet. No tendrá las luces ni los flashes de un rock star ni será tapa de revista de consumo masivo, quizá por especializarse en bioecología de anfibios, con énfasis en los efectos de agroquímicos y otros contaminantes sobre especies silvestres. Quizá, también, por investigar desde hace más de dos décadas el riesgo ambiental en ecosistemas acuáticos del litoral argentino y porque sus estudios son vitales para entender cómo impacta el modelo agroindustrial en la biodiversidad de humedales.
Ante todo, Rafael Lajmanovich –parado, con micrófono en mano–, pondrá contexto.
Lo primero que dirá es que no es un estudio individual, sino de todo un equipo de científicos de la UNL, del Conicet, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria(Inta) y el Instituto Nacional de Limnología (Inali).
Lo segundo, es el nombre de la investigación multidisciplinaria: “Alerta ambiental: arroyos de la cuenca del Paraná bajo amenaza tóxica”.

Fotos: Pedro Rinaldi.
Lo tercero no lo plantea él, sino la pantalla que está de fondo: un dibujo donde varios anfibios y una persona están al lado de un bidón del pesticida glifosato.
Lo cuarto: explicará por qué pusieron el foco en los cursos de agua de primer orden: los arroyos. “La mayoría de los contaminantes que llegan a los ríos, como el Paraná, lo hacen a través de los arroyos, que son la cuencas que se meten dentro de las regiones productivas y lentamente van drenando todo tipo de sustancias xenobióticas (extrañas al cuerpo), para luego terminar en los ríos”.
Quinto. Dice que el trabajo está focalizado en evaluar la contaminación causada por actividades antrópicas relacionadas con actividades urbanas, industriales y agrícolas en arroyos de Entre Ríos (Las Conchas, Espinillo, Crespo, El Salto, Las Tunas), que pasan por áreas urbanas y rurales, zonas productivas con distintos tipos de industrias y feedloots. “Zonas de sacrificio ambiental en las que viven poblaciones directamente afectadas”, donde encontraron “un enorme arrastre de sustancias tóxicas y muchos efectos en organismos bioindicadores”. ¿Qué son los organismos bioindicadores? “Nosotros utilizamos a los anfibios, como las ranitas y los renacuajos. La pregunta es si existe relación con los vertebrados superiores, y la respuesta es sí, porque estos animalitos en su desarrollo tienen casi las mismas funciones fisiológicas, las mismas enzimas y muchos procesos que están en los vertebrados superiores. En los estadíos primogénitos, en nuestro caso en el vientre materno, somos todos muy parecidos, así que los anfibios son buenos indicadores”.
Sexto. Dice que recientemente también publicaron otro estudio sobre arroyos en Santa Fe, relacionado a la mortalidad de tortugas. “En el arroyo Los Troncos se produjeron cientos de decesos y determinamos que fue por el vertido de industrias lácticas sin tratar”.
Séptimo. Menciona un trabajo del (indispensable) científico Damián Marino (fallecido en 2023), quien en 2016 demostró que el glifosato drenaba por toda la cuenca del Río Paraná, desde Misiones hasta el Río Luján. “Nuestra investigación actual viene a explicar de dónde sale ese glifosato, porque nadie está echando glifosato arriba del río, sino que viene de las zonas productivas de alrededor”.
Agregará: “El año pasado hubo varias denuncias de vertidos clandestinos de industrias, factorías de pollo y cárnicas. Sobre todo en Crespo, localidad entrerriana que es la capital de la avicultura en Argentina, y puntualmente en el arroyo Las Tunas, donde hay muchos desagües clandestinos y cloacales. Allí, los procesos de contaminación se incrementaron muchísimo”.
Otro dato: “Todos estos arroyos forman parte de una cuenca muy importante llamada ‘Cuenca del Arroyo Las Conchas’, de 200 mil hectáreas y cerca de la ciudad de Paraná. Todos los arroyos desaguan en el arroyo Las Conchas, que pasa por una de las reservas naturales más importantes de Entre Ríos, el Parque General San Martín”.
El contexto: “Toda el área, además, está enmarcada en una zona productiva clásica, de soja, como prácticamente todo el centro argentino”.
Sobre las bacterias: “La contaminación bacteriana también fue extremadamente alta. Y sobre todo en Escherichia coli, con niveles miles de veces superiores a los valores guía para la vida acuática”.
