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Ataque a Tiempo Argentino: un testigo clave para entender qué pasó

lavaca conversó con el cerrajero contratado para abrir el diario, quien confirmó que la Policía supervisó su trabajo y habilitó el acceso de la patota al edificio.

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lavaca conversó con el cerrajero contratado para abrir Tiempo Argentino, quien confirmó que la Policía supervisó su trabajo y habilitó el acceso de la patota al edificio.

Uno de los patoteros que atacó Tiempo Argentino. Foto: Nacho Yuchark/lavaca

Uno de los integrantes de la patota, la noche del ataque. Foto: Ignacio Yuchark/lavaca


Guillermo José María Carrasco es el segundo nombre de la lista del acta policial que identifica a 15 integrantes de la patota que ingresó al diario recuperado Tiempo Argentino en una noche de terror. Junto a su nombre y datos personal se consigna : “Cerrajero contratado por el señor Martínez Rojas”.
El teléfono suena:
-Hola, Cerrajería.
Lo que sigue es un testimonio que revela el rol policial en la actuación de la patota que ingresó al diario y ocasionó los destrozos.

«El dueño del local»

“Fue el peor día de mi vida”, dice Guillermo José María Carrasco, 27 años, nacido el 22 de mayo de 1989, cerrajero de Munro, Vicente López. “No soy persona agresiva ni mala. Hubo tanta violencia ese día, tanta, que durante dos o tres días no atendí el teléfono. Recién ahora. Tengo mucho miedo, mucho susto. Fue lo peor que me pasó en la vida. No hay manera de describir lo que viví. No hay palabras. Pasé frío, pasé miedo. En un momento pensé que me mataban”.
Carrasco habla con la voz quebrada, en un momento grita, en otro llora. Dice que hace 14 años es cerrajero, que aprendió el oficio de su hermano. Dice que paga sus impuestos, que no está atrasado en ARBA, en AFIP, en nada. Dice que tiene una hija, una “motito”, un “autito”, y que no necesita plata de nadie, que está haciéndose su casa. Dice que no sabe quién tenían la razón y quién no, quién estaba bien y quién mal: “Soy un cerrajero”.
Quiere aclarar: “Nadie me puede señalar por la calle nada. Estoy totalmente limpio. Y ahora que me vengan a decir que soy de una banda… Si siguen hablando así yo voy a perder mi trabajo”.
Este es su relato de esa noche:
“Yo trabajo por Internet. Soy cerrajero las 24 horas. Te buscan por Internet y te llaman. Trabajo poco con clientes. Soy de Munro. Me llama una persona el día anterior y me dice que había que hacer una apertura. Quedamos en que nos encontrábamos en la esquina. Hay como un puesto de diarios, ahí. Cuando llegué había dos patrulleros”.
¿Conocía a la persona?
“No”.
¿Le dijo algún nombre cuando lo llamó o cuando lo encontró en la esquina?
“No”.
¿Qué le dijo cuándo se encontraron?
“Me dijo que ahora iba a llegar la policía con el dueño del local con los papeles. Llegó. La policía miró los papeles, dijo que estaban bien y dijo que estaba todo OK para hacer la apertura. Si la policía me dijo eso, ¿yo qué tengo para oponerme, me entendés? Si no había policía yo no podía hacer la apertura”.
¿A qué hora llegó?
“Eran las 12 de la noche”.
¿El “dueño del local” era Martínez Rojas?
“No sé”.
Sigue: “Le pregunto a los policías: ´¿Está la puerta para abrir?´. Me dicen: ´Abrila´. La policía me dijo eso. No es que yo voy y la abro. Tiene que haber presencia policial”.
Carrasco sigue:
“Hago la apertura y me voy al auto, porque me habían llamado para eso. Entro y me dicen que el trabajo no estaba terminado, que había que cambiar la cerradura. Volví a entrar. La policía me dejó: si ellos me dejaron, ¿por qué no podía estar adentro teniendo que hacer un trabajo? Yo me puse a trabajar confiado. Y cuando me quise ir, estaba lleno de gente abajo”.
Eran los periodistas de Tiempo.

