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Femicidio de Julieta Riera: se anuló el juicio que declaró culpable a Jorge Christen, hijo de una ex jueza

Prisión domiciliaria durante el proceso judicial, salidas transitorias para visitar familiares, anulación de un juicio que lo encontró culpable: hijo de una ex jueza, Jorge Christen sigue haciendo gala de su impunidad por el femicidio de Julieta Riera. La familia de la joven elevó un recurso a la Corte Suprema y apela a que la visibilidad del caso desarme la impunidad local. La voz de la familia ante los riegos a tener que volver a pasar por un posible nuevo proceso: “¿Y nosotros? ¿Quién piensa en nuestra salud física y mental? Porque todo esto es desgastante e implica volver atrás en el tiempo, cosa que es sumamente doloroso para toda la familia. Ya basta de impunidad”.
Por Franca Boccazzi
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos anuló, tras una sentencia inédita, el juicio que condenó a Jorge Julián Christe a cadena perpetua por el femicidio de su pareja, María Julieta Riera. El argumento para justificar la decisión fue que se observaron errores en el proceso y que por eso debe hacerse nuevamente. Esto no sólo implica un retroceso en la obtención de justicia de la familia de la víctima, que había logrado llegar a la verdad y a una sentencia firme para el culpable, sino que ahora tendrán que afrontar otro juicio de cero, con todo el dolor que eso implica: volver a reconstruir la historia y las pruebas para demostrar que Julieta no se cayó del balcón, como sostuvo siempre la defensa del acusado, sino que él la arrojó. Tanto el fiscal de la causa, Ignacio Aramberry, como la abogada de la familia, Corina Beisel, mostraron preocupación por la decisión del tribunal y ya están trabajando para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ana Brugo, madre de Julieta, considera la posibilidad de que esta medida es otro privilegio más que obtuvo Christe por ser hijo de una ex jueza de Paraná.
A pesar de no pronunciarse sobre los pedidos de absolución y libertad inmediata que había solicitado la defensa del femicida, el tribunal integrado por les jueces Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Miguel Giorgio sí resolvió por mayoría, con dos votos a favor (de Mizawak y Carubia) y uno en contra (de Giorgio), hacer lugar a la anulación del juicio por jurados celebrado en abril del 2021, echando para atrás la decisión del Tribunal de Casación que había ratificado el fallo del jurado popular que, de forma unánime, había encontrado a Christe culpable bajo el cargo de homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido cometido mediando violencia de género.
Los caballitos de batalla de la anulación
“El juicio no estuvo mal hecho”, sostuvo Corina Beisel en diálogo con Radio La Red. La abogada de la familia de Riera explicó que la representante de Jorge Christen presentó un recurso de Impugnación Extraordinaria argumentando que hubo dos fotografías que no se mostraron durante la investigación penal preparatoria y esto ya es suficiente para decir que se violó el derecho a la defensa. Sin embargo, para Beisel la decisión del STJ es cuestionable: «He visto otros casos en los cuales, a pesar de estas cuestiones, han soslayado algunas cosas ya que han valorado la copiosa prueba que nos lleva a esta premisa de que, si suprimimos la prueba cuestionada, se arribaría a la misma conclusión».
Por otra parte, en la sentencia se critica al juez en su modo de instruir al jurado por decir “en, al menos 8 oportunidades, la necesidad de llegar a un veredicto unánime, sin explicar claramente la posibilidad de declarar “estancado” el juicio por inexistencia de unanimidad”. En realidad, es obligación explicarle al jurado la necesidad de llegar a una decisión unánime tanto para condenar como para absolver. Además, el “estancamiento” no está considerado como una tercera vía de resolución a menos que el jurado plantee dificultades en la deliberación como puede pasar en casos donde no hay pruebas suficientes. Entonces, al no ser obligatoria la instrucción sobre el estancamiento, es aún más grave que el STJ haya expresado que la omisión de esta instrucción es parte causal de la anulación de un juicio donde hubo un veredicto unánime de un jurado popular que además fue ratificado por la Cámara de Casación de Paraná.
El principio y el contexto
María Julieta Riera tenía 24 años cuando el 30 de abril del 2020 en la madrugada su pareja de 31 años, Jorge Julián Christen, la arrojó desde el octavo piso del departamento donde convivían, a pocas cuadras del centro de Paraná. La caída de 19 metros de altura hizo que muriera inmediatamente. Luego la autopsia confirmó, además, que Julieta tenía lesiones producto de haber recibido violencia física previo a la caída.