Mortalidad del 100%
Rafael Lajmanovich muestra en la pantalla el arroyo Las Tunas. Pide que bajen un poco las luces y ahí están esas aguas negrísimas. “Es por la cantidad de desechos que tiene. No hace falta llevar a ningún toxicólogo a estudiarlo. A simple vista nos damos cuenta que estamos matando los arroyos y los ríos”.
Delante de esas imágenes que valen tanto como sus palabras, dirá: “Hicimos un intensivo muestreo en arroyos; un trabajo de campo exhaustivo y a conciencia porque sabíamos que el descubrimiento puede hacer virar la historia y que esto cese. A estos cursos de agua la gente los utiliza para sus necesidades, ahí bebe el ganado, las personas se bañan en balnearios. Quizá en el público haya gente acostumbrada a leer trabajos de residuos de agroquímicos, pero estos resultados que les voy a compartir, asustan”.
Entonces Lajmanovich explica la metodología de su investigación y presentará los resultados:
“Analizamos los residuos de plaguicidas en muestras de agua y sedimentos, con una evaluación fisicoquímica y bioensayos, que consisten en descubrir los efectos producidos en los renacuajos. Además de un completo análisis bacteriológico para detectar la contaminación sobre todo originada por desechos cloacales o factorías de chanchos, cerdos y pollos.
Uno supone que si eso está en el ambiente los organismos no se tienen que morir. Pero sí, se mueren. O sea, si uno pone organismos (renacuajos) en esos sedimentos y en ese agua, directamente se mueren. En los arroyos Las Tunas y Crespo las muestras puras determinaron una mortalidad del 100%. O sea, nosotros poníamos un organismo ahí y directamente moría, lo que significa que de naturaleza no existe nada, como si el agua en vez de agua fuera un veneno. Eso está en los ecosistemas, no es una cosa que se fabrica en un laboratorio. Por eso hacemos diluciones para lograr que sobrevivan. Y lo que advertimos es que, ya no en muestras puras que se morían directo sino en muestras diluidas, producen efectos genotóxicos, o sea, que pueden causar daño al material genético (ADN) de un organismo”.

Lo que se ve a la vista y lo que no en el Río Paraná. Foto: Juliana Faggi para lavaca.
El récord
Una pausa y la información sobre los análisis fisicoquímicos.
“Lo que descubrimos es el récord mundial de glifosato en sedimentos de una reserva natural de Sudamérica: son 5.002 microgramos por kilo de sedimento. No existe en la Argentina un valor más alto. No existe en Sudamérica un valor más alto validado científicamente. Me detuve en el glifosato por el récord, pero en todas las muestras se encuentran muchos más pesticidas”.
Algunos de ellos:
- Heptacloro glifosato
- Atrazina
- Metolacloro
- Leoxilifop
- Cipermetrina
La tendencia: “En el estudio que mencioné de Damián Marino, en el Río Luján, lo encontrado estaba en el orden de los 700, 1.000 miligramos. Nosotros encontramos más de 5.000 en estos arroyos”.
¿Cómo se explica ese número? “No hace falta hacer un análisis muy minucioso para darse cuenta de que toda esta gran cuenca es soja trigo, soja trigo, y se aplican miles y miles de kilos de glifosato por año desde hace 30 años. Esta cuenca tiene alguna particularidad que hace que estos sedimentos se acumulen en tal magnitud; seguramente las arcillas, las características del suelo. Nosotros no somos especialistas en suelos, así que esperamos que a alguien le interese, aunque no creo que se quiera estudiar esto. De hecho, probablemente este trabajo se intente silenciar”.
La publicación y el colapso
Como cierre de la exposición, sus conclusiones, que hace horas fueron publicadas en la revista científica internacional Water Environment Research luego de que la investigación fuera aceptada por un comité de expertos:
1) “Lo más importante: se pudo determinar el récord sudamericano de glifosato en sedimentos”. Aclara: “El glifosato está secuestrado en los sedimentos, no en el agua. Los renacuajos mueren por el conjunto de la contaminación en el ambiente: es como si yo juntara el agua del arroyo con el barro del arroyo y le pongo un organismo adentro. Esa simulación en el laboratorio es lo que ocurre en la naturaleza”.