Otro de los violentos que atacaron el diario

Otro de los violentos que atacaron el diario. Foto: Nacho Yuchark/lavaca

“Querían quedarse con el lugar”

Carrasco: “Lo primero que pensé fue: ´¿Y ahora qué hago?´. Me dijeron: ´No, ahora vas a tener que esperar´”.
Desde afuera lxs trabajadorxs escuchaban cómo estaban rompiendo los elementos de trabajo. “De adentro yo no vi que estaban rompiendo cosas”.
Pero rompieron cosas.
“Yo no lo vi”.
¿Estaban armados?
Misma respuesta.
¿Qué vio, qué escuchó?
“Lo que estaban haciendo era trabar las puertas para que no puedan entrar los de fuera. Porque, supuestamente, era de ellos la fábrica y la querían cuidar. Yo no sé si es así o no. Es lo que escuchabas. Escuchaba que querían quedarse con el lugar”.
Dice que su principal temor comenzó cuando los periodistas entraron. “Eran como 50 personas. ¿Cómo les explicaba que era cerrajero? Yo estaba asustadísimo. Yo pensé que esa noche me mataban. Los que estaban afuera, los que estaban adentro. No confiaba en nadie, quería irme a casa y no me dejaban. Tiraron gases, de todo, me asusté y me fui a esconder arriba”.
En su relato hay ciertas lagunas, propia del aturdimiento que lo deja al borde del llanto: dice que salió corriendo y que se “salvó” porque corrió y se metió debajo de un camión. “Dios me protegió de que no me vieran: ¿cómo les decía que yo era sólo un cerrajero?”.
Carrasco aclara constantemente: “Yo no soy de ninguno de los dos lados. Soy cerrajero. No soy mafioso, no me dedico a nada raro. Lo único que quiero es estar tranquilo”. Grita: “Lo único que quiero es poder seguir con mi vida, estar con mi hija, con mi familia. Hace tres días que no puedo atender el teléfono porque no puedo trabajar. Estoy asustado. Tengo miedo de todo”.
Llora, se lo escucha: “Yo no quiero meterme en conflicto con ninguna de las dos partes porque quiero volver a mi vida normal. Pero nunca más vuelvo a hacer una apertura judicial. Nunca más confío en nadie, aunque me diga que está la policía afuera”.

La policía busca a parte de la patota que escapó por los techos. Foto/Ignacio Yuchark/lavaca

“Al que tienen que agarrar es al boludo del empresario”

lavaca llamó a todos los mencionados en el acta policial que se redactó en aquella tremenda madrugada. La mayoría de los teléfonos que allí constan son números ficticios. De las tres respuestas obtenidas, la de Carrasco es la única que detalla su rol. Las otras dos:
En el caso de Juan Zacarías Sosa- que aparece en boletines oficiales del 2008 con apercibimientos por estafa- hubo una respuesta de WhatsApp luego que el celular consignado sonara sin cesar. “Equivocado. Chau”,
En el caso de Mauro Mauricio Caña, el que responde dice ser su hermano . Dice: “Mi hermano está laburando en una empresa de seguridad y dijo que tenía que ir a cuidar una radio. Era una changa, nada más. Al que tienen que ir a agarrar es al boludo del empresario”
¿Martínez Rojas?
“Ese. Ese boludo está jugando con la necesidad de la gente”.

Los delitos

La lista de los consignados en el acta la encabeza Juan Carlos Blander, argentino, domiciliado la provincia de Formosa. Según la nota del periodista Juan Diego Britos, Blander es dueño de la empresa de seguridad Control Star Service, encargada de controlar accesos en grandes recitales. En 2012 atropelló y mató a Juan José Aguerre, de 60 años, que trabajaba en la estación de servicios El Yacaré, en Formosa
El acta consigna que la policía dispuso la constatación telefónica de domicilio de todos los identificados y que los notificaron para que se presentaran mediante abogado dentro de las 48 horas. Mariano Martínez Rojas se presentó hoy con la abogada María Laura Paonessa, quien fue defensora del exsargento Sergio Pablo Barber, condenado por fusilar al joven Rodolfo Poroto Zapata en Zárate.
María del Carmen Verdú, abogada de CORREPI y de lxs trabajadorxs de Tiempo, explica la lista de nombres que consta en el acta: “No están todos porque hay varios que se escaparon por los techos, pero a los que quedaron adentro del edificio se le tomaron los datos personales. Pero ahí la fiscal (Verónica Andrade, de la Fiscalía Contravencional N°6) hizo algo que no suele pasar cuando levantan a cualquiera en la calle: no ordenó llevarlos a la comisaría en tanto se hacía la constatación de domicilios. Todo lo hizo verbalmente y en el mismo lugar, y ni siquiera se les constató el domicilio porque los tipos se negaron a dar un teléfono de contacto para que verificaran los datos que constan en el acta”.

