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A 20 años del Caso Bulacio: Yo sabía

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El 26 de abril de 1991 Walter Bulacio, 17 años, murió en el Sanatorio Mitre, una semana después de ser detenido arbitrariamente por la Policía Federal, la noche del 19 de abril, en la puerta del Estadio Obras a la espera del recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A 20 años del Caso Bulacio: Yo sabíaJunto a 73 personas más, incluyendo varios menores, Walter fue subido a los golpes a los colectivos preparados para el operativo policial que culminó en los calabozos de la comisaría 35º del barrio porteño de Nuñez. Allí el comisario, Miguel Angel Espósito lo golpeó brutalmente en la cabeza provocándole, días más tarde, la muerte.
Hoy, tras 20 años, el comisario sigue impune y no hay ningún detenido en la causa. En esta nota especial para lavaca, Julieta Colomer, una de las fundadoras de la Mesa de Escrache Popular, sintetiza lo que para su generación representa este caso.
Caer por estar parado
Un graffiti pintado en la pared de la comisaría 35º es el comienzo de una historia. La historia de Walter Bulacio. La historia que comienza luego de su muerte.
En la madrugada del 20 de abril, Nazareno, amigo de Walter, detenido junto a él, dejó grabado un mensaje en la pared del calabozo. Un año más tarde, en mayo de 1992, María del Carmen Verdú, abogada de la familia Bulacio e integrante de Correpi (Coordinadora de lucha contra la represión policial e institucional), organización nacida al calor de la movilización popular tras la muerte de Walter, comienza a descifrarlo al encontrar una fotografía de aquel graffit, dentro del expediente judicial: «Jorge, Walter, Kiko, Erik, Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor. CAIMOS POR ESTAR PARADOS». 19/4/91.
«Lo que quiso decir Nazareno -cuenta María del Carmen Verdú- es que los detuvieron por estar parados, haciendo nada, por estar inmóviles, pero para mí fue simbólico porque así de inmóvil estaba el conjunto del campo popular por aquellos años».
¿Qué piensan los jóvenes que hoy tienen 20 años sobre el gatillo fácil y el accionar represivo de las fuerzas de seguridad? ¿Qué piensan de las detenciones arbitrarias por averiguación de antecedentes? ¿Qué saben del maltrato y las torturas en cárceles y comisarías? ¿Qué piensan los que aún no habían nacido cuando Walter moría, acerca de lo que es la seguridad? ¿Qué saben de la historia de Walter Bulacio, el joven de Aldo Bonzi, que murió a los 17 años y se convirtió en bandera?
María del Carmen Verdú, se dedicó a sistematizar el laberinto judicial que, en el transcurso de estos 20 años, transitó la causa Bulacio. En su libro Represión en democracia detalla minuciosamente «la larga serie de dictámenes y resoluciones judiciales que demuestran que el Estado Argentino y todos sus gobiernos democráticos desde 1991 han silenciado el caso garantizando la impunidad de los responsables y preservando sus herramientas represivas.»
Un cuadro sinóptico resume los trámites que insumió la causa, desde sus inicios en 1991, hasta diciembre de 2008. En 17 páginas, Verdú despliega cada paso en busca de justicia, que transitó desde los juzgados ordinarios hasta los tribunales internacionales de derechos humanos, obteniendo, en todos estos años, la misma respuesta: impunidad.
Las demoras judiciales para seguir el caso, la prisión preventiva al comisario Espósito sólo por el delito de privación ilegítima de la libertad, el sobreseimiento de los otros delitos, el sobreseimiento posterior del comisario procesado, son algunos ejemplos de las idas y vueltas que debió atravesar el caso. En 1997 ante la persistencia de demoras judiciales, que implican una violación a la obligación del Estado de administrar justicia, la abogada de la familia Bulacio presentó una denuncia contra el Estado Argentino ante la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando violados los derechos, garantizados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos: a la vida, a la integridad física, a la libertad y a un recurso judicial sencillo y rápido.
Tortura es delito de Estado
Ante la respuesta de la justicia argentina la CIDH presentó la demanda del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero de 2001. La sentencia de la Corte IDH condenó al Estado Argentino en septiembre de 2003 y ordenó dos cuestiones que aún no se cumplieron:

  • El juicio y castigo a todos los responsables y
  • La rectificación del Estado Argentino en relación al esquema de detenciones arbitrarias, ya que puso en evidencia la ilegalidad de las prácticas policiales de detención por fuera de lo normado y sin ningún tipo de justificativo legal, como las razzias que, toleradas por jueces y fiscales, permanentemente están violando los convenios internacionales y la propia Constitución Argentina en materia de libertad y protección judicial a menores de edad.