2) “Estos arroyos tienen una extrema toxicidad, una extrema contaminación bacteriana que hacen que la vida acuática sea inviable. O sea, la vida de otros organismos como los peces, los insectos más sensibles y toda la fauna acuática es prácticamente inviable”.
3) “Los resultados de este estudio son inequívocos. Todos estos cursos de agua muestran signos de colapso ecosistémico, que no es de ahora, ni desde hace un año, sino que ocurre desde hace muchísimo tiempo. Notamos que hay una total falta de gestión estatal. Si hay normas, nadie las cumple. Si hay multas, probablemente se pagan pero se sigue contaminando”.
4) “Ante este escenario, debemos reafirmar la salud única, para poder proteger tanto a los ecosistemas como a las poblaciones humanas que conviven en esos lugares”.
5 y último): “Estamos en presencia de un ecocidio silencioso”.
Los datos son evidencia científica. La Corte Suprema de la provincia de Santa Fe dejó firme hace un mes un fallo que obliga a alejar las fumigaciones en toda la provincia a 1.095 metros de cualquier lugar poblado. Ese avance se debe tanto al trabajo y denuncias de vecinos, comunidades y pueblos, como de grupos científicos que revelan el peligro de un país que es además es el más fumigado del continente. El estudio presentado en el congreso científico de rosario agrega entonces otro dato: no basta con que las fumigaciones se alejen, porque al contaminar el agua se reactiva el alcance tóxico sobre todos los seres vivos. Ese es el desafío inmediato que este tipo de estudios permiten encarar.
Actualidad
Lugano resiste al “máster plan” que intenta imponer Macri

El vecindario de Villa Lugano realiza asambleas y guardias para evitar que el gobierno porteño comience a talar árboles en lo que consideran un ecocidio, cerrar accesos de la autopista Dellepiane y modificar al barrio sin consulta a los vecinos, cosa que sí hacen en los barrios del norte, como Belgrano y Palermo.
El mismo mecanismo obligó en 2024 a que la la comunidad frenase obras que Jorge Macri intentaba imponer, incluso con mujeres atándose a los árboles y gente atrincherándose contra las máquinas. Detalles de un negocio de más de 7 mil millones de pesos que la comunidad rechaza (tala de 437 árboles y un nuevo peaje, entre otras cosas). El mismo vecindario hizo un relevamiento casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane: más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan.
Presentaron por escrito pedidos de información pública a AUSA (Autopistas), APRA (Agencia de Protección Ambiental), Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. Cero respuesta a ese reclamo de ser tenidos en cuenta como parte de la convivencia democrática. Los guardianes de los árboles, y las escenas de la organización barrial para rechazar el proyecto.
Por Francisco Pandolfi
La gente de Lugano se reúne en el centro. No están de paseo, ni de compras, ni miran vidrieras. Las y los vecinos autoconvocados se vuelven a juntar, una vez más, para defender a la sureña comuna 8. Vuelven a ver el barrio en peligro.
Es la misma comunidad organizada, sin bandera partidaria, que el año pasado se formó con el nombre No dividan Lugano, y evitó que el gobierno porteño hiciera una serie de pasos bajo a nível, que no tenían ningún beneficio vecinal y sí un amplio abanico de perjuicios: encajonaban al barrio, lo fragmentaban con murallas, lo hacían intransitable para los vecinos, en pro de un negocio poco claro de 4.500 millones de pesos (de un año atrás).
Cuando empezaron a llegar las máquinas demoledoras y excavadoras, y luego se agregaron las topadoras, el vecindario salió a la calle. Mujeres y hombres se atrincheraron para defender árboles de más de 100 años. Las mujeres, sobre todo, decidieron atarse a los árboles para defenderlos, mientras muchos vecinos –profesionales y arquitectos del barrio incluidos– mostraban los errores de ese plan y formas mucho más sensatas de hacer las cosas.
En esta crónica contamos todo lo que fue ese proceso, una especie manual de organización comunitaria: https://lavaca.org/mu198/la-comunidad-organizada-triunfo-vecinal-en-villa-lugano/
Sin embargo, no hubo tiempo para festejar el freno puesto a Jorge Macri, porque tan sólo un par de semanas después empezó otra embestida, otra vez a espaldas de la gente.