María del Carmen Verdú, la abogada de lxs trabajadorxs de Tiempo, en pleno operativo

María del Carmen Verdú, abogada de la cooperativa Por Más Tiempo y referente de Correpi, con el comisario a cargo del operativo, en la madrugada del ataque / Foto: Ignacio Yuchark/lavaca

“El objetivo era impedir la salida del diario”

Verdú resume cuál es el estado de situación hoy: “El edificio está controlado por los trabajadores como estaba antes. Eso no se modificó. Lo que hicimos fue presentar la querella, que firmaron los trabajadores de Tiempo representados por el secretario y presidente de la cooperativa, una delegada de Radio América y las tres personas que estaban en el edificio al momento del ataque. Estas tres personas fueron víctimas de delitos específicos como lesiones y amenazas, por eso se presentan a título individual”.
¿Qué plantean en la querella? “Acá no hay solamente usurpación y daño, que además es daño calificado porque afecta todo el servicio de comunicación informática, que es un agravante específico del inciso 6 del artículo 184. Acá también hay otros delitos:

  • Interrupción de las comunicaciones;
  • Interrupción del funcionamiento de un medio de prensa: en este caso, dos;
  • Lesiones calificadas, porque fueron cometidas por más de dos personas y para consumar otro delito, porque el chico discapacitado fue apaleado;
  • Amenazas coactivas respecto de los otros dos trabajadores que estaban en el diario.

Por lo tanto no es competente la justicia de la Ciudad, sino la justicia nacional. Tal como lo prevé el procedimiento de la justicia de la Ciudad, nos van a convocar a una audiencia junto a las demás partes -defensa y fiscalía- para discutir la competencia”.
Verdú señala que en la carátula de la causa contra Martínez Rojas faltan enumerar delitos. “La fiscal no está investigando lesiones porque dice que no están acreditadas. Al pibe discapacitado lo agarraron a patadas. Le llevamos radiografías del Hospital Rivadavia. También está el tema de la custodia de los bienes por parte de los trabajadores. En la fiscalía siguen emperradas en que nada más hay usurpación y daños porque al no haber ido al lugar, al no haber tomado contacto con damnificados y al manejarse con los soplidos policiales por teléfono, es lo que tienen. Nosotros ampliamos imputación a otros delitos, a lo que agregamos robos, porque hay cosas que faltan, como el disco rígido del servidor, cosas personales del locker, que fueron todos violentados”.
¿A qué huele este ataque?
No huele. Tengo absoluta y total certeza: esto fue un intento desesperado de impedir que el diario siga saliendo. Y no hay ninguna duda, por las características del ataque. Estos tipos no entraron simplemente a romper lo que fuere, sino que además la violencia se ejerció de manera selectiva sobre los lugares que más importancia tiene para la transmisión de la radio y la edición del diario. Una cuestión fundamental en cualquier diario es que todas las computadoras estén conectadas en red. Bueno: lo primero que hicieron fue arrancar los cables de red. Lo segundo, fue reventar el servidor de Internet. Incluso cuando rompieron la mampostería fue para llegar a los lugares donde estaban los elementos de trabajo.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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#NiUnaMás

Violencia e impunidad: el círculo que denuncian las familias víctimas de femicidios

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Familiares víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones de todo el país realizaron colectivamente la declaración que compartimos de manera completa en esta nota. Lo que denuncian: «El círculo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio». La vulneración constante del derecho de acceso a la justicia, las situaciones que se repiten en todos los territorios y un llamado a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse  para desarmar la impunidad que garantiza que la violencia siga existiendo. 

Noviembre 2022
Argentina

Declaración de la Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

¡¡No hay justicia porque no tenemos garantizado el derecho de acceso a la justicia!!

Los familiares víctimas de femicidios, transfemicidios, desapariciones hoy denunciamos de cara el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación terrible que vivimos. El circulo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio. La misma Justicia, las fuerzas policiales y el Estado, que no toman denuncias, o que si lo hacen no garantizan el resguardo de quienes denuncian, continúan violentando a las familias que luchan por justicia. A lo largo y ancho del país los relatos se repiten una y otra vez. La enorme mayoría de los procesos judiciales se encuentran para las víctimas en su más completa impunidad. Los femicidas, abusadores y violentos de nuestras hijas, hermanas, sobrinas, madres siguen en libertad. Soportamos un gran dolor de tener que perder a nuestros seres queridos y tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y asesinatos relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estás causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del poder judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino. En varios momentos, tenemos que soportar que los propios jueces nos denuncien a nosotros de violentos por ir a exigir explicaciones y pedir justicia, y hasta nos han reprimido con la policía. En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir por ejemplo peritos de parte, ya que los peritos del poder judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Cómo siempre tenemos que hacerles recordar a través de escritos al poder judicial nuestra ley de víctimas, donde casi siempre es denegada y violentando nuevamente nuestros derechos, haciéndonos imposible hacer justicia por nuestras hijas. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar $300.000?

Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo quieren verdad y justicia.

Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si se sale a reclamar, el poder judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez, la violencia contra nuestras víctimas nunca frena.

Es por esto que llamamos a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse. No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando. La Justicia nos invisibiliza para que no se sepa la terrible situación que se está viviendo, por eso convocamos a una gran jornada de lucha para este 25 de noviembre. Necesitamos que todas las personas, personalidades y organizaciones nos ayuden a visibilizar lo que está pasando con las causas. En todo el país tenemos que levantarnos y realizar una acción común, organizando y visibilizando nuestra situación en todas las provincias, donde nuestros reclamos estén en las primeras líneas. Queremos tomar la palabra para contar lo que pasa porque tenemos una agenda urgente. No solo de instancias judiciales cercanas muy importantes, sino que hay compañeras desaparecidas en este mismo momento que tenemos que encontrar ya.

Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.

Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

Silvana Capello, mamá de Agustina Fernandez, asesinada el 2/7/2022 en Cipolletti, Rio Negro, en un supuesto robo. El único testigo, supuesto amigo, la dejó tirada, aún no hay nadie detenido. Ella viajó desde La Pampa a Cipolletti a estudiar medicina por un futuro y me la devolvieron en un cajón.

Jose, papá de Alejandra Nahir Álvarez, asesinada el 10/10/2020 en Jujuy. Tenía 17 años y un bebé de 6 meses.

Oscar, papá de Barbara Zabala, asesinada el 6/12/2019, el día que cumplía 20 años en Pehuajó, Buenos Aires. El femicida, Brian David Dirassar, fue condenado a prisión perpetua.

Matilde Peñalva, mamá de Camila Peñalva, asesinada el 5/3/2020 en Jujuy. Fue envenenada con plaguicida por su ex pareja. Está detenido y esperamos prisión perpetua. Hay fecha de juicio oral para febrero y marzo del 2023.

Victor Catan, hermano de Micaela Catan, asesinada quemada el 6/4/2020 por su concubino Patricio Orellana en Santiago del Estero. El transfemicida fue demorado por 20 minutos, cuando sucedió el hecho hizo abandono de persona, pido orden de detención para Orellana.

Susana Basaldua, mamá de Cecilia Gisela Basaldua, desaparecida el 5/4/2020. Su cuerpo fue encontrado el 25/4/2020, en Capilla del Monte, Córdoba. En el juicio se acusó a una persona sin pruebas, el jurado lo absolvió. La familia pide un nuevo juicio que investigue a los verdaderos responsables.

Analía, mamá de Camila Flores, asesinada el 11/12/2020. Su asesino sigue libre. Pedimos que la justicia de Santa Fe actúe y dejen de cubrir asesinos, y que el gobierno nos de apoyo porque estamos a 1000 kilómetros del lugar del femicidio y no contamos con los medios para tener un abogado que nos ayude y logre hacer justicia para nuestra hija. Que no quede en suicidio porque a Camila la mataron, ella no se mato, ella quería volver a su casa.

Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada el 8/10/2016 en Mar del Plata, Buenos Aires por Matías Farías y Juan Pablo Offidani. En el juicio fueron condenados por venta de droga y no por femicidio. Se logró la anulación de ese juicio y se impulsó un jury a los jueces que pretendieron consagrar la impunidad. El nuevo juicio comenzará el 7 de febrero de 2022.

Fabiana Morón, mamá de Julieta del Pino, asesinada por Cristian Romero el 25/7/2020 en Berabevú, Santa Fe. Fue golpeada, estrangulada hasta matarla, arrastrada y enterrada en un pozo en el patio de su casa con cal, tierra, losa de cemento y un tanque de agua arriba. Luego a la mañana se fue a trabajar con el hermano de Julieta como si nada, mientras toda mi familia la buscaba. El asesino fue condenado a prisión perpetua.

Noemi, mamá de Lia Vasquez, asesinada el 13/11/2020 en Puerto Madryn, Chubut. Tenía 14 años. Se espera la fecha de juicio para Gabriel Orellana, de 22 años.