Lo primero que hizo Jorge después de esta escena fue subirse a su moto y pasar por la casa de su mamá, la ex jueza Ana María Stagnaro, y de ahí a la comisaría para dar aviso de que su pareja se había caído del balcón.
A partir de ese momento quedó detenido y 4 meses más tarde logró obtener el beneficio de la prisión domiciliaria para pasar el resto del proceso judicial en la casa de su madre. Un año después fue condenado a prisión perpetua y llevado a la Unidad Penal 1 de la capital entrerriana. Tanto Ana Brugo como Corina Beisel cuentan que Christen obtuvo varias salidas transitorias para visitar a su hijo en casa, cuando en realidad lo común es que las familias tengan que dirigirse al penal para encontrarse con la persona privada de libertad. Beisel grafica el beneficio contando que ella, como abogada, tiene muchos clientes condenados que hace años están en prisión y aún no lograron una salida transitoria.
Prisión domiciliaria durante el proceso judicial, salidas transitorias para visitar familiares, anulación de un juicio por jurado donde 12 personas encontraron culpable a Christen: estos aspectos son considerados privilegios por ser un hijo del poder. No sólo por las posibles influencias de Stagnaro en el ámbito judicial sino también por los recursos económicos que posibilitaron que la familia de Jorge pagara peritos y consultores externos, además de una abogada como Mariana Barbitta que cuenta con una amplia trayectoria y sin ejercer en Entre Ríos se matriculó especialmente en esta provincia para atender el caso.
Es por esto que para la familia de Julieta fue crucial el acompañamiento de la comunidad paranaense, de organizaciones sociales y feministas en todas las instancias del juicio. Gracias a la incontable cantidad de movilizaciones, incluso en pandemia, el caso alcanzó la suficiente visibilización para que la familia pudiera conseguir un juicio justo que duró dos semanas, con la certeza de un proceso transparente y un jurado conformado por 12 ciudadanes. “Yo doy gracias a la sociedad porque es lo único que tengo, que me ayuda y que me da fuerzas para seguir”, le contó Ana Brugo a lavaca.
Cómo se sigue
Si bien la anulación del juicio no implica la inocencia de Jorge Christen, ahora su defensa tiene la posibilidad de obtener prisión domiciliaria o incluso la libertad del acusado mientras espera el nuevo juicio. Esto es un motivo de preocupación para la familia de Riera, no solo por el temor a ser agredides o de cruzarse por la calle con el femicida de Julieta, sino también por el riesgo de que Christen se dé a la fuga. Más allá de los recursos económicos del condenado que posibilitarían que esto suceda, para Corina el atenuante principal es la actitud que tuvo después de haber matado a su pareja: no quedarse en el lugar del hecho junto al cuerpo y llamar al 911, y en su lugar ir a la casa de la madre y luego a la comisaría para hacer pasar la situación como un accidente. Para la abogada, este comportamiento demuestra que “no es una persona fiable”.
Por eso, tanto la fiscalía como Beisel se ocuparon rápidamente de elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y apelan a que la visibilidad del caso ayude a que el proceso avance lo más rápido posible.
Mientras tanto, Ana y su familia deben lidiar con el shock emocional que implicó la anulación del juicio. Al día siguiente de recibir la noticia la mamá de Julieta tuvo que volver a recurrir a tratamiento psicológico y el duelo que habían empezado luego de obtener justicia con la condena a prisión perpetua de Christen, ahora se transforma nuevamente en un proceso angustiante y extenuante. Al respecto ella expresó: “¿Y nosotros? ¿Quién piensa en nuestra salud física y mental? Porque todo esto es desgastante e implica volver atrás en el tiempo, cosa que es sumamente doloroso para toda la familia, es terrible”.
Sin embargo esta sensación no opaca el deseo de agotar todas las instancias necesarias para que el femicida de Julieta tenga su sentencia definitiva: “Sabemos que el proceso en Nación es más lento, pero como familia estamos dispuestos a remover cielo y tierra porque esto no puede quedar así: nosotros atravesados por el dolor y con impunidad. Ya basta de impunidad”.
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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños
El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.
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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.
Por Claudia Acuña
El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación: es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.
Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.
¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.
A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.
Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.
El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.
Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.
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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez
Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.
Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.
En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.
Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.
A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.
En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.
Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.
Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?
Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.
Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.
Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.
La pregunta es: ¿por qué?

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