En esta oportunidad, a través de una obra denominada Máster Plan Autopista Dellepiane, con un costo de más de 7.000 millones de pesos, tala de 437 árboles, cierre de 14 ingresos y egresos a la autopista, y (lo que tal vez sea el fondo recaudatorio de todo) otro peaje.
Por eso el vecindario se vuelve a juntar en el centro de Villa Lugano. Ya han demostrado su capacidad de resistencia, y aquí empiezan a levantar la guardia para informar lo que está pasando, seguir acumulando fuerzas y a planificar los pasos a seguir.
El encuentro es en la Plaza Unidad Nacional.
Nada menos.

Primero proyectaron un documental sobre la lucha del colectivo No Dividan Lugano, que frenó la construcción de los túneles. Luego, con el recuerdo a flor de piel, se habla de esta nueva pelea, que también tiene su historia: los primeros días de noviembre de 2024 se llevó a cabo una audiencia pública donde más de 100 vecinos exigieron una mesa de trabajo conjunta con el gobierno de la Ciudad, así como la información pública y detallada. Hasta el día de hoy, denuncia la comunidad, solo recibieron un amenazante silencio como respuesta.
¿Qué dice el gobierno porteño?
El proyecto abarca una traza de 4.6 kilómetros en la autopista Dellepiane (que une la Ricchieri con la 25 de Mayo), desde avenida General Paz hasta avenida Lacarra. La empresa a cargo de la obra es Eleprint S. A. y el monto adjudicado para su realización es de más de 7 mil millones de pesos ($7.682.057.632, 70). La gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires informó en un documento de 1.200 páginas estos puntos principales con el fin de “incrementar la seguridad vial en la autopista y disminuir la siniestralidad” y “mejorar el uso del transporte público”:
-Incorporación dos carriles centrales para el transporte público, en el medio de la autopista (Un metrobús, aunque no lo mencionen con ese nombre).
-Ensanchamiento de las colectoras.
-Y el punto neurálgico de esta obra, como parte del sistema recaudatorio del gobierno porteño: la instalación de un nuevo peaje a la altura de Lacarra, a tan sólo 4 kilómetros del que ya está emplazado.
Otra arista a tener en cuenta: el proyecto menciona a la ley 104 de acceso a la información pública. Para eso no hay colectoras ni carriles: el acceso a la información pública sigue bloqueado.
Fuera árboles, adentro el peaje
El micrófono va pasando de mano en mano en el encuentro. Vecinos de cualquier edad, trabajo y de distintos niveles económicos, comparten lo que los une, lo que es público. El micrófono amplifica los argumentos.

- “Este proyecto solo traerá más cemento y más tránsito. Y va a afectar sustancialmente la vida de quienes vivimos acá. Es una mega obra a escala metropolitana y ni siquiera tenemos toda la información concreta de cómo son los pasos a seguir. Desde noviembre exigimos una mesa de trabajo conjunta y solo hubo oídos sordos”.
- “Para lo que buscan hacer deberán talar muchísimos árboles añosos y frondosos. Los mismos vecinos hicimos un relevamiento que demostró que buscan sacar una cantidad muy superior a la que informaron la Dirección de Arbolado del gobierno y AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, empresa que tiene la concesión de la autopista). Son 176 árboles de Dellepiane Sur y 261 de Dellepiane Norte. O sea, 437, un bosque urbano, con su fauna nativa. Es un ecocidio lo que intentan hacer”.
- “Y encima nos mienten sin parar. Para convencernos prometen que al lado de la autopista harán dos parques lineales, y nos muestran los planos con árboles enormes, que dan una sombra espectacular. Esos mismos árboles que planifican derribar. ¿Tan loco es exigir la verdad”.
- “Con el paso del tiempo van modificando la obra al planteo original, y no lo comunican. La semana pasada hicimos una recorrida con AUSA. En una primera instancia habían dicho que dos carriles que ampliarían de la colectora tendrían 3.5 metros cada uno, o sea 7 en total, y ahora hablan de 10 y de 12. Por un lado cada vez más cemento, por el otro ni saben cómo va a ser la obra definitiva cuando ya la empezaron. ¿Cómo podemos actuar si no hay información precisa, y si ni ellos saben cómo será?”.