Fany Roman, mamá de Valeria López, desaparecida desde el 26/1/2020 en Virreyes, Buenos Aires. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. La causa se caratuló como “averiguación de paradero”, su familia exige que se cambie a“desaparición forzada”.

Marisa y Facundo, mamá y papá de Luna Ortiz, asesinada el 3/6/17 en Tigre, Buenos Aires. El único detenido fue liberado en mayo de 2022. Su familia aun sigue en busca de justicia por que se reconozca el femicidio.

Esperanza Valdivieso, madre de Yesica Valdivieso, asesinada el 5/1/2021 en Mayor Buratovich, Buenos Aires. El femicida Juan Torrejón Huallpa fue condenado a prisión perpetua.

Graciela Altamirano, tía de Viviana Altamirano, desaparecida desde el 28/4/2004 en Tigre, Buenos Aires. El sospechoso, 16 años después, en 2020, asesinó a su esposa y se suicidó.

Lisette Fernandez, hermana de Mica e hija de Nancy Fernandez, asesinadas en 2013 y 2014, en Tigre, Buenos Aires. El femicida está preso, pero solamente por narcotráfico.

Monica, mamá de Iara Rueda, desaparecida el 24/9/2020, luego de que un compañero del colegio la citara para entregarle unos materiales y la tarea. La familia salió a buscarla desde un primer momento mientras la policía ponía excusas y no la buscaba. Los rastrillajes llegaron recién después de una pueblada en Palpalá, Jujuy. Su cuerpo fue encontrado el 28/9/2020 en un lugar donde los vecinos habían rastrillado días antes, luego de un llamativo apagón en todo el pueblo. Por su femicidio se encuentran detenidos Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, y hay involucrado un menor de 17 años. La familia realizó a su vez una denuncia a funcionarios por incumplimiento de deberes.

Roxana y Alfredo, mamá y papá de Carla Barrera Soggiu. Tenía 28 años, 2 hijos en ese momento de 2 y 4 años. Murió el 15/01/19, la encontraron en el Riachuelo, en CABA, cuatro días después. Sufrió violencia de género por parte de su marido Sergio Nicolas Fuentes, condenado a 6 años por golpearla, violarla, atarla y privarla de su libertad. Carla tenía hidrocefalia, tenía una válvula en su cabeza donde fue salvajemente golpeada. Por considerar la situación de alto riesgo le dieron un botón antipánico que activó en varias oportunidades y no la encontraron porque el GPS no funcionaba, no la localizaba. El Estado también es responsable.

Blanca Osan, mamá de Agustina Fredes, quien murió en Mar del Plata, Buenos Aires, el 23/4/2017, meses después de ser violada y torturada física y psicológicamente por su ex pareja. cuando tenía 18 años. Agustina estaba embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23/04/2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil de Mar del Plata, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. Cuando la familia pidió que se realizara una autopsia, les fue negada. El jefe policial que estaba encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador. Por las denuncias que Agustina había realizado, Matías José Acevedo fue llevado a juicio y condenado a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. Su familia denuncia que fue femicidio.

Mariela Tacacho, mamá de Paola Tacacho, asesinada el 30/10/2020 por Mauricio Parada, en Tucumán, luego de haber hecho 15 denuncias en su contra entre 2015 y 2020. La última fue en mayo del mismo año que la asesinó.El femicida la apuñaló y se suicidó. Por su actuación en las denuncias que había hecho se destituyó al juez Juan Francisco Pisa considerando que incumplió con los deberes a su cargo.

Ana, tía de Priscila Martinez, desaparecida el 23/02/2020, había sido llevada de manera engañosa por su tío Ruben Oscar Navarro. Desde ese momento la policía no quiso actuar, no querían tomar la denuncia porque garantizaban que ella volvería. Ese mismo día Priscila estaba muerta, violada, golpeada. La familia y vecinos empezamos a hacer la búsqueda por nuestros propios medios. Fue encontrada debajo de la cama del asesino el 15/04/2020 en Santiago del Estero. Tenía 15 años. Ahora esperamos el juicio.

Leticia Escobar, mamá de Gisela Grispi, asesinada en 23/11/2020 en Colón, Entre Ríos. El femicida Heraldo Martiarena fue condenado a prisión perpetua.

Erica Rojas, mamá de Andrea Rojas, víctima de una violación en grupo de hijos del poder en Burruyacú, Tucumán. Los familiares de los acusados no dejan de hostigar y amenazar a la denunciante y su círculo íntimo.

Podés descargar el documento aquí.

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