«Evidentemente -afirma Verdú- ningún gobierno se va a suicidar quitándole a su fuerza de seguridad las herramientas más útiles para ejercer el control social. Imaginate: si los policías no pudieran detener personas porque sí, quedaría absolutamente coartada la mecánica cotidiana del control, en sentido estricto, desde un punto de vista macro, y además se quedarían sin su fuente de recaudación, porque muchas de esas detenciones se aprovechan para la extorsión, sobre todo a los vendedores ambulantes, a personas en estado de prostitución, es decir a todos los que sobreviven en la vía pública».
Más allá de la interpelación al Estado por la Corte Interamericana y del largo trayecto recorrido durante estos 20 años de impunidad, lo asombroso son los resultados de los juicios: la libertad de los condenados y procesados. Dice Verdú: «En los últimos 8 ó 10 juicios a los que hemos llegado con policías, gendarmes, servicios penitenciarios imputados por delitos con penas en expectativa de 25 años o de prisión perpetua, por homicidios simples, homicidios calificados, tortura, tortura seguida de muerte, en todos los casos llegaron al juicio en libertad y en la mayoría, aún condenados, se fueron en libertad. Situación que es totalmente impensable para cualquier ladrón de gallinas que se morfa la prisión preventiva aunque tenga la causa más idiota. Cuando los acusados son funcionarios públicos, los jueces y fiscales siempre buscan la vuelta para evitar la condena, para que la condena sea mínima o para que, aún si tienen que dar una condena un poco más alta, sean exonerados en un tiempo corto.»
El caso Walter Bulacio puso en cuestión la connivencia del aparato policial-judicial, puso en evidencia la práctica policial de las detenciones arbitrarias y la práctica judicial de la eterna dilación cuando los acusados son funcionarios públicos. «En este caso no se salva nadie -dice Verdú- ni los jueces ni los fiscales. Ya no les queda qué inventar y lo siguen inventando. Ahora estamos a las puertas de lo que va a ser la frutilla del postre de la impunidad con este juicio oral que llega mal, tarde, incompleto, que probablemente empiece en agosto. Ya se postergó porque tenía que empezar en abril, donde el único procesado que va a juicio es el comisario Miguel Angel Espósito, ninguno de sus mandantes fue indagado jamás a pesar de que existe reconocimiento oficial de que fue un crimen de Estado. A Espósito se lo va a juzgar únicamente por la privación ilegítima de la libertad. Ni por la muerte ni por las torturas, con lo cual la pena máxima será de 5 años».
3.160
3.160 es la cantidad de jóvenes muertos por la represión policial desde 1983 a la actualidad, que Correpi lleva contabilizados para demostrar que no se trata de casos aislados, de «excesos o errores del personal policial» sino de una práctica sistemática basada en el control social y el disciplinamiento de los pibes pobres.
El caso Walter Bulacio dio visibilidad a los muchos otros que se dan cotidianamente en los barrios marginados de todo el país, en democracia y bajo el discurso de los sucesivos gobiernos que, aún hoy, siguen dando legitimidad a la autonomía de las fuerzas de seguridad. De ese modo simulan la desvinculación de responsabilidades de presidentes, gobernadores, intendentes, legisladores, jueces, fiscales, que parecieran no tener incidencia en el accionar policial.
A lo largo de estos años se han presentado variadas tesis, teorías e hipótesis acerca de la autonomía institucional de la policía. Los integrantes de Correpi, por su parte, también han acumulado experiencia y conocimiento y han desarrollado su propia teoría: la represión policial e institucional forma parte de una política de Estado: «No hay otro sistema de libertades en el marco de un sistema capitalista -afirma Verdú- no se ha inventado, ni se va a inventar en un largo tiempo, otra forma de garantizar la explotación que no sea por la fuerza, a través de la opresión. Y para garantizar esa opresión cuando alguien decide que no quiere andar con el lomo agachado, la única herramienta efectiva es la represión. Los distintos gobiernos democráticos, desde 1991 a la actualidad, se apoyaron en la fabricación de consenso, que es un tipo de represión más sutil, invisible y no percibida como represión. Por un lado, están los que concientemente piden el destacamento policial, la subcomisaría, facultades a los policías para detener pibes, endurecimiento del aparato represivo, baja de la edad de imputabilidad, porque saben que es el modo para garantizar sus privilegios. Y en el extremo opuesto, existe esa otra realidad de cómo ese discurso cala en los que son doblemente víctimas: de la explotación económica, y de esa operación de descerebramiento que les mete en la cabeza el sentido común de la clase enemiga.»
Botón de muestra
«El ensañamiento, la brutalidad con que actúa la policía se da más en aquellos uniformados que no quieren verse reconocidos en el negrito que detuvieron, sino que quieren ser como el comisario que va ‘peinado con alerta’, con sobretodo de pelo de camello y uñas manicureadas, y una casa de 3 o 4 millones de dólares», dice Verdú.
Pienso entonces en el «Mataguachos de Fiorito», el policía retirado José Antonio Pelozo, que había sido jefe de calle de la comisaría 5º de Villa Fiorito. En 2003 asesinó a Matías Bárzola. En 2002 Jorge Chaco González muere en un hospital a causa de las torturas que le aplicaron otros dos policías que integraban el mismo servicio de calle de la comisaría del barrio. Verdú me cuenta: «El Mataguachos vivía en Fiorito a 3 cuadras de la casa de Estela, mamá de Matías, y de Ramona, mamá del Chaco González, en una casita tan humilde como las de ellas. Él no se reconoce con intereses comunes con Estela y Ramona sino con la clase que defiende, y por eso su odio y resentimiento, típicos sentimientos del desclasado. Aparecen los argumentos sobre mejorar el sueldo a la policía o sobre educarlos en Derechos Humanos para que entiendan que están al servicio de la comunidad, para generar mejores vínculos entre vecinos y policías, como la policía de proximidad o la participación ciudadana en la gestión de políticas de seguridad. Pero todo ese discurso que suena tan progre y tentador, se cae como castillo de naipes cuando ves que el vecino que va a la comisaría a discutir con el comisario sobre el mapa de criminalidad del barrio, es el mismo que saca de la esquina a escopetazos a los hijos de sus vecinos. Pero además se cae cuando entendés que ese uniformado desclasado siempre va a tener el punto de vista del patrón, nunca del trabajador. El hecho de que provenga materialmente de la misma clase, incluso que venda su fuerza de trabajo a un sueldo que no le alcanza para vivir, no lo determina en la medida que no tiene conciencia. Y no la puede tener nunca porque precisamente son seleccionados de forma tal que, con el entrenamiento posterior, se elimine toda posibilidad de conciencia.»
Uno de los principales ejes de trabajo de Correpi en los barrios de Soldati, Lugano, La Boca y en el conurbano bonaerense se desarrolla en la búsqueda de herramientas que permitan generar la discusión, entre los vecinos, sobre los diferentes consensos y permisos que se establecen en los barrios, los prejuicios, la ignorancia, la falta de comunicación, lo que está bien, lo que está mal, el peligro que representa para algunos la invasión de Gendarmería, mientras que para otros es la única solución posible al problema de la inseguridad.
Organizate y luchá
Esa palabras parecen definir la propuesta de Correpi al llegar a cualquier barrio para dar una charla en la sociedad de fomento, escuelas, clubes de fútbol o directamente en la plaza del barrio. En estos encuentros, cuenta Verdú, «lo que menos hay que explicarles a los pibes es que la policía les pega, los verduguea, los quiere reclutar para robar. O que son los que dirigen las venta de merca en el barrio, que son los que administran los prostíbulos, que son los que hacen negocios con la venta de autos robados. Todo eso los pibes lo saben porque lo viven a diario. Lo que hay que lograr es que asuman la necesidad de organizarse para pelear y no decir ‘yo zafé’ como aparecía en las primeras declaraciones de los otros detenidos que estuvieron con Walter en la comisaría 35º. Cuando el juez les preguntaba qué hicieron después que los encerraron, todos contestaron: ‘Me quedé tranqui’. El disciplinamiento funciona y esa es la barrera que hay que atravesar: arrancar a fuerza de movilización, de denuncia, de presencia en la calle, esa idea metida como tatuaje en la piel de que tenés que quedarte tranqui, porque la vida es así y nada podés hacer».
Las lecciones de Walter
Pregunto: ¿Qué nos enseñó el caso Bulacio como sociedad?
«Primero definí sociedad -me interpela Verdú-. Yo no uso ese término, no hay tal cosa como un ente único llamado sociedad. Hay un Estado en el que viven dos clases: los ricos y los pobres».
Verdú sintetiza las enseñanzas que dejó el caso de Walter para demostrar su hipótesis:

  • «A la burguesía le enseñó que tiene que ser más sutil en su forma de reprimir, de hecho se generaron una serie de reformas legislativas y normativas en general a partir del caso Bulacio. Hasta se blanqueó la facultad policial de detener personas en averiguación de antecedentes con la reforma Lázara, en el ámbito nacional, directamente impulsada por la detención y muerte de Walter, con el mismo mecanismo solapado de legitimación como sucedió con el cambio de los edictos policiales por el Código Contravencional. Hasta ese momento, con la ley Lázara teníamos la posibilidad de impugnar la ley de origen de la averiguación de antecedentes que estaba reglada en un decreto de la dictadura. A partir de 1995 tenemos una ley del Congreso Nacional: lo único que se modificó es que ahora se castiga como si fuesen delito conductas que no lo son.»
  • «A los familiares de los pibes asesinados: les enseñó que hay que organizarse. El caso Bulacio es el que da el espaldarazo final para que, desde ese grupo heterogéneo de militantes antirepresivos que buscábamos camino, termináramos de parir una organización política como Correpi.»
  • «A los pibes pobres les dejó un emblema de lucha que ha calado hondo, que genera una necesidad de organización independiente y consecuente a partir del ejemplo de todos los casos. Si vas a Fiorito los chicos saben quién fue el Chaco González, saben quién fue Matías Bárzola, conocen la historia de Leandro y Walter, o los conocen como los pibes de la masacre, con mucha más claridad que a Walter Bulacio, que es más lejano en el tiempo. En Moreno las banderas son Cristofer Torres, o el pibe Bolaños, Miguelito Da Silva, el Checho Casal. Casos y familias que hoy están reconocidas, después de muchos años de pelea, por sus vecinos, los compañeros de colegio de sus hijos, sus familiares, como los referentes en la lucha antirrepresiva en esos barrios. En Morón el símbolo es Sergio Durán, en Ciudad Evita el Pule Otero, en Rafael Castillo, el Peca Rivero, en Talar de Pacheco, Romina Lemos y sigue la lista…»