- “Hasta hoy, en los poco más de cuatro kilómetros de la Dellepiane, el barrio cuenta con 26 entradas y salidas. El gobierno nos va a cerrar 14 ingresos y egresos. ¿En serio piensan en el vecino? No. ¿Qué relación tiene el querer disminuir los choques con disminuir los accesos? No lo informan. Porque lo que les importa es recaudar en los peajes”. Mencionan otro detalle: “Qué podemos esperar si hasta el nombre es en inglés. Por lo menos que le pongan Maestro, no Máster”.
Vecinos de segunda
El proyecto cuenta con un área de Relaciones con la Comunidad, en la que AUSA tiene la obligación por ley de generar canales con los vecinos, reuniones presenciales con material impreso, información permanente y verídica, así como el estar disponible para recibir cualquier consulta o reclamo de los vecinos, sean frentistas o usuarios que tengan alguna implicación con la obra.
¿Hubo relación con la comunidad? “Para nada. Desde la audiencia pública, en noviembre pasado, exigimos una mesa de trabajo con el gobierno porteño y nunca sucedió”.
Agregan: “El 17 de enero solicitamos por escrito un pedido de información pública a AUSA, a APRA (Agencia de Protección Ambiental), al Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. Lo repetimos el 30 de enero, con la firma de más de 800 personas. No hubo ninguna respuesta”.
Los mismos vecinos autoconvocados y organizados hicieron un relevamiento territorial casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane. “Más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan. Por eso decidimos hacer mesas informativas en distintos barrios de Lugano, como Copello, Samoré, Nágera, Cildañez e INTA. Fue muy fuerte notar que casi nadie sabía nada”.
En la asamblea no faltaron la bronca y la indignación: “En la Comuna 13, que abarca Belgrano, Núñez y Colegiales, el diseño del espacio público se realizó igualito a lo que hacen con nosotros”, y vuelven a reír irónicamente, mientras muestran unas imágenes en las que el gobierno porteño y los vecinos de la comuna más norteña están reunidos en mesas de trabajo para establecer las políticas públicas a llevar adelante. “Queremos un trato igualitario, que nos respeten como ciudadanos y obras de calidad, las mismas que hacen en Belgrano y Palermo. No merecemos menos. Acá no hacen mesas participativas porque nos tratan como unos negros de mierda”.

Parte del vecindario autoconvocado de Villa Lugano, que logró frenar el proyecto porteño de 2024 que, como ahora, los ignoraba.
Guardianes de los árboles
Al cierre de la asamblea, alguien que participa por primera vez lanza una pregunta al aire: “¿Cómo sigue el plan de lucha?”.
La respuesta se construye colectivamente:
“Todos los días, a las 7 de la mañana en Dellepiane norte, para defender nuestros árboles. No nos van a sacar. No los van a sacar. Haremos lo mismo que hicimos el año pasado: Resistir”.
Desde el 17 de febrero, ante la amenaza de que ese día empezarían la tala, la vecindad se organiza y rota para que siempre haya guardianes de los árboles. Ahora existe una nueva amenaza para esta semana y las y los vecinos allí estarán.
Antes de despedirse alguien agrega: “No buscamos que no se haga ningún tipo de obra y no es que estamos en contra del desarrollo, para nada. Pero esto no es desarrollo. Queremos acompañar el proceso, tener un diálogo fluido con los responsables, establecer mecanismos eficientes para nuestros reclamos, recibir información veraz y que sean escuchadas las propuestas de quienes vivimos acá. No debería ser tan difícil en una democracia”.
Y cierran con algo que no muchos políticos y funcionarios tienen en cuenta: “La democracia no es solo un acto eleccionario; es un sistema de vida que entre todos construimos y nutrimos”. Conclusión: “Así que como siempre. A no aflojar”.

Nota
Córdoba en catástrofe: el presupuesto nacional incendiado y lo que plantea la comunidad para defenderse

Nueva jornada de incendios en Córdoba mientras el gobierno nacional alardea de su rechazo a la agenda contra la crisis climática y la ministra Bullrich le manda whatsapps a una periodista afectada. El presupuesto incendiado: de enero a julio de este año se registraron 1.425 incendios forestales en todo el país, 764 más que en el mismo período de 2023. Sin embargo, el presupuesto nacional para enfrentar estos desastres es un 43,8% menor al del año pasado. La situación actual, los reclamos para que Nación al menos abandone la indiferencia frente al desastre y la contracara: las sugerencias de brigadistas forestales que plantean cuidarse de la “infoxicación” y “conectar con la grupalidad comunitaria para accionar en tareas o actividades colaborativas que surgen de la necesidad colectiva”.
