Nota
Avruj, eje de una trama de negocios y empresas (Parte 1)
Esta investigación sobre Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, es el primer capítulo de la tarea propuesta por el Consorcio de Periodismo de Investigación Autogestivo (CPIa) creado para profundizar las revelaciones de los Panamá Papers, tan manipuladas por la prensa comercial. MU y Tiempo Argentino decidieron investigar la lista de funcionarios que poseen cuentas en paraísos fiscales. En total son 14. Claudio Avruj es el primer capítulo. El diario Tiempo publicó esta nota el 18 de setiembre, en tanto MU, en su edición de este mes, publica un perfil de sus relaciones políticas y reportaje. Aquí, la primera parte.
Al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, todavía lo persiguen las sospechas sobre las razones de la creación de Kalushy, una cuenta en Panamá presuntamente gestionada como dirigente de la organización B’nai B’rith Internacional. Y ahora tal vez deba sumar una explicación consistente sobre la actividad de otras firmas vinculadas con su entorno cercano -familiares y amigos- que resultaron favorecidas con contratos, pauta publicitaria y adjudicaciones mientras él ejercía como funcionario del gobierno porteño.
El comienzo de la historia
El 13 de julio de 1992 en la Ciudad de Panamá el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, creó la firma Kalushy SA. Lo hizo acompañado por Ramy Attie, un banquero millonario con fuertes vínculos con Israel que en ese entonces presidía la sede panameña de B’nai B’rith y que figura en otras cuentas de Panamá.
Los dos firmaron como presidente y secretario frente al notario público Jorge Isaac Iglesias y dos testigos panameños. La esposa de Avruj, Elisa Virginia Alfie de Avruj, no estaba presente, pero fue incluida como tesorera.
Esa firma no figuró en los Panamá Papers como las de su jefe, el presidente Mauricio Macri. Sin embargo, aquel caluroso día de julio de hace más de 20 años todavía le genera dolores de cabeza y cada tanto tiene que contestar las incómodas preguntas de lo que aún provoca.
La respuesta del funcionario tuvo algunas variaciones en estos meses, pero siempre aseguró haber creado la firma debido a su rol como dirigente B’nai B’rith en ese país. «¿Porque aparezco en el registro? Porque viví en Panamá. No era una cuenta offshore», contó al consorcio integrado por la revista Mu, de la cooperativa La Vaca, y Tiempo. «Para vivir en Panamá había tres formas, o sos inversionista y yo no tenía un mango para hacerlo; o tenés un contrato, que el distrito no me lo podía dar porque no estaba legalmente registrado; y otra es tener una empresa. El presidente decide que lo mejor era armar una empresa, a tal punto que se pone como secretario general. Y eso fue lo que me permitió tener un contrato de alquiler, abrir una cuenta bancaria para cobrar el sueldo, comprarme el auto y cuando me fui, me fui. Esa es la verdad de la historia», agregó.
Desde B’nai B’rith Internacional, sin embargo, la versión es otra. Como lo señaló meses atrás a Página/12 cuando estalló el escándalo, la organización negó a Tiempo cualquier vinculación con este tipo de prácticas. «B’nai B’rith no estableció ni autorizó el establecimiento de ninguna corporación en Panamá. Crear una corporación por el propósito de ocultamiento de cualquier tipo es completamente contrario a nuestros principios y prácticas como una organización benéfica cuyos financiamientos son completamente transparentes», comunicó la organización.
Las empresas de Avruj
La aparición de Kalushy generó revuelo. Sin embargo no es la única firma en el ecosistema político y económico del actual secretario de Derechos Humanos, con antecedentes recientes de haber favorecido a otras empresas relacionadas a su entorno cercano, tanto familiar como de amistades, mientras fue subsecretario de Derechos Humanos en la Ciudad. Alrededor del funcionario, quien ingresó a la gestión pública como director de Relaciones Institucionales de la Ciudad tras casi una década en la DAIA, se crearon pequeñas empresas de medios y productoras que le permitieron a su entorno hacerse con pauta publicitaria porteña:
–Vis a Vis: se presenta como Cadena Judía de Información, pertenece a Avruj y Guillermo Yanco, esposo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El secretario de Derechos Humanos y Yanco integran también el exclusivo Club Político Argentino y ambos forman parte del Consejo Directivo en el Museo del Holocausto. Avruj como presidente honorario y Yanco como Vice.
–GC Producciones: creada por la esposa de Avruj, Elisa Virginia Alfie, y Gustavo Szpigiel. A través de esa productora, generan contenidos para Canal Metro, del Grupo Clarín, como el programa televisivo de Vis a Vis. De su constitución participó como abogada la hermana de Avruj, Andrea Gisela, designada primero en la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de DD HH porteña, y ahora directora de Asuntos Jurídicos del INADI.
–MinutoXT: vinculada con GC Producciones a través de Szpigiel, una agencia de noticias sobre deporte y deportistas de la comunidad judía.
En los últimos años de gestión macrista en la Ciudad, las tres empresas ganaron cientos de miles de pesos en publicidad oficial. En 2014, con Avruj como subsecretario de DD HH, ya funcionaba la webque obtuvo por parte de Ciudad $ 27.500 por mes desde junio de ese año hasta diciembre. Un total de $ 192.500. Lo mismo sucedió con la web de MinutoXT: entre junio y diciembre obtuvo todos los meses 27.500 pesos.
El negocio de las colectividades
La gestión en la Ciudad de Avruj tuvo una característica muy particular: profundizó las políticas y el presupuesto sobre las áreas de diversidad cultural y colectividades y dejó de lado las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Esto trajo el desfinanciamiento de sitios como el Parque de la Memoria; el negocio de los stands que poblaban un mínimo de tres cuadras a ambos lados de la avenida de Mayo en cada «Buenos Aires Celebra», y también polémicas adjudicaciones.
Fuentes de la Subsecretaría señalaron a Tiempo que las impresiones del área «se las daban todas a la imprenta de Marcelo Glasman».
Glasman es propietario de la imprenta Mimeográfica SA y su vínculo con Avruj puede verse también en el Museo del Holocausto, donde tiene el cargo de prosecretario. Mientras Avruj dirigía ese área, la imprenta resultó favorecida en tres Boletines Oficiales diferentes con contrataciones privadas con el mismo justificativo de tratarse de una «imprescindible necesidad» y «urgencia» de la contratación para editar ediciones de colectividades, como la comunidad vasca. Así, en mayo de 2014 obtuvo $ 120 mil, en septiembre de 2013 ganó seis juntas que sumaron 182.500 pesos y el 3 de febrero de 2014 sumó otros 67.500 a través de dos resoluciones. Fueron 370 mil pesos en total en menos de un año.
Lo curioso es que en el Boletín Oficial de Ciudad la empresa gráfica figura a nombre de Daniela Pesoa y con su cuit personal, no el de la imprenta. Sin embargo, Pesoa aparece en páginas de internet y en redes sociales relacionada a Glasman. En el Boletín Oficial, la subsecretaría de Avruj optó por nombrarla sólo a ella.
Nota
Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
Nota
Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
Nota
5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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