¿Qué aprendí yo del caso Bulacio?
En el año 1991 yo tenía, como Walter, 17 años, me gustaban los Redondos e iba a recitales de rock. Comenzaba a participar del Centro de Estudiantes y a cuestionar las injusticias.
La experiencia de haber participado en la Mesa de Escrache Popular sin duda dejó marcada una huella, como aquel graffiti en la pared: un mensaje a descifrar, un punto de partida, una historia para contar.
El aprendizaje en el cuerpo que implica organizarse con otros para construir otra justicia, la que nace de abajo y se toma como propia. Aprender a sumar la voz al conjunto para no callar, a poner la memoria en acción para no ser indiferente a la impunidad, a no olvidar, a no delegar, a continuar la lucha de los que ya no están, recordándolos con alegría. Pero sobre todo, creo que en estos 20 años aprendí a cantar en cada recital, en cada manifestación, en cada escrache: «Yo sabía, yo sabía que a Bulacio lo mató la policía».

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Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

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La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos. 

“Pan y circo”, dice. 

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro. 

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro.

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Foto: Juan Valeiro.

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento, 

consiganló, 

del 3% 

que Karina se robó”. 

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”. 

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”. 

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro.

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes. 

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Foto: Juan Valeiro.

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena. 

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial. 

Silencio. 

“¿Me pueden decir sí o no?”. 

Silencio.  

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

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Foto: Juan Valeiro.

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival. 

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

  • “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
  • “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
  • El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

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Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro
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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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