Por Bernardina Rosini, desde Córdoba
Es lunes y la actividad se reinicia para la mayoría de los habitantes en Córdoba Capital como si la provincia no estuviera asomada el infierno. Como si kilómetros más allá los vecinos de las localidades de Villa Berna, San Esteban, Los Cocos, Capilla del Monte y demás pueblos aledaños no estuvieran rogando que el fuego ceda y pueda ser aplacado.

Que el viento sur se mantenga, que baje la temperatura. Y quienes ejercitan más la fe ruegan para que alguna lluvia sorprenda.
Es el sexto día de este dragón de fuego en el territorio cordobés. En este momento se contabilizan cuatro focos activos: San Marcos Sierras, Villa Berna, Chancaní y Ascochinga.
El incendio que se inició el miércoles 18 en San Esteban y que luego llegó a Capilla del Monte, ahora está anclado en el margen norte del Río La Granja y los esfuerzos se concentran en proteger esta localidad. Por ahora el fuego no avanza hacia zonas pobladas gracias a los esfuerzos de brigadistas y bomberos.
16.000 hectáreas quemadas
Este lunes en Ascochinga y La Granja no hay clases “por salud y seguridad de la comunidad educativa pero también para dar prioridad de tránsito de vehículos de emergencia por las rutas” informaron autoridades locales. El intendente de la municipalidad de Córdoba Daniel Passerini instruyó al gabinete municipal para que se ponga a disposición del Ministerio de Seguridad y quienes dirigen el operativo de lucha contra el fuego. “Desde el Municipio se han enviado varios camiones cisterna de apoyo logístico, mientras que a través del Ente Municipal BioCórdoba se concretó el traslado de profesionales para el resguardo y atención de animales de las zonas afectadas, con equipos y medicamentos” anuncian los canales oficiales de la capital.

El panorama es trágico: al domingo se contabilizan 16.000 hectáreas quemadas a pesar de los 700 bomberos y bomberas movilizados, la acción de las brigadas forestales, los 7 aviones hidrantes y los 6 helicópteros que actúan sin descanso.
En las declaraciones del fin de semana el gobernador Martín Llaryora –sin dar mayores detalles– mencionó el “apoyo de aeronaves y pilotos provenientes de la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero”. Chubut anunció que 32 miembros de la Brigada Nacional Sur de Las Golondrinas partieron desde esa localidad para sumarse a la lucha contra el fuego en la provincia mediterránea.
No hay pacto para el futuro
Por otra parte, el silencio del gobierno nacional se quebró con las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que desde Estados Unidos y mediante un audio de whatsapp enviado a la periodista Mercedes Ninci expresó: “El fuego está fuerte y estamos haciendo todo lo posible”. Y completó: “Lo que sucede es que tenemos el pasto muy seco que se convierte en basura y eso se quema y genera chispas muy grandes, enormes. Y hay viento y mucho calor” sintetizando el reporte de situación en la mención de estos componentes y dirigiéndose no a la ciudadanía sino a una periodista afectada.
En cuanto al presidente Javier Milei, se prepara para hablar este martes 24 en la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Sin embargo la canciller cordobesa Diana Mondino anticipó la posición argentina y confirmó que el país no firmará el denominado Pacto por el Futuro 2045, que se trata de la continuidad cronológica de la Agenda 2030 para el Desarrollo planteada por las Naciones Unidas.
La extensión al año 2045 de las líneas maestras en seguridad, cambio climático y derechos humanos logró la adhesión de la mayoría de los 193 Estados miembro de la ONU, entre ellos EEUU, Brasil, India, Israel y la Unión Europea y la Argentina está en el reducido grupo de países que rechazaron el proyecto, junto a Irán, El Salvador, Venezuela y Corea del Norte.
El gobierno nacional ratifica su descreimiento sobre la agenda climática ante la comunidad internacional mientras la provincia de Córdoba arde por quinto año consecutivo y más de 150 organizaciones civiles se movilizan por la declaración de emergencia nacional bajo el lema #FuegoCero “ante la catástrofe de dimensiones históricas y daños irreparables por los incendios, sumados a las condiciones intensificadas por el cambio climático, consideramos que se debe solicitar mayor colaboración de la Nación” según señala el comunicado de la organización.
Derogaciones y confusiones
En el marco de los incendios, fueron publicados varios análisis de las normativas ambientales y del manejo del fuego, sin embargo es importante aclarar que la Ley de Manejo del Fuego (N° 26.815/12 y su modificatoria N° 27.604/20) no fue derogada ni por el mega DNU ni por la Ley Bases. Si bien la derogación estaba contemplada en la primera versión del proyecto de ley, no logró pasar por el Congreso.
En cuanto a la segunda versión de la Ley Bases, se excluyó todo el capítulo ambiental debido a que todos los dictámenes en disidencia o minoría de la primera versión rechazaban las derogaciones o modificaciones de las regulaciones ambientales.
Con respecto al fideicomiso para la administración del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, tampoco fue eliminado, de hecho el pasado 13 de septiembre fue publicado en el Boletín Oficial que la “Subsecretaría de Ambiente será la autoridad de aplicación del Fideicomiso Financiero y de Administración para la administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, cuyo Comité Ejecutivo estará integrado por el Vicejefe de Gabinete del Interior, el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes y el Secretario de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
Incendiando el territorio y el presupuesto
Mientras los incendios continúan arrasando el territorio cordobés, los números evidencian una cruda realidad: la falta de recursos destinados a prevenir y combatir estas catástrofes es alarmante.
De enero a julio de este año se registraron 1.425 incendios forestales en todo el país, 764 más que en el mismo período de 2023. Sin embargo, el presupuesto nacional para enfrentar estos desastres es un 43,8% menor al del año pasado. El ajuste a las partidas de Manejo del Fuego y Servicio Nacional de Manejo del Fuego se tradujo en una drástica reducción de las horas de vuelo previstas para las tareas de control y combate del fuego, pasando de 5.100 a 3.100 horas, en base a previsiones meteorológicas optimistas que no contemplan la realidad local.
Pero si las partidas son reflejo del ajuste, la ejecución del presupuesto asignado al manejo del fuego es reflejo de la indiferencia oficial. Durante el primer semestre de 2024, solo se ejecutó el 26,7% de los recursos destinados a esta área, muy lejos del 78% registrado en el mismo período de 2023. Los costos de la inacción se miden en vidas, biodiversidad y comunidades devastadas. El Estado es responsable.
La contracara: el cuidado
Se abrazan en ronda, se agradecen y se animan en grupo: “¡Hoy le vamos a dar, vamos que hoy lo cerramos!”. Las jornadas son extenuantes.
No olvidan la importancia de mantenerse en contacto, pero en el sentido profundo de la palabra. La brigada forestal de La Granja comparte en sus redes recomendaciones para el cuidado de la salud mental y emocional ante la cercanía del fuego:
- ESTAR CERCA. ¿De quién? Primero de nosotros mismos, de nuestras sensaciones, sentimientos, pensamientos y emociones. Y estar cerca de otras personas, acudir a nuestras redes de sostén y vínculos (familiares y/o comunitarios) No quedarse en la emoción individual sino intentar encontrarnos y compartir!
- OBSERVAR Y CHEQUEAR a las infancias, adolescencias y también a personas mayores. Para contener y acompañar. Preguntarnos y preguntar ¿Cómo estamos? ¿Qué necesitamos?
- Recordar que no somos héroes ni heroínas por lo que no es necesario forzar fortaleza y SÍ ES NECESARIO abrazar y abrazarnos en la sensibilidad.
- Cuidar y cuidarnos de «INFOXICACION» (exceso de información) Informarse sí, desde fuentes seguras. Evitar la sobre exposición a; * Imágenes, sobre todo en redes sociales (que tienen un fuerte impacto emocional) *Mensajes confusos (que puedan generar o aumentar la angustia).
- PRESTAR ATENCIÓN cuidando de no entrar en desesperación. Conectar con la GRUPALIDAD COMUNITARIA para accionar en tareas o actividades COLABORATIVAS que surgen de la necesidad colectiva ante la situación presente.
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